Ccpr pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




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25. Sírvanse comentar, a la luz de los artículos 6, 19 y 21 del Pacto, las informaciones según las cuales miembros del ejército y de las fuerzas policiales han sido responsables de las muerte por disparos de armas de fuego o del uso excesivo de gases lacrimógenos lanzados contra participantes en manifestaciones públicas (ver A/HR/WG.6/ECU/3 (2008), párr. 9). ¿Se han investigado dichas muertes y los responsables han sido debidamente procesados y sancionados?

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no posee este tipo de información, se sugiere remitir la pregunta a las instituciones correspondientes, ya sea el Ministerio de Gobierno o la Fiscalía.

26. Sírvanse indicar qué medias planea tomar el Estado parte para segurar que los artículos 18 y 19 de la nueva Constitución promuevan y protejan la libertad de opinión y de expresión en manera compatible con el Pacto, incluyendo la libertad de la prensa de difundir punto de vista opuesto a la del Gobierno. Sírvanse comentar las circunstancias en las que fueron incautadas las televisoras Gamavisión, TC Televisión y clausurada la radiodifusora Radio Sucre. Sírvase proporcionar información adicional sobre el marco legal que rige las actividades de las ONG y de los defensores de derechos humanos. ¿Qué medidas han sido tomadas por el Estado parte para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas contra toda restricción o interferencia ilegal en sus actividades?

El Estado ecuatoriano considera que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental y bajo este precepto se dota de varias garantías con el fin de asegurar su pleno goce y vigencia. En este sentido, la Constitución política del Ecuador establece los siguientes derechos y garantías para hacerlos efectivos:

Derechos

- Derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Acceso universal a tecnologías de información y comunicación. La creación de medios de comunicación social, y acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación (art. 16).

- Pluralidad y diversidad en la comunicación, y al efecto: asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, utilización en interés colectivo. Creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. No se permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias (art. 17).

- Derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. Acceso libre a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información (art. 18).

- Garantía de la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación (art. 20).

- Derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley (art. 66).

- Derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones (art. 66, numeral 6).

- Derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria (art. 66, numeral 13).

- Derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona (art. 66, numeral 18).

Garantías jurisdiccionales

- Acción de protección y amparo a derechos constitucionales, la cual tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación (art. 88).

- Acción de acceso a la información pública, la cual tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley (art. 91).

- Acción de hábeas data, la cual podrá ser ejercida por toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto; tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, conste en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados (art. 92).

Casos derivados de la acciones legales de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)

El 8 de julio de 2008 la AGD incautó aproximadamente 200 empresas de propiedad de los miembros del grupo económico implicado en la crisis financiera de años precedentes, cuyos responsables son prófugos de la justicia.

Entre las empresas incautadas, figuran los canales de televisión: Gamavisión, TC televisión y Cablevisión.

El pronunciamiento oficial de la Agencia de Garantías de Depósitos señala que conforme al artículo Nº 29 de la Ley de reordenamiento en materia económica y tributaria, ha dispuesto la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998, cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria por 661 millones de dólares, conforme lo previsto en la Resolución Nº JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008.

En estricto apego a la ley, basado en el artículo 29, Ley AGD: "… en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…"

Se recalca que dicha incautación no vulnera ningún derecho laboral ni paraliza ninguna de las empresas en cuestión y el Estado ecuatoriano les garantiza seguridad y estabilidad. Se trata de una intervención directa de la AGD en las empresas deudoras, donde se nombrará un administrador temporal para que sigan funcionando con normalidad.

La incautación es para todas las empresas relacionadas con el Grupo Isaías, un total de 195, entre ellas: empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, medios de comunicación, yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles.

El mencionado proceso de incautación tiene como objetivo proteger los recursos de millones de depositantes perjudicados por el Grupo económico Isaías y de ninguna forma constituye una actuación arbitraria y con el fin de restringir el derecho a la libertad de expresión.

Respecto de los casos puntuales solicitados, comentamos lo remitido mediante informe a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Caso Eduardo Molina (Camarógrafo de la Red Telesistema - RTS)

En el informe a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en adelante "el informe de la relatoría especial", el Sr. Molina "habría sido atacado para evitar que filmara un enfrentamiento entre manifestantes, durante el referéndum aprobatorio de la Constitución". Una de las fuentes de la información a que hace referencia el informe de la relatoría especial señala que "… la hermana del Presidente y Directora de la Alianza oficialista País en Guayas, Pierina Correa, fue a las instalaciones de RTS para ver los vídeos del incidente e identificar a los autores de la agresión. Pierina Correa reconoció a dos personas que efectivamente trabajan por el SI, pero admitió que no conoce sus nombres"25. En este sentido, la voluntad de esclarecer este hecho por parte de la Sra. Correa evidencia que no existió una política encaminada a producir y ocultar este tipo de ataques sino que se trató de un hecho aislado producido por dos militantes políticos que deberá ser esclarecido por la Fiscalía General del Estado. Al respecto, se ha dirigido un oficio, signado con el Nº 2042, al Ministro Fiscal del Guayas, Dr. Antonio Gagliardo, solicitando información sobre las investigaciones iniciadas en este caso.

Caso Germán Vera (Camarógrafo de RTS)

La fuente utilizada para dar cuenta sobre este hecho señala: "Otro caso se registró el 15 de octubre con el periodista Germán Vera de la Red Telesistema (RTS), cuando fue agredido por invasores de tierras mientras realizaba una cobertura. La policía impidió el altercado y evitó que la cámara de Vera sea arrebatada y el periodista secuestrado por los invasores"26.

Por tanto, las agresiones provocadas por personas particulares señaladas por la fuente como "invasores de tierras" fueron impedidas por agentes del Estado, quienes evitaron que se le arrebate la cámara al Sr. Vera y además sea secuestrado. Sin embargo, en el oficio signado con el Nº 2042 que ha enviado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha solicitado a la Fiscalía del Guayas nos informe sobre el avance de las investigaciones iniciadas por estos hechos.

27. Sírvanse proporcionar información adicional sobre el marco legal que rige las actividades de las ONG y de los defensores de derechos humanos. ¿Qué medidas han sido tomadas por el Estado parte para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas contra toda restricción o interferencia ilegal en sus actividades?

En relación al marco legal que rige las actividades de las ONG, estas siguen la suerte del marco legal que rige para las corporaciones y fundaciones en el Ecuador, y por lo tanto para los defensores de derechos humanos organizados bajo estas figuras jurídicas.

Así, de acuerdo con el Reglamento para personas jurídicas sin fines de lucro (RPJSFL), en su capítulo I sobre Las fundaciones y corporaciones, indica en su artículo 1:

"Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos."

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de:

1. Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités, centros, etc., con un mínimo de cinco miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el bien común de sus asociados o de una comunidad determinada. (Para efectos estadísticos y de clasificación las corporaciones pueden ser de primer, segundo y tercer grado.)

2. Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores, debiendo, en el último caso, considerarse en el estatuto la existencia de un órgano directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común general de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar el bien general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública (art. 1 RPJSFL. DE.610).

Respecto de los requisitos y su trámite de constitución, se debe cumplir con lo que dispone el artículo 19 del Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales, pero adicionalmente también con el Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro, publicado mediante Decreto ejecutivo Nº 3054, Registro Oficial Nº 660, de 11 de septiembre de 2002. Este cuerpo normativo establece, en su artículo 19, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez revisada la documentación presentada, autorizará, mediante resolución motivada, la suscripción con la ONG extranjera de un Convenio Básico de Funcionamiento conforme las normas dictadas por el Ministerio, y que llevará un registro de las ONG extranjeras que hayan suscrito el Convenio Básico de Funcionamiento y notificará por escrito a la ONG extranjera la autorización para que pueda iniciar su funcionamiento y actividades en el país (art. 20).

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene competencia para dar seguimiento de las labores de las ONG extranjeras en el Ecuador, de acuerdo con el objeto, metas, tareas específicas y recursos, tanto internos como externos, requeridos para cada uno de los períodos de ejecución de los mismos, quedando prohibido realizar actividades incompatibles con las que le han sido señaladas o que atenten contra la seguridad y la paz pública. Si la ONG extranjera incumpliere con las disposiciones legales o con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG extranjera en el Ecuador.

Con respecto al personal extranjero (y sus familiares) que labora en estos organismos, este reglamento dispone que para trabajar en el país no podrán efectuar labores lucrativas y/o proselitistas distintas de las acordadas en el respectivo convenio suscrito. Sin embargo, si los cónyuges de dicho personal desearen trabajar en el Ecuador, deberán cambiar su visado a la categoría migratoria 12-VI y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos para dicha actividad (art. 27).

Respecto de los fondos públicos, las fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos deberán inscribirse en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las correspondientes instituciones del Estado responsables de los recursos públicos, observando los requisitos que para cada caso establezcan la ley y los reglamentos (artículo 28 del Reglamento).

Asimismo, todo organismo no gubernamental está exento del pago del impuesto a la renta, razón por la que tampoco es sujeto de retención en la fuente por los pagos realizados a su favor, siempre y cuando dichos ingresos se destinen a sus fines específicos y se invierta directamente en ellos. Para más información remitirse al artículo 9, numeral 5, de la Ley de régimen tributario interno y al Reglamento a la Ley orgánica de régimen tributario interno (Decreto ejecutivo Nº 1051 RO, suplemento Nº 337, de 15 de mayo de 2008).

Este reglamento permite que el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verifique en cualquier momento que las instituciones privadas sin fines de lucro:

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos.

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios, y

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Asimismo, que los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico sean invertidos en tales fines hasta el cierre del siguiente ejercicio. En caso de que esta disposición no pueda ser cumplida deberán informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la libre importación del menaje de casa y efectos personales y de trabajo de los funcionarios de ONG, conforme lo dispuesto en el artículo 27, literales a) y b), de la Ley orgánica de aduanas codificada, y 15 de su Reglamento.

Respecto del sistema de salud, las ONG que funcionen como entidad de salud privada forman parte del Sistema Nacional de Salud (artículo 7 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud) y así consecutivamente de acuerdo a los fines que cada ONG tenga en sus estatutos.

Por último, respecto al derecho de acceso a la información, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, las ONG están obligadas a entregar la información que les sea requerida.
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