Competencia en materia de caza




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Artículo 84. De la prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en la presente Ley prescribirán en los siguientes plazos:

a) Al año las impuestas por infracciones leves.

b) A los tres años las impuestas por infracciones graves.

c) A los cinco años las que se impongan por infracciones muy graves.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la resolución por la que se imponga la sanción adquiera firmeza en vía administrativa..

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución.

CAPÍTULO V

EL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA

Artículo 85. El expediente sancionador y su caducidad.

1. Para imponer las sanciones previstas en la presente Ley, será precisa la incoación e instrucción del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

2. La competencia para incoar el expediente sancionador en materia de caza corresponde al jefe territorial competente en materia de caza por razón de territorio.

3. Iniciado el expediente, el órgano que ordenase su incoación podrá acordar la adopción de medidas cautelares para evitar la continuidad de la infracción o el agravamiento de los daños. Dichas medidas habrán de ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de la infracción.

4. El acuerdo de incoación del expediente sancionador, que se debe notificar a la persona o personas presuntamente responsables, tendrá que contener como mínimo:

  1. Los hechos constatados, destacando los relevantes a efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción.

  2. La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto vulnerado.

  3. La identificación del instructor del procedimiento y del órgano competente para su resolución.

  4. Valoración, en su caso, de las medidas preventivas adoptadas, y destino de los objetos decomisados y armas retiradas.

  5. La propuesta de sanción y cuantificación.

  6. Las sanciones accesorias que procedan, si se pudieran determinar en esta fase del procedimiento.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento será de nueve meses, contados desde la fecha de inicio del procedimiento sancionador, que corresponde con la fecha del acuerdo de incoación. Una vez transcurrido ese plazo sin que se notificara la resolución, se producirá la caducidad de este con archivo de las actuaciones, sin perjuicio del deber de dictar la correspondiente resolución.

En caso de que el procedimiento se suspenda o paralice por causas imputables al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica del procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia del instructor, puede acordar, mediante resolución motivada, una ampliación del plazo de duración del procedimiento, que no exceda de la mitad del plazo inicialmente establecido. Dicha resolución deberá ser notificada al interesado.

La caducidad del procedimiento no produce por sí misma la prescripción de la infracción.
Artículo 86. La presunción de existencia de delito o falta.
1. Cuando de las características de la infracción que motivó el expediente pudiese presumirse la existencia de un delito o falta sancionable penalmente, se dará traslado de la denuncia y actuaciones practicadas a la autoridad judicial, suspendiéndose la actuación administrativa en tanto la autoridad judicial no se pronuncie.

2. Si no se estimase la existencia de delito o falta, se continuará el expediente administrativo hasta su resolución definitiva, en base, en su caso, a los hechos que la jurisdicción penal haya considerado probados.

3. La tramitación de las diligencias penales interrumpirá la prescripción de las infracciones.
Artículo 87. La competencia para la imposición de sanciones.

La competencia para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley corresponderá:

  1. Al jefe territorial competente en materia de caza por razón de territorio, en las infracciones calificadas como leves.

  2. A la persona titular de la dirección general competente en materia de caza en las infracciones calificadas como graves.

  3. A la persona titular de la Consellería competente en materia de caza, en las infracciones calificadas como muy graves.

CAPÍTULO VI

EJECUTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES


Artículo 88. Ejecutividad de las resoluciones.
1. Contra las resoluciones sancionadoras podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente.

2. La resolución sancionadora será ejecutiva cuando sea firme en vía administrativa.

Artículo 89. Medios de ejecución forzosa y las multas coercitivas

1. Tanto el importe de las sanciones pecuniarias, como el de las indemnizaciones que, de ser el caso, se impongan podrán exigirse por la vía de apremio. En el caso de que el sancionado no proceda al pago en el período voluntario, que para tal efecto se le conceda, y siempre que la resolución sancionadora sea ejecutiva, podrán imponerse multas reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a quince días, cuyo importe no excederá en cada caso de 3.000 euros, para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,


CAPITULO VII

EL REGISTRO DE INFRACTORES DE CAZA
Artículo 90. Creación del Registro de Infractores de Caza.

1. Se crea en la Comunidad Autónoma de Galicia el Registro de Infractores de Caza, en el que se inscribirán de oficio todos aquellos infractores que fuesen sancionados por resolución firme, en expediente incoado como consecuencia del ejercicio de la actividad cinegética.

2. Las inscripciones y variaciones que se produzcan en los asientos del Registro serán remitidas al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera. Procedimientos de ampliación y segregación

Los procedimientos de ampliación y segregación de los terrenos cinegéticos serán tramitados y resueltos en las jefaturas territoriales de la Consellería competente en materia de caza.
Disposición adicional segunda. Exclusión del ámbito competencial de la ley

Se excluye del ámbito competencial de esta ley la actividad de control de especies dañinas, aun cuando se utilizase medios o procedimientos cinegéticos a tal fin.
Disposición adicional tercera. Actualización del importe de las multas pecuniarias

El importe de las multas a que hace referencia el número 1º del artículo 81, podrá ser

actualizado por decreto del Consello de la Xunta de Galicia teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.
Disposición adicional cuarta. Sentido del silencio

Para todas aquellas solicitudes recogidas en esta ley, que no tengan señalado de manera expresa el sentido del silencio administrativo, este deberá ser entendido en sentido positivo, debiendo entender el solicitante estimadas sus pretensiones de forma tácita, sin perjuicio de la obligación a que está sujeta la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera. Explotaciones cinegéticas comerciales

Las explotaciones cinegéticas comerciales aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no se verán afectadas por la limitación territorial establecida en el artículo 34.5.
Disposición transitoria segunda. Los tecores de titularidad compartida

A los tecores que utilizaron la fórmula prevista en la disposición transitoria 2ª, 4º) de la ley 4/1997 de Galicia, para constituirse en tecores de titularidad compartida, les será de aplicación el mismo régimen jurídico, en el que fueron creados, en tanto se mantengan en esa misma situación.
Disposición transitoria tercera. Los procedimientos en tramitación

1. Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, se

someterán a las normas de la legislación bajo la cual iniciaron su tramitación, salvo que la

normativa presente le resulte más favorable.

2. El régimen sancionador previsto en esta ley será aplicable a los procedimientos en curso siempre que el régimen jurídico sea más favorable que el previsto en la legislación anterior.

Disposición derogatoria única
Queda derogada la Ley 4/1997, de 25 de junio, de caza de Galicia, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente a la presente ley.

Disposición final única
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia

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