Resumen de la demanda




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Casación 37130

Juan Carlos Rodríguez Rojas



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL


Magistrado Ponente

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ



Aprobado acta número 208


Bogotá D.C., tres de julio de dos mil trece.

La Sala se pronuncia sobre admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de Juan Carlos Rodríguez Rojas, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la cual confirmó la condena que por el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, agravado, le impuso el Juzgado 20 Penal del Circuito.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL




La situación fáctica la resumió el Tribunal señalando que: “El 8 de julio de 2008, acudió María Resurrección Pulido al Centro de Salud del Municipio de La Calera (Cundinamarca), donde fue atendida por el médico Juan Carlos Rodríguez Rojas, quien en el ejercicio profesional, realizó varios exámenes sobre la corporeidad de la antes nombrada e hizo que esta se recostara en la camilla del consultorio con el fin de practicarle uno a nivel genital, instándola a que cerrara los ojos para que se relajara y evitar las molestias que generaba el mismo y, luego la accedió carnalmente sin su consentimiento.”
2. Por los hechos referidos, el Fiscal 342 Delegado ante los jueces penales del Circuito de Bogotá con sede en La Calera, le formuló acusación al imputado Rodríguez Rojas, por la conducta punible referida, descrita en los artículos 207, y 211-2 del Código Penal, por lo cual, ante el Juzgado 20 Penal del Circuito, se tramitó el juicio correspondiente, finalizado con sentencia de condena de 170 meses y 18 días de prisión, proferida el 1° de marzo de 2011, y que confirmó el Tribunal el 25 de mayo siguiente con la que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.
RESUMEN DE LA DEMANDA

Cargo primero. Manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se funda la sentencia. Violación indirecta de la ley sustancial mediante error de derecho por falso juicio de legalidad.
Según el actor el reproche inicialmente tiene por objeto la muestra de sangre tomada al acusado con autorización judicial, la cual se utilizó posteriormente para realizar un examen genético. Aun cuando el imputado accedió a la toma del fluido, “el fiscal del caso decidió desistir de la solicitud, limitándose a que el imputado manifestara su voluntad en audiencia; posteriormente fue practicado el procedimiento que dio como resultado la obtención de dicho elemento material probatorio…”
Según entiende, la obtención de la muestra de sangre se adelantó sin que mediara “el imperioso control judicial” que imponen los artículos 250 de la Constitución Política, 246 y 249 de la Ley 906 de 2004. No se efectuó la revisión correspondiente a la solicitud de la Fiscalía, pues sólo se constató judicialmente que el imputado la autorizó, pero el juez de garantías dejó de establecer: i) la pertinencia de la solicitud; ii) la idoneidad de la misma y las condiciones de su práctica; iii) la necesidad y, iv) la proporcionalidad de la medida; omisión que afectó la legalidad del elemento material obtenido, por lo cual debe ser excluido de la valoración probatoria por imperativo de los artículos 29 Superior y 23 del estatuto procesal, por haber sido alcanzado con violación de las garantías fundamentales del procesado, al igual que las restantes pruebas que dependen de aquél, en concreto, la verificación del ADN, imposible de establecer obtener sin la muestra de sangre del acusado.
En el mismo cargo expone un segundo reproche en relación con la historia clínica de la víctima, María Resurrección Pulido, elaborada en la IPS Montsalud, documento que, asegura, no podía ser valorada, toda vez que la Fiscalía no la enunció en el escrito de acusación ni en la audiencia de formulación de acusación.
El falso juicio de legalidad se presenta porque el sentenciador valoró una prueba que él mismo propuso y decretó, a pesar de la prohibición legal de hacerlo.
En el mismo cargo denuncia que “durante el desarrollo del juicio oral se permitió la introducción de un documento (sic) no descubierto realmente por la Fiscalía… no relacionado además como elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida en sus solicitudes probatorias y por ende no decretado en la decisión judicial de pruebas, desatendiendo lo contemplado en los artículos 356 y 357 del CPP de 2004”, el cual finalmente fue valorado en la sentencia.
Alude al interrogatorio del procesado el cual, agrega, no podía ser incorporado a través del investigador de policía judicial que lo practicó, y por tratarse de una declaración anterior, sólo podía utilizarse con fines de impugnación.
En esas condiciones, sostiene, debe excluirse la declaración anterior, así como la mención que de la misma efectuaron las instancias en la motivación de la condena, como forma de restablecer las garantías conculcadas al acusado.
Cargo segundo. Violación indirecta de la ley sustancial mediante error de hecho por falso juicio de identidad.
El recurrente centra el reproche en la valoración efectuada por los sentenciadores al cotejo genético realizado sobre la muestra de sangre obtenida del acusado y los hallazgos del preservativo recolectado en el lugar de los hechos, el cual, según dice, se utilizó en el examen de sensibilidad al látex de la señora Pulido Salcedo.
Sobre el particular afirma que en la valoración del testimonio de la perito Ginna Margoriek Chacón Ruíz, quien señaló en el juicio que las células analizadas eran espermatozoides, el sentenciador no tuvo en cuenta el informe pericial SSF-LGEF-2009, del 10 de julio de 2009, en el que la testigo no hizo alusión a esas células, sino que refirió a las epiteliales y a las de la sangre recaudada. “Luego – sostiene – el cotejo realizado lo fue entre las células presentes en la sangre del acusado y las células epiteliales halladas en el preservativo que necesariamente manipuló para realizar el examen de sensibilidad al látex en la presunta víctima y por ende ninguna de las (…) aseveraciones de la primera instancia se ajusta a lo que objetivamente nos muestra la evidencia científica examinada, quedando así demostrado el dislate.”
Cargo tercero. Violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación. Cargo que enuncia el actor así: “Se circunscribe el error por omisión normativa propuesto, únicamente a las conclusiones de los juzgadores relacionadas con la autenticidad – que no sobre la valoración – de la entrevista publicada en el diario Q’Hubo de esta ciudad, rendida por la presunta víctima, incorporada, trasladada y utilizada por el defensor durante el juicio para impugnar la credibilidad de la Sra. Pulido Salcedo.”
En la argumentación del reproche cita los artículos 424 (prueba documental) y 425 (documento auténtico) del Código de Procedimiento Penal, y afirma que “la disposición adjetiva omitida con claridad permite vislumbrar que no podían [los juzgadores] exigir autenticación alguna ni, por ende, dudar sucintamente de su legitimidad – que no de su contenido –.”
Omitieron la instancia, concluye, aplicar la presunción de veracidad del artículo 424 citado, lo cual incide en alto grado en el resultado del proceso.
Cargo cuarto. Violación indirecta de la ley por error de hecho a través de un falso raciocinio. El yerro en criterio del demandante afecta el testimonio de Cecilia Pedraza, quien en la antesala del consultorio cuidó al hijo de la víctima mientras que atendía la consulta y a la salida la escuchó decir ‘ese médico es un depravado’.
Para el recurrente, la sentencia desconoce la regla de la experiencia “consistente en que en el normal transcurrir social de nuestro país, en el que dos mujeres que se conocen de toda la vida se encuentren un la sala de espera de un consultorio médico… y luego de que una de ellas sale de su valoración y le dice a su entrañable amiga que el médico es un ‘depravado’, resulta en extremo inverosímil que la advertida compañera proceda a ingresar sin mayor reparo al consultorio de ese individuo, y además acceda a retirarse sus prendas con el fin de que le realice una auscultación vaginal para el retiro del dispositivo; todo lo contrario… desiste ipso facto de ser examinada por el mismo.”
De acuerdo con esta proposición considera que María Resurrección Pulido, probablemente no le hizo ninguna advertencia a su amiga Cecilia Pedraza, lo cual debilita el testimonio del ofendida quien, agrega, antes de acudir a las autoridades para informar lo sucedido, realizó actividades propias del hogar, lo que denota una actitud reflexionada, encaminada a dotar de solidez su versión.
De igual modo, el actor sostiene que el juez de conocimiento incurrió en un error de raciocinio al señalar que de acuerdo con la experiencia, la prueba de sensibilidad al látex, se practica en un laboratorio mediante exámenes de sangre, o en los brazos o dedos del paciente, pero ningún método implica la introducción de los dedos del médico con un condón en la vagina de la paciente.
Con el fin e derruir tal postulado señala que en el juicio declaró el médico Hernán Felipe Báez, quien validó la posibilidad de realizar el examen con el procedimiento que descalificó el juez de instancia.
Por último, afirma la existencia de un tercer error de raciocinio, referido al mérito que el Tribunal le concedió a la publicación del diario Q’Hubo, en la cual la víctima relató los sucesos, según dice, en forma diferente a lo declarado en el juicio.
De esa manera, precisa, el ad quem fijó como regla de experiencia que “se descarta toda manifestación posterior de un individuo sobre un evento trágicamente significativo en su vida, que contradiga lo inicialmente vertido, con el simple rechazo del mismo sobre la veracidad de lo ulterior”.
En su criterio, el sentenciador debió concluir, con base en las versiones contradictorias de la ofendida, quien vio en peligro su credibilidad por los cuestionamientos de la defensa, es que, en el común de los casos, un individuo en esa situación “no aceptará la veracidad de posteriores manifestaciones contradictorias a su postura original”, razonamiento a partir del cual solicita se examine el testimonio de la víctima en orden a restablecer las garantías del acusado, en torno a la adecuada valoración probatoria.
De todo lo expuesto el recurrente concluye que en la actuación existe duda en relación con la ocurrencia de los hechos en la forma como los relató la víctima, quien en forma apresurada concluyó que el acusado la había accedido “no con sus dedos como lo exige el auscultamiento bidigital, sino con su miembro viril… y por ende no resulta extraña la relación mental inmediata que efectuó, desconociéndose además si en alguna oportunidad le había sido practicada o no una prueba en tal forma.”
Como consecuencia, solicita que se admita la demanda, casar la sentencia recurrida y dictar la absolutoria de reemplazo, al no superar aquella el estándar probatorio de la duda.
CONSIDERACIONES
En el sistema procesal de la Ley 906 de 2004 la casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afecten derechos o garantías fundamentales, razón por la cual se le concibe como recurso de control constitucional y legal1, destinado a lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que los afecten, y la unificación de la jurisprudencia2.
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