Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




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Participación de los beneficiarios de las medidas provisionales o a sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas, para establecer las que sean más adecuadas para la protección y seguridad de los miembros del pueblo indígena de Sarayaku y que, en general, se los mantenga informados sobre el avance en la adopción por el Estado de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Estado ecuatoriano, partiendo del mecanismo de coordinación del cumplimiento de las diferentes obligaciones frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos implementado por el Ministerio Justicia y Derechos Humanos, ha mantenido varias y constantes reuniones a fin de mantener un diálogo participativo con los beneficiarios sobre el cumplimiento e implementación de las medidas provisionales.

Respecto de si se han investigado los presuntos abusos de violencia contra los pueblos indígenas cometidos por algunos miembros de las fuerzas armadas durante manifestaciones de indígenas en contra de la explotación petrolera o minera, este Ministerio no posee información respecto de estos temas, lo mismo que debió ser consultado a las instituciones correspondientes del Estado, ya sea a la Fiscalía General del Estado, Corte Nacional, Ministerio de Defensa o Ministerio de Minas y Petróleo.

7. Sírvanse proporcionar datos estadísticos actualizados sobre la proporción de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad o cargos directivos en el sector público y privado. ¿En qué medida la Ley de amparo laboral de la mujer mejora la participación de la mujer en el mundo empresarial, político, académico? ¿Se ha aplicado, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de amparo laboral, la prohibición de inscribir en el Tribunal Supremo Electoral aquellas listas de candidaturas pluripersonales que no incluyan un mínimo de 20% de mujeres como principales y 20% como suplentes? (CCPR/ECU/5, párrs. 82 a 85)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no posee esta información que sugerimos sea remitida a la institución correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la paridad y enfoque de género es transversal en toda la Constitución del Ecuador. De ahí que el artículo 65 de esta norma jurídica establezca que:

"El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados."

En consonancia con este artículo, a continuación la Constitución indica en su artículo 70 que el Estado "debe formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres [...] así como incorporar el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público".

Así, la Constitución asegura a lo largo de su normativa la integración paritaria entre hombres y mujeres tanto en organizaciones políticas, como en la representación política y en los cargos de función pública.

Respecto del mandato de las organizaciones políticas, el artículo 108 de la Constitución dispone que "los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales [...] su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas".

Lo mismo ocurre respecto de la representación política en cuyo caso el artículo 116 de la Constitución ordena que "para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país".

En cuanto a los cargos públicos, el artículo 176 respecto de la designación de servidoras y servidoras judiciales, el artículo 179 de la integración del Consejo de la Judicatura, el artículo 210 que regula la integración del Consejo de Participación, el artículo 224 de la conformación del Consejo Nacional Electoral, y el artículo 434 de la integración de la Corte Constitucional, procuran la integración paritaria entre hombres y mujeres al garantizar que se propondrán y garantizarán condiciones de equidad y paridad entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones para el acceso a las mencionadas carreras de función pública.

Por último, como coralario de esta garantía, la Constitución del Ecuador garantiza, de manera general, la igualdad en el acceso al empleo, así como su promoción y remuneración equitativa, señalando en su artículo 331 que:

"El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo."

8. Sírvase indicar si se ha aplicado en la práctica la Ley Nº 103 contra la violencia hacia la mujer y la familia mediante la cual se sanciona la violencia intrafamiliar y en su caso, proporcionar ejemplos. Por favor indiquen si se ha aplicado en la práctica la Ley Nº 103 contra la violencia hacia la mujer y la familia mediante la cual se sanciona la violencia intrafamiliar y en su caso, proporcionar ejemplos. Por favor indiquen igualmente el resultado de los casos interpuestos por violencia intrafamiliar que se han resuelto en la justicia penal ordinaria. Por favor proporcionen información detallada sobre el Programa de protección de víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, con especial énfasis en los delitos de naturaleza sexual y de violencia intrafamiliar (observaciones finales previas, párr. 10, y CCPR/C/ECU/5, párrs. 66 y 73 a 76). Indiquen por favor cuáles son los mecanismos adoptados por el Estado parte para capacitar a los funcionarios encargados de prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar y cuál ha sido el impacto de las capacitaciones impartidas a dichos funcionarios.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no posee dicha información pues existen instituciones específicas del Estado que manejan esos temas en concreto, de acuerdo a su competencia. Se sugiere se consulte a los ministerios u organismos correspondientes.

9. Por favor, indique si se ha aplicado en la práctica la Ley orgánica de la salud que garantiza el acceso a métodos anticonceptivos. De ser así, proporcione ejemplos. ¿En qué medida el Plan Nacional de salud y derechos sexuales y reproductivos ha contribuido a garantizar el acceso a servicios apropiados de salud y educación para las mujeres embarazadas? (Previas observaciones finales, párr. 11, y CCPR/C/ECU/5, párrs. 79 y 80)

Tal información no es de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se sugiere se remita la pregunta a la institución competente en la materia objeto de la pregunta; es decir, al Ministerio de Salud.

10. ¿Qué medidas se han tomado para eliminar la muy alta tasa de analfabetismo que afecta principalmente a las mujeres? (CCPR/C/ECU, párr. 94)

La pregunta en cuestión que aborda temas de educación no es de competencia de este ministerio por lo que no poseemos tal información. Nuevamente se sugiere remitirse a las instituciones correspondientes del Estado que manejan estos temas en específico, a saber, el Ministerio de Educación.

11. Sírvanse indicar cuántos estados de excepción han sido declarados en el período que cubre el quinto informe periódico del Estado Parte y proporcione información detallada sobre la motivación, el marco normativo, los derechos suspendidos durante cada período de excepción, y su duración. Sírvanse también proporcionar información detallada sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante los estados de excepción, el número de procesos iniciados y las sanciones impuestas a los responsables. Indiquen por favor si se ha informado sistemáticamente al Secretario General de las Naciones Unidas cada vez que un estado de excepción ha sido declarado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos posee un mandato específico, al igual que el resto de ministerios, para encargarse de materias que competen al ámbito de su mandato y conocimiento. El tema objeto de la pregunta debe ser remitido a las instituciones que lo conocen, manejan y regulan. En el caso de situaciones de excepción, sus motivaciones, los derechos suspendidos, cuántas veces ha sido proclamado, y los eventos suscitados durante ellas deben ser consultados a los organismos que manejan el tema, es decir, a ministerio de Gobierno, Asamblea Nacional, e inclusive la Presidencia y la Fiscalía.

No obstante, tal como se ha señalado en la pregunta 2 de este informe, la Constitución del Ecuador, prevé un capítulo entero respecto del estado de emergencia, cuya regulación se adecúa al estándar señalado por el artículo 4 del Pacto que permite la suspensión de obligaciones contraídas en virtud de este instrumento internacional, siempre que no entrañen discriminación por cualquier motivo y considerando que no podrán suspenderse los derechos a la vida, a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de prisión por obligaciones contractuales, las garantías del debido proceso, así como la tipificación de las penas para el juzgamiento de un delito, o el derecho a ser oído por un juez imparcial e independiente, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Así lo dispone el artículo 165 de la Constitución al indicar que:

"Artículo 165. Durante el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución."

En este sentido, queda claro que es el Presidente quien puede decretar los estados de emergencia y suspender solo aquellos derechos que los instrumentos internacionales así lo permiten y que están claramente establecidos en la norma transcrita. A continuación, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución, el Presidente debe notificar, dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto, de la declaración de emergencia a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda. La misma norma prevé que la Asamblea Nacional pueda revocar el decreto si las condiciones así lo justifican, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.

De acuerdo a lo regulado en este capítulo sobre el estado de emergencia, la Constitución prevé que el decreto de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días, renovable solo por 30 días más con el respectivo proceso de notificación indicado. De la misma manera, cuando se dé por terminado el estado de excepción deberá ser igualmente notificado a los organismos señalados.

Por último, la Constitución incluye una obligación de comportamiento garantista a los funcionarios públicos al señalar que "Los y las servidoras públicas serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción".

12. Por favor, indiquen en qué medida el Plan operativo de derechos humanos en prisiones ha resultado eficaz en la erradicación de la tortura y otros tratos crueles en las prisiones, en la mejora de las condiciones humanitarias de los reclusos, en la reducción de la masificación carcelaria y en la mejora de las condiciones sanitarias en las prisiones. ¿Se ha adoptado el proyecto de ley orgánica de ejecución de penas? Sírvanse también indicar qué medidas se han tomado para poner fin a la inspección vaginal en las cárceles como medida de seguridad y lucha antinarcótica.

El Estado ecuatoriano toma debidas acciones inmediatas ante la existencia de denuncias de violación de derechos humanos en el sistema penitenciario; así lo hace a través de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Procediendo a su investigación y previa aplicación del debido proceso se toman, de ser del caso, las sanciones administrativas pertinentes. Así podemos citar:

- En 2006 se presentaron tres denuncias en contra del personal institucional, que concluyeron con la destitución de un empleado, imposición de una multa del 10% del sueldo y con el archivo de la causa, en su orden;

- En 2007 se presentaron 6 denuncias, las cuales, después de realizada la investigación respectiva, produjeron 4 suspensiones de sueldo, 1 amonestación escrita, 3 amonestaciones verbales y 2 archivos de las causas;

- En 2008 se presentaron 4 denuncias, por lo que fue destituido un servidor del Centro de Rehabilitación Social del Tena y las 3 restantes aún no concluyen el proceso investigativo;

- El presente año, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social recibió una denuncia de maltratos a personas privadas de libertad en el Centro de rehabilitación social de varones de Esmeraldas, la cual se encuentra en proceso investigativo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo del Ecuador también contribuye en la labor de vigilar que no existan violaciones de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, en cumplimiento a la disposición del artículo 215, numeral 4, de la Constitución política del Estado, de prevenir e impedir el trato cruel, inhumano o degradante, en concordancia con el artículo 8, literal I, de la Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo:

"Artículo 215. La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes:

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas."

Sobre esta base, en el ámbito nacional, la Defensoría del Pueblo tiene comisionados en las 24 provincias del país, desde donde se coordinan las visitas periódicas a todos los centros de rehabilitación social a nivel nacional. Este monitoreo se realiza quincenalmente, y consiste en verificar el trato que reciben las personas privadas de libertad y si se cumple lo estipulado en el artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador, que se cita:

"Personas privadas de libertad

Artículo 51. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria;

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho;

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de la libertad;

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad;

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas;

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad;

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia."

Las comisiones nacionales, al finalizar cada mes, deben elevar un informe de las novedades registradas al Defensor del Pueblo y tomar las acciones de conformidad con la ley.

Ahora, por otro lado, el Estado ecuatoriano ha adoptado diversas medidas legislativas para reducir el hacinamiento carcelario, encontrándose entre estas las siguientes: la primera fue la declaración de inconstitucionalidad de la detención en firme. La segunda fue el establecimiento de audiencias de control de flagrancia a través de las resoluciones publicadas en los Registros Oficiales Nº 221, de 28 de noviembre de 2007; Nº 316, de 15 de abril de 2008, y Nº 423, de 11 de septiembre de 2008, adoptadas por la ex Corte Suprema de Justicia. La tercera es la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal realizada el 17 de marzo de 2009 y publicada en el Registro Oficial Nº 555, de 24 de marzo de 2009. La cuarta es el establecimiento de la Unidad Transitoria de Defensa Pública Penal.

En cuanto a la primera medida, la figura de la detención en firme fue declarada inconstitucional mediante resolución del ex Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) Nº 0002-2005-TC, publicada en el Registro Oficial Nº 382-S, de 23 de octubre de 2006. Gracias a esa medida se inició un proceso de descongestionamiento carcelario, disminuyendo así el índice de hacinamiento.

En cuanto a la segunda medida, la resolución de la ex Corte Suprema de Justicia, que estableció la realización de audiencias de control de flagrancia, ha permitido que desde el mes de noviembre de 2007 los fiscales deban someter a consideración del juez penal la pertinencia de privar de la libertad a personas detenidas por delito flagrante en una audiencia oral donde el fiscal debe probar la necesidad de establecer la medida de prisión preventiva y el juez evaluar la pertinencia de tal requerimiento.

En cuanto a la tercera medida, la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal (CPP) ha establecido ya la realización de audiencias para determinar la medida cautelar más idónea de acuerdo al caso puntual:

"Artículo 159. A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.

En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia.

Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código."

Además, este Código establece la posibilidad de requerir  el fiscal  y otorgar  el juez  medidas alternativas a la prisión preventiva como:

"Artículo 160. Las medidas cautelares de carácter personal, son:

1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;

2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas;

3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien este designare;

4) La prohibición de ausentarse del país;

5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos;

7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia;

8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica;

9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el artículo 107, regla 6, del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia;

10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que este designare;

11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial;

12) La detención; y,

13) La prisión preventiva.

Las medidas cautelares de orden real son: 

1) El secuestro;

2) La retención, y
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