Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




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NACIONES UNIDAS

CCPR

Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos



Distr.
GENERAL

CCPR/C/ECU/Q/5/Add.1
17 de septiembre de 2009

Original: ESPAÑOL

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

RESPUESTAS A LA LISTA DE CUESTIONES (CCPR/C/ECU/Q/5) QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL QUINTO INFORME
PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE ECUADOR (CCPR/C/ESP/5)
*

[17 de septiembre de 2009]

LISTA DE CUESTIONES QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL
QUINTO INFORME PERIÓDICO DEL ECUADOR (CCPR/C/ECU/5)


1. Por favor indique cuál es exactamente el estatus jurídico del Pacto en el derecho interno del Estado parte. ¿Los tribunales nacionales han aplicado el Pacto? De ser así, por favor proporcione ejemplos de casos y estadísticas si las hubiese (CCPR/C/ECU/5, párr. 109).

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, del cual forma parte, desde el 6 de marzo de 969, fecha en la que este Estado ratificó su adherencia al instrumento internacional en referencia.

La Constitución de la República vigente establece en su artículo 424 que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier norma jurídica o acto de poder público. De igual manera, el artículo 426 de la Carta Fundamental contempla que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Y establece que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

De igual manera, se dispone que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación, y que no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

Respecto de la pregunta sobre si los tribunales han aplicado el Pacto y de ser así sobre la solicitud de proporcionar ejemplos de casos y estadísticas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene información alguna. Por favor consultar con el órgano competente en la materia

2. Teniendo en cuenta que la Constitución del Estado parte se encuentra en proceso de revisión, sírvanse proporcionar información detallada y actualizada sobre las medidas que han sido tomadas por el Estado parte para garantizar que los derechos reconocidos en el Pacto se encontrarán plenamente reflejados en la Constitución.

La Constitución del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2009, recoge a lo largo de su articulado todas las disposiciones emanadas del Pacto respecto de la protección y garantía de los derechos civiles y políticos ahí contenidos.

De este modo, se irán detallando cada uno de los derechos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege y que se encuentran a su vez reflejados en la Constitución vigente.

Así, respecto del artículo 1, parte I, del PIDCP, el Ecuador reconoce la libre determinación de los pueblos, específicamente respecto de su población multicultural y pluricultural que evidencia la diversidad cultural que posee el Ecuador, tanto de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas, como de los pueblos afroecuatorianos, campesinos y montubios. Así, la Constitución del Ecuador en su artículo 196 reconoce todas las formas de la sociedad entendidas como "expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos".

Adicionalmente, respecto del derecho a la libre autodeterminación, la Constitución reconoce expresamente este derecho de manera concreta en el capítulo 4 respecto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, indicando en su artículo 57:

"Artículo 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estar vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos."

Por último, de manera general, la Constitución consagra este derecho en artículo 416 respecto de los principios de las relaciones internacionales, indicando que:

"Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad."

En relación al artículo 2, numeral 1, del PIDCP, en la Constitución se incluye esta observación general que obliga a los Estados a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su jurisdicción todos los derechos reconocidos en el Pacto sin discriminación y distinción alguna. De ahí que el artículo 11, literal 2 de la Constitución reconozca que:

"2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación."

De la misma manera, respecto del artículo 2, numeral 2, del Pacto en relación a la obligación de adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos que ahí se reconocen, la Constitución del Ecuador indica en su último párrafo del artículo 11, numeral 2, que "el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad".

Asimismo, en el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución también se indica que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos serán de inmediata y directa aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial; y su ejercicio no estará supeditado a otros requisitos que los establecidos en la Constitución o la ley.

Por último, el artículo 11, numeral 7, prescribe que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, "no excluirá de los demás derechos derivados de la dignidad humana de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarias para su pleno desenvolvimiento".

En relación al artículo 2, numeral 3, literal a) y c), del Pacto, la Constitución del Ecuador recoge el mandato ahí contenido1, al indicar en su artículo 75 que:

"Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley."

Respecto del escenario en que la infracción hubiera sido cometida por funcionarios públicos, la Constitución establece en su artículo 9, párrafo 4, que: "El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso".

En relación a la obligación general 3, literal b)2, la Constitución recoge una disposición idéntica en su artículo 76, numeral 1, al disponer que:

"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes."

Ahora bien, en cuanto al artículo 3 del Pacto, referido a la norma general sobre la igualdad entre hombre y mujeres respecto del goce de sus derechos civiles y políticos, así como los demás derechos ya sean económicos, sociales, culturales, colectivos o difusos, la Constitución del Ecuador señala en su artículo 70 que:

"El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público."

En referencia al artículo 4 del PIDCP que desarrolla el tema de los estados de emergencia, la Constitución del Ecuador prevé, asimismo, un capítulo entero de esta materia, cuya regulación se adecúa al estándar señalado por el artículo 4 del Pacto que permite la suspensión de obligaciones contraídas en virtud del mismo, siempre que no entrañen discriminación por cualquier motivo y considerando que no podrán suspenderse los derechos a la vida, a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de prisión por obligaciones contractuales, las garantías del debido proceso como la tipificación de las penas para el juzgamiento de un delito, o el derecho a ser oído por un juez imparcial e independiente, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Así lo dispone el artículo 165 de la Constitución al indicar que:

"Artículo 165. Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución."

Asimismo, el párrafo 2 del artículo 164 de la Constitución compromete la obligación del Estado ecuatoriano a comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que suscitaron la suspensión, en estricto apego del numeral 3 del artículo 4 del Pacto, al establecer que:

"El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el período de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales."

Por otro lado, la Constitución del Ecuador también prohíbe la restricción o interpretación regresiva de los derechos fundamentales, en apego al artículo 5, numeral 1 y 23, del Pacto, al establecer en su artículo 11, numeral 4, que "ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales". Adicionalmente, el numeral 5 del mismo artículo establece que "en materia de derechos fundamentales los servidoras y servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma que más favorezca su efectiva vigencia". En concordancia con estos preceptos y el mandato del Pacto en virtud del artículo 5, la Constitución establece en el párrafo 2 del numeral 8 del artículo 11 que "será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos".

Respecto del artículo 6 del Pacto que contiene la obligación general del respecto a la vida y de que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, la Constitución también recoge este mandato al reconocer en su artículo 66, numeral 1, de la Constitución el derecho a la inviolabilidad de la vida y la prohibición absoluta de la pena de muerte.

En relación a la prohibición que establece el artículo 7 del Pacto que indica que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos", el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana, numeral 3, establece de forma casi idéntica que: "el derecho a la integridad personal incluye: c) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes; d) la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten en contra de los derechos humanos".

En plena coincidencia con el artículo 8 del Pacto que prohíbe la esclavitud y la trata, el artículo 66, numeral 29, de la Constitución indica que: "los derechos de la libertad también incluyen: b) la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas".

La Constitución también incluye los derechos garantizados en el artículo 9 del Pacto respecto de la detención arbitraria y garantías del debido proceso4, al establecer en su artículo 9, párrafo 4, que "el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso". Además establece una serie de garantías del debido proceso en el artículo 77 de la Constitución que se encuentran en plena consonancia a los derechos garantizados en el artículo 9 del Pacto, al establecer que:

"1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley.

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio."

En relación al artículo 10 del Pacto que protege a las personas privadas de la libertad y a su tratamiento digno, así como del trato a los menores procesados y a un régimen penitenciario que permita la readaptación, la Constitución incluye un capítulo dedicado a la rehabilitación social que refleja las obligaciones que en virtud del Pacto hemos asumido en la materia. Así, el artículo 201 indica: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos"5. Además, en concordancia con el artículo 9 del Pacto que prescribe en su numeral 2, literal a), "Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas"; la Constitución del Ecuador indica en su artículo 203 que: "1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social". Respecto de los menores, el artículo 77, numeral 13, establece que "para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas"6.

Respecto del artículo 11 del Pacto que indica que "nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual" el artículo 29, literal c), de la Constitución establece de la misma manera: "c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias".

Por otro lado, el artículo 66, numeral 14, reconoce todos los derechos garantizados en el Pacto en su artículo 127; así contempla: "14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente".

En relación al artículo 13 del Pacto que protege el derecho a entrar y salir libremente del país y que un extranjero sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, la Constitución del Ecuador en artículo 40 refleja el derecho a migrar de todas las personas al indicar que: "Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria". Adicionalmente, refleja la norma contenida en el Pacto respecto del principio de no devolución al indicar en su artículo 44, numeral 14:

"Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados."

La Constitución del Ecuador también incluye en su artículo 76, numeral 3, las normas del debido proceso consagrado en el artículo 14, numeral 1, del Pacto8:

"3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento."

Asimismo, el artículo 76, numeral 2 de la Constitución indica que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" en concordancia con el artículo 14, numeral 2 del Pacto que señala: 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".

Por último, respecto del artículo 14, numerales 3, 4, 5, 6 y 7, del Pacto que recoge las garantías mínimas a ser observadas hacia las personas acusadas de delitos y condenadas, la Constitución del Ecuador también recoge esas garantías mínimas procesales e incorpora otras que garantizan el derecho a la defensa en su artículo 76, numeral 7, cuyos literales indican que:

"a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.

g) En procesos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos."

Ahora bien, en relación al artículo 15 del Pacto que dispone que "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional [y que] tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello", la Constitución también consagra estos principios en su artículo 76, numeral 3, que señala:

"3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento."

En referencia al artículo 17 del Pacto que indica que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación [y que] 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". La Constitución del Ecuador también refleja estos derechos a la vida privada, a la honra a la correspondencia, etc., en sus articulados siguientes:

"Artículo 66.

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica...

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley."

La Constitución del Ecuador también incluye en su artículo 66, numeral 6, el reconocimiento a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en todas sus formas, de manera que recoge los mandatos establecidos en artículo 18, numerales 1, 2 y 3, del Pacto. Así, la Constitución indica:

"Artículo 66.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos9. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia10.

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica11.

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar.

Artículo 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas12."

En relación al derecho a la información que desarrolla el artículo 19 del Pacto al establecer que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la misma que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección", se evidencia que la Constitución del Ecuador recoge este principio en su artículo 18 señalando que:

"Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior."

Respecto del mandato contenido en el artículo 20 del Pacto que establece que toda propaganda en favor de la guerra, así como toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley, la Carta Magna del Ecuador en cumplimiento con este mandato establece en su artículo 5 que el Ecuador es un territorio de paz. Posteriormente, en su artículo 393 indica que:

"El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno."

En relación con el derecho a la reunión pacífica establecida en el artículo 21 y el derecho de asociación, y de fundar sindicatos contenidos en el artículo 22 que indica que este derecho solo puede restringirse conforme a la ley en virtud de las necesidades de una sociedad democrática al interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás; el artículo 66, numeral 13, de la Constitución consagra estos derechos de tal forma que reconoce:

"13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria".

"Artículo 326.

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores."

Referente al tema de familia, a sus garantías y al derecho a la protección de la sociedad y del Estado como elemento natural y fundamental de la sociedad estipulada en el artículo 23 del Pacto, la Constitución también reconoce este derecho al indicar que:

"Artículo 67. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad.

Artículo 69.

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos."

El artículo 24 del PIDCP incluye disposiciones en relación a la protección integral del niño; mismas que han sido incorporadas en los siguientes artículos de la Constitución:

"Artículo 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Artículo 45.2. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar13."

La Constitución del Ecuador también recoge todos los principios consagrados en el artículo 25 del Pacto que reconoce varios derechos de participación. Así, el capítulo V de la Constitución señala:

"Artículo 61. Los y las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos14.

2. Participar en los asuntos de interés público15.

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

4. Ser consultados.

5. Fiscalizar los actos del poder público.

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional16.

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable."

Artículo 62. Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones e indica que "todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

En relación con el artículo 26 del Pacto que establece el principio general de no discriminación, el mismo ha sido ampliamente incorporado en el artículo 11 de la Constitución del Ecuador tal como se indicó en párrafos anteriores en referencia a la consagración del artículo 2 del Pacto en nuestra Constitución.

Por último, respecto de los derechos que tienen las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, el artículo 27 del PIDCP establece que "no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma". En correspondencia con tal obligación, el Ecuador, en virtud de su población diversa, respeta y garantiza el libre desarrollo de sus pueblos conforme a sus valores, principios, cultura e idioma, de ahí que establece en su artículo 57 una serie de garantías tales como:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

[...]

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles.

[...]

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

[...]

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. [entre otras]
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