Esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que




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II. DECISIÓN OBJETO DE REVISIÓN


Avocó conocimiento de la demanda el Juez Segundo Laboral del Circuito de Manizales quien denegó la protección de los derechos invocados. Consideró que de los hechos narrados en la tutela no es posible inferir que se encuentra en riesgo la vida de la actora y en seguida concluyó: “[p]or lo tanto, no existe la conexidad necesaria para que en este caso el derecho a la salud sea calificado como fundamental”. Además indicó que no se demostró que la patología que dice sufrir doña María Delfina haya sido producida por la ausencia del ave y descartó que la devolución del animal sea la mejor alternativa para tratar su depresión. Coligió que la acción de tutela no constituye un medio para permitir la violación de leyes y sostuvo que en este caso existen disposiciones de carácter legal que prohíben mantener especies pertenecientes a la fauna silvestre en calidad de mascotas, por lo que las actuaciones de la autoridad demandada encuentran justificación en “circunstancias objetivas”.


III. PRUEBAS


En el trámite de la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:


  1. Fotocopia del “acta de incautación” de la “Lora Rebeca” efectuada por la policía ambiental del Departamento de Caldas (folios 5 y 24).




  1. Fotocopia de las órdenes de apoyo asistencial emitidas por la IPS Clínica FAME a favor de la señora María Delfina Castaño, en donde se consigna como impresión diagnóstica la existencia de un “síndrome depresivo” (folios 6 y 7).




  1. Fotocopia de los oficios de respuesta a las peticiones formuladas por el señor José Humberto Ospina Herrera ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas (folios 21 y 22).



IV. PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A través de Auto del nueve (09) de noviembre de dos mil seis (2006) esta Sala ordenó la práctica de unas pruebas que llevaron a la recopilación de los siguientes documentos:
1. Memorando expedido por la Subdirección de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en el que se especifica cuál fue la especie decomisada y se detalla cuál es el tratamiento que se ha aplicado al animal en búsqueda de su rehabilitación y reubicación (folios 22 y 23 del cuaderno de revisión).
2. Dictamen efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Seccional Caldas- sobre el estado de salud de la señora Castaño de Ospina (folios 25 a 32 del cuaderno de revisión).

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar el fallo mencionado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
El animal que sirviera de compañía a la actora por aproximadamente cinco años fue “incautado” y puesto a disposición de la Corporación Autónoma Regional. Ahora, como consecuencia de la ausencia del animal, dice la accionante que enfermó al punto de elevar varias peticiones en donde solicitó la devolución del mismo. Pues bien, ante las respuestas negativas efectuadas sobre sus requerimientos, ella presenta acción de tutela en la que exige la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana, planteando, como solución a su dolencia, la recuperación del animal de compañía.
La autoridad ambiental demandada se opuso a la pretensión del amparo para lo cual sostuvo que sus actuaciones tienen soporte constitucional y legal, específicamente en la autoridad que tiene el Estado para regular los parámetros que han de observarse para el aprovechamiento de la fauna silvestre; aseguró que según esta regla no es posible permitir la tenencia de la especie incautada pero que, en su lugar, sí está permitido -como alternativa- acudir a un determinado grupo de animales para que en su calidad de mascotas suplan “las necesidades de compañía y afecto de los seres humanos”.
El juez de instancia negó la protección de los derechos fundamentales pues consideró que: (i) de la condición de la actora no es posible inferir que se encuentre en peligro su vida, requisito necesario para que el derecho a la salud sea considerado como fundamental; (ii) no fue probado que la dolencia que sufre doña Delfina haya sido generada por la ausencia del animal y tampoco se ha acreditado que la devolución del mismo sea la mejor alternativa para el tratamiento de su afección; y (iii) la acción de tutela no constituye un mecanismo a través del cual se puedan proferir órdenes que contraríen o desconozcan mandatos legales y, por tanto, teniendo en cuenta que está prohibido tener animales silvestres en calidad de mascotas, no es posible colegir que las actuaciones de la autoridad ambiental sean ilegítimas o ilegales.
En atención a lo expuesto a esta Sala le corresponde establecer, como cuestión principal en este caso, si el decomiso del animal que ha brindado compañía a una persona durante varios años, tiene la fuerza para vulnerar los derechos fundamentales de ésta.
Ahora bien, tal planteamiento conlleva a que la Corte estudie las siguientes cuestiones, previo a afrontar el caso concreto: (i) ¿Cuáles son los requisitos bajo los cuales una persona puede aprovechar de la fauna y una autoridad puede decomisar el animal que sirve de mascota a una persona?. (ii) ¿Bajo qué parámetros o circunstancias la ejecución del decomiso administrativo afecta ilegítimamente el derecho a la salud?.
3. La Constitución Ecológica y los diferentes niveles de protección de las especies silvestres. Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades del Estado dentro de la protección medio-ambiental.
3.1. De entrada, la Constitución dispone como uno de sus principios fundamentales la obligación Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8°). Adicionalmente, en desarrollo de tal valor, nuestra Constitución recoge en la forma de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Con claridad, en dichas disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e integridad del ambiente y una facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.
Obsérvese que la Carta prevé una estrategia definida frente a la relación entre la persona y su entorno natural: el aprovechamiento de los recursos no puede engendrar de manera alguna un perjuicio de la salubridad individual o social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la integridad medio ambiental. Así, desarrollo sostenible2, conservación, restauración y sustitución hacen parte de la garantías contenidas en nuestra Constitución para que el bienestar y el quehacer productivo-económico del ser humano se efectúe en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza3 (arts. 332, 333, 334 y 366 C.P.).
En tales disposiciones no se agota el énfasis otorgado por el constituyente a la protección del medio ambiente. Por el contrario, la Carta hace permanente mención a sus elementos y principios, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte conforma la constitución ecológica o verde4. Sobre tal concepto la Corte ha presentado las siguientes consideraciones:

La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera "constitución ecológica", conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de protección". 5

Nótese que a partir de la Constitución de 1991 se imprime un nuevo paradigma normativo que impone obligaciones al Estado y también a los particulares. El bien jurídico establecido en el derecho al “medio ambiente sano” no es resultado de las labores aisladas que quiera o pueda adelantar el Estado sino que es la consecuencia directa de la decidida concurrencia de éste en el ámbito interno e internacional y el vínculo de la libertad de cada persona frente a tal objetivo.
3.2. Ahora bien, no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han resaltado la relevancia jurídica y práctica del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano así como su conexión con derechos como la vida y la salud. Específicamente, en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoció que éste constituye un medio real para posibilitar la vida del hombre en el planeta. Veamos:

“(...) la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y mental" no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.6

Lo anterior, teniendo en cuenta que desde7 la Declaración de Estocolmo de 19728, la Carta Mundial de la Naturaleza de 19829, la Declaración de Río10 y la resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas) se reconoció la existencia de un lazo entre la verdadera realización global de la dignidad humana y un medio ambiente de calidad11. Por ejemplo, en el último de los instrumentos mencionados, entre otras, se consignó la siguiente declaración: “los hombres y las mujeres tienen derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tienen la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”; asimismo enseguida se afirmó: “la creciente degradación del medio ambiente podría poner en peligro la propia base de la vida”; y finalmente, a partir de éstas, la Asamblea reconoció que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar”.
Así también, en términos similares esta Corporación ha distinguido la estrecha relación que guarda la existencia de la vida y la garantía de un medio ambiente sano. Esta proposición fue registrada por la Corte, por ejemplo, en la sentencia C-150 de 200512, en los siguientes términos: “En efecto, el nuevo principio constitucional establecido por el Constituyente de 1991 , pretende la garantía eficaz de los derechos fundamentales a través de acciones positivas provenientes del mismo Estado. Así las cosas, el Estado Social debe hacer lo que esté a su alcance por establecer un “ mínimo social de existencia” que salvaguarde los derechos fundamentales de los individuos . || El medio ambiente ( Art. 78 C.P. ) , es uno de los mecanismos mínimos de existencia del ser humano. Es por intermedio de este que los seres humanos desarrollan su vida en condiciones dignas ( Art. 11 C.P. ) Así entonces, surge de nuestra Constitución el bien jurídico ambiental como derecho protegido por el Estado Colombiano, también llamado Constitución Ecológica ( Arts 7, 8, 11, 49, 58, 63 , 65, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 95.8, 215, 226, 150, 189,246,268.7, 277.4, 282.5, 289 , 360, 361 y 366 entre otros. )”.
3.3. De esta manera, el interés público enfocado en la defensa del medio ambiente ha provocado que otros valores constitucionales, entre ellos las potestades individuales, transformen sus alcances en procura de conseguir un equilibrio entre los mismos. Tal vez una de las aplicaciones más dicientes que tiene la protección del ecosistema sobre la afectación de la libertad y los derechos individuales, se analizó en la sentencia C-189 de 200613, en la que se valoró la afectación que tiene la prohibición de venta de las tierras que componen el sistema nacional de parques naturales sobre el derecho a la propiedad privada. En este pronunciamiento la Corte consideró, en primer lugar, que la evolución del concepto de propiedad privada ha engendrado que se transite de un derecho con categoría absoluta (previsto en nuestro Código Civil) a una atribución relativa “susceptible de limitación o restricción, en aras de hacer efectivos los intereses públicos o sociales que priman en la sociedad (...) la Constitución prescribe que a la propiedad le corresponde cumplir funciones sociales y ecológicas que además de ser inherentes al reconocimiento del citado derecho conducen a la imposición de obligaciones que legitiman su ejercicio (...) De acuerdo con lo expuesto y teniendo como fundamento la Constitución Política de 1991, es claro que puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias”.
En particular, en lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte advirtió, para lo cual resaltó la influencia y cambios que la Constitución de 1991 imprimió en nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta del constituyente para enfrentar el “uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera”. De acuerdo con la sentencia en comento, la ecologización de la propiedad es producto de la evolución del concepto de Estado, de un parámetro puramente individual (liberal clásico) a un mandato que supera -inclusive- el sentido social de la misma para, en su lugar, formular como meta la preservación de las generaciones futuras, garantizando el entorno en el que podrán vivir. Para este efecto la Corte se remitió a los argumentos expuestos en la sentencia C-126 de 199814, de la que es imperativo resaltar el siguiente apartado:

Ahora bien, en la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible.
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