Año II quito, Viernes 22 de Agosto del 2008 Nº 409




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RC1-SRERI 2008- 011

EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL CENTRO
Considerando:
Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 041 que crea el Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial 206 de 2 de diciembre de 1997, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro, ejercerá dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario le asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas;
Que el numeral 2 del Art. 24 del Reglamento a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como facultad de los directores regionales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del SRI, dentro de su jurisdicción y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;
Que de conformidad con la Resolución 9170104DGER-0593 publicada en el Registro Oficial 466 de fecha 22 de noviembre del 2004, mediante la cual se autoriza a los directores de las direcciones regionales y provinciales del Servicio de Rentas Internas a que designen a un funcionario de su dependencia dentro de sus jurisdicciones la facultad de requerir información y otras relacionadas con las funciones de determinación y control tributario en función de los deberes formales de los sujetos pasivos;
Que de conformidad con la Resolución NAC-RHUR2008-0656, del 26 de mayo del 2008, mediante la cual se designa al economista Octavio José Arízga Icaza, las funciones de Director Regional Centro Uno; y,
De conformidad con las normas vigentes,
Resuelve:

Artículo 1.- Asignar a la doctora Lorena Elizabeth Freire Guerrero, las siguientes atribuciones de la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro 1:


  1. Requerimientos de información del Departamento de Gestión Tributaria;




  1. Notificaciones preventivas de sanción;




  1. Contestaciones a las solicitudes de ampliación de plazo de los requerimientos de información;




  1. Actas de Juzgamiento previo a la imposición de sanciones tributarias;




  1. Comunicaciones de diferencias previas a la emisión de liquidación de pago por diferencias o inconsistencias encontradas en las declaraciones del contribuyente o detectadas al confrontar la información de dichas declaraciones con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o por terceros;




  1. Notificaciones de comparecencia del Departamento de Gestión Tributaria;




  1. Oficios circulares del Departamento de Gestión Tributaria;




  1. Suscripción de documentos que requieran información complementaria, que ordenen la devolución de los trámites o que informen procedimientos, en los mecanismos de devolución del Impuesto al Valor Agregado;




  1. Actas de Entrega - Recepción mediante las cuales se devuelvan a los contribuyentes o terceros los documentos originales por ellos entregados a la Administración Tributaria; y,




  1. Oficios de atención a trámites emitidos por el Departamento de Gestión Tributaria.


Artículo 2.- Esta resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Notifíquese.
Dado en Ambato, a 12 de agosto del 2008.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. Octavio Arízaga, Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro, en Ambato a, 12 de agosto del 2008.

Lo certifico.
f.) Lic. Brenda López Sánchez, Secretaria Regional Centro Uno Encargada Servicio de Rentas Internas.


No. 1192-2006-RA

Magistrado ponente: Dr. Patricio Herrera Betancourt

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado con el No. 1192-2006-RA
ANTECEDENTES:
Edwin Vinicio Buendía Pavón, comparece ante el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, con sede en Quito, y deduce Acción de Amparo constitucional en contra del señor Director General del IESS, a fin de que suspenda el acto administrativo de 6 de julio de 2006, notificado el 12 de julio del 2006, mediante Oficio No. 62100000-5046-PD, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos del IESS y, el Of. 62100000-5984-PD, de agosto 9 del 2006, suscrito por el Director General del IESS, respectivamente, por el cual se le destituye de su puesto de Asistente Administrativo Grado Q44, del Departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial del IESS de Pichincha, Unidad de Historia Laboral. El accionante expresa lo siguiente:
Que ha sido empleado de carrera por el lapso de 20 años, bajo dependencia del IESS, hasta su notificación con la destitución del cargo, que venía desempeñando administrativamente en la Unidad de Historia Laboral, acusado de haber recaudado la suma de 10 centavos de dólar en las ventanillas de la Planta Baja del Edificio Matriz asignado al proceso de Historia Laboral, por el servicio de impresión de mecanizados de aportes, claves de afiliados y claves de empleadores, sin tener autorización legal alguna y no haber depositado los valores recaudados en la Tesorería Provincial del IESS, no justificando el manejo, destino y uso de dichos valores, pudiendo haberse beneficiado directa e indirectamente por realizar gastos ajenos al interés institucional. Añade que es importante recalcar que es de profesión ingeniero electrónico, y que su cargo en el IESS es de asistente de oficina grado Q44, en el Departamento de Afiliación y Control Patronal del IESS y no empleado Operativo de atención en ventanillas, razón por la cual la acusación del IESS es maliciosa y temeraria.
Indica que se ha dado una acción ilegítima de autoridad pública por haber actuado sin prueba objetiva en su contra, y por no haberse tomado en cuenta las pruebas aportadas en su defensa. Añade que el IESS ha violado el derecho al debido proceso por no haberse respetado los tiempos de prescripción de las acciones administrativas, y por tratarse de una resolución inmotivada, lo cual resulta también violatorio de la seguridad jurídica.

Considera que su destitución no guarda relación de proporcionalidad en cuanto al grado de responsabilidad y a la sanción aplicada, violando el derecho a la estabilidad que ampara a los funcionarios públicos, y produciendo un daño grave e inminente en su contra por habérsele afectado moralmente, en su desempeño como empleado público, y en su vida particular y familiar, pues, sufrirá un quebranto al no permitírsele llevar una vida decorosa.
La audiencia pública tuvo lugar el 1 de septiembre de 2006, con la presencia de las partes, según consta del acta pertinente (folio 453), adjuntando posteriormente sus alegatos por escrito. El actor se afirma y ratifica en los fundamentos expuestos en su demanda. El demandado, en lo principal, manifiesta: Que el Director General del IESS tiene la atribución de sancionar con destitución a un funcionario, cuando mediante pruebas documentales y testimoniales llegue a determinar que ha infringido normas que señalan tal tipo de sanción. Que por comunicación de la Auditora Jefe del Equipo de la Contraloría General del Estado, del Director Provincial del IESS, y de la Subdirectora de Recursos Humanos, se le informa sobre presuntas irregularidades cometidas por el cobro de 10 centavos de dólar en las ventanillas de Historia Laboral, por lo que dispuso el inicio del sumario administrativo, entre otras personas, al hoy accionante. Que en dicho sumario administrativo se practicó toda la prueba pertinente; que el actor tuvo derecho a la defensa y se respetó el debido proceso contemplado en el Reglamento de la LOSCCA. Que acogió el dictamen emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos del IESS, y en forma motivada dispuso la destitución del actor. Que si el actor se consideraba lesionado en sus derechos debió recurrir mediante juicio contencioso administrativo. Por su parte, el Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, en lo principal, manifiesta: Que la Resolución impugnada fue emitida por autoridad competente. Que la destitución se produjo porque el actor habría solicitado ilegalmente a los usuarios por el servicio de impresión de mecanizados de aportes, claves de afiliados y claves de empleadores, 10 centavos de dólar para prestar dicho servicio, conducta determinada en la LOSCCA como causal de destitución. Que no se ha violado ningún derecho constitucional, menos el del debido proceso, en virtud que se tramitó un sumario administrativo de conformidad con la LOSCCA y su Reglamento de aplicación. Que el daño alegado no es consecuencia de un acto ilegítimo de autoridad pública, sino de la conducta del actor. En consecuencia, solicita que se rechace por improcedente la Acción de Amparo.
El Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, con fecha 18 de septiembre de 2006, resuelve aceptar la Acción de Amparo constitucional propuesta, por considerar que es indudable que se han violado las normas del debido proceso contempladas en la Constitución Política del Estado.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente.

TERCERO.- La Acción de Amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública, en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un daño grave.
CUARTO.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no se basa sólo en el estudio de competencia, sino también de su forma, contenido, causa y objeto.
QUINTO.- De la documentación constante en el proceso se tiene que varios funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, específicamente de la Unidad de Historia Laboral, cobraban a los usuarios 10 centavos de dólar en las ventanillas de la planta baja del edificio matriz, por el servicio de impresión de mecanizados de aportes, claves de afiliados y claves de empleadores, por orden verbal de la señora Graciela Pazos, quien ejercía la jefatura de la unidad.
También se desprende, de manera clara, que tal cobro fue discutido en una reunión de trabajo realizada meses atrás, específicamente el 16 de agosto de 2005, en la Subdirección de Servicios al Asegurado, en la cual el Jefe de la Agencia Norte Encargado indicó que se cobraban 10 centavos de dólar por la gran demanda de papel e insumos informáticos y por la dificultad logística de la entrega por parte del Departamento de Servicios Generales, considerando tal situación como autogestión en beneficio de afiliados y empleadores.

Es claro también que el Director Provincial de Pichincha conoció de la mencionada situación, por oficio de 29 de agosto de 2005 (fojas 22 del expediente formado en la Sala), por el cual la Subdirectora de Servicios al Asegurado le comunica que en el resto de las agencias también están procediendo de esa manera, y aclara que en la matriz, a diferencia, el servicio de fotocopiado es administrado y otorgado desde el ámbito privado.
Lo que este juzgador quiere dejar sentado, y que considera que no fue valorado durante el proceso administrativo, es que el cobro de los 10 centavos de dólar al usuario no era un secreto ni siquiera para las más altas autoridades de Pichincha, no ocurría solamente en el edificio matriz sino también en otras agencias locales, no se lo realizaba a escondidas sino abiertamente, y esto ocurría porque los funcionarios de ventanilla tenían una orden verbal de su inmediato superior, entendían que se lo realizaba como una cuestión de autogestión para la compra de insumos por el servicio prestado, y fue precisamente por ello que algunos funcionarios, con la seguridad de no haber procedido de manera inadecuada, nunca negaron haber recibido los mencionados 10 centavos de dólar, y haberlos entregado a la jefa de la unidad, quien, en última instancia, pasaba a ser responsable de su utilización.

SEXTO.- A folio 1 del expediente de primer nivel consta el acto que se impugna, consistente en la resolución de 6 de julio de 2006, suscrito por el Director General del IESS, quien acogiendo el dictamen de la Subdirectora de Recursos Humanos constante en Of. 621000003889-PD (fs.2 a 16), destituye al hoy actor de su puesto de trabajo, “por haber infringido los literales a), b), d), e) y h) del artículo 24 y encontrarse incurso en los literales k) y l) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público…”., hecho que es ratificado por el mismo Director General del IESS, mediante Of. No. 62100000-5984-PD, de 09 de agosto de 2006 (fs. 437).
SEPTIMO.- El artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa dice: “Son deberes de los servidores públicos: a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, las leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley; b) Desempeñar personalmente, las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia y con la diligencia que emplean en la administración de sus propias actividades, cumpliendo las disposiciones reglamentarias de su dependencia; (…) d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. Se negará por escrito a acatar órdenes superiores cuando éstas estén afectadas de ilegalidad o inmoralidad; (…); e) Mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida pública y privada, de tal manera que no ofendan al orden y a la moral y no menoscaben el prestigio de la institución a la que pertenecen; h) Elevar a conocimiento de su inmediato superior, los hechos que puedan causar daño a la administración”.
Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa dice: “Prohíbese a los servidores públicos: (…) k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; l) Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones…”.
OCTAVO.- El artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa dice: “Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad serán las siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución”.
El artículo 44 del mismo cuerpo normativo dice: “La autoridad competente impondrá una sanción pecuniaria administrativa que no exceda del diez por ciento de la remuneración; o suspensión temporal sin goce de remuneración, en el ejercicio de sus funciones, por un periodo que no exceda de treinta días, a los servidores que por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, inasistencia, o violación de los reglamentos internos u otras normas, o que, por acción u omisión, hayan incurrido en una de las causales señaladas en esta ley” (las negrillas son nuestras); y, el último inciso añade: “En el caso de reincidencia, el servidor será destituido con arreglo a la ley”; de lo que se tiene que la incursión a las causales señaladas por la ley, por regla general, son objeto de sanción pecuniaria administrativa o de suspensión temporal sin goce de remuneración, siendo la destitución una sanción que se impone a los actos que revistan un nivel alto de gravedad.
El artículo 49 de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa dice: “Son causales de destitución: (…) i) Incumplir los deberes impuestos en las letras e) y g) del artículo 24 y quebrantar las prohibiciones previstas en las letras d) a la n) del Art. 26 de esta ley”.
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