Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




descargar 250.86 Kb.
títuloCcpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
página6/8
fecha de publicación19.01.2016
tamaño250.86 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8

20. Sírvanse proporcionar información detallada y actualizada sobre el procedimiento de deportación vigente en el Estado parte, incluyendo datos estadísticos desglosados y el motivo de la deportación, sobre los extranjeros que hayan sido deportados durante el período que cubre el quinto informe periódico del Estado parte.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pose tal información por no estar dentro de sus competencias el tema referido a la deportación. Sugerimos se solicite tal información al Ministerio de Gobierno, ente encargado de la materia.

21. Sírvanse indicar si el proyecto de ley de defensa pública ha sido adoptado. De ser así, ¿se ha contemplado en dicha ley la creación de la figura de la Defensoría Pública que se encargaría de brindar asesoría jurídica y defensa a los privados de libertad que no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado particular? (CCPR/ECU/5, párr. 275)

En cuanto a la propuesta de ley de defensa pública, es importante indicar dos aspectos: el primero se relaciona con la introducción de la institución de la Defensa Pública en la nueva Constitución de la República, y el segundo es la aprobación del articulado relacionado con esta institución en el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial.

En este sentido, la Defensa Pública Penal ya fue incluida dentro de la Constitución vigente, como un mecanismo de protección para las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal para la garantía de sus derechos. Así lo establece el artículo 191:

"Artículo 191. La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias.

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado."

Por otro lado, el Estado ecuatoriano aprobó, a través de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, el Código Orgánico de la Función Judicial23, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 544 del lunes 9 de marzo de 2009. Esta ley establece, dentro de su articulado, varias normas que desarrollan el precepto constitucional señalado en el párrafo anterior, así:

Capítulo II

De la Defensoría Pública

"Artículo 285. Naturaleza Jurídica. La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la función judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República."

Dentro de esta ley se establecen las funciones que deberá cumplir esta unidad; así tenemos:

"Artículo 286. Funciones de la Defensoría Pública. A la defensoría pública le corresponde:

1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este Código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social.

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente.

3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente.

4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública.

5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida.

6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.

7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública.

8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial previsto por la Ley del sistema nacional de contratación pública, y el procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público General.

9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública.

10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio.

11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas preprofesionales en la Defensoría Pública; y,

12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley."

A manera de conclusión, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial pusieron en vigencia a la institución de la Defensoría Pública Penal, la misma que ya está siendo implementada para dar cumplimiento a la exigencia hecha por el Comité, información que se verá más adelante.

Ahora, en cuanto a la implementación de la Defensoría Pública Penal, es necesario mencionar que mediante Decreto ejecutivo Nº 441, de 26 de junio de 2007, publicado en el Registro Oficial Nº 121 de 6 de julio del mismo año, el Presidente de la República, economista Rafael Correa, declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario en todo el país, y dentro de este marco conformó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal con independencia administrativa y financiera.

Esta Unidad fue creada con el objeto de que ejecute las políticas y acciones, organice, implemente y dirija las actividades de la defensa pública de los detenidos y personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social del país, especialmente en las ciudades de mayor concentración de detenidos y personas privadas de libertad sin asistencia profesional jurídica. Posteriormente, mediante Decreto ejecutivo Nº 748, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 220, de 27 de noviembre del 2007, la Unidad fue adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De esta forma, mediante Resolución Nº 001-UTGDPP-2007, de 31 de agosto de 2007, publicada en el Registro Oficial Nº 167, de 11 de septiembre de 2007, se expidió el Reglamento de parámetros y estándares mínimos de calidad para la selección de organizaciones jurídicas que presten servicios profesionales de defensa penal.

De acuerdo con esta normativa y mediante concurso público, se contrataron 14 centros legales, 9 en Guayaquil y 5 en Quito, quienes vienen trabajando con 240 abogados defensores. La Unidad contrató 40 abogados para que intervengan en audiencias de flagrancia y formulación de cargos (7 en Quito y 7 en Guayaquil) y el resto para ampliar la cobertura de la defensa hacia 21 provincias e intervengan en las audiencias primeras y en asuntos de adolescentes infractores.

A la fecha se patrocinan 7.386 causas (Quito 2.897, Guayaquil 3.617, y el resto en las demás provincias); esto es, al 17 de septiembre de 2008 son casi 7.400 personas de escasos recursos económicos que han sido incorporados a los servicios que brinda el Estado, pues ahora ya cuentan con abogado defensor.

De las 7.386 causas, 3.224 han sido resueltas, y de estas últimas aproximadamente 3.000 detenidos han recuperado su libertad y aproximadamente 220 han recibido sentencia condenatoria. Es necesario señalar que cerca del 88% de las libertades han sido en aplicación del artículo 24, numeral 8, de la Constitución, esto es por caducidad de la prisión preventiva en razón del tiempo transcurrido.

Las funciones de la Unidad de Defensoría Pública Penal se encuentran establecidas en el artículo 3 del Decreto ejecutivo Nº 563, de 17 de agosto de 200724, que estableció su creación y que determina:

1. Ejercer la rectoría del servicio de Defensoría Pública Penal.

2. Promover y ejecutar el proceso de convocatoria, selección y contratación de organizaciones que presten servicios de defensa penal a nivel nacional en forma técnica y oportuna, ciñéndose a los parámetros de calidad que se establezcan en el reglamento que se expedirá para el efecto, exigiendo mediante la fijación de estándares mínimos un servicio de calidad. Para la contratación se tomarán en cuenta las ciudades de mayor concentración penitenciaria del país.

3. Analizar, procesar y clasificar la información sobre los detenidos y personas privadas de libertad, según el caso, y establecer criterios técnicos de prioridad en la entrega de los casos: de acuerdo al tiempo de detención, la naturaleza del delito que se juzga y, la condición de los detenidos.

4. Realizar el seguimiento de la contratación de servicios de defensa penal a nivel nacional, que tendrá como misión, entre otras, la de resolver la situación procesal del detenido, y/o la resolución administrativa correspondiente en el ámbito de la ejecución de penas respecto de las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social del país sin asistencia profesional jurídica.

5. Organizar eventos de capacitación sobre la aplicación del proceso penal vigente, modelos de defensa penal, herramientas informáticas, parámetros de gestión de calidad, dirigidos a las organizaciones calificadas para prestar servicios legales de defensa, y a órganos de la función judicial y ministerio público.

6. Elaborar los instrumentos informáticos que permitan sistematizar y evaluar los informes técnicos mensuales de avance del trabajo que produzcan los servicios de defensa pública que transparenten el cumplimiento de los parámetros mínimos de calidad exigidos para su labor.

7. Difundir los resultados del seguimiento y evaluación del programa a las demás entidades que intervienen en el sistema penitenciario nacional.

En el presente año fiscal, la Unidad de Gestión de Defensoría Pública Penal recibió por parte del Gobierno central un presupuesto de 2.108.182,13 dólares de los EE.UU., destinado para los rubros de:

- Gastos del personal,

- Bienes y servicios de consumo como consultorías, asesorías e investigación;

- Otros gastos corrientes, y

- Bienes de larga duración.

El Estado ecuatoriano deja en claro con esta información la gestión que ha realizado para implementar y apoyar el buen funcionamiento y trabajo de la Unidad de Gestión de Defensoría Pública Penal, destinándose los recursos humanos y financieros necesarios, así como también el marco normativo adecuado para su buen desempeño.

22. ¿Cómo se garantiza en la práctica la independencia e imparcialidad de los jueces, y en particular, cuáles son las normas que rigen el ejercicio de su cargo, las sanciones disciplinarias? Sírvanse facilitar información sobre casos de corrupción de jueces y otros funcionarios judiciales enjuiciados y, en su caso, los fallos condenatorios y las sentencias pronunciadas. ¿Qué medidas se han tomado para resolver el problema de los graves retrasos en los juicios y en particular para que se cumpla con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que estipula que la etapa inicial del proceso debe terminarse dentro de un plazo de 60 días? (Previas observaciones finales, para. 14)

Respecto al marco jurídico que garantiza la independencia e imparcialidad de los jueces señalar el artículo 168, Nº 1, de cuerpo constitucional: "Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley". De igual manera en el artículo 178 se establece el Consejo Nacional de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial.

A su vez, el artículo 226 de la Constitución de la República: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley".

De igual forma, el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 8, prescribe "Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la función judicial", y en el inciso 3 del artículo 123 dice "Ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá

interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias".

Sobre casos y medidas para resolver el problema de los graves retrasos en los juicios se sugiere realizar la pregunta a la entidad competente.

23. Sírvanse comentar en qué medida se han visto afectados los derechos de las personas reconocidos en el Pacto por las decisiones adoptadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), incluyendo el derecho a tener acceso a recursos judiciales o administrativos.

El Ministerio de Justicia no posee información respecto de esta pregunta. Se sugiere remitirse a las instituciones del Estado correspondientes, tales como la Agencia de Garantía de Depósitos.

24. Sírvanse proporcionar información sobre el sistema de venta de la libreta militar e indicar si este sistema incluye a las personas exentas de servicio militar. Sírvanse también comentar la compatibilidad del sistema de venta de la libreta militar con el artículo 8 del Pacto e indicar de qué manera garantiza el Estado parte el resto de los derechos bajo el artículo 18 para aquellas personas que no compran la libreta militar.

Actualmente, el servicio militar ya no es obligatorio. Así, la Constitución del Ecuador establece en su artículo 161 que: "El servicio cívico militar es voluntario […]".

Tal precepto encuentra su antecedente en la declaración de inconstitucionalidad que hiciera el Tribunal Constitucional en el mes de abril del año 2007 respecto de las sanciones para las personas que no cumplían con el servicio militar dispuestas en el artículo 88 de la Ley de servicio militar obligatorio, la misma que establecía duras sanciones para los remisos, es decir para quienes no cumplía con la conscripción. El Tribunal Constitucional fundamentó su pronunciamiento indicando que el mencionado artículo 88 violaba la libertad de conciencia, opinión y expresión del pensamiento garantizados en la Constitución del país.

A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional quedaron sin sustento las prohibiciones establecidas para los remisos, entre ellas la prohibición para desempeñar cargos públicos o privados, viajar al exterior, obtener la licencia de conducir o matricularse en centros de educación.

De esta manera la libreta militar, que acreditaba el cumplimiento del servicio a las Fuerzas Armadas, y sin la cual no se podía ejercer ninguno de los derechos indicados, ya no es un requisito para que los hombres pueda viajar, estudiar, conducir, etc. Por lo tanto, la libreta militar está en desuso y todas las normas que regían su expedición y contenido han sido derogadas.
1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconTercero, Cuarto y Quinto Informe combinados de El Salvador sobre...

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconTema: Derechos Civiles – Parte I

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconResumen: La República de Cuba es firmante y estado-parte de la Convención...

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconInforme de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación...

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconCarta Abierta a los Argentinos: el valor del miedo y el coraje
«tranquilizadora» allanó el camino de quienes arrasaron los derechos humanos, económicos, sociales, laborales y políticos de los...

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconInforme de comentarios a la Ley producido en 2007 por el Equipo Interdisciplinario...

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconEncuentro del papa francisco con autoridades civiles de bolivia

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconSerie: “Visión ccn, Pacto Gubernamental”

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos iconTema: “ 10 Razones para Establecer un Pacto Gubernamental.”

Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos icon1 Derechos fundamentales: Derechos constitucionales




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com