Esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que




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Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios” (Negrilla fuera de texto original).

No hay que olvidar: el nuevo paradigma de organización política conlleva la imposición de restricciones a las libertades individuales, v. gr. el derecho de propiedad, mediante la determinación de condiciones para la apropiación y disfrute de los recursos naturales. La ecologización de la propiedad está precedida por el cambio radical del concepto absoluto de propiedad privada previsto en el Código Civil y consiste en la superación del carácter individual de tal derecho para, en su lugar, establecer el conjunto de limitaciones necesarias para salvaguardar, conservar y restaurar un medio ambiente sano. En los términos de la sentencia C-189 es necesario concluir que “hoy en día, el ambiente sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en cuanto representan una colectividad15”.
3.4. Lógicamente la protección medio ambiental, como valor constitucional, no tiene un efecto desvanecedor sobre los demás derechos y garantías previstos en la Carta. No obstante la importancia de tal derecho, de acuerdo a cada caso se hará necesario equilibrarlo con las demás atribuciones individuales, sociales, económicas y colectivas. Para el efecto, el propio texto constitucional proporciona conceptos relevantes que concretan el equilibrio que debe existir entre el “desarrollo” económico, el bienestar individual y la conservación del ecosistema. El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye un referente a partir del cual la jurisprudencia de la Corte ha fijado cuáles son los parámetros que rigen la armonización de tales valores, destacando que: “es evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema16.
Ahora bien, la principal estrategia para la determinación de los criterios o bases del desarrollo sostenible es la definición de políticas legislativas que articulen, promuevan, regulen o restrinjan el aprovechamiento de los recursos naturales. Así lo reconoció la Corte, por ejemplo, en la sentencia C-126 de 1998 –citada- en la cual estudió una demanda presentada en contra del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables expedido en 1974. En esta providencia la Corte estudió si el ejecutivo había excedido sus facultades al expedir tal estatuto y también analizó si las mismas podían modificar algunas disposiciones del Código Civil. Sobre este último asunto afirmó: “la decisión gubernamental de modificar ciertas normas civiles es totalmente congruente con la finalidad de la regulación ecológica que se quería expedir en ese momento, puesto que uno de sus objetivos, tal y como lo establece la ley habilitante y las primeras normas del propio código, era lograr un aprovechamiento racional y una adecuada conservación de los recursos naturales renovables. En tales circunstancias, resultaba perfectamente razonable que el Presidente haya querido sustraer ciertos asuntos relacionados con el uso y la explotación de tales recursos de la legislación civil, por cuanto ésta se rige primariamente por el principio de autonomía de la voluntad, el cual puede entrar en conflicto con la función ecológica de la propiedad (CP art. 58) y con la nueva relación entre la sociedad y naturaleza, que es propia de una legislación ambiental, como la que se quería expedir.”.
3.5. Así pues, haciendo énfasis en la influencia sustancial que las normas protectoras del medio ambiente o que establecen las bases del desarrollo sostenible han introducido en las potestades individuales y privadas, y partiendo de la idea de “que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad17, paulatinamente se han perfeccionado las condiciones que rigen el aprovechamiento de los diferentes recursos o bienes que conforman nuestro ecosistema. La importancia de tales disposiciones, teniendo en cuenta la situación especial de nuestro país en el planeta, ha sido reconocida por esta Corte en varias ocasiones. Precisamente, sobre este último ítem es necesario distinguir algunos de los párrafos de la sentencia C-519 de 199418 en donde se reconoció a Colombia como un país “megabiodiverso”, fuente de riquezas naturales invaluables, sin par en el resto del planeta; veamos:

Por su parte, Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad. Sobre el particular, basta con remitirnos a la exposición de motivos suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, cuando presentaron ante el h. Congreso de la República el proyecto de ley correspondiente al Convenio de Diversidad ya referenciado. La información allí contenida da cuenta de la importancia de los recursos que se hallan en nuestro territorio, desafortunadamente desconocida e ignorada por la mayoría de los colombianos. Resulta pertinente, pues, transcribir los siguientes apartes:
Países como Colombia, catalogados como 'megabiodiversos' no pueden darse el lujo de anular una de las ventajas comparativas más críticas en las relaciones internacionales y la economía del siglo XXI: los recursos genéticos y la Diversidad biológica. En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se trata de especies endémicas, es decir únicas y no repetidas en lugar alguno del Planeta (...).
Colombia es uno de los 13 países del Planeta que concentran el 60 por ciento de la riqueza biológica. Ellos incluyen además Brasil, México, Perú, Australia, China, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Venezuela y Zaire. Nuestro país reúne aproximadamente el 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1 por ciento de la superficie terráquea. Esta característica ubica al país en uno de los primeros lugares en diversidad de especies por unidad de área, y número total de especies.
Un tercio de las 55.000 especies de plantas de Colombia son endémicas, lo que se considera una riqueza sin igual, equivalente al 10% del total identificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por ejemplo, con el 15% de las especies de orquídeas clasificadas mundialmente; con más de 2.000 plantas medicinales identificadas y con un número elevado de especies de frutos comerciales, silvestres o apenas localmente cultivados, que son comestibles o que pueden llegar a ser utilizados para el mejoramiento genético de especies cultivadas.
En el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que representa un 8% del total de las conocidas en el Planeta; el 15% de las especies primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%); y casi 3.000 vertebrados terrestres (...).

Específicamente en lo relativo a la protección de la biodiversidad y al disfrute o aprovechamiento de la fauna, a nivel local e internacional se han expedido varias disposiciones que guían el manejo de dichos recursos y que, por tanto, limitan las facultades del Estado y cada persona en dicho ámbito. En tales normas se establecen los parámetros básicos o más elementales para equilibrar el objetivo de desarrollar, mantener, reparar o mejorar el medio ambiente con los demás derechos y libertades establecido en la Carta. Por ejemplo, en la sentencia C-339 de 200219 la Corte subrayó la importancia de la biodiversidad a propósito del estudio de algunas disposiciones del Código de Minas, para lo cual se apoyó en el documento “La Política Nacional de Biodiversidad20, del cual reprodujo el siguiente texto:

Nuestra alimentación proviene de la diversidad biológica, los combustibles fósiles son subproducto de ella, las fibras naturales también. El agua que tomamos y el aire que respiramos están ligados a ciclos naturales con gran dependencia en la biodiversidad, la capacidad productiva de los suelos depende de su diversidad biológica, y muchos otros servicios ambientales de los cuales depende nuestra supervivencia. Desde la perspectiva biológica, la diversidad es vital, porque brinda las posibilidades de adaptación a la población humana y a otras especies frente a variaciones en el entorno. Así mismo, la biodiversidad es el capital biológico del mundo y representa opciones críticas para su desarrollo sostenible.

Enseguida, la providencia en mención concluyó:

Esta situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en general, siendo responsabilidad prioritaria de todas las instituciones del Estado armonizar su protección con los objetivos de crecimiento económico y desarrollo de la actividad minera. Por si sola la diversidad biológica representa un valor económico incalculable, si se tiene en cuenta que en Colombia se encuentra el 10% de la biodiversidad mundial, a pesar de representar únicamente el 0.7% de la superficie continental mundial21. Este nuevo esquema en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, hace que el tema ambiental, aún en el campo jurídico, no pueda mirarse aislado del proceso económico o únicamente enfocado frente a un sector de la producción22.

Adicional a lo anterior, la Corte también ha tenido la oportunidad de referirse a la trascendencia constitucional de la protección específica de la flora y la fauna. En efecto, con motivo de la revisión de constitucionalidad de las enmiendas a la “Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres”23, a través de la sentencia C-012 de 200424, se especificó que la aprobación de tal instrumento tuvo como objetivos principales “establecer ciertas barreras que impidan el abuso de la flora y de la fauna silvestres y el comercio ilícito de las mismas”, así como también reconocer que “las políticas que el Estado fije en esa materia pueden quedar sin aplicación práctica cuando no se poseen los medios necesarios para controlar el abuso del medio ambiente por parte de quienes sin tener en cuenta su importancia deciden comercias (sic) con tales recursos25.
El apoyo de la jurisprudencia constitucional a los diferentes instrumentos de protección de la fauna y la flora no se agota en los pronunciamientos citados. En la sentencia C-401 de 199726 la Corte estudió la ley aprobatoria27 del “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe” y en razón del análisis material del convenio consideró que se ajustaba a los requerimientos constitucional - ambientales, que demandan “una normatividad específica alrededor de instrumentos y garantías para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país, la cual de manera especial hace referencia a la biodiversidad biológica nacional, entendida como la “variedad y multiplicidad de organismos vivos, ya sea de genes, de especies, o de ecosistemas dentro de un marco territorial determinado.”28, garantizando una especial protección estatal en términos de salvaguarda de la diversidad e integridad del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y fomento de la educación para el logro de esos fines (C.P., art. 79).” Adicionalmente, poco más adelante, la Corte reconoció que la conservación de la diversidad biológica constituye un propósito adscrito a los diferentes valores de la constitución ecológica y que la protección de tal bien comporta un cambio en las potestades del Estado y los particulares; veamos:

Para lograr una protección y conservación adecuada de los recursos biológicos de cada Estado, debe partirse del reconocimiento de la soberanía sobre los bienes de su propiedad, lo cual supone la obligación de garantizar su subsistencia y permanencia dentro del ámbito del mutuo respeto y conservación de un ambiente sano y propicio para que la vida misma y las necesidades sociales, económicas, culturales, etc., de las generaciones presentes y futuras, puedan satisfacerse en condiciones naturales idóneas, toda vez que resultan ser patrimonio de la humanidad y objetivos claros implantados constitucionalmente por la nueva Carta Política.
(...)
Sobre el particular la Corte puntualiza que la protección de las riquezas culturales y naturales constituye una obligación cuyo responsable no es sólo el Estado sino, igualmente, todas las personas (C.P., art. 8), de lo cual se derivan, necesariamente, eventuales restricciones a sus derechos y libertades, para el cumplimiento de ese mandato. Así las cosas, bajo el ámbito constitucional colombiano el derecho a la libertad económica puede ser limitado, cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (C.P., art. 333), al igual que a la propiedad privada, en cuanto configura una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica (C.P., art. 58).

Asimismo la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse a cerca de la protección ambiental de áreas ecológicas específicas. En la sentencia C-332 de 199629 hizo especial referencia a la riqueza presente en la amazonía y la protección que ésta merece30. Además, en esta jurisprudencia se advirtió que el aprovechamiento y comercio de fauna silvestre conlleva el acatamiento estricto de las normas que resguardan la biodiversidad y que, por tanto, el tráfico de cualquier especie debe estar debidamente autorizado previamente por las autoridades ambientales. Sobre este asunto vale la pena reproducir el siguiente apartado de la sentencia:

Sexta. De la protección especial para aquellas especies de animales catalogadas como fauna silvestre.
Advierte la Corte, que del estudio de la materia que se regula en el texto del instrumento analizado, se concluye que las medidas que se adopten con base en él, en ningún caso podrán desconocer la protección especial que para aquellas especies de animales catalogadas como fauna silvestre31, ordena la ley, en cumplimiento de disposiciones de la Constitución Política, específicamente de las consagradas en los artículos 8, 79 inciso 2, y 80 superiores.
Así, el Acuerdo analizado sólo será aplicable a aquellas especies de animales cuya importación y exportación esté debidamente autorizada en la legislación nacional, descartándose de su alcance, obviamente, aquellas especies de la fauna silvestre que se encuentren en el territorio nacional, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, son propiedad de la Nación, existiendo respecto de ellas la tajante prohibición de exportar individuos vivos que se incluyan en dicha clasificación, salvo que estén destinados a la investigación científica o sea autorizada su salida del país por parte del Gobierno Nacional, (literal i, artículo 265, Decreto 2811 de 1974).

3.6. Ahora bien, dentro de las diferentes alternativas de protección, cada recurso natural plantea diferentes aspiraciones y prioridades. Asimismo, en cada ámbito, el legislador será el encargado de establecer cuáles son las potestades en cabeza del Estado para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. En particular, para concretar cuál es el conjunto de condiciones y restricciones que la ley ha impuesto para poder aprovechar la fauna silvestre, esta Sala hará un breve repaso de las normas aplicables a la cuestión planteada para, con posterioridad, en el caso concreto, definir si el caso de la señora María Delfina Castaño puede ser encuadrado en alguna de ellas.
3.6.1. Tal vez las primeras normas a las que un operador judicial podría acudir para definir las pautas de acceso de cualquier persona a la fauna silvestre son los artículos 686 y siguientes del Código Civil. De acuerdo con dichas disposiciones mediante la caza y la pesca, sin más restricción, se obtiene el dominio por ocupación de los “animales bravíos”. En términos absolutos nuestro Código Civil establecía -sin diferenciar- que toda persona podía apropiarse a través de la caza de cualquier especie faunística. Sólo condicionaba el derecho de acuerdo a la propiedad de los predios en los que se efectuara la cacería.
Sin embargo, con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) y, más aún, con la expedición de la Carta Política en 1991, el concepto de propiedad privada y también así el de las demás libertades individuales, fue sometido a una metamorfosis radical, debido a la introducción y énfasis atribuido a un nuevo bien jurídico: la protección medio ambiental. A partir de tales estatutos por tanto, de la disposición absoluta o “arbitraria”32 de los recursos de la naturaleza en cabeza de cada individuo, se dio paso a la protección que debe emprender cada persona por el bien de todos, aclarando, de paso, que el medio ambiente pasa a ser un límite específico de las potestades privadas regulado especialmente por normas de derecho público.
3.6.2. En efecto, en los instrumentos legales antes mencionados y en otros, que hacen parte de la política internacional o interna de protección del medio ambiente, Colombia ha establecido la planificación de su recurso faunístico, consignando las restricciones al acceso, manejo, disfrute o aprovechamiento de las diversas especies faunísticas por parte de los particulares. En primer lugar, el Código de Recursos Naturales mencionado (en adelante CRNR) y su Decreto Reglamentario 1608 de 1978, contienen múltiples disposiciones que limitan las potestades de caza, condicionándolas al cumplimiento de varios requisitos.
De entrada, el artículo 1° del CRNR define al medio ambiente como patrimonio común e involucra al Estado y los particulares en su preservación y manejo, haciendo énfasis en su utilidad pública e interés social. Este Código reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano (art. 7°), declara que los recursos naturales renovables son propiedad de la Nación (art. 42) y ocupa gran parte de su contenido a determinar cuáles son los “modos de adquirir el derecho a usar de los recursos naturales renovables” (arts. 50 y siguientes). Sobre este aspecto precisa que “[e]l derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación” (art. 51) y a continuación advierte que toda persona puede solicitar permiso para aprovechar un recurso natural renovable salvo las excepciones legales y, entre otras, cuando “se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos” (art. 52).
En adelante, regula las diferentes opciones para aprovechar cada uno de los recursos y en la Parte IX se ocupa de manera especial de la conservación, fomento y aprovechamiento racional (art. 247) de la fauna terrestre y silvestre definiéndola así: “[e]ntiéndase por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático” (art. 249).
Pues bien, frente a la fauna el CRNR reitera que, por regla general, todo recurso pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos33 y los cotos de caza34 de propiedad particular (art. 248). Bajo estas condiciones, es decir, a partir del cambio drástico de los presupuestos que rigen el aprovechamiento racional de estos especimenes, del artículo 250 en adelante se reemplazan las condiciones bajo las que se puede ejercer la caza35, dividiéndola en seis especialidades36 con sus respectivos condicionamientos y, sobre todo, advirtiendo que solamente el Estado es quien puede determinar y autorizar explícitamente qué especies pueden ser objeto de dicha actividad.
De hecho, paralelo a los conceptos de zoocriadero y coto de caza, el CRNR en sus artículos 255 y 257 crea dos figuras jurídicas de gran importancia para la protección medio ambiental: la primera, la reserva de caza, consiste en la parte del territorio en la que la administración define cómo se puede realizar dicha actividad con sujeción a reglamentos especiales (art. 255) y, la segunda, la veda de caza, es la prohibición expresa que puede levantar el Estado para evitar la apropiación de ciertas especies animales (art. 257). Adicionalmente, dentro del conjunto de facultades que se imponen a la administración, el Código es reiterativo en exigir que toda forma de cacería debe estar precedida por la determinación estatal de las especies que pueden ser objeto de esta práctica37 y el otorgamiento de los permisos respectivos, excepto para la que implica subsistencia o alimento38. Finalmente, dentro del capítulo correspondiente a las prohibiciones legales, el CRNR condena la siguiente actividad: “e). Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean las prescritas, o comercializar sus productos” (art. 265).
De manera definitiva el CRNR altera las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental39. Ahora, de acuerdo a esta forma jurídica, el Estado es el encargado de definir quien, cuando, qué y en donde se puede cazar. Sin embargo, hay que aceptar que a pesar de las trabas enunciadas, de ninguna disposición es posible inferir, por ahora, la facultad de la administración de “decomisar” los animales silvestres que se encuentren en compañía de una persona.
3.6.3. El Decreto Reglamentario del CRNR número 1608 de 1978 se encargó de desarrollar con mayor rigor los diferentes valores e instrumentos creados en aquel código. Específicamente sobre fauna silvestre40 en el Título II, a partir del artículo 31, enlista los diferentes “presupuestos para el aprovechamiento”, advierte que aunque la caza de subsistencia no requiere permiso debe “practicarse en forma tal, que no se causen deterioros al recurso” e insiste en que el Estado es quien puede determinar qué tipo de especimenes pueden ser objeto de caza, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación del recurso41.
Como consecuencia, más adelante esta norma regula los requisitos a partir de los cuales se puede efectuar la caza de animales. En primer lugar, clasifica los diferentes eventos en los cuales no está permitida dicha actividad42 y, en seguida, señala los procedimientos y requisitos que debe cumplir la persona que quiera efectuar la caza comercial (arts. 59 ss). En los artículos 70 y siguientes se consignan algunos eventos en los que los permisos para efectuar la caza pierden vigencia (veda de caza) y se enuncian algunas restricciones en cuanto a la movilización, tenencia y comercio de especimenes. En particular, en el inciso 2º del artículo 72 se advierte que toda actividad que se desarrolle por fuera de los permisos o contrariando la veda de caza conlleva el decomiso de los animales; veamos: “Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya sido incluido en el inventario en el término y con los requisitos que determine la entidad administradora, o que habiéndolo sido se comercialicen fuera del término establecido para ello”. Igual sanción se consigna en el artículo 85 del decreto en donde además se hace mayor énfasis en la prohibición de adquirir u obtener especimenes cuya procedencia legal no esté comprobada. El siguiente es el texto completo de la disposición:

Artículo 85. De conformidad con lo dispuesto por la letra g del artículo 265 del Decreto_Ley 2811 de 1974, está prohibido adquirir, con fines comerciales productos de la caza cuya procedencia legal no esté comprobada.

Quienes obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para su comercialización, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia comercial y la que se realiza por encargo, están obligados a exigir de los proveedores o de los propietarios del material el salvoconducto que acredite su procedencia legal so pena de decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Las personas a que se refieren los artículos anteriores se abstendrán de obtener, comercializar, procesar o someter a taxidermia individuos, productos o material con respecto de los cuales exista veda o prohibición, o cuyas tallas o características no corresponden a las establecidas y deberán denunciar a quienes pretendan venderlas, entregarles en depósito o para procesamiento o taxidermia tales individuos, productos o materiales

Bajo tal contexto las anteriores restricciones son consignadas también dentro del listado final de prohibiciones del Decreto 1608 de 197843 y además frente a las mismas se establece el siguiente castigo: “Artículo 226. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la infracción de las disposiciones sobre fauna silvestre dará lugar al decomiso de los individuos, especimenes o productos obtenidos y de los instrumentos y equipos empleados para cometer la infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando se movilicen individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, o cuando se pretenda amparar la movilización con salvoconductos vencidos o incorrectos”.
3.6.4. Nótese entonces que la ley sí determinó en aquella oportunidad que el desconocimiento de las condiciones y prohibiciones que rigen el aprovechamiento de la fauna silvestre conlleva, entre otros, al “decomiso” del animal. No obstante, tal materia, es decir, el acceso al recurso faunístico ha sido objeto de regulación por otras disposiciones que, vale la pena reconocer desde ahora, han perfeccionado y actualizado las condiciones bajo las que una persona puede aprovechar de cualquier animal. De tales normas ocupa un lugar destacado la Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un Estatuto Nacional de Protección de los Animales en el que se fijan unas pautas de conducta realmente ambiciosas en cabeza de las personas, que rigen y ajustan su trato con todos los animales.
De entrada la ley 84 objeta la relación abusiva o cruel del hombre con la naturaleza y llama la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre” (art. 1º); enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles44 aplicables, en su gran mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el CRNR y su decreto reglamentario.
De hecho, en el capítulo VIII de este estatuto, denominado “de la caza y la pesca”, se replantea el concepto de caza, imponiendo como regla general que “[l]a caza de animales silvestres bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional45 y dejando como únicas excepciones (i) la que se efectúa con fines de subsistencia, siempre que no se aplique a animales en vía de extinción y (ii) aquella que se practique con “fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de fomento pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada (...)”. Obsérvese que esta ley desecha la caza comercial de los animales silvestres (art. 31) y en su lugar, establece que sólo está permitido el tráfico de éstos a través de los zoocriaderos autorizados (art. 33).
3.6.5. Agregado a lo expuesto, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991 se expide la Ley 99 de 1993 en la cual se adaptan las antiguas instituciones ambientales a las nuevas exigencias jurídicas. Sobre el tema que nos ocupa, esta ley incluye la protección de la biodiversidad dentro de sus principios generales (art. 1º num. 2), define cada uno de los ingredientes del Sistema Nacional Ambiental y, entre otros, articula y sistematiza en un solo cuerpo normativo el conjunto de castigos vigentes en la actualidad, aplicables a las infracciones de las “normas de protección ambiental”, por parte del Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales (arts. 83 y 84). De éstos -la Sala destaca- se cuenta como sanción y medida preventiva el decomiso definitivo o preventivode individuos o especimenes de fauna y flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción” (art. 85, num. 1, lit “e” y num. 2, lit. “b”).
3.6.6. Adicional a los instrumentos mencionados es importante apreciar la Decisión 391 de 1996 de la –en ese entonces- Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que se dictan unas disposiciones para la protección de los recursos genéticos, haciendo énfasis en la conservación de la diversidad biológica (art. 2º lit. “c”) y estableciendo condiciones mínimas para el acceso46 a los mismos.
3.6.7. Tampoco se puede pasar por alto la Ley 611 de 2000 que constituye la más reciente intervención del legislativo en materia de regulación de fauna silvestre, lo que implica la modificación de algunas de las disposiciones del CRNR, el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 84 de 1989. La Ley 611 se ocupa especialmente de la definición de diversas clases de zoocriaderos (art. 3º), como fórmula para asegurar el manejo sostenible y aprovechamiento de las especies en las esferas científica, comercial, industrial, de repoblación y de subsistencia. Adviértase que esta ley vuelve a plantear el aprovechamiento comercial de las especies silvestres47 y para ello recurre a la regulación de las condiciones bajo las que funcionarán los zoocriaderos (arts. 9 ss), los cuales se convierten en el medio legítimo a través del cual las personas pueden aprovechar y acceder sosteniblemente a la diversidad faunística, siempre bajo la dirección y autorización de las autoridades ambientales48. Finalmente, es importante tener en cuenta que el Decreto 4688 de 200549 regula específicamente cuáles son los requisitos para ejercer la “caza comercial50”, actividad esta que está condicionada a la obtención de la respectiva licencia (art. 3°) en la cual se indica qué, donde, cuando y cómo se puede cazar (art. 5°).
3.7. Este es, a grandes rasgos, el contexto normativo que rige el aprovechamiento de la fauna silvestre en Colombia. Como aplicación específica de las restricciones que rigen la relación entre el ser humano y la naturaleza, podemos concluir que dicha relación no comporta, de manera alguna, facultades ilimitadas o absolutas sino que, por el contrario, la misma está supeditada o condicionada al cumplimiento de las normas constitucionales y legales aplicables, al respeto de los derechos de los demás y al buen cuidado que se debe conferir al animal.
Los recursos de la naturaleza no están ya a la disposición arbitraria de la mujer y del hombre sino al cuidado de los mismos. La Constitución, eso es claro, no reduce la protección del medio ambiente o cualquiera de sus componentes a una visión liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden disponer a su antojo de los demás seres vivos o los recursos naturales, sino que reconoce que el vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas pautas o requisitos que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la protección de la diversidad e integridad ambiental (art. 79 C.P.). Para ello, la Carta responsabiliza al Estado de la planificación, es decir, la determinación de las fórmulas a partir de las cuales se puede efectuar manejo y aprovechamiento de tales recursos para lograr, no solo el desarrollo sostenible, sino también su conservación, restauración o sustitución (art. 80).
A continuación, la Sala pasará a hacer referencia a los alcances particulares del derecho a la salud para, conforme a lo expuesto, con posterioridad estudiar en el caso concreto la solicitud de protección de derechos fundamentales formulada por la señora Castaño de Ospina.
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