Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




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3) El embargo."

Ahora bien, en cuanto a políticas públicas, el Estado ecuatoriano ha reconocido el grave problema existente en los centros de rehabilitación social por el hacinamiento y las condiciones precarias en que vivían las personas privadas de libertad; es por esto que mediante el Decreto ejecutivo Nº 441, de 26 de junio de 2007, se declaró el estado de emergencia del sistema carcelario y se tomaron varias acciones urgentes tendientes a paliar esta realidad. Por un lado, se conformó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, inicialmente adscrita a la Presidencia de la República y actualmente adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargada de impulsar el servicio de defensoría gratuita a las personas que no poseen recursos necesarios para contratar la defensa de un abogado, política que será explicada en profundidad más adelante; y por otra parte, en cuanto al mejoramiento y construcción de infraestructura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Unidad Transitoria para la Construcción de los Centros de Rehabilitación Social, procedió a mejorar las condiciones de los centros existentes y crear otros nuevos, cumpliendo con los requerimientos que las normas nacionales e internacionales y la técnica arquitectónica demandan, con el fin de favorecer un trato digno a las personas privadas de libertad. En este marco, se han realizado las siguientes gestiones:

- En el centro de rehabilitación social masculino de Guayaquil se construyó la Casa de confianza en su primera etapa, con una capacidad de 142 personas, y la Comunidad terapéutica, con una capacidad de 88 personas;

- En el centro de rehabilitación social femenino de Guayaquil se realizó la readecuación del espacio guardería, para el pabellón de celdas, con una capacidad para 92 personas;

- En el centro de rehabilitación social de Esmeraldas se construyó la tercera planta del pabellón de vivienda, con una capacidad para 82 personas;

- En el centro de rehabilitación social de Manabí se realizó la readecuación de la infraestructura, entre baterías sanitarias, cerramiento perimetral y mejoramiento del pabellón del Centro de detención provisional de la ciudad de Jipijapa, con una capacidad para 28 personas;

- En el centro de rehabilitación social de Santo Domingo de los Tsáchilas se construyó el nuevo pabellón de mediana seguridad, con una capacidad para 324 personas, y el nuevo pabellón de máxima seguridad, con una capacidad para 115 personas;

- Se construyó el nuevo centro de rehabilitación social en Nueva Loja, con una capacidad para 576 personas;

Por su parte, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en la Emergencia penitenciaria dictada en 2006, preparó 25 proyectos que fueron realizados en 2007, de los cuales se ejecutó en su totalidad el 80% de obras, y están pendientes de finalización el 20% por falta de presupuesto en el pago de planillas.

Con los proyectos concluidos se incorporó nueva capacidad instalada para 360 personas privadas de libertad y se refaccionaron 200 plazas para vivienda; se mejoraron las condiciones de vida de las personas privadas de libertad de cinco centros de rehabilitación social donde se instalaron nuevos sistemas eléctricos, telefónicos y de sonido. De igual forma se reforzaron las seguridades de los centros, con cerramientos de seguridad en Tulcán, Macas, pabellón F en Quito, y femenino en Quito; además, se procedió a la construcción de las cuadras de guías en Riobamba, Azogues y Quito Nº 1.

El Estado ecuatoriano está financiado la deuda, que permitirá concluir el 20% de los proyectos restantes, lo que permitiría incrementar la capacidad instalada nueva para 120 personas privadas de libertad y 200 plazas remodeladas.

Por otro lado, es importante informar al Comité que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó, el 15 de mayo de 2008, la Resolución para el indulto de personas en etapa terminal sentenciadas penalmente. Hasta el momento se ha concedido el indulto a 13 personas privadas de libertad que se encontraban con enfermedades en etapa terminal en los diferentes centros de rehabilitación social del país.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó, el 4 de julio de 2008, la Resolución para el indulto de personas que transportaban pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta resolución se la tomó como respuesta a un clamor generalizado de las personas privadas de libertad y sus familiares, debido a la desproporcionalidad existente entre las sentencias y la infracción, al existir una Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con una concepción represiva. Esta medida permitió obtener la libertad de 2.228 hombres y mujeres privados de libertad, logrando reducir el hacinamiento existente en los centros de rehabilitación social del país, gracias al trabajo coordinado de la Subsecretaría de Coordinación de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Defensoría Pública Penal y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Es importante mencionar al Comité que, dentro de las reformas al Código de Ejecución de Penas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, el 22 de julio de 2008, se contempló la sustitución de los artículos 32 y 33 de este cuerpo legal, estableciendo la reducción de penas, que operará sobre un sistema de méritos, que permita evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en su rehabilitación, que se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales, de tratamiento de adicciones u otros, pudiendo otorgarse rebajas hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta. El 26 de septiembre de 2008, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social aprobó el Reglamento para la concesión de rebajas de pena por el sistema de méritos, por cuya aplicación hasta el momento han obtenido su libertad 1.573 personas privadas de libertad.

Asimismo, conviene señalar al Comité que, en aplicación del Convenio Internacional de Estrasburgo para el Traslado de Personas Condenadas, al que Ecuador se adhirió en el año 2005, y los convenios bilaterales suscritos por el Ecuador con El Salvador, la República Dominicana, España, el Perú y Colombia, se ha repatriado a 169 personas privadas de libertad extranjeras, descongestionando los centros penitenciarios ecuatorianos.

Además, desde el mes de julio de 2007 han sido liberadas 2.227 personas privadas de libertad en aplicación de los artículos 24 y 77, numerales 8 y 9, de la anterior Constitución de 1998, y el artículo 77, numeral 9, de la Carta Política vigente, en las que se establece que la prisión preventiva no puede exceder de seis meses para delitos sancionados con prisión y de un año para los sancionados con reclusión, y que, en caso de exceder dichos plazos, quedará sin efecto la misma.

Finalmente, otra de las medidas realizadas por el Ecuador para bajar los niveles de hacinamiento es la aplicación de los beneficios penitenciarios señalados en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social18, como son las fases de prelibertad y libertad controlada, que se encuentran tipificados en los artículos 19, 22 y 23 de esta norma; y en los artículos 36 al 40 del Reglamento al referido Código, constituyéndose ley del Estado de observancia general y cumplimiento obligatorios para todos quienes cumplan con los requisitos, documentación y normas establecidos por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Con la eliminación de las rebajas automáticas de 180 días por año, denominado como el "2 x 1", el 28 de septiembre de 2001, y la puesta en vigencia de las rebajas de hasta 180 días por cada quinquenio, para los años 2003, 2004 y 2005, la figura de la prelibertad tuvo gran aceptación entre la población penitenciaria del Ecuador; es así que durante esos años se tramitó un promedio de más de 2.500 expedientes de prelibertad, con lo que se contribuyó a bajar los niveles de hacinamiento en el país y se logró contribuir con la reinserción y reincorporación social de los privados de libertad hacia su entorno natural, familiar, social y económico.

Durante el último año, previa revisión de los registros y archivos, se han tramitado 758 expedientes de prelibertad; por delitos comunes 358, y negadas 151.

Mensualmente, a las personas privadas de libertad, beneficiadas con la fase de prelibertad, se procede a ampliar sus salidas reglamentarias, conceder permisos y reposos médicos, conforme a los informes remitidos desde los centros de rehabilitación social a nivel nacional. En este contexto, durante este último año se han tramitado 2.743 ampliaciones de los horarios de la fase de prelibertad.

Con este procedimiento, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, como organismo encargado de la administración penitenciaria, además de bajar los niveles de hacinamiento en los diferentes centros carcelarios del país, contribuye a la reinserción social de los privados de libertad a su entorno familiar y social.

Por último, la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está actualmente trabajando sobre un proyecto de código de garantías penales que incluye la parte sustantiva procedimental y ejecutiva; en este último ámbito el proyecto se caracteriza por la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, que parte de la premisa de que se aplicará la privación de libertad como último recurso.

Como podrá observar el Comité, lo anteriormente descrito permite afirmar que el Ecuador, gracias a la decisión política del actual Gobierno, ha avanzado notablemente en la reducción del hacinamiento carcelario y el acceso a la defensa. El grado de hacinamiento ha disminuido en 22,2%; así, de aproximadamente 18.000 personas privadas de libertad que existían en el año 2006, actualmente permanecen privados de libertad 13.700.

En relación a las medidas que se han tomado para poner fin a la inspección vaginal en las cárceles como medida de seguridad y lucha antinarcótica, se debe indicar que el día 27 de junio de 2008, mediante una disposición presidencial, se ordenó que se eliminen por completo las prácticas del registro a mujeres y niñas (cacheo vaginal) a la vez que se eliminen los espacios destinados a la tortura, aislamiento y confinamiento ("infiernillos"); esta resolución fue tomada de manera conjunta por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. A partir de tal disposición, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se creó un grupo de trabajo encargado de trabajar en la creación de una política pública relacionada con el registro que se hace a las personas que ingresan a los centros de detención provisional, de rehabilitación social y de adolescente infractores.

Asimismo, la Subsecretaría de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se había dirigido en ocasiones anteriores a la Directora Provincial del centro de rehabilitación social de Tulcán con el fin de que se respeten los derechos humanos de las personas que lo visitan, pues se había puesto en conocimiento de la Subsecretaría que se continuaba con la práctica del registro vaginal. Adicionalmente, la Subsecretaría de Rehabilitación Social ha implementado ciertas medidas en los centros de rehabilitación social, tales como la conformación de grupos de familiares de personas privadas de la libertad, a la vez que se están fortaleciendo los comités de personas internas con el fin de hacer respetar sus derechos.

Posterior a la creación del grupo de trabajo que desarrolla políticas relacionadas al registro en los centros de rehabilitación social, y a partir del interés de más sectores de la sociedad interesados en participar del tema, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, está desarrollado la creación de una evolución de Grupo de trabajo sobre registros a un "Observatorio" para la vigencia de los derechos humanos en los centros de rehabilitación social, el mismo que contaría con un amplio grupo de representantes de la sociedad civil, que se involucren en el proceso de monitoreo de los derechos de las personas privadas de libertad.

13. A la luz de los datos proporcionados en el párrafo 147 del informe del Estado parte, en cuanto a casos de tortura cometidos por agentes policiales, sírvanse proporcionar datos estadísticos sobre denuncias presentadas por tortura y malos tratos a detenidos, desglosados por edad, sexo, situación jurídica, origen étnico, número de condenas y tipo de sanciones impuestas a los autores de dichos actos. ¿Qué medidas concretas han sido adoptadas para prohibir estas prácticas y reparar a las víctimas?

No poseemos esta información, por favor remitirse a las instituciones competentes en el tema, es decir, al Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.

14. Sírvanse indicar si se respetan en la práctica las salvaguardias legales fundamentales aplicables a las personas detenidas por la policía de conformidad con el Pacto, tales como el derecho a informar a un familiar, el derecho a consultar a un abogado y a un médico de su elección, y a obtener información sobre sus derechos y la presencia de sus representantes legales durante los interrogatorios, así como, en el caso de los no nacionales, el acceso a la información acerca de la asistencia consular (de conformidad con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares).

Con el objeto de asegurar, promover y proteger los derechos humanos de las personas ecuatorianas en el exterior, se establece una institucionalidad desde el Estado ecuatoriano, que velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría en política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

El Estado ecuatoriano ha determinado su punto de partida para promover el desarrollo de políticas sobre los diversos ámbitos de la movilidad y en particular el relativo a los derechos humanos de las personas ecuatorianas en el exterior. Desde esa perspectiva, el artículo 40 de la Constitución dispone que "El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:

"3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior."

Las personas privadas de libertad tienen reconocidos el conjunto de derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos y particularmente en nuestra Constitución; su artículo 51 establece que se reconocen a las personas privadas de libertad los siguientes derechos:

"1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria;

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho;

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad;

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad;

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas;

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad;

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia."

Estos derechos son aplicables de manera diferente en los Estados de tránsito y recepción de personas migrantes ecuatorianas; depende de su legislación e institucionalidad y deben ser respetados.

El 12 de julio de 2005, el Ecuador se adhirió al Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, el mismo que entró en vigencia para nuestro país el 1º de noviembre de 2005. Este Convenio permite exclusivamente el traslado de personas extranjeras condenadas en el Ecuador, a fin de que cumplan su condena en sus países de origen, siempre y cuando sean nacionales de los países miembros del Consejo de Europa y de otros Estados que también se han adherido al indicado instrumento, como: Australia, Bahamas, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japón, Panamá, Trinidad y Tabago y Venezuela. Igualmente, este Convenio permite el traslado de ciudadanos ecuatorianos que hayan sido condenados en los países antes mencionados, a fin de que cumplan su condena en el Ecuador.

El Plan Nacional de desarrollo 2007-2010, política exterior, reconoce como lineamiento estratégico la protección de emigrantes, considerando como un deber, el proteger los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y sus familias en el exterior, así como propender al mejoramiento de sus condiciones de vida y al mantenimiento de sus vínculos con el Ecuador.

Frente al conjunto de derechos humanos reconocidos, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, la Secretaría Nacional del Migrante, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de sus competencias, han convenido establecer un protocolo de protección común de los ecuatorianos y ecuatorianas privados de libertad en el exterior.

El objetivo de este protocolo es contar con directrices que permitan al Estado ecuatoriano, a través del Servicio Exterior, la Secretaría Nacional del Migrante, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras entidades oficiales, contar con un procedimiento expedito y eficiente para proteger los derechos humanos de las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior.

Respecto de las personas no nacionales, y de acuerdo con la Constitución vigente que en su artículo 77 establece las garantías del debido proceso en caso de personas privadas de la libertad:

"En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

1. La privación de libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesario para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de las agentes o los agentes que la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de un defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.

6. Nadie podrá ser incomunicado.

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo, de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de estas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

11. Las juezas y jueces aplicarán de forma prioritaria las sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley.

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, con arreglo a la ley.

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de libertad será establecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de adultos.

14. La jueza o el juez aplicará sanciones alternativas a las penas de privación de libertad, de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.

15. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley."
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