Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




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15. Sírvanse comentar alegaciones según las cuales existen denuncias sobre la muerte de personas detenidas en supuestos intentos de fuga, o sobre detenidos que aparecen muertos, sin razón aparente, en celdas o en calabozos policiales, sin que el Estado efectúe investigaciones serias.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no posee tal información; se sugiere remitirse a la institución competente, es decir, a la Dirección Nacional de Rehabilitación.

16. Por favor, indiquen si el Estado Parte ha impulsado avances legislativos que contribuyan al acortamiento de los plazos de prisión preventiva, inclusive a la eliminación de la figura de la detención en firme del Código de Procedimiento Penal, figura en relación con la cual hay pendiente un recurso de inconstitucionalidad.

Se solicita remitirse a la pregunta 17, que señala los avances legislativos y políticos tomados para el acortamiento de los plazos de prisión preventiva y la erradicación del hacinamiento en las cárceles así como la disminución de la población carcelaria. Adicionalmente, se indica que mediante la Resolución Nº 0002-2005-TC, publicada en el Registro Oficial Nº 382-S, de 23 de octubre de 2006, la ex Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la figura de la detención en firme con lo cual se inició un proceso de descongestionamiento carcelario disminuyendo así el índice de hacinamiento.

17. Por favor, indiquen qué medidas han sido tomadas para evitar la práctica de mantener a menores injustificadamente con adultos en calabozos policiales y centros de detención provisional.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mantiene vigilante al cumplimiento de la normativa que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de los adolescentes infractores.

El Estado ecuatoriano está en proceso de construcción de centros de detención provisional (CDP) y de centros de adolescentes infractores (CAI) que permitan dar un trato adecuado y diferenciado a las personas detenidas. Además, a través de capacitaciones permanentes a la DINAPEN se determinan los mecanismos o protocolos especiales que se deben aplicar para el tratamiento de menores de edad en caso de detención.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza un permanente control de los centros de rehabilitación social, para que se tenga presente que un menor de edad se encuentra en una condición especial y que las leyes nacionales e internacionales le garantizan protección, por lo que no debe recibir el mismo trato que un adulto, pues sus asuntos son de la competencia de jueces especiales en la materia y no pueden en ningún caso ser conocidos por jueces penales ordinarios, y las sanciones que les son aplicables son de tipo socioeducativas y nunca se les puede someter a las penas previstas en el Código Penal.

Con respecto de lo antes explicado, la Subsecretaría de Coordinación de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con fecha 25 de agosto de 2009, envió a través de Oficio Nº 4597 un comunicado al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, para poner en su conocimiento un hecho de violación de derechos de dos adolescentes que fueron privados de su libertad y, pese a demostrar su minoría de edad, permanecieron internados en un centro de rehabilitación social en lugar de trasladarlos a un centro de adolescentes infractores. Además, el documento referido solicitó que se investigue la actuación de las personas involucradas en este caso, particularmente a los jueces y fiscales, al mismo tiempo que se pide tomar los correctivos necesarios e informar formalmente a los operadores de justicia del país sobre el caso mencionado a fin de que se aplique el tratamiento pertinente en base a la Constitución y las leyes nacionales.

18. Por favor, proporcionen información detallada sobre la aplicación del Plan Nacional para combatir el plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores. ¿Se ha aplicado un presupuesto específico y recursos humanos para la aplicación de dicho Plan (CCPR/C/ECU/5, párrs. 170 a 174)? ¿Qué medidas han sido tomadas para identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables de estos delitos?

El Plan Nacional para combatir la trata el tráfico y la explotación de personas en el Ecuador trabaja en tres ejes: prevención, investigación y sanción y restitución de derechos.

El Gobierno del Ecuador concede especial importancia a las actividades de prevención del delito de trata de personas, en el marco de la política pública establecida por el Plan Nacional para combatir la trata, el tráfico y la explotación de personas, y encamina sus acciones bajo la coordinación del Ministerio de Educación.

Dentro del marco del eje de prevención se han realizado numerosas acciones, entre las que destacan una campaña informativa a nivel nacional, una campaña en el distrito metropolitano de Quito, así como jornadas de reflexión y paneles informativos. Especial mención merece la iniciativa del Ministerio de Turismo relativa a la publicación y aprobación de códigos de ética, a nivel nacional, para locales que brindan servicios turísticos, con el fin de prevenir la oferta de turismo sexual.

La Policía Nacional, conjuntamente con los intendentes, comisarios, fiscales y funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, realizan actividades de prevención mediante el control en vías y carreteras, centros comerciales, salones de juego, bares, discotecas y clubes nocturnos.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil han implementado con éxito iniciativas de intervención comunitaria en zonas identificadas como mayores expulsoras de víctimas de trata de personas rescatadas. Las actividades han sido diseñadas para establecer vínculos con las comunidades a través de sus prácticas culturales, por ejemplo, danza, teatro y espacios comunitarios de reflexión. Asimismo, han trabajado con los medios de comunicación para fortalecer sus capacidades, reportar los delitos de trata de personas con calidad informativa y enfoque de derechos.

En relación al combate contra el delito en 2005, el Congreso del Ecuador aprobó la Ley reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de trata de personas y delitos conexos. Bajo este marco legal, es posible sancionar la trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, pornografía infantil. Asimismo, se sanciona el delito de extracción y comercialización de órganos.

Conforme a las estadísticas del ministerio público del Ecuador, en el período comprendido entre marzo 2008 y enero de 2009 se han tramitado 22 indagaciones previas; varias de estas son casos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral, pornografía, corrupción de menores y un caso de proxenetismo y otro de tráfico de órganos. Así también, desde el año 2006 hasta la fecha se ha logrado la emisión de 22 sentencias acusatorias y 2 sentencias absolutorias, sancionando a 30 autores y cómplices de delitos de trata.

El Gobierno del Ecuador ha puesto especial énfasis en la creación de la Unidad Anti-Trata de la Policía Nacional, con el propósito de contar con personal especializado que se dedique a trabajar de manera específica en el tema de trata de personas. Se ha logrado el rescate de 194 víctimas de trata de personas.

En el marco del Plan Nacional de combate a la trata de personas se fortalece y apoya el trabajo conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo del Ecuador realiza inspecciones continuas en lugares de trabajo a fin de prevenir, controlar, erradicar y monitorear el trabajo infantil. Los casos en que hay violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes son remitidos por este Ministerio a las entidades nacionales correspondientes, a fin de proteger y restituir los derechos laborales, de salud, educación, recreación y convivencia familiar.

Finalmente, actores claves en el proceso penal han sido capacitados para identificar, acusar, derivar, y juzgar delitos de trata de personas. Entre ellos, 550 miembros de la Policía Nacional, 40 miembros de la Policía Militar Ministerial, 30 miembros del Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional, 27 comisionados de la Defensoría del Pueblo y 30 jueces y fiscales. En total, 677 funcionarias y funcionarios de instituciones de aplicación de la ley han sido capacitados para procesar con éxito delitos de trata de personas.

Por último en relación a la restitución de derechos a las víctimas, la Constitución aprobada en octubre de 2008 provee un marco jurídico sólido e integral, en el cual se podrán fundamentar las futuras acciones de combate a la trata de personas.

En primer lugar, el Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de este fenómeno y de protección y reinserción social de las víctimas19 prestando especial protección a las personas en estado de "doble vulnerabilidad"20. Las víctimas de trata recibirán protección especial y se garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas y la protección de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Asimismo, recibirán reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Para ello se ha establecido un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales21 a cargo de la Fiscalía General del Estado, quien actuará en coordinación con cualquier otro actor relevante y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. Los principios de no revictimización, celeridad, integralidad y no repetición garantizados en la Constitución son de particular importancia para las víctimas de trata de personas en atención tanto a las consecuencias psicológicas y emocionales que enfrentan como a la posibilidad de estar amenazas ellas y sus familias por los tratantes.

En el ámbito del proceso penal, las víctimas de trata con fines de explotación sexual podrán llevar a juicio a su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El Estado tomará las medidas necesarias para proteger y tutelar los derechos de las víctimas extranjeras de trata, aunque estas tengan un estatus migratorio irregular22.

Las actividades del Gobierno del Ecuador en el marco del Plan Nacional de combate a la trata de personas, están coordinadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA).

En este sentido, el Estado ecuatoriano ha desplegado una serie de acciones articuladas entre las instituciones públicas y la sociedad civil, a fin de lograr la atención a las víctimas de la trata de personas, la restitución de sus derechos y evitar que sean revictimizadas. En esta gestión, desde el año 2008 las instituciones encargadas de la protección y restitución de los derechos de las víctimas han establecido una relación directa con las redes provinciales en todo el país.

El Gobierno del Ecuador, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), financia el Proyecto de asistencia directa a víctimas de trata de personas, ejecutado en alianza con organizaciones de la sociedad civil. A través de esta iniciativa han sido asistidas 107 víctimas de trata de personas, desde octubre de 2007 hasta marzo de 2009.

Con el fin de restituir el derecho a la educación y sostener un proceso de reinserción exitosa, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Educación, ha garantizado a las víctimas la reintegración al sistema educativo, en cualquier etapa del año escolar, previo examen de conocimientos sin ningún otro requisito.

19. Sírvanse proporcionar información detallada sobre las medidas que han sido tomadas por el Estado parte para erradicar la discriminación y xenofobia de que son víctimas algunos extranjeros, en particular los colombianos. Sírvanse comentar alegaciones según las cuales se ha impuesto exclusivamente a los migrantes colombianos en los últimos años la obligación de enseñar el certificado de su pasado judicial para ingresar al Ecuador.

Tal como se ha indicado a lo largo de este informe, la Constitución dispone normas precisas respecto del principio de no discriminación como medidas para erradicar el problema de la discriminación y la xenofobia; así, en su artículo 11, literal 2, indica:

"2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación."

A continuación la Constitución establece, en su artículo 11, numeral 8, que será inconstitucional "cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos". En este sentido, el establecimiento de la tenencia de un pasado judicial a los ciudadanos colombianos ha sido hartamente debatida y discutida al interior del Estado con el fin de buscar una solución a esta medida que muchos sectores de la sociedad civil y del Estado han indicado que menoscaba los derechos humanos de los hermanos colombianos.

Específicamente en el tema de refugio y asilo, el Estado ecuatoriano ha tomado varias medidas no solo para erradicar la discriminación y acatar el mandato constitucional, sino para además garantizar el ejercicio de sus derechos humanos sin impedimentos que pongan en peligro su vida e integridad física. Al respecto la Constitución, en su artículo 41, reconoce los derechos de asilo y refugio y garantiza que:

"las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicarán a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad."

En esta medida, tomando en cuenta que solicitar el certificado de pasado judicial a los solicitantes de refugio no es justificado de ninguna manera y más bien se traduce a una violación al principio de no devolución al impedir la entrada de personas en condición de refugio, actualmente la Dirección General de Refugiados, encargada de receptar las solicitudes de refugio, no solicita el carné judicial para dar trámite a las mencionadas peticiones.

Adicionalmente, el Ecuador trabaja sobre el proyecto de reforma al Decreto Nº 3301, norma que regula toda la materia de refugio en el Ecuador, y en sus articulados se estipula expresamente la prohibición de pedir un pasado judicial como una forma de violación al principio de no devolución consagrado en la Constitución.

Asimismo, se está trabajando sobre la Ley de movilidad humana, que pretende regular los flujos migratorios y las distintas situaciones de movilidad humana dentro de un enfoque progresista de derechos humanos.

Por último, es menester indicar que cualquier acto del poder político, así como cualquier norma, deberá estar siempre en armonía de acuerdo a lo prescrito en la Constitución, particularmente respecto de las normas transcritas en respuesta a esta pregunta, de manera que la imposición de un certificado de pasado judicial, mediante decreto ejecutivo, deberá ser leída a la luz de las normas transcritas y tomando en cuenta que, tal como lo dispone el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana:

"La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público."
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