Política criminal, derecho penal y criminologíA




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presunción de inocencia del inculpado pierde casi toda su significación cuando, antes de declararlo inocente, se le somete a una larga detención preventiva y no se le indemniza en forma alguna. Lo mismo sucede con el principio in dubio pro reo: en los casos de tráfico de drogas o de terrorismo, por ejemplo, los jueces de primera instancia prefieren - en caso de duda sobre la responsabilidad del inculpado - condenarlo para evitar - en caso de absolución - la sospecha de corrupción; y dejar, de esta manera, la decisión definitiva en manos del tribunal superior.

La suerte del inculpado, sospechoso de ser el responsable de una infracción, está determinada - en la mayor parte de los casos - por la manera cómo la Policía ha hecho sus constataciones. La investigación policial realizada, casi siempre, luego de haberse producido el delito, constituye una etapa del proceso penal (no regulada legalmente). La intervención y la vigilancia del Ministerio Público se orienta a darle las garantías mínimas. La investigación judicial (constitucional y legalmente prevista) no es sino una tardía e incompleta repetición de la investigación policial.

El papel de la Policía en el funcionamiento del sistema punitivo es capital. Su importancia práctica sobrepasa los límites legales de su poder, La Policía es el órgano estatal confrontado directamente contra la delincuencia y con toda actividad política subversiva. Esta poder de policía ya no puede ser comprendido sólo en el sentido estrecho en que era concebido en el Derecho administrativo. Su carácter multifacético constituye su principal peculiaridad.

En nuestro país, la Policía no constituye un cuerpo unitario. En la Constitución misma, se habla de Fuerza Policiales conformadas por la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Su función es mantener el orden interno del país. La lucha contra la delincuencia es competencia de las dos primeras. Entre ellas existe descoordinación, muchas veces contradicción por falta de una dirección común. En general, la Policía está insuficientemente equipada y sus miembros no son suficientemente remunerados. Esto facilita la existencia de un fenómeno de corrupción bastante difundido. En los últimos años, el tráfico de drogas ha jugado un papel decisivo en la agravación de este problema.

La existencia de una Policía Judicial y otra del Ministerio Público no implica una mejora de la actividad policial. Estos cuerpos policiales no son sino partes dependientes de la Policía de Investigaciones. Entre nosotros, no se ha hecho, en ningún momento, realidad la idea de organizar una Policía Judicial autónoma y bajo la de procedimientos penales de 1940 que regulaban su organización y funciones permanecieron letra muerta.

La naturaleza particularmente represiva de la legislación penal; la frecuencia con que se ordena la detención de los inculpados, la lentitud con que se desarrollan las investigaciones y se llevan a cavo los juzgamientos, son causas determinantes de la sobre población de los establecimientos carcelarios. Estos no son sino simples depósitos donde los detenidos (prevenidos y condenados) sobreviven en condiciones inhumanas.

La incipiente política penitenciaria no es realizada en función de las necesidades del país. La contenida en el Código Penal y en el Código de Ejecución Penal constituye - por ejemplo - una utopía; pues, resulta utópico pretender organizarla de acuerdo con las exigencias de una ciencia penitenciaria elaborada conforme a las posibilidades de los países económicamente desarrollados. Como sucedió en los demás países latinoamericanos, en le perú también se construyeron prisiones "modelos". construidos en la Capital, tales establecimientos funcionan poco tiempo según el sistema de detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida a la detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida a la detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida a la detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida ala detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida al demanda del "mercado": el número de detenidos aumenta, las instalaciones se deterioran y la administración del establecimiento deviene imposible. Esto permite comprender por qué las autoridades están obligadas a realizar, periódicamente, "censo penitenciarios" con la finalidad de saber, cuántos detenidos hay o quedan en la prisión.

Los resultados de los esfuerzos realizados por los funcionarios son poco positivo, debido a que no ejercen, en la práctica, un control eficaz al interior de las prisiones. Los detenidos se organizan en bandas, dirigidos o sometidos por los más peligrosos, con el fin de dominar la vida de la prisión. Es así como el tráfico ilícito de drogas y de bebidas alcohólicas se instala, contando con la complacencia o complicidad de funcionarios o empleados del mismo establecimiento.

La realidad penitenciaria influye mucho en la marcha de la administración de justicia. La investigación judicial y el desarrollo del juzgamiento son con frecuencia perturbados por la ausencia del procesado. Esto es consecuencia de la desorganización de las prisiones. Es suficiente que para evitar comparecer, por diversos motivos, el procesado no responde al llamado del empleado que viene a buscarlo.

Es evidente que en estas condiciones, personales y materiales, los establecimientos de reclusión no cumplan con los fines de resocialización o de reeducación. Ni siquiera cumplan, con el objetivo primario de aislar a los detenidos de su medio. Los detenidos son corrompidos moralmente y destruidos físicamente. ¿Qué hacer ante tal situación? Responder seriamente supone la realización de estudios suficientes sobre la realidad delictiva y la capacidad del Estado para actuar eficazmente. La falta de dichos análisis no nos permite evitar ensayar una respuesta provisional. Se podría pensar - en primer lugar - que sería necesario multiplicar el número de "prisiones modelos" o desarrollar un programa educativo en favor de los detenidos. Pero, todas esta buenas intenciones, además de inadecuadas a nuestra realidad, no son conformes a la capacidad económica del Estado, el mismo que ya está en la incapacidad de alojar, alimentar, educar y de dar trabajo a las personas honradas. En segundo lugar, podría pensarse si no sería, finalmente, preferible concebir una política penitenciaría y, de manera general, una política criminal más modesta en sus pretensiones y adoptada a la realidad de los países subdesarrollados.

En el dominio penitenciario, parecería suficiente, debido a la mala situación económica, tratar de construir una red de establecimientos - aun rudimentarios - que permitiesen practicar una detención en condiciones higiénicas y morales satisfactorias. De esta manera, se lograría respetar, al menos, los derechos fundamentales de la persona. Dichos establecimientos deberían dar la seguridad a la persona que es internada que no será olvidada, que saldrá en buen estado de salud o, al menos, en el estado en que ingresó. Toda promiscuidad debería ser evitada.

Esta inorgánica reflexión no tiene otra pretensión que la de difundir algunas apreciaciones fruto de la experiencia personal; así como la de incentivar el estudio de nuestra realidad delictiva y de nuestro sistema punitivo. Sin este estudio, el desarrollo de la doctrina y la elaboración de las leyes penales continuarán siendo incompletos e improductivos.

 

 

1. Ancel, Arch, de polit. crim., 1974, p. 23.

2. ANCEL, Rev. int. de crim, 1975, p. 222.

3. ANCEL, Rev. int. de crim., 1975, p. 226; ZIPF, Kriminalpolitik, p. 2-3. Ver: Rev. int. de d. p., 1978, No. 1, volumen consagrado a "Política criminal y derecho penal".

4. GIOJA, Ideas para una filosofía, T. II, p. 42.

5. NINO, ¿La ciencias jurídica es científica?, p. 5. Esta autor afirma que la función principal de la dogmática es la creación de derecho y que esta constatación debe ser tomada en cuenta por cualquier modelo de investigación jurídica que proponga, más allá de los perjuicios acerca de su presunto carácter científico. Ver del mismo autor: Responsabilidad penal, p. 65; Introducción, p. 321.

6. Défense sociale, p. 15-16. Es interesante observar, en las afirmaciones la manera que se establecen las relaciones y los fines de las tres disciplinas mencionadas: debiéndose no descuidar la calificación que hace en ellas y con la cual no estamos de acuerdo.

7. HURTADO, L'influence de la législation, p. 128.

8. Código Penal, edición oficial, p. 157.

9. D.L. 10976 del 25 de marzo de 1949.

10. Ley 12341 del 10 de junio de 1955; D.L. 17388 del 24 de enero de 1969 y D.L. 18140 del 10 de febrero de 1970.

11. Ley 15590 del 20 de agosto de 1965.

12. D.L. 18968 del 21 de setiembre de 1971.

13. D.L. 19910 del 30 de enero de 1973.

14. D.L. 10828 del 3 de diciembre de 1974.

15. Ver considerandos del D.L. 17106 del 8 de noviembre de 1968.

16. D.L. 17505 del 18 de marzo de 1969; derogado parcialmente por el D. Leg. 121 del 12 de junio de 1981.

17. D.L. 19030 del 11 de noviembre de 1971 y D.L. 19962 del 27 de marzo de 1973.

18. Ver: D.L. 17106 de 8 de noviembre de 1968; D.L. 17388 del 24 de enero de 1969 D.L. 17716 del 24 de junio de 1969, art. 3 de las disposiciones especiales; D.L. 17816 del 16 de setiembre de 1969, D.L. 19049 del 30 de noviembre de 1971.

19. D.L. 20490 del 24 de diciembre de 1973. El mismo argumento fue invocado para eliminar la caución pecuniaria, condición para el otorgamiento de la liberación condicional, hecho que ha facilitado. por el contrario, la aplicación de esta institución.

20. D.L. 17716 del 24 de junio de 1969; D.L. 18457 del 3 de noviembre de 1970; D.L. 18882 del 15 de junio de 1971; D.L. 18275 del 15 de abril de 1970, derogado por el D.L. 21954 del 7 de octubre de 1977.

21. D.L. 20583 del 9 de abril de 1974.

22. D. Leg. 121 del 12 de junio de 1981, art. 1è.

23. D. Leg. 330 del 6 de marzo de 1985.

24. D.L. 19030 del 11 de noviembre de 1971.

25. D.L. 19962 del 27 de marzo de 1973. Estas reformas han sido ratificadas mediante el D.L. 21895 del 2 de agosto de 1977.

26. D.L. 17110 del 8 de noviembre de 1971.

27. D.L. 19910 del 30 de enero de 1973, art. 5.

28. D.L. 20828 del 3 de diciembre de 1974, art. 3; D.L. 19910 del 30 de enero de 1973, arts. 2 y 3.

29. D.L. 12060 del 23 de diciembre de 1969.

30. Código Penal, edición oficial, p. 166.

31. Ver: Hurtado, Derecho 1973, No. 30, p. 103.

32. Código Penal, edición oficial, p. 166.

33. Ver: Bernales-Rubio, Constitución, p. 80.

34. Edición oficial, p. 165.

35. Ver Supra, No 11 b.

36. Ver: Infra No. 95.

37. Ver: Hurtado , La Revista 1981, p. 1.

38. Ver: BRICEÑO, Drogas, p. 160.

39. Ver Infra. No. 76.

40. Ver: HURTADO, Ministerio Público, 1984.

 

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