Jurisprudencia acción extraordinaria de proteccióN




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JURISPRUDENCIA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
001-09-SEP-CC Deséchase la acción extraordinaria de protección planteada por Manuel Elías Espinoza en calidad de Director del sujeto político Movimiento y Acción de los Pueblos Organizados (MAPO) en contra de la sentencia dictada el 15 de febrero de 2009 por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral dentro del recurso contencioso electoral No. 07-2009, consecuentemente queda en firme la sentencia por ellos emitida
Quito D. M., 31 de marzo de 2009
Sentencia No. 001-09-SEP-CC, SRO Nº 571, 16 de Abril del 2009
CASO: 0084-09-EP
Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie. 
I.- ANTECEDENTES:
El señor Manuel Elías Espinoza Barzallo, ciudadano ecuatoriano, en su calidad de Director del sujeto político denominado “Movimiento de Acción y de los Pueblos Organizados (MAPO)”, mediante Acción Extraordinaria de Protección, presentada el 19 de febrero del 2009, solicitó a la Corte Constitucional para el periodo de Transición “pronunciarse respecto de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral.” En tal virtud, se procede con lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución vigente y artículos 52, 53, 54 Ibídem, de las Reglas del Procedimiento para la Ejecución de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de Transición.
La Secretaría General de la Corte Constitucional para el periodo de Transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, certificó que la Acción Extraordinaria de Protección No.- 0084-09-EP, no ha sido presentada anteriormente con identidad de sujeto, objeto y acción, en consecuencia, la solicitud no contraviene la norma citada.
Igualmente, la Sala de Admisión conformada por el Dr. Patricio Pazmiño Presidente, Dra. Nina Pacari Vega y Ruth Seni Pinargoti, el 04 de marzo del 2009, de conformidad con la Resolución de 20 de octubre publicada en el Suplemento Registro Oficial No.- 451 de 22 de octubre del 2008 y en base a las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de Competencias de la Corte Constitucional, consideró en lo principal: que por reunir los requisitos formales contenidos en el artículo 55 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de Transición se “ADMITE” a trámite la acción No.- 0084-09-EP.- Procédase al sorteo correspondiente para la sustanciación de la acción.
El cinco de marzo del dos mil nueve, se realizó el sorteo de rigor, tal como lo establecen los artículos 8 y 9 de las Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición, consecuencia de lo cual se radicó el caso en la Segunda Sala de Sustanciación de la Corte Constitucional para el Periodo de Transición designando, luego del sorteo correspondiente, como Juez Constitucional Sustanciador al Dr. Roberto Bhrunis Lemarie.
Sentencia Impugnada
Tribunal Contencioso Electoral

Recurso de Impugnación No.- 07-2009

Sentencia dictada el 15 de febrero del 2009, en lo principal dice:
“EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN, SE DICTA LA SIGUIENTE SENTENCIA: I Rechácese el recurso contencioso electoral de impugnación a la negativa de inscripción de las candidaturas del movimiento y acción de los Pueblos Organizados (MOP) para alcalde y concejales del cantón Camilo Ponce Enríquez, interpuesto por su Director, señor Manuel Elías Espinosa Barzallo, y en consecuencia, niéguese la pretensión de que ésta recepte la documentación para la inscripción de dichas candidaturas. II.- Envíese copia de esta sentencia al Concejo Nacional Electoral del Azuay. III Ejecutoriado el fallo, remítase el expediente a Junta Provincial Electoral del Azuay para su estricto e inmediato cumplimiento, dejándose copia certificada para los archivos de este Tribunal. IV.- Cúmplase y notifíquese.”
Argumentos Jurídicos Planteados
Las razones por las cuales el accionante, considera que mediante sentencia el Tribunal Contencioso Electoral ha vulnerado las garantías constitucionales (referentes a los derechos de participación política) al sujeto político que representa Movimiento de Acción de los Pueblos Organizados (en adelante MAPO), son las siguientes:
El actor afirma que el sujeto político MAPO, presentó sus documentos habilitantes en la tarde del 05 de febrero del 2009, conforme la certificación de la Secretaria de la Junta Provincial Electoral del Azuay, día que culminaba el plazo de presentación de candidaturas; sin embargo, al advertir un error en la inscripción de la alianza MED-MAPO, sus representantes procedieron a retirar los documentos que se encontraban en el proceso para ingresar a la Junta Electoral del Azuay (selladas y foliadas), sacándolos fuera de la misma, consecuencia de lo cual al retornar e ingresar los documentos habilitantes, les fue negada de forma verbal la inscripción de las candidaturas ya que debieron presentar dentro del tiempo previsto para ello, puesto que la inscripción de candidatos procedía hasta las 18h00 del 05 de febrero del 2009.
El peticionario afirma que el Tribunal Contencioso Electoral, lejos de garantizar los derechos de participación política, mediante sentencia ha negado los mismos, transgrediendo expresamente los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 9 del artículo 11(referente a los principios de aplicación de los derechos); artículo 23 (derecho de participación en espacios públicos); literales 1 y 2 del artículo 61 (derechos de participación); numerales 4 y 13 del artículo 66 (derechos de igualdad y el de libre asociación); y, numeral 7 letras a), b), c), y l) del artículo 76 (relativos a los derechos a la debida defensa) de la Constitución de la República del Ecuador.
Pretensión Concreta
El recurrente con los antecedentes señalados solicita a la Corte Constitucional para el Periodo de Transición, que se conceda la Acción Extraordinaria de Protección, así como se disponga la inscripción de las candidaturas del sujeto político MAPO, permitiéndoles así una justa participación en el proceso electoral, que se llevara a cabo en los próximos días.
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
La doctora Tania Arias Manzano, en su calidad de Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, en su contestación a la demanda, en lo principal dice:
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 217 otorga a la Función Electoral la atribución de garantizar los derechos políticos o de participación, que también se expresan a través del sufragio. Según esta norma, corresponde al Tribunal Contencioso Electoral de forma privativa ejercer el control constitucional y legal (Art. 217 y 221). Razón por la cual, el Recurso Extraordinario de Protección resulta inaplicable a las decisiones de la justicia electoral. Igualmente, lo que busca el accionante es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un asunto de legalidad como es la inscripción de la candidatura; así, se considera que no se debe pronunciar sobre tal pretensión. Finalmente, solicita que se debe proceder el archivo de la causa.
III. AUDIENCIA PÚBLICA
En la audiencia pública llevada a cabo el dieciséis de marzo del dos mil nueve a las 15h30, fueron expuestos los argumentos constantes en la demanda y la contestación a la demanda, a la vez que se profundizó en lo antes sostenido. Cabe señalar que el actor, ratifico que todo es producto de la negligencia de la señora secretaria de la Junta Electoral del Azuay; así como, se puso de relieve la injusticia que provocó la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral emitida dentro del caso No.- 007-2009. Por su parte, el representante de la Función Electoral, procediendo a exponer que el caso no amerita la intervención de la Corte Constitucional, por el hecho de que el órgano electoral es quien debe pronunciarse en última y definitiva instancia en los casos relacionados con los derechos políticos de participación que se expresen a través del sufragio. Finalmente, aclaró que la Corte Constitucional no debería intervenir en los asuntos de la justicia electoral
IV. CONSIDERACIONES Y COMPETENCIA
Competencia
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones de extraordinarias de protección, en éste caso, de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral signada con el numero 07-2009, en virtud de lo contenido en los artículos 94 y 437 de la Constitución vigente y artículos 52, 53, 54 Ibídem, de las Reglas del Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de Transición.
Legitimación Activa
El peticionario se encuentra legitimado para interponer la presente acción de extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 437 que expone: “Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una Acción Extraordinaria de Protección contra sentencia […]”. Así como, por lo contenido en el artículo 439 que dice: “las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano” de la Constitución vigente y el artículo 54 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de Transición. Cabe resaltar, que el sistema constitucional vigente es abierto en el acceso a la justicia constitucional en esta materia. Significa un cambio esencial, respecto de la Constitución anterior, que prohíbe la revisión de las sentencias.
Delimitación de la Acción Extraordinaria de Protección respecto de los fallos emitidos por el Tribunal Contencioso Electoral
La Acción Extraordinaria de Protección procede con la finalidad de proteger los derechos que se encuentren vulnerados por las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, definitiva y ejecutoriada, conforme mandato constitucional contenido en los artículos 94 y 437 que dicen:
Art. 94.- “La Acción Extraordinaria de Protección procederá contra sentencias o autos definitivos en que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional”
Art. 437 “[…] constará el cumplimento de los siguientes requisitos:
1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas;
2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución.”
Conforme lo establecido por la doctrina, la incorporación de normas que permitan la revisión de sentencias constituye un debate político y jurídico, no solo por el llamado choque de trenes entre la Corte Constitucional y las Cortes y Tribunales, sino porque evidencia la reforma de justicia. En sí, es un recurso extraordinario contra sentencias arbitrarias, frente a atropellos de los jueces o posibilidades de error judicial; más precisamente por las siguientes razones: a) por cuanto los procesos judiciales son el escenario adecuado para el amparo de derechos fundamentales, pues en ellos el juez debe tener en cuenta a la Constitución y las partes cuentan con los recursos que logren respeto de sus derechos y para impugnar decisiones erróneas; y, b) nada asegura la infalibilidad de los jueces, que se pueden equivocar como juez que conoce del proceso. Además posee la finalidad de unificar la jurisprudencia en la materia y, constituye un instrumento esencial para que la Constitución no sea letra muerta ya que obliga a los jueces a aplicar los derechos fundamentales en las decisiones de las controversias. Esto significa la constitucionalización del derecho y de las parcelas importantes de la vida, pues al mismo tiempo un mecanismo efectivo de justicia constitucional y una tentativa de lograr una justicia rápida y asequible a los ciudadanos. 1
Dentro de la revisión de sentencias se encuentran inmiscuidas las que emita el Tribunal Contencioso Electoral, ya que esta función del Estado pronuncia fallos de última y definitiva instancia, con carácter jurisdiccional (Art.221.1, 2, 3), circunstancia que permite la intervención de la Corte Constitucional para el periodo de Transición, en desarrollo de la función de guarda de la integridad y Supremacía de la Constitución de la República (Art. 424), constituye un deber de todos los operadores jurídicos es considerar la Constitución como una norma dotada de unidad de sentido en la aplicación de las normas fundamentales del Estado. Es así, que debe optarse por una interpretación sistemática cuyos efectos irradian al resto del ordenamiento jurídico. Es precisamente a partir del principio de hermenéutica constitucional que ha de comprenderse el alcance de los derechos constitucionales fundamentales, el acceso a la administración de justicia y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Dentro del marco jurídico contenido en el artículo 1 de la Constitución de la República “el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos […]”. Para evidenciar el deber de revisar los fallos del Tribunal Contencioso Electoral, cabe identificar el significado de Estado Constitucional, lo cual implica un constitucionalismo rígido, a saber existen los siguientes cambios: a) un cambio de paradigma del derecho, se afirma que el principio de legalidad es una norma en la cual se reconoce el derecho positivo existente; b) subordinación de la legalidad a la Constitución, jerárquicamente superior a las

GARCÍA Villegas Mauricio y UPRIMNY Rodrigo, ¿Qué hacer con la tutela contra sentencias?” en Yepesdejusticia.org/admin/file.php?table=documentos_publicacion&field=archivo&id=25 -
leyes; y, c) evidencia la verificación del precedente. Ante todo cambian las condiciones de las leyes y de los fallos de la justicia ordinaria y electoral en este caso, la finalidad es generar una coherencia con el contenido de los principios constitucionales. El constitucionalismo, impone también las obligaciones y prohibiciones de contenido, correlativos a los derechos de libertad y otros derechos sociales.2 El Estado de derechos esquematiza una evolución histórica en relación al derecho (Estado Liberal de Derecho), pues en sentido amplio implica que todos los poderes públicos y privados, están sometidos a los derechos3 y controles contenidos en la Constitución de la República, dentro de este contexto se materializa el principio de Supremacía Constitucional contenido en el artículo 424 de la Constitución vigente que dice: 
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” 
Al respecto, Rubén Martínez Dalmau dice: “Que, la Constitución [sea] una norma suprema del ordenamiento jurídico no es una afirmación gratuita, porque no siempre ha sido así, aunque hoy nos resulte común en el pensamiento jurídico. Los intentos del positivismo reduccionista en oprimir el concepto Constitución aun permanecen en varias posiciones que definen Constitución formal y material. El Estado Constitucional no puede admitir esta diferenciación, únicamente existe Constitución en donde existe Constitución material […] por esta razón el artículo 424 es taxativo […] no hay excepción al artículo y debe ser aplicado directamente por los jueces y autoridades públicas […],”4 queda identificado el carácter fuerte de la Constitución a ser desarrollado por las funciones del Estado y particularmente, por la Corte Constitucional. Así como evidencia la afectación a la ubicación de la primacía de la ley, que se encuentra bajo el principio de constitucionalidad, lo cual posibilita al Pleno de la Corte Constitucional intervenir en las sentencias de justicia electoral, en virtud de la protección de las Garantías Constitucionales, siempre y cuando, se verificase la existencia de circunstancias que evidencien la amenaza o vulneración de un derecho fundamental y del debido proceso.
Acción Extraordinaria de Protección, apertura de la cosa juzgada
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