Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas




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Notas
(1) La idealización del Peronismo hecha por Pasado y Presente en 1973 la explicitó Burgos en una docena de páginas (Burgos, 2004, 208-217). Pero en dicha crítica Burgos no se detuvo a estudiar el siguiente párrafo: “Estos son, a nuestro entender, los rasgos que definen la originalidad del movimiento peronista. De un movimiento que, con el triunfo electoral del 11 de marzo [1973] dio los primeros pasos hacia una nueva etapa de su historia. Ese día, el peronismo actuó como síntesis política del conjunto de clases que se opusieron, desde 1966, al proyecto monopolista, cuantificó en las urnas todo el odio acumulado por el pueblo frente al imperialismo y sus aliados internos. El pronunciamiento masivo que significó el voto, puso también al descubierto el error de quienes, desde una izquierda que salía de la crisis del reformismo y que había logrado una primera inserción en el movimiento de masas, propugnaron el voto en blanco, alentando una vana ilusión de pureza programática”. (Debo el ejemplar de este inhallable número de Pasado y Presente a la generosidad de Martín Sivak, hijo de mi malogrado amigo Jorge Sivak)
(2) Juan Carlos Portantiero , Juan Carlos Torre, Emilio De Ipola, Hugo Rappaport, Pablo Giussani, Pedro Parturesni y Sergio Bufano (Rodríguez, 2005).
(3) ver Burgos, 2004, 91 y 107.
(4): Delgadillo, Gómez, y Stoll, 2000;
(5) En el proyecto se encontraban implicados los intelectuales argentinos Alejandro Piscitelli y Adrían Paenza, así como un departamento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA dirigido por el Dr. Hugo Scolnik. Para la réplica al proyecto de Negroponte ver Villanueva Mansilla, 2006.



Capítulo II
Privatización mercantilista de la investigación, transferencias tecnológicas y plagio del Bayh-Dole Act

Entre las funciones de control simbólico y jurídico en los ámbitos científico-educativos se destacan como claves las denominadas transferencias tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en Argentina por cuanto remontan sus orígenes a la época colonial, cuando las transferencias tecnológicas practicadas en la industria minera fueron importadas desde España, y en la era decimonónica cuando las industrias frigoríficas y ferroviarias fueron transferidas desde Inglaterra y Francia.

Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como etapa crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como eufemismo fraudulento para ocultar la cesión de la investigación pública a los intereses privados, se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su origen conceptual en la aprobación por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). [1] Esta noción legal de transferencia tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en Estados Unidos a través de las universidades y fue aparentemente exitosa tanto en materia de producción de patentes universitarias, como en cuanto al aumento del producto bruto y el empleo de mano de obra calificada. [ 2]

Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de plagiar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió aún mas que en USA a privatizar la investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo, e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países periféricos, sino también mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington, tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). [ 3]

Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación de esta Ley Norteamericana se originaron en Argentina en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, y en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes habrían tenido su verdadero origen en la Bayh-Dole Act (1980). [ 4] Esta Ley 23.877 y sus Decretos son muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología de Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad en Brasil. [ 5] Estas Leyes y Decretos, promulgadas en Argentina, debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer una radical descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, y de sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. [6]

Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debe de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada y abierta. Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública e independiente, y debe constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna o privada-mercantil. [ 7] Pero para poner en funcionamiento dicha Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del PEN. La inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices.

Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vio precisado a elaborar un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos. En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877".

Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley 24.521, en 1992 y 1995, y el Programa para la Reforma de la Educación Superior (PRES), que fuera cofinanciado por el Banco Mundial, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial (U$S 160 millones) se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la justicia (ver el caso de la Universidad Nacional del Litoral en el Apéndice II).


No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros decretos y específicas ordenanzas para incentivar la adopción de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori del Pacto de Olivos (1994)-- a nuevas instituciones, tal como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC). Este último Programa dejó de funcionar y fue reemplazado en la práctica –a juicio de Toscano (2004)- por el Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), ambos dependientes de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT); y por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), esta última sustitutiva de la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP), con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron luego incurrir sin sobresalto alguno en reiteradas irregularidades de todo calibre. [ 8]

Más aún, instituciones como la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones evaluadoras, la evaluación externa y la acreditación por la CONEAU de instituciones y programas académicos arancelados, la planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; y otras como el voucher y la escuela charter (que en Argentina no alcanzaron a concretarse, y que fueron utilizadas y criticadas en el país del Norte), son manipuladas en países como los nuestros de una manera soez, y habrían venido a legalizar la privatización o captura de espacios públicos –los que debieran ser indelegables e intransferibles-- tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero.

Las políticas de filantropía o mecenazgo corporativo y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo privado en las instituciones científicas, incluidas las universidades, mediante subsidios, donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica de la investigación científica. [ 9] Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública, corruptoras de las actividades legislativas y administrativas, entre ellas de una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos.

Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural y científica, que al privatizar la investigación pública mediante contratos, transferencias y peajes, y sembrar las universidades y la comunidad científica con un ambiente de lucro y de un “sálvese quien pueda” ha acentuado el clima de desolación y estrago moral y espiritual existentes.


Notas

[ 1] ver Noble, 1984 ; Minsky, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.

[ 2] Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000 ;

[ 3] ver Barcelona y Villalonga, 1992 ; Santoro, 1998 ; y Madani, 2000.

[ 4] El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios".

[ 5] ver Vessuri, 1997, 153.

[ 6] Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole Act en Estados Unidos, ver Soley, 1995 ; White y Hauck, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.

[ 7] ver Minsky, 2000.

[ 8] En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza 002, por la cual en su artículo 4º. se establece que en sus Informes anuales las instituciones universitarias que buscan ser acreditadas deberán prioritariamente indicar si la institución dió inicio o no a las estrategias de producción y transferencia.

[ 9] Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver Soley, 1995 ; y White y Hauck, 2000.

Fuente: Pol-Cien-III-2003)

Capítulo III

Planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio de CyT)

En materia de autocensura informativa, el crédito mayor lo lleva el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, perteneciente a la órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica, el cual se ha caracterizado por omitir toda referencia a la corrupción y la falta de transparencia desplegada en la educación superior y en los organismos de ciencia. Dicho Observatorio, creado en febrero de 2004, formalizó su incorporación en la red global como miembro afiliado del Observatorio Científico Tecnológico de la Unión Europea.

El objetivo de estos Observatorios es el de recopilar información-base para ser catalogada, compilada, analizada y convertida en indicadores para que sean empleados en diferentes análisis y mecanismos de toma de decisiones. Sin embargo, en el caso argentino, esta toma de decisiones pareciera asimilarse más a una planificación autoritaria de un comisariato político que a una planificación democrática, si nos hemos de atener a las declaraciones y a los mecanismos de acumulación informativa y de designación de las autoridades del ramo. En efecto, esta incorporación supone una cesión gratuita de nuestra información científico-tecnológica, que sumado a nuestro enfeudamiento de los recursos energéticos y comunicacionales al reino de España hace de nuestro país una de las naciones más vulnerables del planeta.

Más aún, el entonces Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio Abel del Bono manifestó el 17 de abril de 2004 en Página 12, en un objetado reportaje que figuró en la portada de la SECYT en Internet, que el propósito de su gestión es el de "integrar el sistema científico con objetivos, estrategias, acciones y prioridades comunes". Las dudas que despertó este emprendimiento oficial y estas declaraciones son numerosas y fundadas, tal como se manifestó en el mensaje electrónico titulado Autoritarismo en la Ciencia Argentina (Del Bono-2004). En principio, entendemos que dejar librada la planificación del sistema científico-tecnológico de un país profundamente dependiente a merced del comportamiento de meros indicadores cuantitativos, cuando menos merece el calificativo de ingenua y también el de profundamente sospechosa.

Los sistemas científico-tecnológicos de los países avanzados, por estar dotados de altos grados de transparencia en los procedimientos, participación democrática y competitividad y excelencia científica, su performance puede ser exitosamente medida por indicadores cuantitativos. Pero en aquellos otros países de la periferia, donde en sus sistemas de ciencia y técnica prevalecen todo tipo de patologías, intentar medir su performance mediante dichos indicadores cuantitativos llevaría directamente al fracaso más rotundo, debido a la carencia de fiabilidad, credibilidad y confiabilidad de dichas estadísticas. En este tipo de sistemas, gangrenado por una creciente corrupción académica, se impone una cirugía mayor que instaure definitivamente estructuras institucionales y estándares de conducta equivalentes con los que nos rigieran en nuestros orígenes como república independiente y democrática y con los vigentes en los países centrales.

En segundo lugar, las designaciones de los responsables de aquellos emprendimientos que cuentan con financiación internacional (FOMEC, Transferencias Tecnológicas, etc.) suelen recaer siempre en los mismos personajes, aún con distintos gobiernos, tal como si fueran los soldados del repertorio de la ópera Aída, siempre rodeados de una nube impenetrable, situación que se expuso en 2004 en un extenso artículo que publicara electrónicamente el Archivo Analítico de Políticas Educativas, de la Arizona State University (v.XII, n.6). Así, en este caso la Coordinación del Equipo Técnico al frente de la sede nacional de dicho Observatorio recayó en el Dr. Mario Albornoz, el mismo que otrora trabajara en UBACYT, en tiempos del Rector Delich; luego dirigiera el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y fuera durante el menemato fuertemente financiado por la gestión del Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello a través de la denominada Agencia. Para comenzar, se ignora el mecanismo empleado para su designación pues nadie fue consultado al respecto. Tampoco se conoce el método empleado para el nombramiento de los demás integrantes del Equipo Técnico (a saber: Guillermo Anlló, Rebeca Guber, Lucas Luchilo, Manuel Marí, Diego Ratto, y Leonardo Vaccarezza).

Las dudas recaídas sobre el Dr. Albornoz, Director de REDES-Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, perteneciente al Programa del CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), obedecen a su pasado desempeño académico y a que nunca arriesgó en su larga carrera en instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología una sola palabra acerca de la corrupción en los medios científico-académicos y tampoco manifestó su opinión respecto a las comprometedoras declaraciones publicadas en Página 12 por el Secretario Tulio Del Bono.

En la lista de discusión electrónica Pol-Cien, en un mensaje intitulado ¿Perdieron la fe?, se decía el 5 de julio de 2000, con relación a dicho Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que la "... información referida a los fondos recibidos [de manos de la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica durante la gestión Del Bello] tampoco alcanzan para disipar las dudas recaídas sobre la gestión del Dr. Albornoz. Los datos cuantitativos por él brindados no citan fuente alguna, se reducen a porcentajes de una cifra total aún desconocida, correspondiente exclusivamente al año 1999, y esconden las magnitudes absolutas de los guarismos brindados y no publicados en su sitio web y que la SECYT, no brinda desagregada por institutos y/o universidades beneficiadas".

Tampoco la información prestada por la página web del Instituto dirigido por el Dr. Albornoz "..ilustra acerca de los mecanismos de reclutamiento del personal docente o investigador ignorándose hasta el presente si en dicha Universidad [de Quilmes], presidida por el Rector [Julio] Villar, y en dicho Instituto dirigido por el Dr. Albornoz, se contempla la publicidad de las vacantes y los concursos públicos por oposición y antecedentes. Por ejemplo, se ignora cuál ha sido el concurso ganado en dicha Universidad por el ex Secretario Juan Carlos Del Bello [quien figura en la nómina del Instituto dirigido por Albornoz]. Esta fiel observancia de los concursos, tan caros al mundo académico argentino, no era ni es supervisada por la Secretaría de Políticas Universitarias, ex Secretaría de Educación Superior, del Ministerio de Educación.

Además, el hecho de que en el reclutamiento del personal investigador del Instituto que en el pasado dirigiera el Dr. Albornoz "...prevalezca la naturaleza político-partidaria por sobre la excelencia científica y por consiguiente la exclusión de quienes no pertenezcan a la secta o facción de marras esta corroborado por la propia currícula dada a luz en la Web, donde al menos en una decena (10) de casos se destaca notoriamente su afiliación a organismos estatales o para-estatales (Asesores de Gabinete y Consultores de Bancos, Ministerios y organismos internacionales)".

Y en cuanto a la naturaleza de las líneas de investigaciones promovidas en dicho Instituto "...una pormenorizada lectura de dicha currícula revela que existe un marcado sesgo en pos de los indicadores cuantitativos en ciencia y tecnología, que es como decir la contaduría de la ciencia, esa extraña simbiosis de teología y hermetismo, que coincidentemente es la temática que mas cultiva el Dr. Albornoz, consignada en su propia curricula". Finalmente, nunca se conocieron los verdaderos motivos de las desavenencias entre el Rector Villar y el Prof. Albornoz, que derivaron en la separación de este último de la UNQ. Pero todo pareciera indicar que el incidente no obedeció a razones de principios o teorías científicas sino a meras diferencias presupuestarias. Por último, el Dr. Albornoz logró montar tienda en el CYTED, asiento desde el cual logró programar su inconsulto y antidemocrático desembarco en la SECYT, actual Ministerio de Ciencia y Técnica.

En conclusión, lo que se impone es impedir que la dirigencia política se convierta en un comisariato partidario que se inmiscuya en la tarea de fijar metas y objetivos, dictándole a los científicos la pertinencia de lo que deben o no deben investigar, como ocurrió con las declaraciones del Ministro de CyT Lino Barañao al referirse despectivamente a las ciencias sociales asimilándolas a la teología, y engañando la buena fe presidencial haciéndole firmar un decreto por el cual se le exige al CONICET la entrega de su base de datos de científicos. Se decía en un mensaje del 30 de Noviembre de 1999, publicado en Pol-Cien, y titulado Rémoras o Supervivencias, que lo que nuestra sociedad está exigiendo a la elite política es que "...imponga en los ámbitos científico-académicos claras pautas de transparencia, honestidad, democracia y publicidad de sus actos de gobierno, de manera tal que el aparato científico-tecnológico funcione como un verdadero sistema, sin cortocircuitos, encapsulamientos ni enclaustramientos que afecten su necesario clima de libertad y de diálogo, su movilidad interna y su productividad final, y que contribuya a la disminución de la creciente brecha cualitativa que nos separa de los centros científicos mundiales".

Por todo ello entendemos que en la cuestión del Observatorio Científico y en la selección de sus integrantes se impone una urgente revisión y una necesaria y respetuosa consulta democrática dirigida a todas las instituciones científicas especializadas en Ciencias de la Educación, Sociología de la Ciencia, Antropología Cultural y Psicología y Filosofía de la Ciencia, y en general a todo el público investigador del país y del CONICET.
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