Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia




descargar 56.34 Kb.
títuloFiliación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia
fecha de publicación25.01.2016
tamaño56.34 Kb.
tipoInvestigación
b.se-todo.com > Ley > Investigación

SF (429) 2009-00361-03 MARÍA DOLORES CALLEJAS VERA en contra de RAMIRO SÁNCHEZ CABRERA.

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL – Investigación de la paternidad / Prueba de ADN: Es suficiente para proferir sentencia.
La Ley 721 de 2001 por medio de la cual se modificó la Ley 75 de 1968, introdujo un elemento probatorio imprescindible en tratándose de procesos para establecer la paternidad o la maternidad, esto es, el examen científico, el cual el operador jurídico está en la obligación de ordenar con el fin de determinar científicamente el índice de probabilidad superior al 99.9% y de esta manera adquirir la certeza de la declaración que está de por medio; en tal contexto, el artículo 3 de la norma en cita, prevé la posibilidad de recurrir a otros medios de prueba, como los documentos y testimonios, “ solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN”.

(…)

Viene de lo dicho que en la actualidad los exámenes de ADN, elaborados conforme a los mandatos legales, son elementos necesarios -y las más de las veces suficientes- para emitir una decisión en los juicios de filiación, pues dan luces sobre el nexo biológico y obligado que existe entre ascendiente y descendiente, con un altísimo grado de probabilidad que, per se, es capaz de llevar al convencimiento que se requiere para fallar.”
En suma, no tiene cabida acoger la irregularidad que el recurrente acusa, pues (…)respecto de la omisión de las pruebas solicitadas, incuestionable es que de acuerdo con el trámite previsto en la Ley 721 de 2001 y su desarrollo jurisprudencial, la juez a quo estaba plenamente facultada para proferir el fallo sin acudir a otras probanzas, máxime cuando el contenido de las declaraciones recaudadas revelan la relación entablada por las partes para la época de la concepción, consideración que si bien resulta superflua frente a la prueba genética, refuerza la determinación tomada.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

CIVIL – FAMILIA
Magistrada Ponente: Dra. ENASHEILLA POLANÍA GÓMEZ

Proceso : Ordinario- Filiación Extramatrimonial

Radicación : (429) 41001-31-10-005-2009-00361-03

Demandante : MARIA DOLORES CALLEJAS VERA

Demandado : RAMIRO SÁNCHEZ CABRERA

Asunto : Apelación de sentencia

Procedencia : Juzgado Quinto de Familia

Circuito : Neiva

Neiva, noviembre once (11) de dos mil once (2011)

1.- ASUNTO
Resuelve la Sala Primera de Decisión Civil Familia, la apelación de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2011 por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, dentro del proceso de la referencia.

2.- ANTECEDENTES
La DEFENSORÍA DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - I.C.B.F. - en nombre y representación de la menor JUANITA CALLEJAS VERA, hija de la señora MARÍA DOLORES CALLEJAS VERA, solicita a través del presente proceso de filiación extramatrimonial, se declare que es hija extramatrimonial del demandado.
Indica que la menor es fruto de las relaciones sexuales que sostuvieron las partes desde febrero de 2007 hasta febrero de 2008, pues tal como afirma aquella, quedó en embarazo el 22 de julio de 2007, la menor nació el 22 de abril de 2008, fue registrada en la Notaría Segunda de Neiva y el demandado nunca le ha colaborado económicamente ni se ha acercado a la menor, pese a que la prueba de ADN practicada dio como resultado un 99.999 % de probabilidad de su paternidad.
A partir de dichas circunstancias, solicita se hagan las siguientes declaraciones:
Que la menor JUANITA CALLEJAS VERA es hija del señor RAMIRO SÁNCHEZ CABRERA.

Que se ordene la anotación correspondiente en el registro civil de nacimiento de la menor.

Que se regule la cuota alimentaria a su favor y a cargo del demandado.

Que se condene al demandado a reembolsar al I.C.B.F. el costo de la prueba genética de ADN practicada, por un valor de $ 435.000 y se expida copia auténtica de la sentencia con la anotación de ser primera copia, para efectos del cobro ejecutivo.
2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Juzgado Quinto de Familia de Neiva, admitió la demanda, corrió traslado al demandado, quien la contestó en término, indicando ser ciertos los hechos contenidos en la misma, excepto el atinente a la no contribución económica de su parte, pues afirmó que era parcialmente cierto por cuanto siempre ha tenido duda de su paternidad frente a la menor. Agregó que es un hecho que deberá probarse el de la solicitud de la práctica de la prueba de ADN por parte del I.C.B.F..

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Tras ordenar correr traslado por 3 días del examen de ADN realizado por el Grupo de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ordenar la práctica de interrogatorios a las partes y oficiar a la empresa en que trabaja el demandado, entre otras, la juez a quo resolvió declarar que la menor JUANITA CALLEJAS VERA es hija extramatrimonial del señor RAMIRO SÁNCHEZ CABRERA; ASIGNAR su custodia y potestad parental a la señora MARÍA DOLORES CALLEJAS; FIJAR como cuota alimentaría a cargo del demandado el 16.6 % del salario mínimo legal, pagadera durante los primeros 5 días de cada mes y reajustada automática y anualmente en enero; OFICIAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil para efectos de la complementación del registro civil de nacimiento, anotando la filiación paterna y el ejercicio de la patria potestad en cabeza de la madre; NOTIFICAR la sentencia al Defensor de Familia en forma personal y CONDENAR en costas al demandado.

La juez a quo consideró que en razón a la naturaleza de la prueba genética, el examen aquí realizado acredita plenamente la paternidad del demandado respecto de la menor JUANITA CALLEJAS VERA, circunstancia que a partir de la aplicación del artículo 14 de la ley 75 de 1968, modificado por la Ley 721 de 2001, impone declarar la paternidad del demandado, conclusión que según señala, refuerza la confesión del demandado respecto de las relaciones sexuales que sostuviera con la actora para la época en que se presume la concepción de la menor.


4.- RECURSO DE APELACIÓN
El señor apoderado de la parte demandada en su alzada, solicita se revoque íntegramente la sentencia de primera instancia y en su lugar, se declare que fue prematura la sentencia proferida; la nulidad de la actuación surtida a partir de la contestación de la demanda ordenando la apertura a pruebas del proceso decretando las solicitadas por las partes.
En apoyo de su solicitud, aduce el recurrente que desde el inicio, el Despacho no tiene otro objetivo que su condena, pues omitió el reconocimiento de su apoderado judicial y omitió abrir a pruebas el proceso, vulnerando con esto su derecho de defensa y estructurando una causal de nulidad que debe ser declarada, de manera que sean acogidas las pruebas que las partes han solicitado en la forma debida y oportuna.

5. CONSIDERACIONES
La filiación por su parte, es un estado civil del cual se derivan derechos y obligaciones para los progenitores e hijos, es decir, es el vínculo que une al hijo con su padre o madre, y se llama desde cada uno de ellos, paternidad o maternidad, estableciendo el ordenamiento jurídico unas acciones para garantizar su protección, que están encaminadas a reclamarla o impugnarla, bien sea en relación con la filiación materna o paterna.
De acuerdo con el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, hay lugar a presumir la paternidad y a declararla judicialmente, cuando, entre otros casos, se demuestra que entre la madre y el presunto padre, existieron relaciones sexuales por la época en que de acuerdo con el artículo 92 del Código Civil, se presume tuvo lugar la concepción. Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad. En el caso de este ordinal no se hará la declaración si el demandado demuestra la imposibilidad física en que estuvo para engendrar durante el tiempo en que pudo tener lugar la concepción, o si prueba, en los términos indicados en inciso anterior, que en la misma época, la madre tuvo relaciones de la misma índole con otro u otros hombres, a menos de acreditarse que aquél por actos positivos acogió al hijo como suyo.

La Ley 721 de 2001 por medio de la cual se modificó la Ley 75 de 1968, introdujo un elemento probatorio imprescindible en tratándose de procesos para establecer la paternidad o la maternidad, esto es, el examen científico, el cual el operador jurídico está en la obligación de ordenar con el fin de determinar científicamente el índice de probabilidad superior al 99.9% y de esta manera adquirir la certeza de la declaración que está de por medio; en tal contexto, el artículo 3 de la norma en cita, prevé la posibilidad de recurrir a otros medios de prueba, como los documentos y testimonios, “ solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN”.

5.1.- En primer término, tenemos que la censura del recurrente se centra en la ausencia del reconocimiento de personería de su apoderado judicial y la omisión de la falladora respecto del decreto de pruebas, surtiendo sin más, el traslado del examen de ADN, desconociendo las pruebas solicitadas por las partes.
5.1.1.- Para efectos de analizar el punto, resulta imperioso señalar que tal reparo fue presentado por la parte demandada en escrito que obra a folios 59 a 62 del cuaderno 3, en el que solicita que el proceso sea declarado nulo a partir del auto del 23 de noviembre de 2009 en que se corrió traslado para alegar y en consecuencia, se abra a pruebas el proceso.

El Despacho, mediante decisión del 11 de agosto de 2010, no accedió a la solicitud de nulidad, decisión que fue recurrida en apelación1 por el demandado aduciendo la pretermisión del decreto de pruebas solicitadas por las partes en forma oportuna y la falta de reconocimiento de personería de su apoderado, actuación que según aduce, no puede asumir el a quo como tácita.

En providencia de fecha 3 de noviembre de 20102, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la decisión del a quo argumentando que una vez corrido el traslado del examen éste no fue objetado por las partes, razón para que quedara en firme y decidir con base en su contenido sin que fuera necesario ordenar su práctica nuevamente o decretar otras pruebas.

Adicionalmente, el 23 de noviembre de 2009 el Despacho corrió traslado a las partes para alegar, determinación cuya revocatoria solicitó el demandado mediante recurso de reposición y en subsidio apelación junto con el decreto de la práctica de la prueba genética, solicitudes a las que el despacho no accedió el 25 de febrero de 2010, decisión que recurrió el demandado en queja ante ésta Corporación, la cual, mediante auto del 30 de julio de 2010, estimó bien denegada la alzada.

Con tal itinerario, es incuestionable que invalidación que ahora pretende el recurrente ya fue objeto de estudio no solo en primera instancia sino por parte de esta Corporación, donde se adujo que no era viable, de un lado, anular una actuación judicial a partir de la incorporación de una prueba que cobró plena firmeza, en tanto no fue atacada y de otro, cuando la misma ha sido calificada en repetidas oportunidades como de alta confiabilidad.

5.1.2.- Es así como en punto del reconocimiento de personería del apoderado del recurrente deviene lógico desestimar la alzada centrada en la ocurrencia de una de las causales de nulidad consignadas en el articulo 140, específicamente en el artículo 6º, como quiera que ésta se abre paso siempre y cuando no se hubiere saneado o que no afecte a la parte que la formule, pues así deviene convalidada expresa o tácitamente, al tenor del numeral 4º del artículo 144 del C.P.C..
En palabras de la Corte Suprema de Justicia:
En otras palabras, en esta materia no basta por regla general la sola constatación externa de la imperfección procesal para dar lugar a la declaración de nulidad, si al propio tiempo no queda establecida de modo inconcuso esa disminución de garantías constitucionales real, efectiva y sustancialmente influyente a la que acaba de aludirse, originada en la irregularidad denunciada, habida consideración que aun en la hipótesis extrema de configurarse las que específicamente sanciona la ley con nulidad, su declaración no tiene cabida “… cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa …”. (Art. 144, Num. 4º, del Código de Procedimiento Civil). (Subrayado fuera del texto original).
2. Vistas las cosas con esta perspectiva, el ejercicio dialéctico planteado por el censor, mediante el cual pretende descartar la posibilidad de que en relación con la nulidad invocada se estudie la importancia de proponerla y la oportunidad para alegarla, constituye sin duda un esfuerzo estéril, toda vez que de acuerdo con lo dicho en el párrafo precedente, son precisamente dichas circunstancias las que mayor relevancia adquieren dentro del análisis que de la actuación procesal debe cumplirse en orden a determinar la ocurrencia de la causal de casación aducida para sustentar el cargo en estudio, debido entre otras cosas a lo que constituye la esencia misma del recurso que consagra el Art. 368 del Código de Procedimiento Civil, instituido para declarar genuinas nulidades no saneadas, no así para remediar eventuales deficiencias de orden meramente formal acaecidas durante el trámite en instancia que por ende han debido subsanarse en ese que constituye el escenario apropiado para ello como invariablemente lo ha entendido la doctrina jurisprudencial.

(…)

Sanear la nulidad quiere decir, como se comprende sanear la nulidad quiere decir, como se comprende, aplicar cualquier remedio indicado por la ley para curar ese vicio jurídico: ya el de la ratificación, cuando procede, ya el de la declaración judicial sobre su existencia o inexistencia. Por este aspecto, y como lo explicaron los redactores del proyecto de reforma judicial, el fin del motivo 6° del artículo 520 del C. J. (hoy 368 Numeral 5 del C. De P. C.) No fue otro que asegurar la estabilidad de la cosa juzgada, cuando hay faltas que subsanar relativas a los presupuestos del artículo 448 (hoy 140 del C. de P. C.)” (G.J. LXXV, 655), de donde se sigue, entonces, que por obra del tipo de vinculación jurídica obstativa que la preclusión entraña, cuando la parte legitimada para pedir sea declarada la existencia de una nulidad por naturaleza saneable, en conocimiento del acto defectuoso que dice perjudicarla durante el curso de las instancias no agota del modo debido todos los medios idóneos disponibles para conseguir tal declaración, opera sin lugar a dudas una forma de convalidación o confirmación tácita que impide reclamar esa misma nulidad en sede de casación.
3. Lo dicho adquiere especial significación en la especie en estudio, por cuanto del expediente se desprende que las circunstancias ahora alegadas por el recurrente como sustento de la nulidad reclamada, fueron aducidas mediante el procedimiento apropiado para el efecto que, en su momento, promovió el demandado en reconvención hoy impugnante cuando entabló el trámite que el Juzgado del conocimiento resolvió adversamente mediante proveído que data del veinticuatro (24) de abril de l991 y el cual surtió plena ejecutoria luego de fracasar, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto contra el mismo (fls. 11 del C. #7 y 33 del C. #9), lo que equivale a decir que la nulidad alegada carece de las condiciones necesarias para hacerla valer exitosamente utilizando el recurso de casación.
En síntesis, si como acaba de verse resulta insostenible hasta la existencia misma de la irregularidad en que se apoya el recurrente, puesta de manifiesto además una situación de convalidación tácita de la pretendida nulidad y no habiéndose demostrado la trascendencia real y efectiva que la aludida irregularidad haya podido tener, no queda otra alternativa distinta a rechazar el cargo.”3


5.1.3. Y es que a partir del principio de convalidación que rige las nulidades procesales, no puede pretenderse anular el proceso pretextando una circunstancia que en forma alguna afectó a quien ahora la denuncia y por tanto, no tiene la entidad de echar abajo un trámite en el que se incorporó una prueba que de una parte, para el proceso resulta fundamental y de otra, su práctica no tiene porque ordenarse nuevamente cuando es plenamente válida, habida cuenta de que ha quedado en firme en razón de la conformidad de las partes.

En punto de la naturaleza de la objeción al dictamen, en Sentencia C-807/02, la Alta Corporación señaló lo siguiente:

En torno a la explicación, ampliación o aclaración del dictamen pericial, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

 

"La ley ha otorgado a los litigantes derecho para pedir, dentro del referido traslado del dictamen, que los peritos lo expliquen, amplíen o aclaren en caso de ser oscuro o deficiente, con el fin de completar la prueba purgándole de dudas o deficiencias, o para darle mejores fundamentos (...).
Frente a la objeción por error grave ha expresado la misma Corporación:

 

"(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos (...) pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje,  (...) es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene;  o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven (...), de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada (...)".  (C.S.J. Auto sept. 8/93, Exp. 3446).

 

Así las cosas, la prueba referida en el inciso acusado es aquella que se decreta como consecuencia de la objeción por error grave, que manifiesta la parte inconforme con el resultado del experticio sobre el ADN decretado de oficio (prueba inicial o primera prueba).  Objeción que sólo procede una vez, según voces del artículo 238-5 del C. de P. C., al cual remite el inciso 1º del artículo 4º de la ley 721 de 2001.”(Subrayado y negrilla fuera del texto original).
5.2.- Ahora bien, tenemos que la Ley 721 de 2001 establece:

Artículo   8°. El artículo 14 de la Ley 75 de 1968, quedará así: Presentada la demanda por la persona que tenga derecho a hacerlo se le notificará personalmente al demandado o demandada quien dispone de ocho (8) días hábiles para contestarla. Debe advertirse en la notificación sobre los efectos de la renuencia a comparecer a la práctica de esta prueba. Con el auto admisorio de la demanda el juez del conocimiento ordenará la práctica de la prueba y con el resultado en firme se procede a dictar sentencia.”
Y en su estudio de constitucionalidad, la Corte Constitucional, sostuvo:
En suma, lejos de intentar hallar "un padre a palos", al tenor del parágrafo impugnado debe propiciarse un campo probatorio que honre tanto los derechos del niño como el debido proceso.  Tal es, pues, la inteligencia con que se debe apreciar y aplicar el parágrafo 1º del artículo 8 de la ley 721 de 2001.

 

En relación con el parágrafo 2º del artículo 8º el problema radica en el error de interpretación en que incurre el actor, ya que del sentido literal del parágrafo se desprende que el juez fallará de acuerdo con el resultado de la prueba de ADN, lo cual hace suponer que ésta se practicó, ya con la voluntad del demandado o como consecuencia del ejercicio de los poderes coercitivos del juez, siendo en todo caso suficientemente claro que "en firme el resultado" se producirá la decisión.

 

El parágrafo 2º implica entonces: (i) que la prueba se practicó y, (ii) que su resultado está en firme;  pues, o bien no se objetó, o formulada la respectiva objeción ya se resolvió. Con fundamento en lo anterior el juez falla.

  

Sin lugar a dudas, con fundamento en el resultado de la prueba de ADN la decisión judicial no puede ser distinta a la señalada en la misma norma, que sólo tiene dos opciones, a saber: (i) si del resultado de la prueba se concluye la paternidad o maternidad, obviamente el juez tendrá que declarar probada la existencia de uno de tales vínculos, señalando al padre o madre verdadero; (ii) por el contrario, si del resultado de la prueba se determina que el demandado no es el padre o madre, o que el índice de probabilidad de la prueba no arroja el 99.9% de certeza, por fuerza deberá absolverse al demandado (a).    

 (...)¨

Bajo tal perspectiva, resulta claro que en el proceso no se estructura la nulidad que el recurrente acusa, pues el trámite que descalifica estuvo a tono con los mandatos legales y el desarrollo jurisprudencial de los mismos, pues profirió sentencia con apoyo en pruebas que quedaron en firme y por tanto, de su contenido era plausible derivar las declaraciones que se pretenden invalidar.

En relación con esto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 21 de mayo de 20104 indicó:
(…) Sin duda fue el progreso científico en materia genética el que contribuyó a que el legislador elevara a forzosa la práctica de la prueba científica de A.D.N., disposición recogida en el artículo 1º de la Ley 721 de 2001, porque como aparece en la exposición de motivos de la aludida norma, se hacía indispensable «adecuar la legislación a la Constitución Política que actualmente nos rige y cambiar la normatividad positiva para poder con ello brindar a la administración de Justicia, mecanismos expeditos para establecer con eficacia y rapidez la paternidad. Con el avance científico y tecnológico de que hoy gozamos, es hora de eliminar el complejo y obsoleto sistema de presunciones para determinar la paternidad. En reciente fallo, la honorable Corte Suprema de Justicia, ha dicho „...Si bien los jueces deben valerse de la ley y de las herramientas jurídicas que tienen a su alcance para determinar la paternidad de un niño, deben confiar por encima de ellas en las pruebas del ADN, que si han sido practicadas correctamente permiten establecer casi con certeza absoluta si un hombre es o no el padre de un niño...‟. Es incuestionable que las normas jurídicas escritas pueden quedar día a día cortas frente al avance de la ciencia a la que el juez puede y debe remitirse para proferir sus fallos» 8” (Sent. Cas. Civ. de 11 de noviembre de 2008, Exp. No. 11001-3110011-2002-00461-01).
Viene de lo dicho que en la actualidad los exámenes de ADN, elaborados conforme a los mandatos legales, son elementos necesarios -y las más de las veces suficientes- para emitir una decisión en los juicios de filiación, pues dan luces sobre el nexo biológico y obligado que existe entre ascendiente y descendiente, con un altísimo grado de probabilidad que, per se, es capaz de llevar al convencimiento que se requiere para fallar.”

En suma, no tiene cabida acoger la irregularidad que el recurrente acusa, pues frente al tema del reconocimiento de la personería, es claro que con las actuaciones que se surtieron en lo sucesivo, tal como la práctica de interrogatorios, se pone de manifiesto una situación a más de intrascendente, de convalidación tácita de la misma, resultando que respecto de la omisión de las pruebas solicitadas, incuestionable es que de acuerdo con el trámite previsto en la Ley 721 de 2001 y su desarrollo jurisprudencial, la juez a quo estaba plenamente facultada para proferir el fallo sin acudir a otras probanzas, máxime cuando el contenido de las declaraciones recaudadas revelan la relación entablada por las partes para la época de la concepción, consideración que si bien resulta superflua frente a la prueba genética, refuerza la determinación tomada.


Lo anterior permite concluir sin mayor esfuerzos, que la decisión adoptada por la primera instancia debe confirmarse, al indicar la experticia rendida que en efecto el señor RAMIRO SÁNCHEZ CABRERA es el padre biológico del menor MARÍA DOLORES CALLEJAS VERA, sin que sea necesario acudir al análisis de otros medios probatorios para acceder a las súplicas de la demanda, ya que en firme el resultado de la prueba con marcadores genéticos de ADN, que demuestran la paternidad, hay lugar a declararla, deviniendo como consecuencia, que la menor sea declarada hija extramatrimonial del demandado. Sin lugar a condenar en costas en la presente instancia, por no aparecer causadas. (Nums. 1 y 9 del artículo 392 del C.P.C.).
En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.


6. RESUELVE:
1.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de fecha 7 de febrero de 7 de 2011, proferida en este proceso por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva (H).

2.- SIN COSTAS.

3.- ORDENAR devolver el expediente al Juzgado de origen.


Notifíquese y devuélvase.

Providencia aprobada por Acta N°.

ENASHEILLA POLANÍA GÓMEZ

EDGAR ROBLES RAMÍREZ ALBERTO MEDINA TOVAR

Cp. fl.-.________ Tomo ________ Sentencias de familia.


1  Folios 71 74.

2  Folios 6 a 11 del cuaderno 2 A.

3  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS. Santafé de Bogotá, D. C., dieciocho (18) de Junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-


4  M. P. Edgardo Villamil Portilla. Ref.: exp. No. 50001-31-10-002-2002-00495-01.




similar:

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconFiliación extramatrimonial / Prueba de adn renuencia – Consecuencias

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconFiliación acciones de filiación Derecho a la identidad Acción de...

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconExamen de paternidad o maternidad los laboratorios autorizados deben...
«la cumplida ejecución de la Ley». En consecuencia, el carácter reglamentario del decreto acusado, y su materia misma, determinan...

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconLey para crear la “Ley de Análisis de adn post Sentencia”, establecer...

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconModelo demanda de investigacion de la paternidad

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconSentencia de unificacion jurisprudencial falla médica / falla del...

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconRepaso para prueba

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconPrueba diagnostica para grado noveno

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconPrueba tipo saber para grado 10º

Filiación extramatrimonial – Investigación de la paternidad / Prueba de adn: Es suficiente para proferir sentencia iconInvestigación Se plantea la siguiente pregunta de investigación que...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com