Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci




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ARTÍCULO 28º

Del cumplimiento de instrucciones judiciales

Correlaciones: art. 126º Cód. Tejedor; art. 86º Proy. 1881; art. 78º Cód. 1886 (sujeción a la vigilancia de la autoridad); art. 20º, 35ºy 36º Proy. 1891; art. 78º Cód. 1886/1903; art. 43º (obligaciones del liberado condicionalmente), 86º y 89º Proy. 1937; art. 56º Proy. 1941; art. 84º (condiciones y término de prueba de la remisión condicional), 87º (condiciones de la libertad condicional), 88º (período de prueba) Proy. 1937; art. 95º (libertad condicional: régimen), 98º (finalidad y formas de ejercicio del patronato y de la libertad vigilada) Proy. 1951; art. 50º (suspensión condicional de la pena de prisión: condiciones), 57º (libertad condicional: condiciones) Proy. 1973; art. 25º (condena de ejecución condicional: reglas de conducta) Proy. 1974; art arts. 41º y 42º Proy. 1987; art. 25º (reglas de la condena de ejecución condicional) Proy. 1989-90; art. 24º Proy. 2006.

1. Esta alternativa es de fundamental importancia y la más difundida. Se hace notar que no se trata de instrucciones arbitrarias, sino que deben responder a un plan de conducta en libertad y su contenido debe hallarse vinculado al hecho punible, entendiéndose por tal lo más adecuado como contramotivación y para alejar la motivación futura de desviaciones análogas.

El plan debería elaborarse con intervención del penado, lo que no significa en modo alguno que éste deba aprobarlo, sino que manifieste su opinión y, de ser posible, resulte de una labor conjunta y acordada del juez y el penado, que debe exponerle las dificultades y facilidades derivadas de sus condiciones personales (por otra parte, sólo por él conocidas) respecto del cumplimiento de las medidas que el juez le proponga.

Las instrucciones no son taxativas, pues el juez elegiría entre ellas las que más convengan al caso, aunque siempre en el marco de las enumeradas.

a) y b) Fijar residencia, tanto como fijar las reglas de inspección y asistencia, son las condiciones elementales para el control del cumplimiento de las restantes que el juez determine.

Además, son las mismas que hoy se establecen para la libertad condicional, salvo el control del patronato, que como institución anticuada se suprime al menos en el texto, dada su ineficacia actual y su necesidad de reemplazo por un cuerpo técnico de ejecución de penas no privativas de la libertad en el orden federal y de la Ciudad de Buenos Aires y por los que dispongan las respectivas autoridades provinciales en sus respectivas competencias.

c) Es importante que el penado establezca un contacto con la persona afectada, tanto para satisfacción de ésta, en la medida en que el trato personal acalla la voluntad de retribución, como para que el propio penado dimensione la magnitud del daño que ha causado y, en alguna medida, de ser posible, se avergüence de su conducta, en el sano sentido antes señalado de sentimiento de autoreproche.

Por cierto que no en todos los casos esto será posible, pero cuando fuere factible, no debe perderse la oportunidad de hacerlo, por la importancia que tiene para la conducta futura del penado, además de brindar cierta tranquilidad al sujeto pasivo.

d) El penado bien puede estar trabajando o elegir un trabajo remunerado, pero también es posible que no tenga la oportunidad de desempeñarlo. En este último caso le será provisto por el estado, conforme al procedimiento y acuerdos que se celebran entre los poderes judiciales, los ejecutivos y los municipios en el orden federal y en cada provincia.

También existe la posibilidad de que el penado no necesite un trabajo remunerado, sea por sus ingresos de otro orden que le permitan vivir con cierta comodidad, por renta o por pensión o jubilación o porque sus familiares le procuren medios de subsistencia. En tal caso no tiene sentido obligarle o imponerle un trabajo remunerado pero, no obstante y según el caso, puede ser útil para su conducta futura asignarle una actividad de utilidad social adecuada a su capacidad, que es lo que prevé la última alternativa propuesta.

e) Concurrir a actividades educativas o de capacitación, no sólo en los supuestos en que el penado no haya completado su educación elemental, sino también en otros, cuando parezca conveniente para su mejor desempeño social en el futuro. En la actualidad no basta con la instrucción elemental para obtener posibilidades laborales y, en la medida en que éstas puedan ampliarse en razón de la mejor capacitación de la persona, el juez puede imponerle esa condición.

f) El sometimiento a un tratamiento o control médico o psicológico corresponderá no sólo a los casos en que alguna patología afecte la conducta del penado o la condicione desfavorablemente, como también cuando demuestre desidia en la atención de su propia salud, puesto que esto nunca es buen síntoma, dado que denota una autopercepción desvalorada, un signo depresivo o también de autoagresión, que es menester revertir en la medida de lo posible.

g) Dependiendo del marco en que haya tenido lugar la conducta, siempre existe un conflicto y circunstancias, lugares o personas que aumentan su posibilidad de reproducción.

La prohibición de concurrir a ciertos lugares o de relacionarse con determinadas personas tiende a evitar la recaída en los mismos marcos conflictivos o problemáticos, alejando al penado de esas circunstancias propiciatorias de las conductas desviadas análogas o vinculadas al hecho cometido. No se trata de una limitación a su locomoción geográfica, lo que sería materia de otras penas, sino de su concurrencia a ciertos lugares (casinos o análogos, espectáculos públicos, deportivos, etc.).

h) No se trata de prohibir absolutamente el uso de alcohol o estupefacientes, sino de prohibir su abuso.

Es sabido que no puede confundirse el usuario con el dependiente, pues en tanto que el uso puede ser simplemente desaconsejable por razones de salud, la dependencia constituye una patología y el abuso una ocasión de descontrol riesgoso. La prohibición absoluta de su uso no tendría sentido cuando se trate de hechos que nada tienen que ver con un tóxico.

El tóxico más criminógeno en nuestro medio es el alcohol, que no requiere caer en dependencia para generar situaciones violentas y hasta letales, pues para ello basta con un abuso, es decir, con un aislado y esporádico estado de embriaguez. De allí que se proponga la prohibición del abuso del alcohol.

De cualquier manera, no tiene sentido leer esta condición como una invariable apuesta a un prohibicionismo alcohólico o algo semejante, sino que ella debe estar vinculada cercanamente al hecho o a sus circunstancias o naturaleza, o sea, que se explica en hechos en los que el tóxico haya desempeñado algún papel, o bien, de conductas de violencia física que denoten cierto grado de agresividad y que, por ende, el tóxico pueda actuar como desinhibidor de esos impulsos. Por regla general, no tendría sentido establecer un plan con esta condición para quien haya cometido una falsificación de instrumento privado o librado un cheque sin provisión de fondos.

2. El plan elaborado por el juez no puede ser inmutable, sino que debería modificarse según los resultados que vayan emergiendo de los informes periódicos y de la evolución judicial del comportamiento del penado. Se insiste en la necesaria intervención del penado, fundamentalmente para ilustrar al juez en cuanto a sus condiciones personales y posibilidades para el cumplimiento del plan.

3. Es importante señalarle al juez que las instrucciones no deben afectar la dignidad del penado, en el sentido de que no pueden lesionar su autoestima ni resultar estigmatizantes, pues todo eso, además de lesionar principios básicos, tiene un efecto contraproducente sobre la conducta futura de la persona.

Tampoco pueden invadir ámbitos de privacidad, debe respetarse su autonomía de conciencia, sus creencias religiosas y sus pautas de conducta social no vinculadas con el delito. El penado no queda sometido al juez en su persona, sino en la medida necesaria para ajustar su conducta a derecho, lo que bien puede hacer sin modificar sus valores aceptables dentro del pluralismo cultural de nuestra sociedad. El juez no puede hacer dominantes sus valores personales, provenientes de su pertenencia de grupo, de clase, etc., sino respetar los del propio penado en la medida en que poco o nada tengan que ver con el hecho cometido.

El juez no puede intervenir en la orientación sexual del penado, en sus relaciones íntimas, como tampoco en las decisiones de su vida personal que no tengan que ver directamente con las circunstancias del hecho o que sean imprescindibles para evitar nuevos conflictos.

El penado sigue siendo dueño de su destino como ser libre y dotado de conciencia moral y, si bien en el diálogo nadie puede prohibirle al juez la posibilidad de brindarle consejos, eso es algo muy diferente a impartirle instrucciones obligatorias como cumplimiento de pena.

En cuanto a los tratamientos, no debe impartirse una instrucción que someta al penado a una intromisión en su cuerpo, como una intervención quirúrgica, por ejemplo. En este aspecto el penado conservaría la misma autonomía que el ciudadano común frente a la posibilidad de un tratamiento quirúrgico o de naturaleza semejante.

Por tratamientos invasivos deben entenderse no sólo los físicos, sino también los psíquicos, como pueden ser los reflexológicos, narcoanálisis y análogos. Los psicoanalíticos no entran en esta prohibición, porque por definición son de imposible cumplimiento sin el previo acuerdo total del paciente.

4. A efectos de descargar a los jueces de la tarea de procurar la información acerca del cumplimiento de las instrucciones, se proyecta que sea el propio penado quien acredite en cada caso su cumplimiento y el juez se limite a disponer el control por medio de inspectores y asistentes, en el entendimiento de que el control periódico dista mucho de la verificación acabada del cumplimiento, que requiere mayores elementos de juicio.

5. Se distinguen nítidamente las funciones del inspector y del auxiliar de prueba. En tanto que el inspector es quien controla al penado, tanto en la pena de cumplimiento de instrucciones como en las restantes penas conjuntas, el auxiliar sería quien le ayuda a su cumplimiento.

Las funciones deben distinguirse, pues el diálogo y la comunicación es diferente con quien presta ayuda que con quien controla, y la confusión de ambos roles puede acarrear como consecuencia que para ocultar o disimular incumplimientos nimios, el penado incurra el otros más graves o incluso en infracciones mayores. En la medida en que éste cuente con un auxiliar, obligado a la ayuda y al secreto profesional, se establece una relación de confianza y sinceridad mediante la cual estos riesgos se neutralizan.

Por las mismas razones que ninguna de las otras penas alternativas pueden ser controladas ni ejecutadas por la policía ni por los funcionarios de seguridad de los establecimientos penales, con mayor razón esta prohibición debe mantenerse en esta pena, dadas las características particulares de ella.

Además, toda intervención de personal uniformado tiene un efecto estigmatizante en el vecindario, en el barrio, en el trabajo y en todos los ámbitos en que actúa el penado, lo que le reduce su espacio social.

Por otra parte, el penado debe sentir que se está alejando de los organismos represivos, lo que requiere una diferencia objetiva en cuanto al personal interviniente.

Esto no significa que administrativamente el personal no pueda depender de la misma autoridad, pero debe permanecer separado de los de seguridad y en un cuerpo especial o diferente.

Sería conveniente advertir al juez sobre el estricto cumplimiento de esta prohibición, cuyo desconocimiento puede desvirtuar todo el sentido de esta pena y de todas las alternativas.

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