Política criminal, derecho penal y criminologíA




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POLÍTICA CRIMINAL, DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Prof. José Hurtado Pozo

8. Noción de política criminal. 9. Dogmática penal. 10. Criminología y política criminal. 11. Política legislativa nacional en el dominio penal: a) Código Penal de 1924; b) Legislación penal de 1924 a 1979; c) Legislación penal y Constitución de 1979. 12. Reforma penal. 13. Política criminal y realidad social.

8. Noción de política criminal

A la manera como la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas (lato sensu) que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico(1), se le denomina política criminal. Todo sistema tiene por objeto una determinada política criminal. Es tarea de esta disciplina, no sólo la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.

Por esto, se ha considerado que la política criminal se presenta bajo dos aspectos: primero, como una disciplina o un método de observación de la reacción anticriminal; tal como es, efectivamente, practicada. Y, segundo, como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva (2).

La política criminal es, en consecuencia, una parcela de la política jurídica del Estado, la que a su vez es parte de su política general. La programación y realización de una correcta y coherente lucha contra la delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a describir el sistema de reacción social y a determinar los lineamientos y los medios más eficaces. De esta manera, se evitará que la reacción sea espontánea o inorgánica, motivada únicamente por el afán de dar satisfacción a los movimientos de la "opinión pública", originados por la comisión de ciertas infracciones (política criminal del "golpe por golpe", del "coup par coup"); o destinada a satisfacer, mediante la multiplicación o agravación indiscriminada de la represión, a un público impresionado o temeroso ante la comisión frecuente de ciertos delitos.

De allí que una racional y coherente política criminal suponga un esfuerzo de sistematización y de actualización de las instituciones que luchan contra la delincuencia; instituciones que deben, como afirma Marc Ancel, estar integradas en un conjunto coordinado dentro del cual se complementan, en lugar de oponerse; y que deben ser adecuadas a las condiciones sociales (3).

9. Dogmática penal

En especial entre los penalistas, se utiliza el término dogmática con frecuencia; pero sin mayor reflexión. Se le emplea, por un lado, como equivalente de ciencia penal. El jurista que cultiva esta ciencia es un científico y los resultados de sus investigaciones constituyen trabajo científicos. Su labor es descrita como el estudio del derecho con el fin de hacer más fácil su aplicación.

De otro lado, la dogmática es calificada de no científica. De modo que el sustantivo "dogmática" y el adjetivo "dogmático" han adquirido una significación peyorativa. Las severas críticas formuladas contra su labor intelectual han impulsado a los juristas a replantear sus ideas respecto a sus métodos y finalidades.

Tradicionalmente, la dogmática ha sido caracterizada señalando los siguientes aspectos: primero, el derecho es concebido como un sistema cerrado que permite dar respuesta a todo conflicto jurídico. Segundo, la ley adquiere - una vez promulgada - vida autónoma. Su significado evoluciona conforme a los cambios sociales. Tercero, es asunto de los juristas - científicos del derecho - revelar y consolidar esta evolución. Con este fin, los juristas proceden, mediante la ayuda de sus métodos científicos, a elaborar abstracciones de primer grado a partir de las normas legales (material de base) y logran así formular conceptos jurídicos claros y precisos. Por último, el dogmático se limita a descubrir la regla general que será aplicada al caso concreto. Para esto, realiza la integración sistemática, coherente y dinámica de los conceptos propios al orden jurídico.

Esta idea tradicional de la dogmática no es, actualmente, aceptada por los juristas. Estos llegan a distinguir entre una "mala dogmática" y una "buena dogmática". La primera vinculada directamente a la concepción conceptualista que se distingue por su autoritarismo intelectual, su formalismo lógico y su neutralismo axiológico. La segunda, sería la "dogmática crítica", abierta a las ciencias sociales y a toda discusión de naturaleza axiológica. Esta distinción no es del todo correcta e impide, por el contrario, un claro planteamiento del problema.

En primer lugar, es de aceptar, sobre todo entre nosotros, que se encuentra fuertemente enraizada la convicción que la función del jurista no es otra que la de descubrir, mediante el análisis de conceptos, las soluciones implícitas en el derecho positivo. Así mismo, se admite aún una "significación realista" de los conceptos jurídicos: es decir, se cree que tales conceptos son conformes a las estructuras del mundo real. También se afirma, generalmente, que los juristas describen el derecho positivo de manera objetiva y neutral.

En segundo lugar, se debe tomar conciencia de que la persistencia de estas ideas y la opacidad del debate son el resultado la falta de esclarecimiento respecto a las funciones de la dogmática.

Esquemáticamente, puede plantearse la existencia de una función declarada de la dogmática y otra latente u oculta. La primera, la "oficial" consiste en describir el derecho positivo. La segunda, es la de reconstruir el sistema legal despojándolo de sus imprecisiones.

Esta dicotomía crea dificultades. Ante todo, debido a que la eliminación de las imprecisiones de la ley conduce necesariamente a escoger como correcta una de las soluciones que se deducen de la ley. Luego, porque este acto de escoger no se realiza mediante el simple análisis descriptivo del derecho positivo, ni sin que el jurista tenga que determinar el grado de conformidad axiológica de las diversas alternativas.

Esta dificultad no puede ser superada dando la preponderancia a una de las funciones (la de describir o la de reconstruir el derecho positivo), en detrimento de la otra. Se trata, por el contrario de asumir simultáneamente las dos funciones de la dogmática, que deben ser cumplidas con rigor.

La descripción del derecho positivo será más exacta, en la medida en que sean presentados con claridad los diversos resultados obtenidos mediante la interpretación de la ley; en lugar de tratar de convencer que uno sólo de estos resultados es el correcto o posible. Desde esta perspectiva, debe evitarse de hablar de principios, conceptos y teorías como si formasen parte del sistema positivo, cuando no son, en realidad, que productos elaborados por la misma dogmática.

La reconstrucción del sistema legal sería más satisfactoria sino fuera concebida como el hecho de explicitar el contenido latente de las reglas jurídicas, sino más bien como el análisis abierto de los juicios de valor en que se basan las soluciones dogmáticas. De esta manera, se evitarían al menos dos críticas importantes: primero, el abuso del "juridismo". Es decir, el "recurso a ficciones que son tomadas luego como realidad y que, debido al abuso de razonamientos abstractos, ocultan, por el contrario, la realidad de la criminalidad". Segundo, el ocultamiento de la toma de posiciones axiológicas subyacentes en la reformulación del derecho positivo. Esta simulación del aspecto esencial de la labor del jurista constituye un obstáculo para la discusión exhaustiva y franca sobre la justificación del criterio axiológico adoptado. Resulta, igualmente, imposible elaborar un sistema coherente de valores implícitos en las proposiciones dogmáticas destinadas a reestructurar el sistema jurídico positivo.

La toma de consciencia de las dos funciones que cumple la dogmática, así como su real cumplimiento, exigen del jurista, en general, y, en particular, del penalista una visión más modesta y puestas y las concepciones elaboradas por los penalistas no son verdades absolutas. Se trata más bien de proposiciones destinadas a ayudar al legislador, juez e intérprete para encontrar la respuesta adecuada a los problemas jurídicos.

El estudio de las normas positivas "desde dentro" constituye la dogmática jurídica. En lo que se refiere al derecho penal, el dogmático penal parte de la ley, considerándola como fundamento y límite, estudia el contenido conceptual de los principios jurídicos, reordena sistemáticamente su material, recurriendo a la jurisprudencia y a las opiniones doctrinales. Una descripción y sistematización de normas jurídicas positivas, conforme sostiene Gioja, no satisface el saber del derecho. También se quieren conocer sus efectos sobre las conductas efectivas de los hombres, sus efectos sobre otras valoraciones como las morales y sus motivos constituyentes (4). La tarea del jurista no se limita a describir el conjunto de normas vigentes o la manera cómo son aplicadas por los tribunales. Ellos cumplen, asimismo, una labor consistente en precisar el significado de los enunciados normativos, de eliminar sus contradicciones, de subsanar sus insuficiencias (5). Esto no se realiza, ni debe efectuarse dice el planteamiento de los criterios axiológicos que sirven de base.

La dogmática penal sirve, de esta manera, para un mejor conocimiento del sistema normativo y para garantizar su aplicación coherente e igualitaria, concurriendo así a la proyección de una correcta política criminal.

10. Criminología y política criminal

A diferencia de la dogmática penal, la criminología se ocupa del estudio del delito en sus diferentes formas de aparición, investigando sus causas, su significación en la vida de la sociedad y del individuo; estudia, asimismo, la personalidad del delincuente, sus características físicas y psíquicas, su desarrollo y sus posibilidades de tratamiento. Para alcanzar sus objetivos, recurre a los diversos métodos que ofrecen las ciencias naturales y sociales.

Entendida de este modo la criminología, se comprende con gran facilidad la importancia de las relaciones que tiene esta disciplina causal- explicativa con la política criminal y el derecho penal, e, igualmente, los innumerables elementos que les proporciona. Una adecuada lucha contra la delincuencia es imposible sin un conocimiento de la realidad criminógena. Así, pues, estas tres disciplinas se relacionan y complementan recíprocamente.

Como lúcidamente afirmó Marc Ancel (6), en la introducción a la primera edición de su obra "la défense sociale nouvelle": "el problema no consiste, como lo han creído algunos espíritus simplistas, en la supresión de la ley penal o en la subordinación absoluta del jurista al criminólogo, sino en la utilización racional, en el dominio jurídico, de los diferentes datos de la ciencia criminológica. Frente a las transformaciones indiscutibles de la sociedad moderna, continúa el autor francés, el problema esenciales es de lograr la elaboración de un sistema de derecho penal que no sea anacrónico, que tenga en cuenta la realidad humana y social y que se esfuerce en hacer esto con el máximo de lucidez y eficacia".

En su opinión, se trata de un problema de política criminal, y según él, de esta manera uno se da cuenta que la ciencia criminal moderna se compone de tres dominios esenciales: la criminología, que estudia en todos sus aspectos al fenómeno delito; el derecho penal, que consiste en la aplicación y explicación de las normas positivas con las que la sociedad reacciona ante dicho fenómeno; y, por último, la política criminal, arte y ciencia al mismo tiempo, cuyo objeto práctico es, en definitiva, el permitir una mejor elaboración de las reglas positivas, y de orientar al legislador que las redacta, al juez que las aplica, y a la Administración penitenciaria que hace efectiva la decisión judicial.

11. Política legislativa nacional en el dominio penal

La manera cómo se proyecta y ejecuta la reacción organizada contra la delincuencia depende de los medios con que cuenta el Estado. Es por ello que para el cabal conocimiento de la política que ha influido en su estructuración y que condiciona su aplicación.

La situación socioeconómica del Perú, país dependiente y subdesarrollado, es el resultado de un largo proceso que tiene sus orígenes en la colonización española. La gravedad de la situación se manifiesta, de manera crucial, en el hecho que el Perú no logra alimentar con sus propios medios la población nacional. Condicionado por esta realidad, ¿cómo el Estado peruano reacciona contra el delito y de qué medios dispone para cumplir con esta tarea?

Trataremos de describir el sistema penal peruano y su desarrollo con la esperanza de encontrar una respuesta a esta pregunta.

a) Código penal de 1924

La concepción clásica relativa a la estricta legalidad, a la responsabilidad moral y a la pena-castigo, caracterizaba el sistema jurídico peruano anterior al Código actual. En el Código de 1863, de inspiración española, no se hacía concesión alguna a la prevención especial. La función principal y única de la pena era el castigo de los malhechores. Las medidas de seguridad y de prevención eran desconocidas. El juez no disponía sino de un reducido poder de apreciación al momento de fijar la pena (7).

La promulgación del Código Penal de 1924, significó un cambio substancial en la legislación penal.

Los elementos más importantes de este Código son:

1.- La individualización de la pena de acuerdo a la culpabilidad y a la peligrosidad del delincuente. A estos dos factores se les reconoce la misma importancia, de modo que al juzgador le es posible armonizar, al momento de sancionar, los criterios de prevención general y especial, de acuerdo a la personalidad del delincuente.

2.- La eliminación de la pena de muerte y la incorporación del sistema de penas paralelas, que permite al juez sustituir la pena de reclusión por la de prisión, o esta pena por la de multa.

3.- La adopción del sistema dualista de penas y medidas de seguridad y de prevención. Entre las segundas, se deben señalar, por ejemplo, la colocación en una casa de tratamiento y de trabajo a los delincuentes ebrios habituales; colocación en una sección especial de una escuela de arte y oficios o en una casa destinada exclusivamente a la educación por el trabajo a los delincuentes que vivan en el desarreglo o en la ociosidad; el internamiento en un hospital o en un hospicio de delincuentes inimputables o de imputabilidad disminuida; el internamiento de delincuentes multireincidentes.

4.- La inclusión del tratamiento, sobre todo, preventivo, para los menores de conducta irregular, cuya aplicación era posible, en ciertos casos, aun cuando el menor no hubiese cometido una acción considerada como delictuosa.

5.- La consideración de las diferencias existentes entre los habitantes del país. Para los miembros de las tribus salvajes de la Amazonía, se estatuye una medida de seguridad, consistente en el internamiento en una colonia penal agrícola. Los indios semisalvajes y degradados por la servidumbre y el alcoholismo son considerados como imputables disminuidos y se prevé para ellos la atenuación de la pena o el internamiento en una colonia penal agrícola.

6. La admisión de la condena condicional, como medio para luchar contra las penas privativas de la libertad de corta duración; y de la libertad condicional, considerada como la última etapa de la ejecución progresiva de las penas privativas de la libertad.

7.- La regulación de la rehabilitación y el patronato, instituciones destinadas a propiciar y a facilitar la reinserción del condenado en la sociedad.

8.- El notable progreso en la técnica legislativa al elaborarse las disposiciones de la parte especial del Código (Libro segundo). Un cambio importante en el catálogo de las infracciones lo constituye, por ejemplo, la eliminación de los delitos contra la religión católica y la incorporación de los delitos contra la libertad de creencias y cultos.

Inmediatamente después de la dación del Código el legislador dictó, de acuerdo al modelo español, una ley sobre vagancia (hasta ahora vigente con algunas modificaciones). Esta ley estatuye las medidas de lucha contra tal estado peligroso.
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