Ramiro teran acosta y jorge escala zambrano




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SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL.-

RAMIRO TERAN ACOSTA y JORGE ESCALA ZAMBRANO, por nuestros propios derechos, mayores de edad, de nacionalidad ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Quito, en calidad de Asambleístas del Movimiento Popular Democrático, el primero Asambleísta de la Provincia de Imbabura, miembro de la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria, de la Comisión de Fiscalización y Control Político; y, el segundo, Asambleísta Nacional y miembro de la Comisión Especializada de Educación Ciencia y Tecnología, comparecemos ante Usted a fin de presentar la siguiente solicitud para iniciar el Juicio Político, de conformidad con lo que disponen los artículos 79 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Adjuntamos el registro de Asambleístas que respaldan este pedido. Cuando así sea requerido, los y las Asambleístas que respaldamos esta solicitud, anunciaremos los nombres de los interpelantes según lo ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

DENUNCIADO:
El denunciado es el Lic. Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación del Ecuador, a quien se lo citará con la presente solicitud, en el Ministerio de Educación, ubicado en esta ciudad de Quito, en la Av. Amazonas N34-451, entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sanz.
MARCO JURÍDICO:
Art. 131 Constitución de la República del Ecuador.- En su parte pertinente señala: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado (…)
Art. 151 Constitución de la República del Ecuador.- En su parte pertinente señala: “Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción (…) Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado (…)”.
Art. 78 Ley Orgánica de la Función Legislativa.-“La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado” (Subrayados son nuestros).
Las normas constitucionales y legales citadas, el formulario adjunto con los nombres, apellidos y firmas de los Asambleístas, y los fundamentos de hecho y de derecho que presentamos a continuación, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa Arts. 78 y 79, son el marco jurídico de esta solicitud.
ANTECEDENTES
El Lic. Raúl Vallejo, ha implementado una serie de políticas neoliberales a lo largo de su gestión al frente del Ministerio de Educación, demostrando ineficiencia e incumplimiento de expresas responsabilidades del Estado en el sector de la educación.
La negligencia del Ministro de Educación que recurre a medidas parches, no ha solucionado los grandes problemas que afectan a la educación, lo cual se evidencia en la deficiente infraestructura escolar, incumplimiento de la gratuidad de la educación y su precarización, las mismas que han venido afectando el derecho de las niñas, niños y jóvenes a recibir una educación de calidad y calidez.
La realidad en el Ecuador es que, de los aproximadamente 19.500 establecimientos educativos fiscales, solo han sido atendidos en algún nivel 1.723 en el 2007; 2.079 en el 2008 y apenas 134, en el año 2009; mientras que cerca del 80% restante se mantienen en el abandono, dato reflejado en el informe de rendición de cuentas del año 2009.
En el Informe de las pruebas “Aprendo 2007”, en la variable de la infraestructura escolar, se expresa según el régimen, que las condiciones del aula en la costa ecuatoriana, tiene una calificación de 2,8 sobre 10, siendo aún inferiores respecto a los establecimientos del régimen sierra, que tienen 3,9 sobre 10, es decir, la infraestructura escolar es calificada como insuficiente por nuestra propia niñez y juventud.
Adicionalmente, la falta de perspectiva, planificación y visión educativa hacen que de las 17 unidades educativas del milenio, solo funcionen 6, lo cual evidencia la brecha entre la necesidad real del sistema público y la visión de quienes administran la educación, es por eso que el panorama de matrículas e iniciación de los años escolares no ha variado desde hace 30 años, lo cual se corrobora mediante denuncias de los medios de comunicación y en la opinión pública. (Anexo 1).
La Constitución, en sus Arts. 26 y 348, garantizan la gratuidad de la educación como un derecho humano fundamental, situación que no es acatada en su totalidad por el Ministro de Educación, debido a que ha incumplido la obligación de eliminar el mal llamado “aporte voluntario” de 25 USD por cada estudiante; siendo que ciertas autoridades del Ministerio de Educación han obligado a los padres de familia a pagar los sueldos de maestros contratados (Anexo 2). Además de que cada año se viene reduciendo el presupuesto de las instituciones educativas.
La ineficiencia del Ministro de Educación, contraviene la Constitución en su Art. 343, lo cual se refleja en que desde hace dos años y medio existen más de 200 escuelas cerradas (Anexo 3), sin que hasta la presente fecha se haya hecho un programa para reabrir estas unidades educativas ubicadas especialmente en sectores rurales, mientras por otro lado se lleva a cabo la creación de escuelas del milenio como una dádiva a ciertas poblaciones empobrecidas, lo cual no soluciona el problema de marginación de los ecuatorianos y ecuatorianas que no pueden acceder al sistema educativo, ahondando más la inequidad.

En este mismo tema, el Ministro de Educación reconoce que en el país se mantienen 5.926 escuelas unidocentes (Anexo 4), es decir un maestro para atender seis y hasta siete grados, ¿Esta es la actitud eficiente y responsable de un Ministro de Educación?.
Respecto a ello la Constitución de República en su disposición transitoria décimo novena, establece como obligación del Ministro realizar una evaluación integral de estas instituciones educativas públicas, y tomar medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la educación, situación que no ha ocurrido hasta la presente fecha.

Es necesario señalar que, el Plan Decenal de Educación, que fue aprobado mediante Consulta Popular el 26 de noviembre del 2006, es un instrumento estratégico con el propósito de mantener durante un periodo de diez años una serie de herramientas pedagógicas y administrativas para el mejoramiento de la calidad de la educación, tal como la asignación en forma progresiva de recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto, situación que no se ha cumplido, por el contrario para el 2009 solo alcanzamos el 3.9%, cuando debería estar en 4.5% del PIB (Anexo 5).
Una muestra más de la práctica neoliberal del Ministro Raúl Vallejo, es que luego de haber emprendido una inconstitucional e ilegal evaluación al magisterio nacional, no ha entregado hasta la presente fecha los resultados de las pruebas que se tomaron a los docentes en las regiones sierra y amazonía, lo que no permite que se reconozca a los mejores docentes entregándoles los estímulos económicos prometidos.
Por otro lado, el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, tiene tres periodos presidenciales a cargo de esta Cartera de Estado, en cuyas administraciones se han repetido actos de corrupción, mala gestión administrativa y abusos de autoridad e irrespeto a los derechos laborales, a las normas Constitucionales, la Ley y los reglamentos, de los cuales debería ser el primero en dar ejemplo de cumplimiento.
Es así que, al interior del Ministerio de Educación, el personal administrativo, técnico docente, intercultural bilingüe, choferes y personal de servicios, agrupados en organizaciones gremiales del Ministerio de Educación, reunidos en Asamblea General llevaron adelante un proceso de evaluación a la gestión del Ministro.
A estas evaluaciones de los gremios, se suman los cuestionamientos y malestares de los padres de familia y estudiantes, que rechazan la falta de probidad, incapacidad y mediocridad, con la que la Educación ha venido siendo administrada, puesto que su calificación fue de 1 sobre 5 (Anexo 6).
Los actos de corrupción se expresan en la contratación de consultores, asesores nacionales y extranjeros, con un número aproximado de 200 personas, con remuneraciones que fluctúan entre los 1200 dólares hasta 3420 dólares mensuales, sueldos que jamás han percibido los funcionarios de carrera del Ministerio de Educación. (Anexo 7).
Finalmente, vale anotar que, en relación a la Disposición Vigesimoprimera de la Constitución de la República, referente al estimulo a la jubilación de los docentes, que el Ministro ha venido desconociendo, la Corte Provincial de Manabí confirmó la Acción de Protección solicitada por los maestros de la provincia de El Oro, ante el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, en la que se le obliga al Ministro Raúl Vallejo, la reparación integral y la restitución del derecho de los maestros jubilados al pago de la compensación variable establecido en la Constitución, cosa que el Ministro insiste en su incumplimiento.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
PRIMERA ACUSACIÓN:
La Declaratoria “Ecuador Patria Alfabetizada”, fue una mentira que le costó al país más de USD 300.000: El Ministro de Educación engañó a los ecuatorianos y ecuatorianas y atentó el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a recibir información adecuada y veraz, conllevando al delito de peculado.
El 08 de septiembre de 2009, mientras se celebraba a nivel mundial el “Día Internacional de la Alfabetización” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en un acto público de celebración (Anexo 1) en el estadio Jockay de la ciudad de Manta, ante más de 15.000 personas, entre autoridades, en el que se destacó a Edourd Matoko, Director de la UNESCO en Ecuador como uno de los invitados especiales; así como estudiantes y alfabetizados de las 24 provincias del Ecuador, el Ministro de Educación, Lic. Raúl Vallejo Corral, realizó de manera pública la Declaratoria de “Ecuador Patria Libre de Analfabetismo”. Acto que fue transmitido para todo el país y el exterior por todos los medios de comunicación.
En dicha declaratoria, Raúl Vallejo afirmaba que la misma tiene lugar pocos días después de cumplirse los dos años, desde cuando el Presidente Rafael Correa se propuso la meta de reducir el índice de analfabetismo, es decir desde el 14 de agosto de 2007 que a esa fecha era del 9,3% de ecuatorianos iletrados mayores de 15 años (según Vallejo).
En ese acto público el actual Ministro de Educación manifestó: “En la actualidad se ha comprobado por la UNESCO una reducción de casi siete puntos porcentuales, quedando solo el 2,7% de la población aún sin saber leer y escribir; y según la UNESCO, un país está listo para solicitar esta declaratoria a escala internacional cuando una población analfabeta no supera el 3,9% del total de habitantes”.
Semanas después, en la trigésimo quinta Conferencia General de la UNESCO, llevada a cabo en la ciudad de París del 06 al 23 de octubre de 2009, el Ministro de Educación, mediante un discurso de aproximadamente seis minutos dio a conocer al mundo entero la Declaratoria de “Ecuador Patria libre de Analfabetismo”.
En contraste con todo aquello el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, entidad estatal encargada de difundir información estadística oficial, confiable, oportuna y completa, dio a conocer los resultados de la encuesta ENEMDU 2009 (Anexo 2), en la que se evidencia que el Ecuador no está libre de analfabetismo, pues la información del INEC señala que en el 2007 se registró una tasa del 7.92%; en el 2008, 7.62%; y en el 2009, 7.76%, es decir que estos porcentajes no solamente están muy lejos del 3.9% que establece la UNESCO como tasa tolerable para declarar a un país libre de analfabetismo, sino que además el analfabetismo en el Ecuador habría aumentado un 0,14% en el último año. (Anexo 1). Muy contradictorio a lo que en forma intolerable y mal intencionada declaró el Ministro Raúl Vallejo.
Como antecedente a estas declaraciones, en septiembre de 2009, la oficina de UNESCO en Quito coordinó un estudio publicado conjuntamente con el Ministerio de Educación del Ecuador, elaborado por Juan Ponce y Mercedes Onofa, investigadores de la FLACSO, sede Ecuador, el cual se denominó “La Alfabetización en el Ecuador, evolución histórica, información actualizada y mapa nacional de analfabetismo, 2009” (Anexo 3), dicho estudio advierte en sus páginas 15, 16, 44 y 48, que la proyección realizada por ese estudio “NO debe usarse para estimar la tasa de analfabetismo a nivel nacional”. Contrario a estas advertencias, el Ministro Raúl Vallejo se aprovechó de manera FRAUDULENTA de este trabajo de carácter académico para anunciar al país y al mundo faltando a la verdad que el Ecuador era una “Patria Alfabetizada”.
Afirmamos este hecho, debido a que el propio Juan Ponce, en una entrevista pública al canal de televisión Ecuavisa, el 24 de enero de 2010, (Anexo 4) aseguró que pidió no usar los resultados de este trabajo académico para definir la tasa de analfabetismo a nivel nacional, textualmente señaló: "En seis partes del estudio, se dice: cuidado, no use esta tasa, no es la tasa nacional", pero esto no le importó al Ministro de Educación, quien de forma arbitraria y dolosa, utilizó este estudio para armar en septiembre del 2009 una celebración en Manta que le costó USD 301 608,97, dólares al país, pero lo más grave es que provocó un engaño y un atentado al derecho de aquellos miles de ecuatorianos que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación formal, pues simplemente han sido invisibilizados y excluidos por quien dirige el sistema educativo nacional.
El Ministro de Educación, Raúl Vallejo, por su lado, según declaraciones públicas a la revista Vistazo, el 28 de enero de 2010, alega que está estudiando dónde estuvo la falla, porque señala que el programa de Alfabetización benefició a más de 400 mil personas. Este “estudio” que dice estar realizándolo, es una prueba más de su incapacidad, pues el programa de alfabetización ha costado una cifra millonaria a los ecuatorianos, 15 millones de dólares, según declaraciones de la Directora de Educación Popular del Ministerio de Educación, Mery Gavilánez, pero sus resultados son verdaderamente indignantes, ya que en lugar de bajar las cifras, el analfabetismo aumenta, según las estadísticas oficiales del INEC.
Violaciones constitucionales y legales por la declaratoria de “Patria alfabetizada”
La máxima autoridad educativa nacional desconoció su deber y responsabilidad ante todos los ecuatorianos de no mentir, en franca violación al Art. 83, numerales 2 y 17 de la Constitución de la República que señala: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley:
2) Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.”
17) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente.
La afirmación de que el Ecuador es una patria libre de analfabetismo, en declaraciones públicas llevadas a efecto en la ciudad de Manta el 8 de septiembre del 2009 y difundidas por los medios de comunicación para todo el Ecuador y el exterior, Vallejo las hizo en base a su incorrecta interpretación del estudio “Evolución histórica, información actualizada y mapa nacional de analfabetismo, 2009”, interpretaciones y declaraciones que se encuentran en contraste con la datos oficiales del INEC. Desconociendo aún más que el único instrumento oficial y útil para realizar una declaratoria de esta magnitud es el INEC, conforme consta en el Art. 10 literal d), de la Ley de Estadísticas, que dice:
El Instituto Nacional de Estadística y Censo le corresponde:

d) Operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del país”.

La Constitución de la República, en el Art. 66 numeral 25, referente a los derechos de libertad, señala como un derecho de las personas: “recibir servicios públicos de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz, sobre su contenido y características” (Subrayados son nuestros).
Es así que el Ministro de Educación violó este derecho constitucional, al realizar una declaración dolosa y fraudulenta.
Por otro lado el Art. 347 numeral 7 de la Constitución de la República, establece como responsabilidad del Estado y por ende del Ministro de Educación lo siguiente:
Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo”.
Según el INEC esto sencillamente no ha ocurrido, mientras el país ha invertido ingentes cantidades de recursos en grandes programas de alfabetización que el Ministro no ha podido justificar.
Por encima de violentar la Constitución, el Ministro de Educación Raúl Vallejo, al asistir a la UNESCO, y en nombre y representación del Estado, dio a conocer una información falsa que afectó a la imagen y honor nacional, por tal razón incurrió en el delito de “Envío de información falsa al exterior”, tipificado y sancionado en el Art. 148 del Código Penal, que señala:
Art. 148.- Envío de información falsa al exterior.- El que difundiere por cualquier medio o enviare al exterior propaganda, noticias o informaciones falsas, que estén destinadas a alterar el orden público o que afecten el honor nacional, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”. (Subrayados y negrillas son nuestros).
Así también incurrió en lo siguiente:
Código Penal, Art. 606.- Serán reprimidos con multa de sesenta y uno a ciento veinte sucres y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente: 13ro.- Los propaladores de noticias o rumores falsos que digan relación al orden público, a la seguridad del Estado o al honor nacional”. (Lo subrayado y negrillas son nuestros).
Por otro lado, Raúl Vallejo en forma maliciosa ha violentado los derechos de los niños y adolescentes determinados en el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Art. 45. Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.
Art. 52. Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe: 2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso; (Los subrayados y negrillas son nuestros)
A esto se suma la responsabilidad penal por el delito de peculado, debido al abuso de dineros públicos, para publicitar esta clase de declaraciones fraudulentas, que le costaron al país 301. 608,97 dólares (Anexo 5).
El Ministro Raúl Vallejo, por su falta de probidad, lesionó al erario nacional, al utilizar arbitrariamente recursos públicos, con la intencionalidad de fraguar una imagen falsa de Ministro ejemplar.
Por tal razón incurre en el delito de Peculado tipificado y sancionado en el Art. 257 del Código Penal, que dice:
Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante (…)”.
En dicho acto de declaratoria, participaron más de 15 mil personas, entre autoridades, estudiantes y los alfabetizados de las 24 provincias del país, quienes realizaron vistosas coreografías, gigantescas pizarras humanas, bandas rítmicas, grupos musicales, en una fiesta de 5 horas de duración.
El proyecto y la declaratoria como tal implicó la utilización del servicio de publicidad, que significó la elaboración de 8.000 camisetas; pagos por producción y difusión de spots publicitando la declaratoria de “Ecuador Patria Alfabetizada”; publicación en los principales medios impresos del país de la Declaratoria de “Ecuador Patria Alfabetizada”; pagos de transporte para los asistentes al evento nacional realizado en Manta y las declaratorias provinciales. (Anexo 5).
Por lo tanto, conforme a lo establecido en el inciso segundo del Art. 233 de la Constitución de la República que señala:
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondiente serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.”;
El Ministro Raúl Vallejo deberá responder por sus actos, pues la mentira está relacionada con: Falsificar, adulterar, alterar, engañar, desdecir, faltar a la verdad, fingir, ocultar, confundir, falsear, la hipocresía, la falacia, la inexactitud, entre otros.
El Ministro Raúl Vallejo, que se dice ser muy “leído y estudiado” desconoce, que uno de los principios básicos que guían la vida de los pueblos indígenas es el AMA LLULLA, y su traducción al español, NO MENTIR, incorporado en el texto constitucional, constituye la expresión que más se ajusta a la idea de honestidad y honradez y que si se falta a la verdad es una persona que no tiene ética y no es sincera, por tanto es reproductor de antivalores.
El Ministerio de Educación, como parte de la función pública está orientado al servicio de la colectividad y tanto el Ministro como los demás funcionarios están obligados a desempeñar sus funciones en el marco de los lineamientos constitucionales y legales (Art. 426 Constitución de la República).
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, no están exentos de responsabilidad por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, pues, estas constituyen "un servicio a la colectividad que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia", así determina expresamente el artículo constitucional 11 numeral 9, en armonía con aquel deber que la Constitución impone al Estado, de garantizar la "administración pública libre de corrupción", lo cual significa que quienes ejercen actividades públicas, ya sea por elección popular, ya por acceso directo a las instituciones estatales, deben actuar guiados por principios de servicios a la comunidad, dentro de un marco de valores y preceptos morales y éticos, que orienten el respeto a los demás, la responsabilidad en el desempeño de sus funciones, la honestidad en sus actuaciones, la honradez en todas sus facetas, el cumplimiento del deber, el cuidado de recursos, en definitiva un recto proceder que garantice la eficacia y transparencia de las funciones públicas como servicio a la colectividad.
Por tanto su mentira manifiesta en aquella declaración pública debe ser juzgada y sancionada conforme a las leyes penales que se han exhibido.
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