3. Manual Escolar y Representación




descargar 1.68 Mb.
título3. Manual Escolar y Representación
página6/39
fecha de publicación17.01.2016
tamaño1.68 Mb.
tipoManual
b.se-todo.com > Ley > Manual
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

1.2. El decreto 1002 de 1984 y su reglamentación: La renovación curricular entre la diversificación y la preocupación por la integración.

El proyecto de transformación de la educación iniciado en la década del sesenta que contó con importantes desarrollos legales, tuvo en el decreto 1002 de 1984 un referente fundamental para la organización del currículo, con alcances hasta los años noventa. Con esta disposición, y tras ocho años de experimentaciones pedagógicas, el gobierno nacional en cabeza de Belisario Betancur, decidió reimpulsar los fines propuestos para la educación desde 1978 y cumplir con una de los obligaciones del gobierno, como era la de establecer los marcos generales para el proceso educativo. Con este decreto la intervención del gobierno se enfocó hacia la determinación de directrices generales que condujeran a una reformulación de lo que debía ser la educación.

La relevancia del decreto establecer el plan de estudios para todos los niveles de la educación formal (Pre-escolar, Básica y Media Vocacional). El plan de estudios era entendido como el “conjunto estructurado de definiciones, principios, normas y criterios que, en función de los fines de la educación, orienta el proceso educativo mediante la formulación de objetivos por niveles, la determinación de áreas y modalidades, la organización y distribución del tiempo y el establecimiento de lineamientos metodológicos, criterios de evaluación y pautas de aplicación y administración.”94La responsabilidad de la aplicación de este plan de estudios recaía en la articulación de la familia, la comunidad y las autoridades para la creación de “ambientes propicios” que permitieran alcanzar los objetivos.

En la división del sistema educativo por niveles, los objetivos para la Educación Básica -que comprendía Primaria y Secundaria hasta noveno grado- retomaron las principales ideas expuestas años atrás. La búsqueda del “desarrollo armónico y equilibrado” se mantenía como meta ineludible, procurando el reconocimiento de las potencialidades físicas, intelectuales y emocionales de los alumnos a trabajar en la escuela. Este interés por el desarrollo de las capacidades individuales se articularía a la identificación por parte del estudiante de los factores que llevarían al desarrollo económico, social, cultural y político.

Para ello se partía de la premisa que la Educación Media crearía el espíritu democrático propio de la nacionalidad colombiana en busca de las soluciones a los problemas que aquejaban al país. Esta doble dimensión del proyecto educativo, que no renunciaba a formar en los marcos de la nación, se desarrollaría a partir de “experiencias educativas”, en las que no sólo se transmitieran conocimientos, sino la también se diera la adquisición de “habilidades y destrezas” que llevaran al alumno a la formación cívica, ética, religiosa, científica y tecnológica. Estas experiencias estarían dirigidas a generar actitudes y valores que redundaran en un compromiso con el desarrollo nacional.

En los otros niveles de educación particularmente en la Media Vocacional, el gobierno proponía potenciar los principios señalados para la Educación Básica, inclinándose más por la formación para la vida laboral. La reiterada intención por hacer de la educación una actividad vinculada a la práctica y a la producción se evidenciaba en el llamado a cuidar y usar racionalmente los recursos naturales, los bienes y servicios, así como en la insistencia en la adecuación y creación de tecnología. La creación de buenos trabajadores se confirmaba con el deseo que la educación formal sirviera para que los alumnos actuaran responsable, honrada, eficiente y creativamente “en el campo que le[s] corresponda”. Esto implicaba la utilización “creativa” y “racional” del tiempo libre, fortaleciendo la salud física y mental, la integración social y el sano esparcimiento, mediante la toma de decisiones responsables.

La concepción educativa que permeó los manuales escolares de finales de los ochenta e inicios de los noventa, se puede reconocer en la definición del área de estudio ofrecida por el gobierno nacional en el decreto en cuestión. El área era “el conjunto estructurado de conceptos, habilidades, destrezas, valores y actitudes afines, relacionados con un ámbito determinado de la cultura, y anteriormente desglosados en materias y asignaturas.” En esta definición se vislumbra cómo la educación no fue concebida solamente como la transmisión de información que privilegiaba la dimensión cognitiva de los estudiantes, sino como una visión más amplia que abocaba una formación en valores así como en competencias para la vida práctica. Las áreas eran un concepto que posibilitaba transmitir conocimientos, crear actitudes hacia la realidad y dotar a los alumnos de herramientas específicas.

Retomando la organización curricular del decreto 080 de 1974, en 1984 el sistema educativo contemplaba dos tipos de áreas de formación: Las comunes, de carácter obligatorio para todos los grados de la educación básica y media vocacional; y las denominadas “propias”, que pertenecían a cada modalidad contribuyendo a formar al alumno en el nivel vocacional. Dentro de las áreas comunes, el proyecto educativo contemplaba: Ciencias Naturales y Salud; Educación Estética; Educación Física Recreación y Deporte; Educación Religiosa y Moral; Español y Literatura; Matemáticas y Ciencias Sociales. A estas áreas de obligatorio cumplimiento se sumaban las de Educación en Tecnología e Idioma Extranjero en bachillerato. En los dos grados de educación media vocacional, el plan de estudios incluía el área común de Filosofía, al tiempo que incorporaba las propias de las modalidades. La presencia de las mismas áreas durante todo el proceso educativo se explicaba por el interés del gobierno veía por mantener cierta continuidad en todos los grados, principio que junto a otros como el de la integración constituía las bases de la reforma curricular.

Como se puede ver, el decreto 1002 de 1984 expresaba una vez más la necesidad de articular la educación con el trabajo, representado en el plan de estudios con la inclusión como área obligatoria de la educación en tecnología. En el mismo sentido, se proponía dar estímulos para aquellas instituciones educativas que crearan modalidades diferentes a las ya conocidas, promoviendo una vez más las modalidades tecnológicas. Otra propuesta significativa para comprender el enfoque “productivo” del proyecto educativo se refería a la extensión de la orientación vocacional y escolar a todos los grados, con lo que se esperaba facilitar la interpretación, integración y proyección de las experiencias educativas facilitadas al alumno, para que este estuviera en capacidad de tomar decisiones responsables. El objetivo de este acompañamiento era armonizar el desarrollo individual con el social, incidiendo en el comportamiento y vocación del alumno. La extensión de la orientación vocacional se dio a las “actividades complementarias” -parte clave del “proceso de aprendizaje”- que articuladas a las áreas, tenían como razón de ser los intereses y necesidades de los alumnos y las comunidades.

El decreto 1002 no sólo se ocupaba de estipular el plan de estudios bajo la figura de las áreas pedagógicas, sino que contempló las directrices fundamentales para el desarrollo del proceso educativo al tratar lo relacionado con el tiempo escolar, los lineamientos metodológicos y la evaluación. Sobre el primero, las horas de trabajo escolar constaban de 60 minutos, contabilizadas para efectos de programación en totales semanales y anuales así: En la Educación Básica Primaria se debían dictar 25 horas/semana y 1000 anuales, mientras que en Secundaria y Media, se incrementaba a 30 horas/semana y a 1200 al año. Estos números correspondían a un año lectivo de diez meses que contarían con 100 (Primaria) y 120 (Secundaria y Media) horas por mes. Aunque las horas de trabajo respondían a un cálculo cronológico, el decreto hacía hincapié en que esta organización respondiera a las exigencias pedagógicas particulares en el desarrolló de unidades didácticas. Finalmente, desde 1984 habría quedado consignada la prohibición para que las instituciones educativas ofrecieran nuevas jornadas continuas.

Sí bien el decreto 1002 puede ser entendido como un paso importante en el camino por configurar una nueva educación formal más enfocada hacia lo productivo, dejó asuntos pendientes que fueron desarrollados años más tarde. Teniendo como base el principio de integración del que hablaremos más adelante, el gobierno reconocía la imperiosa necesidad de elaborar las orientaciones de los programas curriculares. Para ello, sugería la pertinencia de la asesoría de las facultades de Educación, con el fin de incorporar en los programas curriculares conocimiento especializado en materia educativa. Igualmente, en las etapas posteriores de este proyecto educativo, se acudiría a las innovaciones pedagógicas de comprobada utilidad y eficacia, las cuales podían expandirse a todo el sistema educativo con previa autorización.

Un último aspecto a destacar de esta norma, a la que muchas veces se le atribuye ser la piedra de toque para la renovación curricular, tenía que ver con la evaluación. Valorada como parte fundamental del proceso educativo, la evaluación se concebía más allá de la asignación de notas para la promoción de los alumnos. Lo que se buscaba era que siguiera paso a paso el proceso de aprendizaje, para lo cual se proponía programar actividades evaluativas por cada unidad didáctica en donde los resultados serían utilizados para mejorar la calidad del aprendizaje. Como era costumbre, el Ministerio de Educación proponía una aplicación gradual de los planes y programas de estudios, partiendo de factores como las regiones, la disponibilidad de textos, guías, materiales curriculares y la capacitación suficiente de los docentes.95

La reglamentación del decreto 1002 de 1984 no se hizo esperar, pues sólo unos meses más tarde se emitió la primera resolución por parte del MEN en un proceso que seguiría por lo menos durante siete años. El 7 de noviembre de 1984 la Ministra de Educación Doris Eder de Zambrano emitió las resoluciones 17489 y 17486 por las cuales empezó a reglamentarse el decreto 1002. La renovación curricular en estas normas implicaba cambios en diferentes órdenes, uno de estos era la organización y la distribución del tiempo para el desarrollo de las distintas áreas de formación. Precisamente, con la resolución 17489 el MEN dividió la Educación Básica Primaria en dos grupos con duraciones diferentes. De los grados 1º a 3º se le daba a cada área tres horas de trabajo semanal, mientras que para los grados 4º y 5º se aumentaba en una hora para las áreas más importantes (Español y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Salud y Ciencias Sociales). Las horas en cualquiera de las áreas cubrirían distintos periodos de acuerdo a las condiciones pedagógicas del alumno. Además de la distribución temporal para la Educación Primaria y en consonancia con el proyecto integrador, la resolución 17489 reiteraba el mandato de desplegarlo en tres direcciones: La integración se debía dar entre las diferentes áreas, al interior de cada una y en la correlación de todas.96

Otro de los aspectos del decreto 1002 de 1984 reglamentado fue el de la evaluación. La relevancia de esta consistía en que producto del proceso evaluativo el alumno podía o no ser promovido, aunque el Estado insistía que lo más importante era que allí se comprobaba si los objetivos de aprendizaje se alcanzaban. En pocas palabras, la evaluación era la clave para saber sí el proyecto educativo se estaba implementado y la herramienta básica para señalar los cambios a que hubiera lugar. Esta debía caracterizarse por ser objetiva y confiable, toda vez que la información arrojada en su aplicación, plantearía los cambios en el sistema educativo. El fin era mejorar el trabajo de los alumnos en todos los momentos de su proceso de aprendizaje, indicando el grado de formación integral alcanzado y los aspectos a revisar. Los principales aspectos que debían evaluarse según el MEN eran: el logro del objetivo de aprendizaje, el desarrollo de los procesos que conducían a tal logro, la utilización de los recursos, la adquisición y progreso en el ejercicio de las habilidades, destrezas, valores, hábitos y actitudes.

Para el desarrollo del proceso evaluativo se atribuyó gran importancia a los textos escolares. Los textos para los tres primeros grados del nivel primario, debían incorporar orientaciones sobre cómo realizar la evaluación así como alguna información sobre la promoción flexible. Por su parte, los textos de 4º de primaria a 11º de media vocacional, tendrían en cuenta los indicadores de evaluación de las unidades de aprendizaje. Los textos escolares estaban llamados a servir como instrumento para implementar un examen permanente durante el año lectivo. Este sería dividido en cuatro periodos de igual duración en los que se llevarían a cabo evaluaciones numéricas (en la escala de 1 a 10) adjudicándole a cada periodo un porcentaje diferente así: Primero 10%, segundo 20%, tercero 30% y cuarto 40%. La evaluación de los periodos sería acumulativa a realizarse para los tres primeros periodos en el horario normal de una clase, mientras que para el cuarto, se proponía la posibilidad de un horario especial.

Los resultados había que comunicárselos al alumno con el fin de atender sus reclamos, para proceder a un análisis con los directivos en el que se buscaran correcciones a los problemas detectados, especialmente cuando existiera un gran número de alumnos calificados como insuficiente. El último paso, era la consignación de las calificaciones en la libreta para informar a la familia que tendría que colaborar en la orientación del estudiante. Sobre la promoción, la resolución 17486 de 1984 señalaba las calificaciones mínimas para aprobar una asignatura, las condiciones para alcanzar la promoción al grado siguiente o la obtención del título de bachiller así como para adelantar una habilitación, realizándose máximo un mes después de culminar las actividades finales incluyendo todos los contenidos vistos en el año.97

El 22 de noviembre 1985 la Ministra de Educación Liliam Suárez Melo avanzó en el proyecto educativo que tomó impulso en 1984. Con la resolución 19700, además de establecer la implementación de los programas curriculares para 1986 hasta el tercer grado de primaria, se resolvía la conformación de las áreas comunes para el nivel de bachillerato para efectos de la promoción. Lo significativo de esta resolución radica en que muestra cómo desde mediados de la década del ochenta, el Estado incluyó en el área de Ciencias Sociales, junto con la Historia y la Geografía, la asignatura de Educación para la Democracia, la Paz y la Vida Social, para la el nivel básico como para la media vocacional, denominándola “Comportamiento y Educación para la Democracia, la Paz y la Vida Social”, que podía hacer parte del área de Filosofía o de las Ciencias Sociales.98

El decreto 1002 de 1984 constituyó un momento importante en la reformulación del proyecto educativo diversificador que venía desde la década del sesenta. Ahora, esto requirió de una implementación paulatina que significó la clarificación de variados aspectos contenidos en este. Así, en 1986 con la resolución 4707 la ministra Suárez Melo determinó cuáles eran las asignaturas que conformaban las áreas para cada grado y modalidad. La resolución puso de presente la preocupación por dilucidar prontamente –en comparación con las Ciencias Sociales por ejemplo- lo relacionado con la educación para la producción, especificando los contenidos programáticos generales. Este interés se expresó de diferentes formas, por ejemplo en la permanente alusión a la práctica como la manera más efectiva de llevar a cabo el proyecto diversificador, la prohibición de habilitar cualquiera de las asignaturas que conformaban las áreas propias o en la elevada exigencia académica sobre las mismas, pues de las asignaturas que desarrollaban la modalidad no se podía reprobar ninguna, ya que se perdería la modalidad en su conjunto.99 En otra resolución la ministra enfatizaba la necesidad que la exploración vocacional se iniciara desde el grado sexto, con el fin de ir perfilando tempranamente los intereses productivos de los estudiantes. De allí que en el mismo acto administrativo, se autorizaba a los planteles que habían empezado la implementación experimental de la reforma curricular de 1984, a continuar en sus esfuerzos contando con la supervisión y control del MEN.100

Para finales de la década del ochenta, se manifestó un interés que ya se había advertido, pero que se tradujo en la creación de una figura importante para la organización de la educación en los años posteriores: El Comité de Evaluación. Este comité fue significativo, puesto que anunciaba el principio de la autonomía escolar preconizado en los noventa, al tiempo que articulaba lo curricular con lo evaluativo. La sanción de esta instancia de administración y control de la educación se dio en el marco del interés por alcanzar los objetivos fundamentales para la educación primaria: la universalización y el mejoramiento de la calidad. El MEN ligó estas metas a otro asunto que ha marcado la educación colombiana, la promoción automática, como una herramienta que disponían las autoridades educativas para lograr la universalización, abriendo la posibilidad para bajar las tasas de deserción escolar y de repitencia.

La evaluación escolar debía cumplir un papel crucial, más aún, cuando era pensada no sólo como el proceso de seguimiento al estudiante sino también porque se extendía a la institución escolar en su conjunto. Aquella era definida como “el proceso de seguimiento y valorización permanente del estado en que se encuentra la institución educativa en los aspectos organizacionales y administrativos, pedagógicos y de desarrollo del alumno, frente a los fines y objetivos del sistema educativo colombiano […] tiene como propósito la identificación de logros y dificultades y la aplicación de correctivos que hagan posible una alta calidad educativa.”101En el Ministerio se creía que con una concepción amplia de la evaluación, que trascendiera la mera adjudicación de calificaciones numéricas, la promoción serviría para motivar a los estudiantes en la búsqueda de una formación integral.

De tal manera, la calificación se ocuparía de seguir detalladamente el proceso de desarrollo del alumno, en el que sí bien se presentarían algunas fallas, las autoridades educativas concebían un progreso ascendente. Para que las dificultades de los alumnos en la obtención de los logros propuestos no llevaran a la pérdida del año, la promoción automática contemplaba la realización por parte del docente de actividades de recuperación, entendidas como parte del proceso regular de aprendizaje. El papel propuesto para el profesor no era más que el de supervisor del cumplimiento de las metas de aprendizaje, informando periódicamente sobre el desempeño de los alumnos, tanto al rector del respectivo plantel como a los padres de familia. El control sobre el proceso de aprendizaje por parte del profesor tenía como ocasión importante el registro de las inasistencias de los estudiantes por escrito, pudiendo llevar a la pérdida de las áreas de formación por la permanente ausencia. Los casos considerados atípicos, serían tratados por un Comité de Evaluación.102

Este comité era la instancia encargada de orientar y controlar el proceso educativo, promover la actualización de los docentes, asesorar a estos, alumnos y padres de familia en la programación y ejecución de actividades evaluativas y conceptuar en última instancia sobre los conflictos del proceso educativo. Se conformaría por el rector, el coordinador de primaria, el psicorientador o consejero escolar, un docente elegido y un representante de los padres de familia. Como se puede apreciar, el Comité de Evaluación pretendió involucrar más activamente a la comunidad educativa más allá de lo propiamente evaluativo, lo que significó una primer experiencia para asumir tareas autónomamente. Ello no se puede entender como la consagración plena de la autonomía escolar, debido a que el Estado mantenía las funciones de vigilancia y control, a través de las Direcciones de Núcleo Educativo.103

La puesta en marcha del proyecto de renovación curricular fue lenta, centrándose inicialmente en el nivel primario y en aspectos como la clarificación de las asignaturas que componían las modalidades para la básica secundaria o en la manera como había que desarrollar la evaluación. Entre 1989 y 1991, durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria se emitieron tres normas importantes sobre el desarrollo de la educación secundaria, el área de Ciencias Sociales y el uso de la educación como medio para resolver las tensiones políticas y sociales que vivía el país. El 6 de junio de 1989, el presidente Barco Vargas y el Ministerio de Educación encabezado por Manuel Francisco Becerra Barney, firmaron el decreto 1167 en el que se modificaba el artículo 5º del decreto 1002 de 1984 relacionado con las asignaturas que componían el área de Ciencias Sociales. El contenido del decreto consistió en la reiterar que las Ciencias Sociales estaban conformadas por la Historia, la Geografía y la Cívica104, lo que no hacia más que retomar la misma división que existía desde 1962.

En el mes de agosto de 1990, el Ministerio de Educación sancionó los Programas Curriculares para la Educación Básica Secundaria. La adopción después de seis años se realizó en el marco de la flexibilización curricular promovida por el MEN, lo que nos permite comprender el lugar otorgado a las demás áreas que conformaban el nivel secundario de la Educación Básica. Recordemos que para el Estado la prioridad estaba en universalizar la educación básica primaria, en la que se adoptaron los programas curriculares a través de las resoluciones 17487 de 1984, 19700 de 1985 y 15 de 1987, desarrollando los decretos 088 de 1976, 1419 de 1978 y 1002 de 1984.

Elaborados por la Dirección General de Currículo, el MEN esperaba que los Programas sirvieran de base para que las entidades regionales y locales desarrollaran programas pertinentes para sus territorios. La producción de los programas curriculares a nivel regional y local debía contar con la participación de los docentes y las comunidades interesadas, con el apoyo de los Centros Experimentales Piloto respectivos. Así como en el nivel primario, la aplicación de estos nuevos programas se realizaría de manera gradual y progresiva iniciando desde el grado sexto, cuya fecha de iniciación dependía del calendario académico que rigiera: Para el calendario A, la implementación se daría desde febrero de 1991, mientras que en el calendario B, empezaría en septiembre de 1990. Los institutos docentes que adelantaran la fase experimental previa a la adopción oficial, quedaban facultados para continuar con la aplicación en el grado siguiente.105 La adopción en 1990 y la puesta en marcha del proyecto de renovación curricular para la Educación Secundaria un año más tarde, explica por qué los marcos curriculares del Área de Ciencias Sociales, para octavo grado, fueron publicados entre 1989 y 1990, haciendo más lento aún el cambio en las representaciones históricas presentes en los manuales.

En medio de la efervescencia por la Carta Constitucional de 1991, el Ministro de Educación Alfonso Valdivieso Sarmiento autorizó el Modelo Pedagógico para la Paz y la Reconciliación Nacional, como parte del plan de reinserción social, económica y política pactado con algunas fuerzas insurgentes. Hacemos mención de este modelo pedagógico elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, en la medida en que mostraba cómo la educación no podía ser ajena a las iniciativas de paz desarrolladas entre el Estado y algunas guerrillas. No obstante, la autorización del Ministerio era para adelantar la fase experimental, organizada en tres ciclos de un semestre de duración cada uno, que cubrían la Educación Básica (Primaria y Secundaria) y la Media Vocacional. Las Ciencias Sociales sólo se encontraban en el ciclo primario, con cinco horas semanales, divididas en tres horas de trabajo presencial y dos de trabajo desescolarizado. El énfasis del plan de estudios estaba dado por la necesidad de reinsertar a los guerrilleros desmovilizados a la sociedad, de allí que áreas como Orientación Comunitaria o Gestión Empresarial tuvieran mayor intensidad horaria.106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

similar:

3. Manual Escolar y Representación iconManual escolar de convivencia

3. Manual Escolar y Representación iconManual de convivencia escolar

3. Manual Escolar y Representación icon1 El teatro latino. Los géneros: tragedia y comedia. Principales...

3. Manual Escolar y Representación iconEfectos de representacion

3. Manual Escolar y Representación iconCircuitos Lógicos, Álgebra de Boole y Dominios de Representación

3. Manual Escolar y Representación iconRepresentación gráfica del cariotipo humano normal

3. Manual Escolar y Representación iconDon, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de

3. Manual Escolar y Representación iconSolución: Observando la representación, vemos que el coeficiente...

3. Manual Escolar y Representación iconContrato de sociedad: su naturaleza y clases. ConstitucióN. Derechos...

3. Manual Escolar y Representación iconEl organigrama es la representación grafica simplificada de la estructura...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com