Esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que




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títuloEsta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que
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4. Alcances del derecho fundamental a la salud. Protección de la esfera síquica o emocional.
El juez de instancia denegó la protección de los derechos invocados pues no derivó de los hechos presentados por la demandante, una situación que conlleve a establecer que su vida o existencia física está comprometida o en peligro. En últimas, este juez constitucional negó la procedencia del amparo por la inexistencia de un vínculo o conexión entre la salud de la actora y su vida. Este razonamiento obliga a que la Corte reitere la jurisprudencia relativa al derecho a la salud, en orden a concretar cuáles son las condiciones o requisitos para que la tutela opere frente a tal derecho.
4.1. Por regla general esta Corporación ha precisado que la exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida a la conexión que éste pueda tener con algún derecho fundamental. No obstante, la evolución de la jurisprudencia constitucional, en paralelo al carácter progresivo del derecho a la salud y la madurez de los principios e instituciones adscritos a la seguridad social51, han permitido que la Corte haya avanzado de la tesis de conexidad a la fundamentalidad autónoma del derecho a la salud52. En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y atendiendo el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la Observación General 14 del Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal categoría de derechos, como “derechos humanos fundamentales53, esta Corporación, a mediados del año 2005 en las sentencias T-573 de 2005 y T-307 de 2006 principalmente54, extendió la fundamentalidad autónoma de la salud, bajo los siguientes términos: “(...) se puede considerar que el derecho a la salud es un derecho fundamental cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, sin embargo, que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de la debida protección por vía de tutela, como sucede también con los demás derechos fundamentales”.
El carácter fundamental del derecho a la salud es resultado del profundo vínculo entre éste con el disfrute real de una vida digna. No obstante -advierte la sentencia T-307- la fundamentalidad del mismo implica, al igual que los demás derechos fundamentales, que su eficacia práctica deba supeditarse al cumplimiento de los diferentes requisitos presupuestales, administrativos y de procedimiento. Eso sí, una vez cumplidas con las diferentes condiciones establecidas en la Constitución y la ley para acceder al beneficio, es deber del Estado garantizar el derecho en todas sus facetas, a saber, preventiva, reparadora y mitigadora55, de manera integral, es decir en los aspectos físico, funcional, psíquico, emocional y social56.
Asimismo, en la sentencia T-016 de 200757 en la que se afianzó el carácter fundamental de la salud58 y también se aclaró cuáles son las condiciones bajo las cuales se hace efectivo dicho derecho. Para justificar la procedibilidad de la tutela, de acuerdo a esta doctrina fijada por la Corte, ya no será necesaria la satisfacción de condiciones de conexidad. No obstante ello no significa que la efectividad práctica y la exigibilidad judicial de tales derechos no se encuentren supeditadas a ciertos requisitos básicos. Sobre el particular, dicha jurisprudencia anotó:

12.- Hoy se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria y directa la dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) se pregona de un sujeto de especial protección constitucional59 y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer ese derecho.”
(...)
De cualquier manera, también en estos casos, los jueces deberán constatar en concreto la índole de la prestación reclamada y habrán de analizar con detalle la situación en que se exige su cumplimiento pues, como lo ha indicado la Sala, se trata de obligaciones cuya realización implica fuertes erogaciones económicas y en países con recursos escasos no puede perderse de vista la necesidad de fijar prioridades. De ahí que el vínculo entre la no prestación del servicio exigido y la afectación de la dignidad de la persona así como la falta de capacidad de pago constituyan criterios determinantes para que proceda la protección del derecho fundamental a la salud por vía de tutela cuando se trata de prestaciones no contempladas en los planes legales y reglamentarios de salud.
13.- Puede decirse, por consiguiente, que las restricciones de tipo presupuestario, las cuales no sin frecuencia se conectan con la puesta en práctica de los derechos fundamentales, suponen que algunas veces sea necesario adoptar políticas legislativas y reglamentarias, para hacer viable la eficacia de estos derechos. En otros términos, existen derechos cuya implementación política, legislativa, económica y técnica es más exigente que la de otros derechos y depende de fuertes erogaciones económicas. Estos derechos, no obstante, no pierden por mediar ese desarrollo político, reglamentario y técnico su carácter fundamental.
Nótese, en síntesis, que el carácter fundamental del derecho a la salud es producto de la evolución progresiva de los diferentes elementos -fácticos y jurídicos- aplicables a la estructuración del derecho. A la par, la jurisprudencia ha detectado, también progresivamente, los contornos aplicables al mismo en cada asunto y, por ejemplo, en lo que interesa al caso en estudio, ha establecido claramente que es obligación del Estado y la sociedad prevenir y reparar su afectación en la esfera síquica y emocional, lo que de plano descarta que la protección del derecho se restrinja tan solo a eventos biológicos o funcionales.
Esta faceta del derecho implica, por supuesto, tanto la adopción de acciones que mitiguen el riesgo de enfermedad como la implantación de límites para evitar toda actuación administrativa ilegítima o irrazonable que perjudique el bienestar de una persona. A partir del primer escenario el Estado debe ejecutar estrategias, previstas o definidas en la ley o los reglamentos, encaminadas a elevar la calidad de vida y disminuir los factores de riesgo que generan enfermedad. También así, en su dimensión negativa, es su obligación abstenerse de incurrir en actuaciones que tengan como consecuencia la disminución del bienestar del individuo60.
4.2. De hecho, la protección del equilibrio emocional, psicológico o la salud mental de una persona, como segmento adscrito a la efectividad del derecho a la salud, ha sido estudiado y protegido por la Corte en varias oportunidades. En la sentencia T-1005 de 200461 se revisó el caso de un ciudadano que sufría de “síndrome depresivo severo con compromisos epilépticos” a quien no se le estaban suministrando los medicamentos prescritos. La Sala de Revisión advirtió que el derecho a la salud no se agota con la protección de la existencia o el bienestar físico sino que comprende también el equilibrio emocional, psicológico y mental62.
Así mismo, en la sentencia T-1019 de 200463, en la que se negaba la atención de una paciente que sufría de “depresión mayor con síntomas psicóticos y riesgo suicida”, por haber cumplido la mayoría de edad, se afirmó: “Para la Corte64 es claro, que en los casos de peligro o afectación de la salud mental y sicológica de una persona no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a ella corresponden sino los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad. De allí que, al reclamar judicialmente la preservación inmediata del derecho a su salud mental, la persona invoca derechos fundamentales susceptibles de amparo por la vía del artículo 86 de la Constitución Política. || La afección psicológica de una persona disminuye su dimensión vital, al tiempo que pone en riesgo la capacidad de relacionarse en sociedad y en general, se ven lesionados y amenazados sus derechos”.
Recientemente, en la sentencia T-464A de 200665 también se recordó que en los instrumentos internacionales de derechos humanos se ha defendido la garantía de la salud mental; veamos: “Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12)66 como el Protocolo de San Salvador (art. 10)67 consagran el derecho de toda persona a la salud mental y con fundamento en ello la Corte tiene establecido que ‘como parte integrante del derecho a la salud, las personas tienen derecho a poder acceder a tratamientos adecuados cuando tengan problemas para disfrutar del más alto nivel posible de salud mental. Así, tenemos que aparte de existir un derecho a la atención adecuada de la salud mental, los tratamientos que tiendan a realizar el anterior derecho deben ser parte integrante del sistema de salud en seguridad social, por lo cual las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha elaborado respecto al derecho a la salud en general son aplicables frente a peticiones de tutela de la salud mental, por ser parte de un mismo derecho y de un mismo sistema de seguridad social’.
4.3. Con todo, esta Corporación también ha tenido la oportunidad de analizar la afectación del derecho en su esfera emocional ante las actuaciones legítimas emprendidas por diversos tipos de entidades. Por ejemplo, en la sentencia T-703 de 199968 se estudió un caso en el cual se invocó la vulneración de la salud y se censuró la actuación adelantada por la liquidación de una cooperativa financiera, que se negaba a devolver los dineros ahorrados por el actor. La Corte, en respuesta, consideró que no se había vulnerado el mínimo vital de éste, no obstante su avanzada edad, y , en su lugar, avaló las actuaciones legítimas y legales adelantadas por el liquidador de la entidad financiera. Respecto de la depresión sufrida por la cónyuge de éste, la Corte prefirió garantizar su atención médica y, en razón a esto, consignó los siguientes razonamientos: “Empero, como a propósito de la situación general de los accionantes, la Magistrada Comisionada, anota su estado depresivo, y el accionante indica tener pendientes unos exámenes médicos, esta Sala ordenará al ISS del municipio de Belencito brindarles atención sicológica y terapéutica de apoyo para tratar su condición depresiva, así como asegurar su atención médica y el suministro de sus medicinas”. Nótese que en todo caso, a pesar de no acceder a la pretensión principal consignada en la acción (la devolución de los dineros) la Corte sí da trascendencia al equilibrio físico y emocional de la pareja, y ordena la atención médica integral de sus dolencias.
4.4. La efectividad práctica del derecho fundamental a la salud incluye la protección de las diferentes facetas del derecho, entre ellas la esfera emocional o síquica. No obstante, su garantía no tiene alcances absolutos o ilimitados sino que conlleva la atención de una serie de requisitos y, según cada caso, las condiciones constitucionales, legales y presupuestales necesarias para el acceso a la prestación. Bajo estas circunstancias la Sala pasará a estudiar la protección de derechos presentada por doña María Delfina Castaño.
5. Caso concreto.
A la señora María Delfina Castaño de Ospina le fue “incautado” por la policía ambiental el animal que le acompañaba desde hacía cinco años. Se trataba de una lora que ella misma había llamado “Rebeca”. Inmediatamente el ave fue llevada a la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS- entidad a la cual el esposo de la señora Castaño se remitió por escrito en varias oportunidades requiriendo la devolución del animal. Todas sus solicitudes, no obstante, fueron atendidas negativamente. La actora señala en el escrito que sustenta la presente acción que como consecuencia de la pérdida de su lorita sufrió varios episodios de depresión, al punto que tuvo que ser llevada en un par de ocasiones a una clínica cercana a su residencia, pues vive prácticamente sola -su esposo trabaja durante todo el día- y, por tanto, su única compañía era el ave, a la que brindaba toda su atención y cuidado. A partir de estos hechos considera vulnerados sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la dignidad humana y a la vida, y solicita la devolución de “Rebeca”.
Por su parte, la autoridad ambiental demandada, en su respuesta, se opuso a las pretensiones de la tutela. Advirtió que la incautación tiene soporte en mandatos constitucionales y legales y que, de acuerdo a las directrices que rigen el aprovechamiento de la fauna silvestre no está permitida la tenencia del animal reclamado por doña María Delfina. Aclaró que el ordenamiento jurídico permite que sólo ciertos animales puedan hacer las veces de mascotas para suplir las necesidades de compañía y afecto de los seres humanos.
El juez de instancia denegó la protección de los derechos invocados. Descartó que de los hechos narrados se evidencie una afectación de la vida de la actora y concluyó que no existe la conexidad necesaria con la vida para que el derecho a la salud sea estimado fundamental. Además consideró que no se probó que la dolencia que dice padecer doña María Delfina haya sido producida por la ausencia de “Rebeca”, despreció que la mejor estrategia para atender su padecimiento sea la devolución de la lora y concluyó que a través de la acción de tutela no es posible impartir órdenes que contraríen mandatos legales, a saber, aquellos que prohíben la tenencia de animales silvestres en calidad de mascotas.
Pues bien, conforme al escenario planteado, pasa esta Sala a efectuar la revisión del caso, estableciendo, en primer lugar, si la señora Castaño cumple con las condiciones legales para mantener a su lado al animal para, posteriormente, confrontar el decomiso adelantado por la autoridad ambiental con la dolencia que ella dice sufrir.
5.1. La actora no cumplía con las condiciones constitucionales y legales mínimas para la tenencia del animal y, por tanto, la Corporación Autónoma tenía la prerrogativa de adelantar el decomiso de la especie faunística.
La nota predominante del fallo que la Sala tiene la oportunidad de revisar en esta oportunidad es que no precisa cuáles son las normas que impiden que la actora disfrute de su animal de compañía, es decir, no especifica cuáles son los valores que justifican que la administración haya incautado la lora y haya afectado la salud de la señora Castaño de Ospina. Inclusive, en esa providencia se afirma que el amparo no está “orientado a permitir la violación de las leyes” y, sin embargo, en ningún apartado de la decisión se indica cuál es la norma constitucional o legal que se pretermitía con la tenencia del animal. Adicionalmente, en la intervención y los documentos allegados por la autoridad ambiental demandada solamente se enlistan de manera general algunas normas y tampoco se determina con claridad cuál es la disposición que la faculta para el “decomiso” del ave. Esta postura, advierte la Sala de antemano, además de desconocer el deber de sustentar debidamente la providencia judicial, olvida que una de las estrategias constitucionales específicas en procura de la defensa ambiental es el fomento de la educación sobre estos temas (art. 79 C.P.).
5.1.1. Como consecuencia, se hace necesario hacer énfasis, como primera medida, en definir cuáles son las condiciones legales que aplican al aprovechamiento de la especie faunística reclamada por la actora, teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma demandada aclaró que “[l]a especie decomisada al señor HUMBERTO OSPINA HERRERA, corresponde a una Amazona amazonica, no se encuentra listada en la resolución 584 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que define las especies amenazadas en Colombia (...)”.
Sobre el particular, en un apartado anterior de esta providencia (vid. supra num. 3.6.) la Sala tuvo la oportunidad de estudiar cuáles son los diferentes niveles de restricción aplicables al aprovechamiento de la fauna silvestre en nuestro país. Pudimos comprobar que antes del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables prevalecía un amplio rango de libertad individual para acceder y aprovechar de cualquier producto de nuestra fauna silvestre. No existía, en aquella época, diferencia alguna entre las restricciones aplicables al aprovechamiento de los animales domésticos y los animales silvestres. Bajo estas condiciones, es decir, a partir de la atención aislada de las disposiciones de nuestro estatuto civil, no habría existido otra alternativa que darle la razón a la actora y, por tanto, sin que mediara reparo alguno, deberían impartirse las órdenes tendientes a proteger los derechos invocados, debido a la ausencia explícita o clara de justificación constitucional o legal de las actuaciones adelantadas por la autoridad ambiental.
Después, con la vigencia del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y su decreto reglamentario, se introdujeron una cantidad considerable de condiciones a la disposición, acceso y aprovechamientos de estos recursos. Como primera medida se declaró que todos ellos son propiedad de la Nación y, por tanto, que por regla general es necesario acceder a un permiso para poder ejercer la cacería o, mejor, para que legítima y sosteniblemente se puedan aprovechar de estos recursos. Es más, el CRNR dispuso que las autoridades ambientales sean las encargadas de establecer qué tipo de animales pueden ser objeto de aprovechamiento y también de determinar cuándo, en donde y a través de qué métodos se puede efectuar la cacería. De hecho, conforme a este estatuto legal, el Estado puede -aún hoy- determinar la veda de caza respecto de ciertos individuos. Total, frente a este tipo de restricciones dicho estatuto y su decreto reglamentario consignaron expresamente la prohibición de cazar o comercializar las especies respecto de las cuales no medie el permiso respectivo so pena de someterse a varias sanciones, por ejemplo, el decomiso de los animales.
Posteriormente la legislación endureció aún más los límites de acceso y aprovechamiento de la fauna silvestre. Mediante la ley 84 de 1989 se definieron las pautas de comportamiento de las personas con los animales y se derogó, como alternativa para la disposición de las especies, la caza comercial. La ley 99 de 1993 incluyó dentro de los principios ambientales la conservación y protección de la biodiversidad y agrupó en un solo bloque el conjunto de sanciones aplicables al desconocimiento de las disposiciones de defensa ambiental. Entre ellas -pudimos comprobar- se encuentra la facultad actual en cabeza del Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales de decomisar, preventiva o definitivamente, las especies animales que hagan parte de una infracción.
Más adelante, con la expedición de la ley 611 de 2000, se regularon los medios de acceso comercial de los animales silvestres. En efecto, esta ley restableció el concepto de caza comercial -derogado por la ley 84 ejusdem- y a ella antepuso un conjunto de medidas, la más importante, la regulación de las diferentes especies de zoocriaderos. No obstante tal decisión, ello no comporta el acceso libre o arbitrario a cualquier especie faunística pues para poder ejercer tal forma de aprovechamiento es imprescindible obtener una licencia expedida por las autoridades ambientales que determinan, entre otros, qué individuos de la fauna silvestre69 es posible disfrutar.
Nótese que a pesar de los profundos cambios normativos relativos al manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, las figuras jurídicas que por excelencia rigen el disfrute de las especies animales son la cacería y la zoocría (Ley 84 de 1989, Ley 611 de 2000 y Decreto 4688 de 2005). No obstante, es necesario insistir, la caza indiscriminada de animales, entendida como el acceso libre o arbitrario del hombre sobre cualquier recurso faunístico de la naturaleza no tiene soporte legal o constitucional actual. Ésta, en sus diferentes especialidades, tiene que cumplir con varias condiciones generales para que se considere legítima: (i) la obtención de la autorización, permiso o licencia que define las circunstancias bajo las que se podrá acceder al recurso faunístico, precedida por la determinación de las especies y los cupos globales de aprovechamiento; (ii) garantizar que las condiciones bajo las que se manejarán los animales permiten el bienestar de cada especie y el desarrollo sostenible del recurso; y (iii) evitar que el aprovechamiento del animal comporte actos de crueldad que perjudiquen el “bienestar” de éste o que su permanencia contraríe la tranquilidad de otras personas.
Ahora bien, conforme a lo anterior la Sala comprueba, tal y como se afirmó por parte de la entidad demandada durante el transcurso del amparo, que en el presente caso la actora no ostentó permiso, autorización o licencia para el ejercicio de la caza o, de manera especial, para justificar la tenencia sobre la especie animal referida en la acción de tutela. Tampoco se probó que la procedencia de la lora (amazona amazónica) sea consecuencia de alguna de las formas de zoocría previstas en la ley 611 de 2000 y que, por lo mismo, la tenencia del animal cumpla con los cupos globales de aprovechamiento o la capacidad de recuperación del recurso establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente70 y, por tanto, con los parámetros que rigen el desarrollo sostenible.
Estos sucesos, confrontados con la legislación vigente en materia de aprovechamiento del recurso faunístico silvestre, constituyen razón suficiente para concluir que la actora no cumple de manera alguna con los principales requisitos constitucionales y legales para disfrutar, tener y aprovechar del ave, lo que de paso, sustenta la legalidad de las actuaciones de la Corporación Autónoma de Caldas, incluido el decomiso.
5.1.2. Desde otra perspectiva la Sala no pasa por alto que la Corte, en la sentencia T-035 de 199771, ya había establecido la diferente protección constitucional y legal que es posible predicar sobre las especies animales, distinguiendo a los animales domésticos de los animales silvestres72. Respecto de los primeros la jurisprudencia reconoció la existencia de un vínculo rutinario estrecho y el ejercicio palpable de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar73. En efecto, la Corte ha advertido que los animales domésticos cumplen de hecho, funciones importantísimas en los planos individual y social, que son reconocidas a nivel jurídico y que justifican su protección a través de la acción de tutela. En todo caso, sin perjuicio de su importancia, se ha aclarado que tal relación trae como consecuencia el cumplimiento juicioso de varias obligaciones que se sintetizan en el deber de cuidado del animal y el compromiso de respetar los derechos de las demás personas para que la permanencia de la mascota no resulte molesta, abusiva ni peligrosa. Tales obligaciones, por supuesto, tienen asiento en la Constitución Política y son reflejo directo de la exigencia estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de todos los recursos naturales, prevista en el artículo 80 superior.
No obstante, así como se advirtió en la sentencia citada, a diferencia de los animales domésticos, respecto de los cuales las normas que rigen su aprovechamiento son realmente flexibles dada la cercanía cotidiana que experimentan con el ser humano, con los animales silvestres, salvajes o “bravíos74 se impone el cumplimiento de una serie de requisitos más gravosos, dado que su vínculo más estrecho se enlaza con el funcionamiento pleno del ecosistema y porque se supone que a falta de alguno de ellos, el equilibrio general de éste se podría ver grave y irreversiblemente afectado en perjuicio del desarrollo sostenible y el derecho al medio ambiente sano.
Es cierto, tal y como lo alcanzó a sugerir el juez de instancia, la Constitución y la ley, como pautas planificadoras del aprovechamiento de los recursos naturales, han diferenciado en varios niveles la salvaguardia que es posible predicar de los diferentes componentes de nuestra fauna y biodiversidad. En primer lugar encontramos a las mascotas o animales domésticos respecto de los que se predica el ejercicio de los derechos fundamentales mencionados y frente a los que, en cuanto a su manejo y aprovechamiento, la ley sólo ha previsto restricciones elementales en pro del “bienestar del animal” y de la tranquilidad de las demás personas. En segundo lugar encontramos la generalidad de animales silvestres -entre ellos el ave que le fue decomisada a doña María Delfina- en los que por encima del lucro o interés personal prima el provecho colectivo a un medio ambiente sano y frente a los cuales la Constitución y la ley sí han establecido un conjunto de requisitos y prohibiciones que condicionan su acceso y aprovechamiento. Por último encontramos a las especies con mayor énfasis de defensa legal, debido a la amenaza o peligro de extinción que se cierne sobre ellas75.
De suerte que referente a los dos últimos grupos faunísticos la Constitución y la ley han previsto la limitación de las prerrogativas individuales de acceso y disfrute de los recursos, en pro de asegurar la diversidad e integridad ambiental y para asegurar el goce del bien jurídico colectivo tanto en el presente como para las generaciones futuras. Así pues, en caso de no cumplirse con la plataforma legal que define las pautas del desarrollo sostenible de este recurso y en atención a la obligación de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”, prevista en el artículo 80 Superior, las autoridades ambientales pueden decomisar las especies animales que sean objeto de infracción ambiental, conforme al artículo 85 de la ley 99 de 1993.
5.2. En el presente caso no se presenta la vulneración de los derechos fundamentales invocados. La actuación de la Corporación Autónoma no es solamente legal sino que es razonable, necesaria y legítima.
La señora Castaño de Ospina antepone la vulneración de su derecho a la salud a las actuaciones desplegadas por la Corporación Autónoma. Como resultado el juez de instancia dentro del presente caso optó por aplicar la tesis de conexidad entre el derecho a la salud y la vida. A partir de ella le restó importancia a los reclamos de la señora Castaño pues encontró que como la existencia física de la actora no estaba en peligro, no procedía la protección de los derechos fundamentales invocados.
Pues bien, de frente a tales argumentos -y no obstante que se confirmará la decisión de instancia- la Corte debe puntualizar que la Constitución no se conforma con la salvaguardia biológica de la vida sino que, al contrario, en atención a tal valor y a través de la protección integral de la salud, ésta también protege las facetas síquica y emocional del ser humano. Tal atribución, eso es claro, implica que el Estado tiene que hacer todo lo posible por atender todas las dolencias que presente una persona y por evitar que sus actuaciones conlleven una lesión al bienestar individual. Con todo, la fundamentalidad del derecho a la salud conlleva la garantía del bienestar -recordemos- en todas sus facetas: preventiva, reparadora y mitigadora, de manera integral, es decir en los aspectos físico, funcional, psíquico, emocional y social.
Sin embargo, como se advirtió, la eficacia práctica del derecho fundamental no tiene una connotación absoluta o ilimitada. De hecho, para acceder a las prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social habrá que cumplir, por regla general, con unas condiciones de índole presupuestal y procedimental (vid. supra num. 4.1.). Asimismo, frente a las actuaciones desplegadas por el Estado que tengan como efecto la merma de la salud de una persona habrá que analizar si tienen una justificación constitucional y legal, y además habrá de verificar si son razonables, necesarias y legítimas.
En este caso la Sala de Revisión verifica, en primer lugar, a partir de la prueba practicada por el Instituto de Medicina Legal, que la pérdida de la lora sí afectó la salud de doña María Delfina. En efecto, en la práctica del diagnóstico médico-legal se obtuvo el siguiente resultado: “(...) En el examen mental que se practica, se aprecia un discurso adecuado, pensamiento con ideas sobrevaloradas de minusvalía, que asocia a la pérdida de su mascota, no se aprecian síntomas de tipo psicótico, ni alteraciones de tipo cognitivo y el afecto es depresivo. || Desde el punto de vista clínico, se observan síntomas y signos compatibles con un trastorno de depresión mayor leve, desencadenado principalmente por la pérdida de su mascota. A pesar de no haber seguido el tratamiento psiquiátrico, la sintomatología no se ha intensificado con el tiempo. Este cuadro es susceptible de mejorar con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico dirigido a la elaboración del duelo, así como buscar mecanismos adaptativos que le permitan superar la pérdida”.
Aún así, la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporación Autónoma tienen soporte expreso en la Constitución Política y la ley, y de manera alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los derechos invocados por la señora Castaño de Ospina. Por el contrario, se concluye, en el presente caso la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que desconozcan la potestad individual para aprovechar de los diferentes recursos medio ambientales sino que, en atención de los presupuestos de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución del ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se identifica la existencia de una infracción ambiental.
Además, la Sala no pasa por alto que la intervención efectuada por la autoridad ambiental tampoco ha suprimido de manera desmedida -dejándola en un callejón sin salida frente a la dolencia que sufre- las opciones que tiene la actora para poder aprovechar de la fauna pues ella, con la venia y la protección del Estado, puede acudir a cualquiera de las tiendas autorizadas para adquirir una mascota o puede auxiliarse por la propia Corporación Autónoma Regional de Caldas para que ésta le señale cuáles son las especies de nuestra fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento comercial y a qué lugares puede acudir para adquirir debidamente un espécimen que le sirva de compañía. Así como en la sentencia T-035 de 1997, esta Sala no desconoce que en la relación entre el ser humano y los animales se ejerzan varios derechos fundamentales. Sin embargo, ahora más que nunca para la Sala se hace necesario enfatizar que el aprovechamiento de cualquier recurso, a nivel casero o industrial, está condicionado y debe sujetarse a los límites que garanticen su capacidad de recuperación. Es un hecho que la protección constitucional de la fauna no se hace efectiva solamente respecto de aquellos ejemplares que se encuentren en peligro de extinción.
Además, el caso que se ha sometido a revisión de la Corte en esta oportunidad no es tampoco un hecho aislado que pueda ser menospreciado como una afectación mínima sobre la erosión de la megabiodiversidad colombiana. Esto evidencia que el decomiso practicado además de ser legal y razonable, es necesario e imperioso. Así lo han denunciado varias de las entidades que han tenido la oportunidad de vigilar o hacer un balance de la gestión ambiental del país, veamos:
5.2.1. En primer lugar, en los primeros apartes del “Libro Rojo de las Aves en Colombia”76 se exponen los siguientes argumentos: Muchos de los esfuerzos, las iniciativas y recursos que se han destinado a la conservación de la biodiversidad luego de la cumbre de Río de Janeiro en 1992. Sin embargo no ha sido posible, hasta el momento, detener el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad a escala global. ¿Será que si estamos haciendo lo suficiente? || La falta de conocimiento, la ignorancia y el desinterés contribuyen de manera significativa y decisiva en la transformación del medio natural y amenazan de manera diferencial la existencia de las especies que los habitan (...)”.
Además, dentro en el texto en mención se hace referencia expresa a dos componentes inconciliables que caracterizan nuestro actual contexto ambiental: por un lado somos herederos de una de las más grandes fortunas faunísticas y, por otro, afrontamos índices preocupantes de deterioro de nuestra fauna. Sumado a lo anterior, este estudio denuncia que una de las principales fuentes de erosión de la avifauna es el tráfico irracional de especies77. Sobre el particular, vale la pena tener en cuenta las siguientes consideraciones:

De con los análisis realizados en este trabajo 112 especies de aves se encuentran amenazadas de extinción en Colombia, lo cual corresponde a un 6.4% de la avifauna nacional. De este total 19 especies se encuentran en peligro crítico de extinción, 43 en peligro y 50 son vulnerables. Adicionalmente 40 especies se consideran casi amenazadas y nueve con datos insuficientes, es posible que el número de especies casi amenazadas nacionalmente sea mayor al que se presenta en este trabajo. El grado de amenaza es considerablemente mayor desde la perspectiva de las especies endémicas del país, pues de las 67 especies endémicas (Stiles 1998) un total de 47 (70%) se encuentran amenazadas. Entre estas 12 se encuentran en peligro crítico de extinción, 18 se encuentran en peligro y 13 son vulnerables.
La principal causa de amenaza para la avifauna colombiana es la destrucción de hábitat, la cual afecta a 110 especies. Entre las principales causas de destrucción de hábitat se encuentran la deforestación, las actividades agropecuarias, la extracción de madera, los cultivos ilícitos y la destrucción de humedales, entre otras (...). La segunda causa de amenaza es la presión selectiva ocasionada tanto por la cacería (de subsistencia o recreativa) como por el tráfico de mascotas; este tipo de presión afecta a 34 especies (...). La cacería afecta principalmente a las aves acuáticas, rapaces grandes y frugívoros grandes ( tinamúes, crácidos, tucanes, Cephalopterus); el tráfico de aves vivas afecta principalmente a los loros y a algunas especies como Carduelis cucullatus (...)”.
Una política colombiana de protección y recuperación de las especies amenazadas debe ir encaminada a contrarrestar las fuentes de amenaza. En este sentido se debe abordar en primera instancia la protección y recuperación de los hábitats, en segunda instancia la presión directa por cacería de consumo o comercial y en tercera instancia a amenazas más focalizadas como las especies invasoras o la contaminación. Cualquier política de conservación que pase por alto una adecuada protección de los hábitats, y en algunos casos la restauración de los mismos, está destinada a tener un beneficio marginal en la conservación de la avifauna colombiana”. (negrilla fuera de texto original)

5.2.2. Así mismo en el informe sobre el “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2004-2005” la Contraloría General de la República78 identificó al tráfico ilegal de especies animales como una de sus principales fuentes de deterioro ambiental. Respecto de éste se hace necesario tener en cuenta las siguientes cifras:

El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado en el nivel mundial como una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales y como uno de los mercados ilegales que mayores sumas de dinero moviliza anualmente. En Colombia, pese a la legislación y a las medidas adoptadas para garantizar la protección y fomentar el uso sostenible de la fauna silvestre, se asume que el volumen de tráfico es de gran magnitud”.
(...)
A pesar de los esfuerzos propósitos y actividades que han realizado la entidades ambientales y policiales, mediante operativos y acciones para evitar el tráfico ilegal de especies silvestres, es aún muy poco lo que se ha logrado frente a la magnitud del tráfico en el país. En Colombia la explotación de la vida silvestre con fines comerciales ha tenido desde el siglo pasado un fuerte impacto sobre las poblaciones naturales, particularmente sobre aquellas una fuerte demanda en los mercados mundiales de la moda, al punto que varias de ellas fueron llevadas al borde de la extinción. (...)”.

En particular, sobre el estado actual de especies como los loros y guacamayas, en el informe podemos encontrar las siguientes reflexiones:

Respecto a las actividades de tráfico ilegal de ejemplares de fauna y derivados (mascotas, carnes, pieles) que se comercializan en los niveles nacional e internacional, de acuerdo con los registros de decomisos adelantados por las diferentes autoridades ambientales regionales en el periodo comprendido entre 1992 y 1999, se decomisó un total de 100.375 ejemplares; 135.778 huevos, un estimado mínimo de 8.838,1 Kg. de carne; 99 frascos con carne de tortuga; y 800 Kg. de coral muerto. Las aves son los animales más frecuentemente decomisados (46,1%) seguidas de los mamíferos (27,5%) y los reptiles (23,%); los loros y guacamayas son las especies más perseguidas, registrándose el decomiso de cerca de 3.200 ejemplares durante el periodo analizado (...). Se registraron además 79 decomisos en los cuales no se tiene referencia sobre las especies a las que corresponden, incluyendo un total de 50 unidades no definidas de carne, 31 jaulas y 1.908 especimenes entre ejemplares disecados, ejemplares vivos, pieles y otros. No obstante, este informe estima que las cifras registradas en este solo sector reflejan una mínima proporción frente a la magnitud real del tráfico. (Negrilla fuera de texto original)
La mayor cantidad de aves decomisadas se realizó sobre especimenes pertenecientes a las familias Psittacidae, Fringillidae, Icteridae, Mimidae, Thraupidae, Strigidae y Ramphastidae. Los ejemplares de la familia Psittacidae, de la cual hacen parte las guacamayas y loros, tienen amplia demanda en el mercado de las mascotas, debido a sus llamativos colores y comportamiento social. La mayoría de las especies se encuentran listadas en el libro rojo de la UICN y en el apéndice I de Cites. (...)”.
(...)
Las guacamayas, loros, pericos, boas, tortugas, monos, tigrillos son algunas de las especies más comercializadas y susceptibles al tráfico ilegal en Colombia y la mayoría se venden en casi todas las plazas de mercado de las grandes ciudades, para ornamentación, en especial las guacamayas, los loros y los primates como el tití, mientras que los reptiles como la boa y los felinos (el ocelote o tigrillo) son apetecidos por sus poderes curativos y su piel
Dentro del comercio ilegal de estas especies se debe destacar el maltrato al que son sometidos estos animales, que son camuflados, drogados, y sometidos a toda clase de atropellos para transportarlos desde su origen hasta su destino de venta. Les tiñen el pelaje o las plumas y les recortan los colmillos. Apiñan las aves en tubos de PVC o empaques inapropiados (cajas de cartón, en bolsas plásticas, en costales, entre otros), donde carecen de oxigenación, con las alas y los picos amarrados con cinta adhesiva”.

5.2.3. Finalmente la Corte no pasa por alto que una vez efectuado el decomiso y conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente79, la Corporación Autónoma inició los procedimientos de adaptación necesarios para asegurar que el animal pudiera volver a su entorno natural80. Esto, sin duda, enfatiza y da mayor fundamento y legitimidad a las actuaciones de la autoridad ambiental demandada quien no solamente se limitó a efectuar el decomiso sino que ejecutó las labores necesarias para rescatar integralmente el espécimen.
Conforme a lo expuesto, una vez comprobado que las actuaciones de la autoridad ambiental demandada no desconocen los derechos invocados por la actora, la Sala de Revisión procederá a confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales que denegó el amparo de los derechos fundamentales.


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