Agua potable y alcantarillado servicios públicos esenciales: morbilidad y mortalidad como factores de riesgo en salubridad / derecho a la salubridad publica




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fecha de publicación28.10.2016
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - Servicios públicos esenciales: morbilidad y mortalidad como factores de riesgo en salubridad / DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA - Prioridad del gasto público social en agua potable / PRIORIDAD DEL GASTO PUBLICO SOCIAL - Agua potable
En sentencia de 5 de septiembre 2002 la Sala destacó la importancia de los servicios públicos esenciales de agua potable y alcantarillado en los siguientes términos: «... En respuesta a varios interrogantes sobre la importancia de la salud publica y su vinculación con el derecho a la vida, el Vicedecano de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez sostiene que entre las causas principales de enfermedades diarreico-agudas se encuentran, en primer lugar la carencia de agua potable, y en segundo lugar la falta de una adecuada disposición de excretas (alcantarillado, pozos sépticos, tazas sanitarias). En 1984 la primera causa inmediata de mortalidad en niños entre 1 y 4 años fueron las enfermedades infecciosas intestinales (en su mayoría enfermedades diarreicas) En la lista de las diez primeras causas también figura otra enfermedad asociada con el deficiente estado sanitario, la helmintiasis. La segunda enfermedad más importante que afecta a la población infantil son las infecciones intestinales. El hecho de que la comunidad no tenga servicio de agua potable o alcantarillado, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a dicha situación. Como se deduce claramente de las estadísticas, la expresión «factor de riesgo grande» utilizada por el doctor Flórez, no se refiere a otra cosa que al riesgo de muerte......». No puede ignorarse el categórico mandato del artículo 366 de la Constitución Política ni tampoco pasarse por alto que para darle debido desarrollo se expidieron la Ley 60 y mas recientemente la 715 que radican en los municipios responsabilidades concretas, entre otras, en materia de agua potable y saneamiento ambiental. Tampoco puede pasarse por alto que la Constitución Política estableció en su artículo 365 inciso 1o una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos: «Articulo 361: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio.» Ni perderse de vista que a ese fin el artículo 366 ibídem instituyó la prioridad del gasto público social, en los siguientes términos: «Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.»
AGUA POTABLE - Agua no apta por incumplimiento de parámetros de calidad microbiológica / AGUA POTABLE - Exigible en cualquier punto de la red de distribución
De otra parte, la Sala advierte que le asistió razón a los actores al sostener que el Tribunal desconoció las pruebas allegadas, pues ciertamente, a folio 99 consta que la muestra que fue analizada en el año 2002 se clasificó como «no apta» en un 100%. En el pie de página del formato en que el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Córdoba reporta los resultados de los análisis microbiológicos consta en forma expresa que «las muestras clasificadas como no aptas corresponden a aquellas que incumplen con los parámetros de calidad microbiológica contemplados en el Decreto 475 de 1998.» Así, pues, no cabía entonces duda de que en el año 2002 el agua no era apta para el consumo humano. Ahora bien, en cuanto al fondo de la controversia, tiénese que los resultados de los análisis bacteriológicos practicados el 25 de agosto de 2003 por la Bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córboba a muestras tomadas en la planta de tratamiento y en las casas de varias familias, aportados mediante oficio de 4 de diciembre de 2003 en virtud del auto de pruebas del Ponente, demuestran plenamente que en el año 2003 persistió la violación del derecho a la salubridad para cuya protección se instauró la acción, pues en ellos consta que desde el punto de vista microbiológico la totalidad de las muestras recibidas y analizadas en el laboratorio (6) no son aptas para el consumo humano y presentan coliformes y coliformes fecales por encima del parámetro permisible. El hecho de estar en proceso de construcción una nueva represa no desvirtúa que el agua no es potable, que es la cuestión en torno de la cual gira la controversia. La Sala reitera sus diversos pronunciamientos sobre la temática que en esta ocasión vuelve a plantearse, entre ellos, la sentencia de 9 de octubre de 20031, en la que precisó que tal protección se traduce en la orden que se imparte al municipio para que dé cumplimiento al Decreto 475 de 1998, mediante el cual el Gobierno Nacional expidió las normas técnicas de calidad del agua potable que rigen para todo el territorio nacional y que deben observarse en relación con cualquier punto de la red de distribución de un sistema de suministro de agua, conforme lo preceptúa su artículo 6°.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 23001-23-31-000-2001-00287-01(AP-00287)
Actor: FUNDACIÓN GRITO DE LA TIERRA (FUNTIERRA) y KHABIR NASSIF SAIBIS BRUNO
Demandado: MUNICIPIO DE MOÑITOS (CORDOBA)


Referencia: APELACIÓN SENTENCIA


Se decide el recurso de apelación interpuesto por la FUNDACIÓN GRITO DE LA TIERRA (FUNTIERRA) y KHABIR NASSIF SAIBIS BRUNO contra la sentencia de 3 de abril de 2003, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES



1.1. LA DEMANDA
La FUNDACIÓN GRITO DE LA TIERRA (FUNTIERRA) y KHABIR NASSIF SAIBIS BRUNO instauraron acción popular con miras a la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
1.1.1. Hechos
Los actores los plantean así:


  • El agua suministrada a los habitantes del Municipio de Moñitos no es apta para el consumo humano, toda vez que contiene microorganismos que de acuerdo con el análisis bacteriológico practicado por la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba ponen en riesgo inminente a los usuarios de contraer enfermedades de tipo hídrico como las EDA (enfermedades diarréicas agudas) y las IRA (infecciones respiratorias agudas) e infecciosas a nivel cutáneo, además de las perturbaciones de tipo gástrico.




  • El diagnóstico y los resultados de los análisis de calidad practicados al agua del municipio por la Secretaría de Salud Departamental en el año 2000 demuestran que su potabilidad osciló entre 24 a 65%, cuando según el Decreto 475 de 1998, ésta debe ser como mínimo del 95%.




  • La inobservancia de los parámetros mínimos establecidos en el Decreto 475 de 10 de marzo de 1998 coloca en grave riesgo la seguridad y la salubridad públicas, y comporta desconocimiento de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna.


1.1.2. Pretensiones
Los actores solicitan que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:


  • Que se ordene al Municipio demandado realizar los correctivos y reparaciones en las instalaciones y en la red de acueducto, de tal forma que garantice los derechos colectivos mencionados.




  • Que se ordene la revisión del sistema tarifario y de estratificación que se viene aplicando actualmente, de acuerdo con los artículos 136 y 137 de la Ley 142 de 1994.



2. CONTESTACIÓN



La apoderada del Municipio de Moñitos expuso que el agua que se suministra a la comunidad es de precipitación fluvial y que se han practicado los controles necesarios para evitar brotes de epidemias y problemas de salud; y que la empresa contratista SUAREZ &SILVA LTDA está realizando la construcción de la represa de acueducto.
Manifiesta que pese a existir la necesidad de realizar un bombeo desde el río Sinú, el Ministerio de Desarrollo Económico negó este proyecto por su costo.
Expresa que cuando en el municipio de Moñitos escasea el agua, la gobernación, la policía y el ejército proveen a la comunidad de agua de optima calidad que se lleva desde Montería.
Señala que el municipio de Moñitos se encuentra estratificado desde el mes de marzo de 2000 y que desde ese año los servicios públicos se cobran a los usuarios de acuerdo a la estratificación.
Argumenta que los actores no demostraron el daño contingente o el peligro que debe hacerse cesar como tampoco la amenaza que los afecta.
Sostiene que la conducta de funcionarios del municipio de Moñitos no es negligente y que para el adecuado tratamiento y provisión de agua potable han contratado obras.
Anota que el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2002 prevé rubros destinados a la optimización del agua potable, el saneamiento básico y la eliminación de excretas de modo que se asegure la prestación del servicio en óptimas condiciones de potabilidad.
Sostiene que es inadmisible la intervención del actor en la acción popular pues los resultados no le afectarían en forma directa y por lo tanto no se le debe reconocer legitimación.
3. LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
La audiencia tuvo lugar el 12 de febrero de 2002, con asistencia de la apoderada de FUNTIERRA, la apoderada del municipio de Moñitos y el Ministerio Público.
3.1. Los actores ratifican los hechos y pretensiones de la demanda e insisten en que la acción popular se ejerció para evitar que la falta de potabilidad del agua cause enfermedades a la población.
Advierten que los esfuerzos de las autoridades municipales para dotar al municipio de una represa no desvirtúan las irregularidades advertidas en el tratamiento de las aguas que el alcalde debe mejorar.
3.2. La apoderada del municipio de Moñitos expresa que siempre se ha dado solución al suministro de agua potable mediante carrotanques desde Montería; insiste en que la actual Administración celebró el contrato MD 59 de enero de 2000 para la construcción de la represa y del acueducto del municipio, que está en ejecución.
3.3. El alcalde de Moñitos afirma que en 1995 a través de FINDETER y el municipio de San Bernardo del Viento se hicieron estudios y diseños para llevar el agua desde el río Sinú a la planta de tratamiento que está actualmente en el municipio, lo cual no fue posible dado los altos costos que en 1995 ascendían a $19.000.000,oo millones de pesos; luego en 1997 se canalizaron unos recursos por intermedio del Ministerio de Desarrollo y las obras no se realizaron pues no existían los terrenos para construir la presa y en el 2000 se compraron alrededor de 20 hectáreas de tierra para hacer un dique que inundará alrededor de 60 a 70 hectáreas de agua; además se están haciendo obras complementarias como una nueva planta de bombeo y actualmente se tiene agua del acueducto viejo y a través del Ministerio de Desarrollo hay recursos para saneamiento ambiental, con los cuales se proyecta construir pozos sépticos para aquellas personas que vivan alrededor de la presa; además señala que en la alcaldía municipal reposan facturas y cuentas de compras para los químicos necesarios para tratar el agua.
3.4. El agente del Ministerio Público considera que la violación de los derechos alegados no aparece acreditada en el proceso. Solicita se declare fallida la audiencia ya que las partes tienen posiciones opuestas.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El apoderado de los actores señala que las pruebas aportadas demuestran que el agua del municipio no es apta para el consumo humano por presentar microorganismos y no cumplir los parámetros mínimos de potabilidad establecidos en el Decreto 475 de 1998.
Sostienen que la entidad encargada de la prestación del servicio público de acueducto está en la obligación de realizar las acciones necesarias que aseguren la calidad del agua y su potabilidad.
Plantean que según el numeral 2º del artículo 12 de la ley 472 de 1998 las ONG no necesitan tener interés específico pues las acciones populares cuando se ejercen en desarrollo del objeto para el cual han sido creadas, como en este caso pues la FUNDACIÓN AMBIENTAL GRITO DE LA TIERRA se creó para la defensa de los derechos fundamentales.

II. LA SENTENCIA APELADA



Mediante sentencia de 3 de abril de 2003 el Tribunal de Córdoba denegó las pretensiones de la demanda por considerar que las pruebas obrantes en el expediente no demuestran que efectivamente el agua suministrada por el Municipio no es apta para el consumo humano ni que, como consecuencia de ello, se hayan causado enfermedades a la comunidad, porque además de estar aportadas en fotocopia simple, solo dan cuenta de una relación de datos y porcentajes sin explicar y sustentar en forma razonada de dónde se sacan las conclusiones.
Lo anterior impide al Tribunal establecer si efectivamente lo afirmado por los actores es cierto pues no hay ninguna prueba que demuestre plenamente que el agua que consumen los habitantes del municipio no es apta y que ésta circunstancia los pone en peligro de sufrir IRA o EDA y otras enfermedades relacionadas con esta circunstancia.
Advierte que en la demanda no se planteó hecho alguno sobre el sistema tarifario y de estratificación, y que tampoco se aportaron elementos probatorios para acreditar tal aspecto.

III. LA IMPUGNACIÓN



FUNTIERRA impugnó la sentencia de 3 de abril de 2003 por considerar que el Tribunal desconoció las pruebas allegadas al proceso, como son los informes de la Secretaría Departamental de Salud, entidad legalmente autorizada para certificar el cumplimiento de las normas de calidad del agua potable.
Sostiene que los análisis presentados son, precisamente, los que a la luz de lo preceptuado por el Decreto 475 de 1998, permiten concluir que el agua no es apta para el consumo humano.
Afirma que las fotocopias de los análisis de laboratorio aportadas deben aceptarse como documentos auténticos y con pleno valor probatorio, toda vez que de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil los documentos públicos se presumen auténticos mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. Considera que la posición del Tribunal constituye una extralimitación de su poder, por cuanto exige requisitos no establecidos previamente por la ley.
Anota que no obstante haberse presentado la demanda el 9 de julio de 2001, el fallo se produjo casi dos años después, término que supera el establecido por la Ley 472 de 1998, siendo que el Departamento de Córdoba padece de los rigores de la falta de agua potable y, por ende, se afecta la salubridad pública.
IV. LA ACTUACIÓN PROBATORIA OFICIOSA

Llegada la oportunidad procesal para decidir, el Consejero Ponente advirtió que se hacía necesario actualizar los resultados de los análisis microbiológicos de agua potable del municipio pues los allegados por los actores corresponden a los años 1999 y 2000 (folios 11 y 12); además la muestra que fue enviada al Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento en el 2002 no pudo ser analizada pues se clasificó como «no apta» en un 100% por corresponder a «aquellas que incumplen con los parámetros de calidad microbiológica contemplados en el Decreto 475 de 1998,» lo que en otros términos significa que no es apta para el consumo humano. (folio 99)

A esos efectos, el Consejero Ponente, con fundamento en el artículo 169 del CCA, aplicable a la presente acción popular por virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, mediante auto de 10 de octubre de 2003, solicitó a la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córboba efectuar nuevos exámenes al agua que consumen los habitantes del municipio de Moñitos, para establecer el porcentaje de aceptabilidad y determinar si es apta para el consumo humano.

Al resultado de los análisis bacteriológicos practicados el 25 de agosto de 2003 por la Bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córboba a muestras tomadas en la planta de tratamiento y en casas de varias familias, aportados mediante oficio de 4 de diciembre de 2003, se hará referencia en las consideraciones de este fallo.

V. CONSIDERACIONES



  • La importancia crítica del servicio de suministro de agua potable

En sentencia de 5 de septiembre 20022 la Sala destacó la importancia de los servicios públicos esenciales de agua potable y alcantarillado en los siguientes términos:
«... En respuesta a varios interrogantes sobre la importancia de la salud publica y su vinculación con el derecho a la vida, el Vicedecano de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez sostiene que entre las causas principales de enfermedades diarreico-agudas se encuentran, en primer lugar la carencia de agua potable, y en segundo lugar la falta de una adecuada disposición de excretas (alcantarillado, pozos sépticos, tazas sanitarias). En 1984 la primera causa inmediata de mortalidad en niños entre 1 y 4 años fueron las enfermedades infecciosas intestinales (en su mayoría enfermedades diarreicas) En la lista de las diez primeras causas también figura otra enfermedad asociada con el deficiente estado sanitario, la helmintiasis. La segunda enfermedad más importante que afecta a la población infantil son las infecciones intestinales.

El hecho de que la comunidad no tenga servicio de agua potable o alcantarillado, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a dicha situación. Como se deduce claramente de las estadísticas, la expresión «factor de riesgo grande» utilizada por el doctor Flórez, no se refiere a otra cosa que al riesgo de muerte.
...»

No puede ignorarse el categórico mandato del artículo 366 de la Constitución Política ni tampoco pasarse por alto que para darle debido desarrollo se expidieron la Ley 60 y mas recientemente la 715 que radican en los municipios responsabilidades concretas, entre otras, en materia de agua potable y saneamiento ambiental.
Tampoco puede pasarse por alto que la Constitución Política estableció en su artículo 365 inciso 1o una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos:
«Articulo 361: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio.»

Ni perderse de vista que a ese fin el artículo 366 ibídem instituyó la prioridad del gasto público social, en los siguientes términos:
«Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.»

  • El caso concreto


El punto central de la controversia radica en establecer si está probada o no la amenaza que para la salud de la comunidad representa la circunstancia de consumir agua no apta para el consumo humano.
Debe comenzar la Sala por advertir que tratándose de una acción popular ejercitada para procurar la satisfacción de la necesidad insatisfecha de suministro de agua potable en el municipio de Moñitos, cuya satisfacción constituye, según quedó señalado, objetivo fundamental de la actividad estatal no podía el Tribunal desestimar las pretensiones por considerar insuficientes las pruebas, pues si en verdad lo eran, estaba obligado a observar los concluyentes términos del artículo 5º de la Ley 472 a cuyo tenor «Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito...»

De otra parte, la Sala advierte que le asistió razón a los actores al sostener que el Tribunal desconoció las pruebas allegadas, pues ciertamente, a folio 99 consta que la muestra que fue analizada en el año 2002 se clasificó como «no apta» en un 100%. En el pie de página del formato en que el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Córdoba reporta los resultados de los análisis microbiológicos consta en forma expresa que «las muestras clasificadas como no aptas corresponden a aquellas que incumplen con los parámetros de calidad microbiológica contemplados en el Decreto 475 de 1998.» Así, pues, no cabía entonces duda de que en el año 2002 el agua no era apta para el consumo humano.
Ahora bien, en cuanto al fondo de la controversia, tiénese que los resultados de los análisis bacteriológicos practicados el 25 de agosto de 2003 por la Bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córboba a muestras tomadas en la planta de tratamiento y en las casas de varias familias, aportados mediante oficio de 4 de diciembre de 2003 en virtud del auto de pruebas del Ponente, demuestran plenamente que en el año 2003 persistió la violación del derecho a la salubridad para cuya protección se instauró la acción, pues en ellos consta que desde el punto de vista microbiológico la totalidad de las muestras recibidas y analizadas en el laboratorio (6) no son aptas para el consumo humano y presentan coliformes y coliformes fecales por encima del parámetro permisible.
Ahora bien, habiéndose probado que el agua que consumen los habitantes del Municipio de Moñitos no es apta para el consumo humano, forzoso es concluir que está latente una amenaza para la salubridad pública que hace procedente el ejercicio de la acción para que se impartan las órdenes a las autoridades municipales que hagan cesar el peligro que ese hecho entraña para la comunidad.
Quedó también demostrado que a lo menos desde el año 2000 no se ha producido un cambio sustancial en la calidad del agua y que esta sigue siendo «NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.»
El hecho de estar en proceso de construcción una nueva represa no desvirtúa que el agua no es potable, que es la cuestión en torno de la cual gira la controversia, máxime si se tiene en cuenta que es a todas luces inaceptable que las autoridades dilaten indefinidamente la solución a la problemática planteada por la existencia de necesidades básicas insatisfechas en áreas tan esenciales como el agua potable y el saneamiento básico.
La Sala reitera sus diversos pronunciamientos sobre la temática que en esta ocasión vuelve a plantearse, entre ellos, la sentencia de 9 de octubre de 20033, en la que precisó que tal protección se traduce en la orden que se imparte al municipio para que dé cumplimiento al Decreto 475 de 1998, mediante el cual el Gobierno Nacional expidió las normas técnicas de calidad del agua potable que rigen para todo el territorio nacional y que deben observarse en relación con cualquier punto de la red de distribución de un sistema de suministro de agua, conforme lo preceptúa su artículo 6°.
Tales normas tratan sobre los criterios químicos de la calidad del agua; el valor admisible del cloro; el valor para el potencial de hidrógeno, entre otros aspectos.
En consecuencia, habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenarle al Municipio de Moñitos que cumpla los parámetros previstos en el mencionado Decreto, para hacer cesar los riesgos que para la población conlleva la falta de suministro de agua apta para el consumo humano, cumplimiento que debe acreditar mediante certificación de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, ante el Tribunal Administrativo de dicho Departamento, en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta providencia, so pena de incurrir en desacato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, se fija en 10 salarios mínimos mensuales el incentivo en favor de los actores y a cargo del Municipio de Moñitos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A




REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:
ORDÉNASE al Municipio de Moñitos cumplir los parámetros previstos en el Decreto 475 de 1998, de modo que asegure que el agua que suministra a la población es apta para el consumo humano, lo cual debe acreditar mediante certificación de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, ante el Tribunal Administrativo de dicho Departamento, en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta providencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, se fija en el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales el incentivo en favor de los demandantes y a cargo del citado Municipio.
No se condena en costas por no aparecer demostrado en el proceso que se incurrió en gastos.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de enero de 2004.


CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente


RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INES NAVARRETE BARRERO



1 Expediente AP-0950, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

2 Expediente 0303; Actor: ADALBERTO CASTRO MELÉNDEZ.

3 Expediente AP-0950, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo


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