Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409




descargar 412.47 Kb.
títuloAño II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409
página12/14
fecha de publicación25.10.2016
tamaño412.47 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Ley > Documentos
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Magistrado Ponente: Doctor Patricio Herrera Betancourt
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado con el Nro. 0315-07-RA

ANTECEDENTES:
Franklin Giovanny Jaramillo Lagos, comparece ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, amparado en lo que dispone el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional deduce acción de amparo constitucional en contra del Director General del IESS, Doctor Ernesto Díaz Jurado.
El accionante en lo principal manifiesta que el Director General del IESS, mediante providencia de 28 de marzo del 2006, a las 08H00, dispuso el inicio del sumario administrativo en contra del compareciente que trabajó como Oficinista Grado Q24 del Departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial del IESS de Pichincha, mismo que fue instruido con fecha 30 de marzo de 2006, a las 11H10, por la Subdirectora de Recursos Humanos del IESS, Lcda. Ana Leyla Cevallos Delgado, presumiblemente por estar incurso en lo establecido en los literales a), b), d), e), y h) del artículo 24; literales k) y l) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, esto es, por haberse determinado, supuestamente, que el sumariado en el periodo asignado en las ventanillas de la planta baja del edifico matriz, desde el 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2005, que pertenecen al proceso de historia laboral, recaudó la suma de 10 centavos de dólar por el servicio de impresión de mecanizados de aportes, claves de afiliación y claves de empleadores, sin autorización legal.
Que el Director General del IESS, acogiendo el dictamen emitido por la Lcda. Ana Leyla Cevallos Delgado, Subdirectora de Recursos Humanos del IESS, constante en Oficio 62100000-4219-PD, de 28 de junio de 2006, dispuso con fecha 06 de julio de 2006, la destitución de su cargo, por estar incurso en lo establecido en los literales a), b), d), e), y h) del artículo 24; literales k) e l) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Que esta Resolución, previo Recurso de Reposición presentado ante la misma Autoridad, fue ratificada en su totalidad como aparece del Oficio No. 6200000-5990-PD, de 09 de agosto de 2006, suscrito por el Dr. Ernesto Díaz Jurado, como Director General del IESS.
Que dentro del sumario administrativo el accionante ha indicado que no ha recaudado valor alguno en su actuación temporal en las ventanillas del Área de Historia Laboral, entre el 12 al 23 de diciembre del 2005. Que en su comunicación de 7 de marzo del 2006 indicó que no ha tenido conocimiento de la supuesta recaudación de 10 centavos de dólar en las ventanillas asignada al proceso de historia laboral del Edifico Matriz. Que al no tener conocimiento de tal recaudación, jamás pudo haber cobrado valor alguno por el servicio de impresión de mecanizados de aportes, claves de afiliados y claves de empleadores. Que al no haber recaudado valor alguno, por ende, tampoco ha incumplido su obligación de depositar valores en la Tesorería Provincial del IESS. Que tampoco tiene la obligación legal ni moral de justificar el manejo, destino y uso de valores que jamás ha recaudado, por lo tanto no se ha beneficiado indirectamente al usufructuar de valores cuya recaudación desconoce, prueba de ello es que no consta en el documento apócrifo intitulado “Préstamos” que obra del expediente. Que no tuvo que presentar ningún tipo de denuncia o acción administrativa con relación a los hechos investigados, puesto que no ha conocido de los mismos, sino es a partir del Oficio No. 62100000-1642-PD, de 4 de marzo de 2006, donde se le requería para contestar un cuestionario de preguntas relacionados con el tema.
Con estos antecedentes solicita se deje sin efecto el acto administrativo impugnado y se lo reincorpore inmediatamente al cargo de Oficinista Grado Q24 del Departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial del IESS.
En la audiencia pública señalada para el efecto el accionante se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de la acción planteada. El accionado, por intermedio de su defensor manifiesta que rechaza los fundamentos de hecho y de derecho de la acción planteada porque no se ha violado norma constitucional alguna. Agrega que entre las atribuciones y deberes del Director General, el literal g) del artículo 32 de la Ley de Seguridad Social expresa “nombrar, promover, sancionar y remover, al personal del Instituto de conformidad con las Leyes y Reglamentos sobre la materia”; que de acuerdo a la Sección Quinta del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la administración ha observado todos los preceptos y términos legales, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Alega incompetencia del Tribunal Distrital para conocer la presente acción en base a lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de la República; Arts. 1, 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado; artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Que el IESS no está inmerso en ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado. Que no ha operado la prescripción para sancionar porque la autoridad nominadora conoció el hecho cometido por el accionante el 27 de marzo del 2006.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala resuelve aceptar la presente Acción de Amparo constitucional, la misma que es apelada ante el Tribunal Constitucional.
Con estos antecedentes, para resolver, se realizan las siguientes,
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución Política de la República.

SEGUNDA.- La Acción de Amparo procede, entre otros aspectos, ante la concurrencia simultánea de los siguientes elementos: a) que exista un acto u omisión ilegítimo de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que el acto u omisión de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También procede el amparo constitucional ante actos de particulares que prestan servicios públicos o cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.
TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no se basa solo en el estudio de competencia, sino también de su forma, contenido, causa y objeto
CUARTA.- La Acción de Amparo constitucional ha sido instituida como garantía de derechos de las personas, para tutelarlas, de manera urgente, frente a la arbitrariedad de la autoridad pública, en principio, y, en determinados casos, de particulares, por lo que quien considere que un acto ilegítimo de autoridad o particular, en los casos constitucionalmente determinados, vulnera alguno de sus derechos y, en consecuencia, existe inminencia de que el mismo le cause daño, debe interponer la acción en un tiempo cercano a la producción del daño o a la amenaza de que este se produzca, para así evitarlo o subsanarlo, de manera urgente.
QUINTA.- Es pretensión del accionante se deje sin efecto el acto administrativo de 06 de julio de 2006, mediante el cual el Director General del IESS, acogiendo el dictamen emitido por la Lcda. Ana Leyla Cevallos Delgado, Subdirectora de Recursos Humanos del IESS, constante en Oficio 62100000-4219-PD, de 28 de junio de 2006, resuelve la destitución de su cargo,
SEXTA.- Del análisis del proceso se evidencia que al accionante se le notificó con la instauración del sumario administrativo mediante providencia de 28 de marzo del 2006, a las 08H00, el mismo que una vez sustanciado concluye con la correspondiente Resolución de destitución del compareciente de 06 de julio de 2006.
Analizado el sumario administrativo se determina que el 29 de agosto del 2005, cuando la Subdirectora de Servicios al Asegurado Ing. Alicia Villacrés, con Oficio No. 13101700-505, se dirige al Director Provincial de Pichincha del IESS, comunicando que se estaba realizando el cobro de los mencionados diez centavos, es decir, el Director Provincial de Pichincha del IESS tuvo conocimiento de los hechos suscitados por los que se le instauró el correspondiente sumario administrativo al compareciente, el día 29 de agosto de 2005 sin que se emprenda investigación alguna para sancionar a los responsables, sino recién hasta el día 28 de marzo de 2006, en que se notifica al accionante con la instauración del sumario administrativo.

El artículo 99 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa al respecto establece: “Prescripción de acciones.- Las acciones que concede esta Ley que no tuvieren plazo especial, prescribirán en el término de noventa días, que se contará desde la fecha en que se le hubiere notificado al servidor público con la resolución que considere le perjudica.
Igualmente prescribirán en el término de noventa días las acciones de la autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta Ley y las sanciones impuestas en cada caso, plazo que correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción o desde que se decretó la sanción” (El subrayado es nuestro). Es decir, de lo señalado anteriormente, el Director Provincial de Pichincha del IESS tuvo conocimiento de estos hechos el día 29 de agosto de 2005, mediante Oficio No. 13101700-505, suscrito por la ingeniera Alicia Villacrés Villafuerte, Subdirectora de Recursos Humanos, se notificó al accionante con la instauración del sumario administrativo el día 28 de marzo del 2006, y una vez sustanciado, se notificó con la Resolución de destitución del funcionario el día 06 de julio de 2006, es decir que la acción para imponer sanciones ha prescrito.
SEPTIMA.- Analizada la sustanciación del sumario administrativo se establece que no existen pruebas que conduzcan a la toma de la decisión mediante la cual se resuelve sancionarlo con la destitución del puesto de trabajo al accionante; el Diccionario Jurídico Espasa señala: “la prueba es aquella actividad que desarrollan las partes con el Tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso”. Por lo tanto, sorprende la Resolución dictada por el Director del IESS, pues la misma fue dictada sin que existan elementos de convicción para aquello.
OCTAVA.- Una vez estudiado el acto impugnado se puede precisar que dicha Resolución se limita a imponer la sanción sin explicar los motivos por los cuales se tomó la misma; al respecto cabe señalar que para garantizar el Debido Proceso, la Constitución Política de la República en el artículo 24 numeral 13 en su parte pertinente manifiesta: “Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas”. Al tratar el tema el profesor García de Enterría expresa “Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene, a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello. Motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica, y, en segundo lugar a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto”. La motivación, pues, es un elemento material de los actos administrativos y no un simple requisito de forma.
NOVENA.- Por lo tanto, del estudio del proceso y de lo señalado en las consideraciones anteriores se colige que de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación, el término para imponer sanciones prescribió; que al no existir pruebas suficientes dentro del sumario administrativo que conduzcan a tomar dicha sanción en contra del accionante se ha violentado la seguridad jurídica garantizada en el numeral 26 del artículo 23 de la Constitución Política del Estado; que al no existir la debida motivación de la Resolución impugnada se ha transgredido con lo establecido en el numeral 13 del artículo 24 de la norma antes invocada, inobservando de esta manera el derecho al debido proceso garantizado por la Carta Política del Estado. El Dr. Fabián Corral señala que “el debido proceso es un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente”. Estas garantías a las que hace referencia el autor están contenidas en el artículo 24 de la Carta Política, que, por el principio de jerarquía normativa, prevalece sobre toda otra norma secundaria, práctica procesal u orden de autoridad. El debido proceso no es solo una formalidad dentro de los procesos judiciales o administrativos, sino que las reglas que la norman son universalmente obligatorias, y para efectos de que se de cumplimiento con lo estipulado y no quede como un simple enunciado.
Por las consideraciones que anteceden, el Tribunal Constitucional en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución venida en grado, en consecuencia conceder la Acción de Amparo constitucional propuesta por el señor Franklin Giovanny Jaramillo Lagos.
2. Devolver el expediente al Tribunal de origen para el cumplimiento de los fines legales.- NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE”.

f.) Dr. Edgar Zárate Zárate, Presidente (E).
Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco votos a favor de los Magistrados, doctores: Freddy Alfonso Donoso Páramo, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza y Edgar Zárate Zárate; un voto salvado de la doctora Nina Pacari Vega; sin contar con la presencia de los doctores Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, en sesión del día martes cinco de agosto de dos mil ocho.- Lo certifico.
f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General (E).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por:………..….- f.) Ilegible.- Quito, a 18 de agosto del 2008.- f.) El Secretario General.

VOTO SALVADO DE LA DOCTORA NINA PACARI VEGA
Con los antecedentes constantes en el voto de mayoría, me aparto del mismo por las siguientes

CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución;
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;
TERCERA.- Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la Acción de Amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional; y, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la Acción de Amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

similar:

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconA los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconOrden de 5 de agosto de 2008

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconNoticiero genetico segehu nº 12 Agosto de 2008

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconConclusiones de Evento en el Congreso de la República – 20 de agosto de 2008
«desconoce otro valor jurídico, que es la garantía constitucional de que, precisamente, tales derechos constituyen un límite al poder...

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconEn la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,...

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconRevista Digital Buenos Aires Año 7 N° 39 Agosto de 2001

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconL Boletín Año 1 Núm. 9 Movimiento José A. (Ñin) Negrón agosto/2011

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconBoletín oficial del estado (boe) de 17 -6 -2008. Plazo de presentación: 7-7-2008. Rf: 14298

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconPreguntas pau añO 2008 y 2009 relacionadas con genética

Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409 iconDiario oficial. AÑO cxliv. N. 47012. 6, Junio, 2008. Pag. 66




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com