Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas




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Capítulo VIII

Favoritismo clientelístico fraguado en el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia

Además del Fondo Nacional Científico y Tecnológico (FONCYT), Dirección General de la cual se nutren los subsidios de investigación de la Agencia, también existe el denominado Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del cual se han financiado los pequeños emprendimientos empresarios orientados a la innovación y modernización tecnológica. Ha sido en dichos Fondos, ambos dependientes de la Agencia, que hemos hallado la existencia de diversos y reiterados peculados. En principio, en cuanto al FONTAR, hemos descubierto cómo las jerarquías de poder de este organismo han estado monopolizadas por una sola disciplina del arco científico, la de la ingeniería química, y por un solo grupo de interés del arco industrial (ver Apéndice VI). Desgraciadamente, salvo la estadística proporcionada por el propio FONTAR http://www.agencia.mincyt.gov.ar/spip.php?article42

para el cómputo de los empresarios subvencionados no contamos con la información correspondiente a los subsidios y préstamos que se registraron con posterioridad al 2001.

Asimismo, para el estudio de la comisión de ilícitos contra el erario público, que se concretaron mediante favoritismos clientelísticos, se ha recurrido a las contrataciones impulsadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT), dependiente del Ministerio de Educación, las que comenzaron cuando se iniciaron las actividades de la Agencia o ANPCYT (1996), con la firma de numerosas leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones. De resultas de la Ley 23.877, de 1990, y del Anexo II del (RBP), decretado por SECYT No. 194/97 de 1997, se especificó una calificación certificadora que pudiera operar como una credencial, titulada UVT, que consistía en demostrar capacidad para organizar vínculos interinstitucionales, programas y actividades orientados a la innovación y modernización tecnológica, y destinada a habilitar empresas y entidades públicas y privadas a los efectos de que puedan acceder a subsidios y préstamos oficiales y a créditos fiscales.

Amén de las UVT habilitadas, entre 1998 y 2001 se aprobaron un centenar de dichas Unidades. Estas habilitaciones permitieron al Directorio del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), administrador de los fondos (BID), y a los Coordinadores del Fondo Nacional Científico y Tecnológico (FONCYT), ambos dependientes de la Agencia, distribuir en ese corto período doscientos (200) subvenciones y préstamos para los Programas de Modernización Tecnológicas (PMT) y los Programas de Consejerías Tecnológicas (PCT), financiados con fondos del presupuesto así como con

  • un préstamo de U$S 140.000 del BID.

Estas subvenciones y préstamos --distribuidos para Programas de Investigación y Desarrollo (PID), y Programas de Investigación en Ciencia y Técnica (PICT), vinieron a beneficiar a empresas privadas y no a instituciones oficiales o privadas que prestan servicios públicos. Para conocer cuáles son estos montos y porcentajes exploramos el sitio de la Agencia, en cuya base figuran en forma cronológica una multitud heterogénea de Resoluciones administrativas. Esas Resoluciones se volcaban

  • al otorgamiento de subsidios y préstamos ;

  • a la aprobación de evaluaciones técnicas y elevación de solicitudes de financiamiento al Banco Nación ;

  • al otorgamiento, prórroga y desestimación de certificados de calificación y a la aprobación de Tablas de Amortización de los beneficios otorgados.

Una vez desagregados en forma alfabética desglosamos los préstamos y subsidios de las entidades privadas de aquellos que pertenecen al ámbito público.

Así detectamos, para el período 1998-2001, sobre un total de U$S 42.566.418 distribuidos en forma de subsidios y préstamos que:

  • U$S 16.253.349 (38% del total), asignados a 70 entidades de interés público y sin fines de lucro, y

  • U$S 26.625.069 (62%) a 101 entidades privadas (ver Apéndice VII)

Lamentablemente, para el período 1996-1998, en que supuestamente se distribuyeron los U$S 100 millones de dólares faltantes, la documentación brindada electrónicamente por la Agencia, en forma de resoluciones administrativas, oculta el detalle de dicha información. Estas actividades para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido en prácticas que habrían sido corruptoras de actividades administrativas así como corruptoras de una nutrida planta de empresarios y funcionarios.

El favoritismo en la asignación de recursos públicos otorgado entre funcionarios puede ser caracterizado como asociación ilícita. Tal sería el caso del crédito dado por el FONTAR a la empresa Hueque SRL por la suma de U$S 277.962, para ser aplicado al proyecto sobre "...la esquila del guanaco en vivo", aparentemente brindado al marido de la entonces Ministra de Educación Susana Beatriz Decibe.

Asimismo, el uso de fondos públicos para el clientelismo político por parte de aquellos funcionarios que están lanzados a la carrera política electoral es también uno de las infortunios más nocivos del régimen democrático, y uno de los que mas ha logrado preservar su impunidad. Entre las empresas beneficiadas con préstamos del FONTAR figuran al menos tres (3) firmas de la provincia de Río Negro, origen del entonces Secretario de la SECYT Juan Carlos del Bello. Las empresas radicadas en Río Negro beneficiadas con préstamos del FONTAR fueron

  • Castiglione, Pes y Cía., con U$S 75.000 ;

  • Cabaña Micó, de Roberto Milohanich y Susana Cornaglia con U$S 76.991 

  • Truchas Alicurá SRL, en U$S 163.850 (ver Apéndice VII)

Las subvenciones del FONTAR se otorgaron en diferentes categorías, es decir como préstamos de reintegro contingente (para casos de alto riesgo tecnológico,

En este período estudiado, los préstamos de reintegro contingente que alcanzamos a detectar sumaron 22 casos por U$S 8.858.748.

Varios de estos proyectos presentan en su contenido motivaciones sospechosas y muy desproporcionadas en sus montos. Entre ellos se encuentra el otorgado a la empresa

  • CRIOLLO SA por U$S 115.835, para desarrollar "...una máquina envasadora para producir café" ; y

  • el otorgado a E. Bolo Bolaño de U$S 132.374, para el "...rancheo de yacarés en la provincia de Chaco" (ver Apéndice VII)

Los préstamos no reintegrables alcanzaron a 23 casos, por U$S 1.853.884. Entre ellos

  • Hilandería CAPEN SA, se le otorgó U$S 43.000, para desarrollar "...una prueba piloto de arreo y esquila experimental del guanaco" (ver Apéndice VII)

Los préstamos de devolución obligatoria fueron 52 casos por U$S 15.496.765.

Los subsidios otorgados por FONCYT a entidades privadas y públicas --en carácter de UVT habilitadas-- fueron 96 casos, por U$S 2.854.240, en el marco de la Ley 23.877 y del Programa de Consejerías Tecnológicas (PCT), para supuestamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos se destacan los otorgados

  • para el desarrollo de "...un prototipo experimental de vehículo eléctrico híbrido (VEH)", por U$S 737.450 ; y

  • a la Universidad de Lomas de Zamora por $19.350, para ser aplicado a la ejecución de un CD Rom "...sobre Juan Moreira" (ver Apéndice VII)

Hubo veintinueve (29) casos de entidades cuya información no registra en la fuente documental el tipo de crédito recibido, que montan la suma de U$S 13.502.781 millones de dólares.

También registramos en el año 1999, cuatro (4) subsidios otorgados a la Fundación Innova-T, que integraba el entonces Presidente del CONICET Ing. Armando Bertranou, por un total de U$S 40.000.

Finalmente, no obstante la existencia de algunas declaraciones de "finalización exitosa" de los proyectos financiados, emitidas por la Agencia o ANPCYT, nada dice su sitio electrónico acerca de los reembolsos de aquellas operaciones crediticias otorgadas en calidad de créditos de reintegro obligatorio.

Entre las entidades sin fines de lucro, subsidiadas en su carácter de UVT habilitadas, en el período 1998-2001,

  • el record lo lleva la Fundación para la Interacción de los Sistemas Productivos, Educativos, Científicos y Tecnológicos (FUNPRECIT), dirigida por el Dr. Horacio Ernesto Bosch, la cual recibió la cantidad de diecisiete (17) subsidios por un total de U$S 751.301. Esta Fundación, cuyo sitio electrónico está desactivado, es que dichos subsidios instituyó un par de premios titulados Premio Consagración a la Promoción de la Innovación Tecnológica y Premio Consagración a la Empresa Industrial en Innovación Tecnológica, mediante los cuales resultaron premiados entre otros el

  • Foro Argentino de Biotecnología y el Laboratorio Bio Sidus S.A.. Entre los proyectos de la Fundación FUNPRECIT se encuentra el "...de cria intensiva para producir carne congelada de ranas", por U$S 171.623.

  • Le sigue en el fixture el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, el cual recibió once (11) subsidios por un total de U$S 207.356.

  • En tercer lugar tenemos a Asociación de Vivienda Económica (AVE), que percibió nueve (9) subsidios por U$S 180.000, para la producción y montaje de estructuras de vivienda UMA en diferentes localidades de las provincias del Chaco, Corrientes y Santa Fé.

  • Y en cuarto lugar la Fundación Universidad Nacional de Rosario (FUNR), que percibió ocho (8) subsidios por U$S 138.087. (ver Apéndice VII)

Indudablemente, estas operaciones ameritan una investigación que dé a luz los resultados producidos en impacto y transferencia tecnológica, semejante a la que en la década del 80 emprendió en el CONICET el Lic. Carlos Abeledo, y que dieron lugar a una pesquisa, a partir de la cual se entablaron sumarios administrativos que derivaron en la pérdida de personería jurídica por parte de aquellos Institutos científicos que incurrieron en irregularidades y fraudes a la administración pública, todo lo cual fue dado a conocer en 1989 en una afamada publicación (ver Informe sobre Investigaciones de Hechos Ocurridos en el CONICET, período 1976-1983).

Capítulo IX

Encubrimiento del peculado por parte del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio de CyT
Con respecto a las denuncias formuladas contra la Agencia por la distribución dolosa de subsidios de investigación a favor de las autoridades de la propia Agencia, tomó intervención el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), entonces dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT), con un dictamen exculpatorio. Sin embargo, ninguna reglamentación, ni exculpación, ni absolución, de organismo interno alguno, aunque fuere autónomo, puede blanquear, encubrir o purgar la falta de transparencia, publicidad, legalidad, igualdad o responsabilidad, o contradecir el espíritu de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y de Libre Acceso a la Información Pública.
Esta contradicción de las leyes las cometió el Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE), supuestamente "autónomo", que aunque creado por el Directorio del CONICET (Resolución D N° 1806/04, y su Reglamento, Resolución D N° 613 del 2-5-05), en 2004, bajo el Ministerio de Daniel Filmus, ha pasado a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Técnica con un nuevo Reglamento http://www.cecte.gov.ar/reglamento/; coordinado por Otilia Vainstok e integrado por miembros beneficiados por los subsidios de la Agencia (Stella M. González Cappa, el premio Konex Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok) y también aparentemente por miembros no beneficiados (Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de

Carlucci).
Dichas contradicciones se manifestaron en un documento electrónico titulado Conflicto de interés en comunidades científicas pequeñas, archivado en tercer lugar en la sección Recomendaciones e Informes del portal electrónico de la Agencia, http://www.cecte.gov.ar/pdf/14 , fechado el día 5 de noviembre de 2007, emitido ".a pedido de Investigadores individuales", pero también a solicitud del entonces Presidente de la Agencia Dr. Lino Barañao, la que fue formulada el 9 de abril de 2007 ante el Plenario del CECTE, con posterioridad a las manifestaciones públicas que hiciera el Dr. Barañao en diciembre de 2006 con motivo de mi denuncia pública, y que exculpa a los Coordinadores de la Agencia de toda incorrección.
Se ignora aún si esta exculpación del CECTE alcanza también por analogía a los Directoriales del CONICET y la CONEAU, a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET, y a los funcionarios de las Universidades Nacionales (Rectores, Decanos, Secretarios de Ciencia y Técnica, Jefes de Departamento y Consejeros Superiores y Directivos, por Facultad) que también percibieron subsidios de la Agencia. El caso de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, que percibieron subsidios de la Agencia (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini), es particularmente indignante por cuanto son estos mismos funcionarios universitarios los que también han tenido la responsabilidad legal de controlar la rendición de cuentas de los colegas de su propia universidad que percibieron subsidios.
Capítulo X

Connivencia con el negociado por parte de las autoridades del propio CONICET, dependiente del Ministerio de CyT.
Así como la Agencia y sus autoridades se vieron involucradas en la corrupción institucionalizada y en el negociado cometido con los subsidios de investigación, en el mismo ingrato fenómeno también se encuentra envuelto el Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de CyT. Los funcionarios del CONICET denunciados por incurrir en incompatibilidades durante el desempeño de sus cargos, lo fueron por percibir simultáneamente con el puesto directivo en las Comisiones Asesoras del CONICET diversos subsidios de la Agencia o ANPCYT, y más de una media docena de otros diversos funcionarios del CONICET por percibir sucesivos subsidios de la misma Agencia, organismo perteneciente al Ministerio al cual pertenece el CONICET.
Las denuncias realizadas, son públicas y notorias, conocidas por todos en el CONICET y también fuera del CONICET, por haber sido elevadas a los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Auditoria General de la Nación y Fiscalía General de Investigaciones Administrativas), y el silencio oficial que las ha encubierto ha sido un pilar fundamental en el diseño de la red mafiosa.- A su vez otros ingredientes fundamentales en la construcción de la red mafiosa han sido la existencia del secreto (o confidencialidad), la autocensura y las camarillas o trenzas que le dan sustento carnal a un orden mafioso, así como el colaboracionismo de las autoridades oficiales con dicha red, y la persecución inmisericorde a quienes se atrevan a desafiarlos.
Construcción de la Red Mafiosa (trenzas y camarillas)
Cruzando la lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al período que comprende el año 2006, con las Listas de los beneficiados por la Agencia o ANPCYT durante el último quinquenio (2001-2006) ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones directas (ver Apéndice VIII).

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Entre ese centenar fueron beneficiados los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias (Ricardo Farías recibió $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde quien a su vez desempeñó el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas [CIC] de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y $275.000 en 2004).
Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, y a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y al funcionario de la Academia Nacional de la Historia Dr. Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y nuevamente un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000 (ver Apéndice VIII).
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma de $279.000; Osvaldo Podhajcer un monto de $278.000; y otra vez Osvaldo Uchitel, en esta oportunidad con la suma de $244.000 (ver Apéndice VIII).
Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero habría recibido una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto desconocido bajo el código 38.001.
Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir $257.000 y María Hoyos de Rossi $280.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771 (ver Apéndice VIII).
Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000.
Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 habrían recibido Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto de $279.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma de $269.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.
Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000.
Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que habrían recibido fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman habría recibido en 2005 una suma bajo el código 38.168.
Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 la suma de $182.000.
Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Y entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.
Una rápida lectura de la cantidad de miembros de las Comisiones Asesoras beneficiados con subsidios revela una jerarquía diferenciada entre las disciplinas privilegiadas, donde la primacía la lleva la CA de Ciencias Médicas (14 miembros); seguida por la CA de Química (7 miembros); las CA de Bioquímica y Ciencias de la Tierra, Agua y Atmósfera (5 miembros); las de Biología y Física (3 miembros); las de Matemáticas, Ciencias Agrarias y Veterinaria (2 miembros); y finalmente, en el último contingente, las de Ciencias Humanas, Historia y Antropología, Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, Ingeniería y Procesos Industriales, Arquitectura y Astronomía (un miembro).
Capítulo XI

Autorizaciones abusivas de asesorías y consultorías por el Directorio del CONICET


A diferencia de los docentes-investigadores subsidiados por la Agencia, los Investigadores del CONICET cuando trabajan superpuestamente para terceros bajo el eufemismo de ejercer asesorías o consultorías deben solicitar autorización al Directorio del CONICET.
En efecto, el Directorio del CONICET viene otorgando ininterrumpidamente desde 1997 la autorización de numerosas Asesorías que habrían sido ilegal y anti-reglamentariamente concedidas, consistentes en el cobro de retribuciones adicionales a la "dedicación exclusiva" que les impone el propio Estatuto del CONICET. Estas Asesorías consistieron en un tiempo de contratos en dólares y más adelante en pesos otorgados por empresas privadas y organismos públicos, y se encuentran en: http://www.conicet.gov.ar/VINCULACION/asesorias/index.php
Respecto a las autorizaciones para celebrar contratos de asesoría o consultoría, aun quedan muchos críticos interrogantes para los que no he encontrado aún respuestas, tales como: ¿es correcto que numerosos Investigadores-Consultores y Docentes no declaren ante el CONICET sus respectivos contratos de asesoría y docencia? ¿es correcto que las Declaraciones Juradas que se prestan en el CONICET no pregunten si un Investigador dedica horas de su trabajo oficial en contrataciones con instituciones privadas ? ¿es legítima la diferencia eufemística entre planta y contrato ? ¿es legítimo que no exista incompatibilidad alguna entre un cargo de planta en un organismo público y otros bajo contratos en instituciones privadas que se renuevan periódicamente ? ¿es legitimo acumular cuantos contratos se pueda ? ¿fueron estas autorizaciones automáticas y anteriores o posteriores al contrato de asesor ía? ¿requirió o no el CONICET conocer el monto de los emolumentos cobrados por los Investigadores-Consultores a las empresas publicas y privadas ? ¿se tuvieron en cuenta los derechos del CONICET a participar de dichos ingresos económicos ? ¿son estos emolumentos procedentes de contratos igualados a las Dedicaciones Simples o a las Dedicaciones Exclusivas ? y ¿cuantos y cuales son los Investigadores-Consultores que siguen cobrando regularmente en el CONICET?

Entiendo que estos investigadores y docentes-investigadores habrían tenido la legítima opción de prestar con exclusividad su dedicación horaria incluso en empresas y establecimientos privados, siempre y cuando así lo hayan declarado en el CONICET y éste haya aceptado dichos lugares de trabajo. Por tanto, todo ingreso o emolumento obtenido en dichas empresas y establecimientos que hayan excedido el equivalente a una Dedicación Simple entiendo que tiene que haberles sido descontado de su retribución en el CONICET. De no haberlo declarado, y por consiguiente de no haberles sido deducido aquel emolumento de sus salarios en el CONICET, habría significado que el Directorio admitió que pudieron haber acumulado los salarios correspondientes a dos (2) o mas Dedicaciones Exclusivas, lo cual es ilegal y punible en sedes administrativa y penal, pues habría ido directamente en desmedro de la calidad de sus investigaciones en el CONICET, y de su docencia en las Universidades Nacionales, degradándolas a la condición de investigaciones y docencias "truchas" y en provecho especulativo de los contratantes privados, degradando a la totalidad de dichas operaciones convirtiéndolas en "curros". De ninguna manera estos vulgares pero onomatopéyicamente elocuentes calificativos van en perjuicio de la idoneidad científica o técnica de dichos Investigadores y Docentes, sino que persiguen calificar la "dedicación horaria" que le habrían dado a sus investigaciones y docencias, que supuestamente debieron haber contado con tiempo completo o dedicación horaria exclusiva.

La gravedad que habría significado facturar privadamente, en exagerado exceso del salario correspondiente a una dedicación simple, asesorías o consultorías íntimamente vinculadas con sus respectivas investigaciones en el CONICET y que fueron prestadas mientras paralelamente se hallaban incluidos en la planta o nomina de este organismo publico, echa necesariamente un manto de sospecha sobre la legalidad, honestidad y proporcionalidad de las asesorías y docencias concertadas por aquellos que siguieron cobrando salarios de Dedicación Exclusiva en el CONICET. En otras palabras, la sospecha debe recaer exclusivamente sobre quienes habrían facturado en empresas privadas y en instituciones publicas diferentes servicios de consultoría en sus propios beneficios personales y por montos muy superiores al equivalente a una Dedicación Simple, y que simultáneamente hayan cobrado integro sus salarios de Dedicación Exclusiva en el CONICET. También se extiende esta denuncia a quienes habrían facturado en establecimientos privados y en otras instituciones publicas diferentes servicios de docencia en sus propios beneficios personales y por montos muy superiores al equivalente a una Dedicación Simple, y que simultáneamente hayan cobrado íntegros sus salarios de Dedicación Exclusiva en las Universidades Nacionales. Estas duplicaciones en los cobros habrían obrado en absoluto desmedro de la prohibición de acumular salarios de Dedicación Exclusiva, y habrían defraudado y vaciado de contenido la dedicación horaria exclusiva a la que se comprometieron y cuyos correspondientes salarios habrían supuestamente percibido en el CONICET y las Universidades Nacionales. Por ende, el CONICET y las Universidades Nacionales estarían ahora constreñidos y con el pleno derecho de accionar judicialmente a los efectos de lograr el reintegro o reembolso de todo aquello que en dichos CONICET y Universidades Nacionales se haya cobrado en exceso del salario correspondiente a una Dedicación Simple.

Entre los doscientos (200) otorgantes de los contratos autorizados entre 1997 y 1999 casi la mitad (74) fueron instituciones publicas, de las cuales veintiocho (28) correspondieron a Universidades Nacionales, diez (10) a organismos Provinciales, nueve (9) a Ministerios del PEN, cuatro (4) a Secretarias de Estado, otros cuatro (4) a Institutos Nacionales, y el resto a organismos tales como el Senado de la Nación, Yacireta, CONAE, CONEAU, SENASA, CFI y Agencia o ANPCYT. Lamentablemente me ha sido imposible determinar hasta el momento el monto de las mismas.

De los ciento setenta y seis (176) Investigadores beneficiados por estas autorizaciones del Directorio: con cinco (5) autorizaciones fueron beneficiados dos (2) Investigadores (Carlos Giudice y Julio Cesar Neffa); con cuatro (4) autorizaciones tres (3) Investigadores (Sarandon, Rabinovich, Vera), con tres (3) autorizaciones seis (6) Investigadores (Bocco, Comelli, Martínez de San Vicente, Rodríguez, Rosales, Schiavini); con dos (2) autorizaciones fueron beneficiados veintisiete (27) Investigadores (Andrada, Arroyo, Caprari, Carli, Cassano, Coronato, Charreau, Chiovetta, Esteves, Giraudo, Kieffer, Laurelli, Mendoza, Míguez, Morriconi, Nader, Pedro, Piana, Real, Roldán, Ruiz, San Román, Scenna, Schavelzon, Wagner, Wainerman); y con una sola autorización fueron beneficiados ciento treinta y ocho (138) Investigadores. Y si sumamos las autorizaciones libradas en períodos posteriores, tenemos que Neffa logró dos (2) autorizaciones en 2002 y cinco (5) en 2004; Giudice, tres (3) en el 2000, dos (2) en 2001, y otras dos (2) en 2006; Comelli dos (2) en 2001, tres (3) en 2003, y cinco (5) en 2005; y Rosales tres (3) en 2004, y cuatro (4) en 2006.

Sorprendentemente, entre los Investigadores autorizados para usufructuar dichas Asesorías encontramos el nombre de sus propios contratantes, así como el de numerosos beneficiarios de subsidios de la Agencia o ANPCYT. Entre los mismos, también se encuentra el nombre de altos funcionarios. Me pregunto, si los integrantes de esta nomina así como la de los integrantes del Directorio que firmó estas autorizaciones no ameritarían ser administrativamente sumariados y eventualmente procesados en sede judicial, para evitar que corran los plazos de prescripción que establece el Código Penal.

Adjunto como Apéndice IX la nómina completa de dichas "Asesorías" que el Directorio del CONICET aprobó en el periodo 1997-1999, con el detalle de la identidad de los contratantes, de los lugares de trabajo y de los temas de dichas Asesorías (Apéndice IX).

Capítulo XII

Colaboración con la defraudación por parte de los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales

Amén de la Agencia y el CONICET se complicaron también con el fraude la gran mayoría de las Universidades Nacionales, a través de diferentes organismos internos y sus respectivas autoridades. Existen pues en la Universidad Argentina diversos funcionarios que distan de estar a la altura de las críticas circunstancias que azotan a nuestro país. Se supone que quien alcanza un cargo de contralor en el gobierno universitario como el de Secretario de CyT debe custodiar los intereses de la comunidad científica. ¿Cuáles son dichos intereses y como deben defenderse?
Pues bien, se entiende que la administración de los subsidios destinados a la ciencia y a la investigación repartido por la Agencia o ANPCYT debería haber ocupado una de las máximas prioridades de las Secretarías de CyT de las respectivas Universidades y Facultades. Sin embargo, nos encontramos ante la triste verdad que dicho contralor ha sido burlado, y que los subsidios de la Agencia han sido objeto de un absoluto descontrol.

Entre las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y/o Universidades Nacionales, la sexta pata del hexágono burocrático sobre el cual está montada la red que domina la producción del conocimiento científico público en Argentina, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación financiados por organismos nacionales, provinciales y/o universitarios, así como la de administrar las Rendiciones de Cuentas de los gastos practicados por los Responsables de los Proyectos financiados.

Los funcionarios que deben otorgar subsidios a los docentes-investigadores y que por el contrario se lo otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco incurrirían en varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art.265 del Código Penal); en segundo lugar contribuirían a la construcción de una red mafiosa de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades (Rectorados, Decanatos, Secretarías de Investigación, Jefaturas de Departamento), y de las instituciones de dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT, SPU), estas últimas alimentadas con los Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se convertirían en partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto lugar incurrirían en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia en enriquecimiento ilícito.

Estas conductas, que podrían llegar a constituir delitos, alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260, 261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario académico es otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en incompatibilidades manifiestas otorgándoselo a sí mismo o a sus colegas-funcionarios, socios o amigos. Por cierto, para que la indagación de la existencia de una asociación ilícita fuera más plenamente acreditada se deberían producir allanamientos, y requerir la información relativa a los parentescos carnales y políticos, que como cualquier fiscal federal conoce son en el interior del país -por razones demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de la república.

En cuanto al contralor de la gestión administrativa, tenemos que las Universidades Nacionales practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, con muy diversos grados de rigor y transparencia, pues que se sepa no han descubierto hasta hoy ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito. Algunas Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría u organismo centralizado y otras lo han diversificado en tantas Secretarías como Facultades existen en sus organigramas. Para el caso, tenemos que la Universidad Nacional de Tucumán tuvo durante un tiempo al frente de su Secretaría de Ciencia y Técnica al historiador Daniel Campi, el mismo a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de $135.938. En la Universidad Nacional de Córdoba, figuraba a la cabeza de la Secretaría de Ciencia y Técnica el químico Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado. En la Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de $213.125. En la Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió en el 2001 la suma de $134.000. Y en la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con otro subsidio de suma indefinida (ver Apéndice X).

En la provincia de Buenos Aires, los desaguisados tampoco escasearon. En la Universidad Nacional del Sur, el Secretario de Ciencia y Técnica Osvaldo Agamennoni recibió en 2003 la suma de $147.727. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado. En la Universidad Nacional de San Martín, el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza fue financiado en 2004 con un subsidio de $71.279 (ver Apéndice X).

En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la asociación ilícita. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas, repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores: el miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin; el integrante de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $210.000); los miembros de la CTA No.4, de Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de $208.980) y Juan Pablo Rossi (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $206.250); los miembros de la CTA No.5, de Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof, Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de $203.708) y Alicia Fernández Cirelli, ex Presidenta de UBACYT durante el Menemismo (ver Apéndice VI). Por último, faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores integrantes de estas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, que por cierto no están exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados ilícitos (ver Apéndice X).

En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos que en la Facultad de Odontología, el Secretario de Ciencia y Técnica Enri Santiago Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido. En la de Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por $212.925. Y en la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación de dicha Facultad el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por $210.000. Asimismo, en la UBA hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia al Decano de Filosofía y Letras Héctor Trinchero con $170.000, al Decano de Farmacia Alberto Boveris con $140.000, a la Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada, al Vice-Decano de Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de $161.812; y a un ex Decano de Sociales Fortunato Mallimacci con $362.186 en 2004. Entre el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación nos tropezamos con el nunca tan bien recordado Hugo Levato, el mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los Investigadores que más luego "desaparecieron". En efecto, en el 2004 Hugo Levato levantó en la Agencia un subsidio por la suma de $231.422. Y en el caso de la CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de la Agencia en 2002 y 2005 la suma de $155.354 y un monto desconocido respectivamente (ver Apéndice X).

Cabe entonces preguntarse ¿Qué contralor de los subsidios de la Agencia han hecho los Secretarios de CyT correspondientes a las Facultades de las Universidades Nacionales? ¿Qué rendiciones de cuentas han exigido las Secretarías de CyT de cada Facultad, y en especial en la emblemática Facultad de Exactas de la UBA?
Ignoramos la respuesta. Pero lo que sí sabemos a partir de este estudio es que unos cuantos de dichos Secretarios correspondientes a las Universidades de Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, Mar del Plata y UBA (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini) participaron del botín, no en una sino en varias oportunidades, sin haber existido escrúpulos por incompatibilidad alguna. Y la presunción que asalta es que los Secretarios de CyT han buscado y buscan dichos cargos para poder compartir este saqueo, a sabiendas que contaban y cuentan con absoluta impunidad, pues los Consejos Directivos de sus respectivas Facultades nada querrían hacer para controlar sus rendiciones de cuentas.
En conclusión, los cargos de Secretario de CyT han sido así objeto de un ostensible desfalco practicado en banda destinado a alimentar una suerte de Cadena de la Felicidad extendida a escala nacional.
Capítulo XIII
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