Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci




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ARTÍCULO 23º

De la detención domiciliaria

Correlaciones: art. 47º Proy. 1973; art. 23º Proy. 2006.



1. El inciso 1º de este dispositivo define la detención domiciliaria. Se entiende que los motivos justificados los debe valorar el juez, pero esto no implica que en casos de extrema necesidad y cuando no puede obtenerse oportunamente la autorización judicial, la persona no pueda abandonar el domicilio, sólo que en estos supuestos será el juez a posteriori quien también valore la existencia de la justificación.

2. El inciso 2º está destinado a evitar casos de discriminación oculta o encubierta, como son los supuestos de personas que carecen de un domicilio previo. Justamente se trata de personas carenciadas o en la llamada situación de calle, de personas en tránsito o que, por otros motivos, carecen de domicilio estable previo. Dichas situaciones deben resolverse si en verdad corresponde disponer esta sustitución, pero no puede privárselas de ella sólo por su pobreza, carencia o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 24º

De la detención de fin de semana

Correlaciones: art. 37º Proy. 1987; art. 19º Proy. 2006.

1. Algunos autores desacreditan esta pena, en general, fundados en casos de mala aplicación, en que los lugares de cumplimiento eran inadecuados y más bien permitían o daban lugar a un contacto contaminante.

Se trata de una privación de libertad ambulatoria limitada a los días no laborables, que le permite al condenado trabajar y, por ende, mantener a su familia y conservar los vínculos con la sociedad libre.

Al respecto cabe observar que cualquier pena mal ejecutada tiene efectos indeseables y, en vista de la experiencia, nadie puede dudar acerca de que la pena peor ejecutada en toda América Latina es la de prisión.

2. Dado que eventualmente los penados pueden ejercer actividades laborales que requieran servicios en los días que para la mayoría son no laborables, se faculta al juez a ajustar la ejecución de la pena en estos casos, como también en el supuesto de atención de familiares, etc.

3. Esta pena no puede ejecutarse en las prisiones comunes, justamente por ser una alternativa a la prisión y, además, porque las condiciones de seguridad de encierro no tienen sentido en este caso, dado que el penado se mueve libremente el resto del tiempo.

Las instituciones carcelarias comunes requieren dispositivos de seguridad que tienen un efecto negativo sobre las personas y que, por ende, no deben ser aplicados cuando no son necesarios, como en el caso de esta pena. Por otra parte, el personal de las instituciones penitenciarias está necesariamente habituado a una priorización de la seguridad, que no es lo que corresponde a una detención de fin de semana.

ARTÍCULO 25º

De la obligación de residencia

Correlaciones: art. 86º Proy. 1937; art. 39º (confinamiento) Proy. 1987; art. 21º Proy. 2006.

1. El control de la conducta del penado, en especial cuando es necesario tomar medidas para evitar reiteraciones o nuevos y mayores conflictos, requiere una limitación de locomoción que no necesariamente debe importar una privación de libertad tan severa como la prisión, quedando ésta como coacción para que el condenado respete el espacio ambulatorio que se le fije. El ámbito de movilidad del penado debe ser más amplio o más limitado, según lo requiera el fin de la pena en el caso concreto, pudiendo ser ampliado en el curso de la ejecución.

El juez valorará los motivos cuando el penado solicite autorización para salir del perímetro asignado.

2. Dado que esta pena, con este u otro nombre, fue usada o se pretendió usarla en forma violatoria de la dignidad humana, se propone especificar sus posibles objetivos, que serían siempre los de favorecer su integración social, permitiéndole desplazarse para trabajar, instruirse y seguir su vida normal, pero evitar que las ocasiones de conflicto o de desviación se multipliquen por efecto de su total libertad de desplazamientos.

Se especifica que no podrá fijársele residencia por meras razones demográficas, como pretender utilizarla para colonizar o semejantes. También por las mismas razones se prohíbe que se la fije en parajes inhóspitos o de difícil comunicación, aunque se deja a salvo la excepción de que el propio penado lo solicite. Nada obstaría a que, por ejemplo, si la actividad normal del penado o la deseada por éste fuese en un parque nacional o en algún lugar protegido por razones ecológicas, a éste se le fije allí su residencia.

ARTÍCULO 26º

De la prohibición de residencia y tránsito

Correlaciones: art. 86º Proy. 1937; art. 40º (exilio local) Proy. 1987; art. 22º Proy. 2006.

1. Se trata de la contracara de la pena anterior, aunque en este caso su objetivo principal sería siempre el de prevenir conflictos.

2. Se especifica la finalidad de evitar conflictos, pues no se admitiría que se imponga sólo por razones morales, por ejemplo. En definitiva se trata de una pena usada con otro nombre y como medida cautelar, con mucha frecuencia y ventaja en casos de conflictos intrafamiliares, aunque no sólo apta para éstos. Situaciones de conflicto entre grupos barriales más o menos violentos, barras bravas, u otros de los que puede derivar violencia, aconsejan esta pena, como también cuando el hecho tuviere lugar en contextos en los que hubiese podido quedar resentimientos o deseos de venganza.

En realidad, son muchas las situaciones en que la violencia o el riesgo de una actividad reiterada o que se haya vuelto habitual, puede prevenirse con esta pena, hábilmente manejada por el juez en cada circunstancia.

ARTÍCULO 27º

De la prestación de trabajos para la comunidad

Correlaciones: art. 38º (prestación de trabajo de utilidad pública) Proy. 1987; art. 20º Proy. 2006.

1. Esta alternativa quizá sea una de las más promisoras de las proyectadas, dependiendo su éxito de la buena organización de que se la provea, para lo cual requiere una infraestructura bien montada y adecuado personal de control de su cumplimiento. En esas condiciones resulta una de las más productivas y, por eso mismo, mucho más barata que la prisión.

No se trata de una simple producción de molestia o incomodidad para el penado, lo que sólo sería válido como contramotivación, pero nunca podría erigirse en una razón suficiente para su imposición. La incorporación a un equipo que haga algo productivo o útil para sus semejantes crea una conciencia de solidaridad que es menester fomentar en los penados, al tiempo que no lo margina ni estigmatiza y, menos aún, lo aísla de la vida social.

El tiempo de trabajo se fija entre ocho y diez y seis horas semanales, o sea, que en ningún caso llegará a la mitad del horario laboral común y por lo general no impedirá un trabajo rentable, debiendo cuidarse que no lo altere.

2. No se propone un procedimiento de control único, dada la diversidad de medios en que debería ejecutarse, considerando la extensión y variables que el país presenta. No tendría sentido un dispendio del estado para supervisar su ejecución en zonas alejadas o con escasa población, donde se puede delegar en las propias autoridades institucionales. Esta disposición debe ser lo suficientemente amplia, para permitir su adecuación a las condiciones muy diversas de un país federal, extenso, con climas y regiones muy diferenciadas y con provincias con recursos y presupuestos también dispares.

3. Tampoco será el juez en que deba procurar las pruebas del cumplimiento de esta pena, lo que constituiría una enorme sobrecarga de trabajo para los jueces de ejecución y para su personal, sino que el propio penado estaría obligado a presentarle el juez la documentación que acredite su cumplimiento y que, en cada caso, sería expedida por la autoridad encargada del control o en la que se haya delegado éste.

4. Este inciso es breve, pero encierra tres ideas básicas:

a) La primera es la humanidad de la pena: el trabajo debe ser adecuado a la capacidad y habilidades del condenado, o sea, que no se le puede exigir que haga algo inadecuado a sus condiciones físicas y de entrenamiento. Esto no impide que el propio trabajo pueda servir de entrenamiento para la adquisición de nuevas habilidades, siempre dentro del respeto debido al principio de humanidad de las penas.

b) En segundo lugar, lo que es muy importante, es que no afecte su dignidad. Con esto queda excluida la posibilidad de imponer trabajos estigmatizantes o denigrantes. Sabemos que la vergüenza se postula por algunos criminólogos contemporáneos como un medio de resocialización, lo que es bastante discutible, aunque en algunas sociedades muy desarrolladas tiene un sentido particular que puede ser atendible. De cualquier manera, la shame que se postula por algunos criminólogos, es la promoción del sentimiento del vergüenza del propio penado por la conducta realizada, y en modo alguno un avergonzamiento público ni el restablecimiento de la picota columna infame.

No obstante, no es bueno consagrar estos objetivos en forma expresa, por los riesgos que implican las posibles desviaciones en el entendimiento que estas palabras podrían tener en un país con tantas competencias y sin una casación unificadora. Por ende, debe quedar claro que la pena que se propone consiste en un trabajo útil, pero que en modo alguno sea vergonzante para el penado. No será público cuando esto pueda parecer infamante o denigrante: sería inadmisible que se condene a un médico a que lleve públicamente equipajes en una estación ferroviaria, por ejemplo. La autoestima del penado debe salir ilesa de esta pena, cuyos objetivos son sólo la contramotivación y el desarrollo de su sentido de solidaridad.

c) Por último, la pena no debe afectar en lo posible la vida normal del penado y, menos aún, su existencia futura. Por consiguiente, el juez velará porque esta pena no perjudique su actividad laboral ni sus perspectivas de continuidad en ella, lo que, por otra parte, sería trascendente para su familia.

5. Si bien no se regula el control del cumplimiento de la pena, no es menos cierto que éste no puede delegarse en organismos policiales.

Estos organismos no tienen esa función ni están preparados para ella y, además, el control ofrece un nuevo campo de arbitrio que no es bueno delegar en las policías, pues todo aumento de sus facultades de arbitrio abre un nuevo abanico de posibilidades de recaudación autónoma, difícilmente controlables por los jueces y fiscales. Semejante delegación, correría el riesgo de aumentar los problemas de seguridad en lugar de contribuir a resolverlos. Por otra parte, el control debería llevarse a cabo con la mayor discreción posible, lo que es poco compatible con el control policial, que siempre resulta en alguna medida estigmatizante y afecta la autoestima del penado.

Esto no excluye que si, ocasionalmente, se le asignase al penado la tarea de pintar una dependencia policial, por ejemplo, sea la autoridad de ésta la que deba certificarle la prestación de ese trabajo, pues lo que se prohíbe únicamente es la delegación institucional del control.

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