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Derecho Procesal Constitucional

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor

Tema: Acción de inconstitucionalidad 10/2000 (Ley Robles) y Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 (Aborto, 12 semanas)


Equipo
Othón Baca Cacho

Francisco Javier Castro Cruz

José David De la Cruz Toledo

Mario Alejandro Fernández Márquez

Jorge Luis Fuentes Carranza

8 de octubre de 2009


Índice

1. Introducción----------------------------------------------------------------------------------3

2. Acción de inconstitucionalidad 10/2000----------------------------------------------5

3. Acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007----12

4. Conclusiones--------------------------------------------------------------------------------22


5. Bibliografía----------------------------------------------------------------------------------26

1. Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad la exposición general sobre los antecedentes y el proceso constitucional que fue substanciado con motivo de la resolución de tres acciones de inconstitucionalidad que se han promovido en contra de diversas reformas al ordenamiento jurídico del Distrito Federal, las cuales, han tenido como objeto de estudio al delito de aborto en confluencia con el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
La primera fue la acción de inconstitucionalidad 10/2000, promovida por las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra de una serie de reformas al Código sustantivo y procesal penal del Distrito Federal, conocidas genéricamente como la “Ley Robles” debido a que dichas reformas se aprobaron con base en una iniciativa presentada por la entonces Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga.
La segunda y tercera fueron las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, promovidas respectivamente por los entonces titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jose Luis Soberanes Fernández; y, de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, en contra de las reformas realizadas al Código Penal y la Ley de Salud ambas del Distrito Federal, las cuales, fueron resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera conjunta por versar sobre el mismo decreto de ley publicado el día 26 de abril de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Es de hacer notar que, en ambos casos, se trató de resoluciones que tienen gran trascendencia constitucional, en el ámbito de la interpretación y argumentación de los derechos fundamentales, en particular, sobre la protección del derecho a la vida, a partir del momento de la concepción. Dicho análisis de constitucionalidad tuvo como objeto de estudio al aborto, en el cual, como lo ha señalado Robert Alexy, los Tribunales constitucionales han tenido que resolver una “típica colisión de derechos fundamentales”1 sobre los métodos hermenéuticos y argumentativos de la ponderación y jerarquía de los mismos en la Constitución.

2. Acción de inconstitucionalidad 10/2000
2.1. Antecedentes
Rosario Robles, Jefa de Gobierno del Distrito Federal durante el periodo comprendido de 1999 a 2000, presentó en agosto del año 2000 a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una iniciativa de reforma, por medio de la cual, se ampliaban las excusas absolutorias del delito de aborto contenidas en el Código Penal para el Distrito Federal y en su instrumentación en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, cuya exposición de motivos se centraba en afirmar que la iniciativa surgía debido a los hipotéticos fallecimientos de miles de mujeres que ocurrían cada año por practicarse un aborto en malas condiciones, así como, con base en un alegado derecho de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, el cual, prima facie, no tiene sustento constitucional.
El contenido de la reforma ampliaba las excusas absolutorias del delito de a las de tipo eugenésico, es decir, cuando existieran alteraciones genéticas o congénitas que pudieran dar como resultado daños físicos o mentales por poner en riesgo la supervivencia del producto o de la madre, así como, facultaba al Ministerio Público para autorizar a la víctima, en caso de violación, la práctica del aborto.
Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) apoyaron la propuesta de reforma, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se oponían a la misma.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó la iniciativa presentada por Rosario Robles Jefa de Gobierno, el día 18 de agosto, ampliándose así el catalogo de causales de aborto en el Distrito Federal.
El 24 de agosto del año 2000, se publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal específicamente en su artículo 334 fracción III, así como el artículo 131 bis del Código de procedimientos Penales para el Distrito federal.
En ese sentido el día 25 de septiembre del año 2000, 22 legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pertenecientes a la fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante “la Corte”) una Acción de Inconstitucionalidad en contra de las Reformas del Código Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Los promoventes de la acción de inconstitucionalidad manifestaron que, de acuerdo al artículo 14 constitucional, “nadie puede ser privado de la vida…sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”, asimismo, asientan que en nuestra legislación establece que la vida humana se inicia a partir de la concepción.
Otro de los argumentos que presentan para afirmar la inconstitucionalidad de las reformas son los diversos tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que protegen la vida desde el momento de la concepción.
En cuanto a la facultad que se le otorgó al Ministerio Público de expedir el certificado para que una mujer embarazada, producto de una violación, pueda practicarse en los hospitales del sector salud del Gobierno del Distrito Federal, se centra en el juicio de que el Ministerio Público no tiene facultades para ello, toda vez que éste se debe limitar a las que le otorgan la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
2.2. Proceso constitucional
La ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas fue la ministra ponente, designada por él aquel entonces presidente de la Corte, el ministro David Genaro Góngora Pimentel, del proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad en comento. Lo anterior giraba en relación a las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, también conocidas, este paquete de reformas, como la “Ley Robles”2, en relación al tema del aborto.
Sería la primera vez que la Corte conocería de un caso tan delicado, vía acción de inconstitucionalidad, teniendo como eje central el tema del aborto. En el cual se han puesto en pugna, a lo largo de la historia dos valores jurídicos fundamentales consignados a nivel constitucional: a) por un lado el “derecho a la vida”, y; b) por otro el derecho a la libertad. Como se puede ver incluso se habla de no una pugna entre un derecho a la vida y uno a la libertad, si no entre un derecho a la maternidad deseada y un derecho a la libertad.3 Se da entrada a esta discusión, en particular, mediante a dicha garantía constitucional con el número 10/2000.
La discusión como ya se puede ver no es un tema sencillo, se trata de una cuestión de laminados sociales y políticos4. Por un lado el conflicto relativo al bien jurídico merecedor de protección, el cual debe sopesar frente al otro: el derecho a la vida del feto o el derecho a la libertad de elección de la mujer embarazada. Por otro lado, el conflicto de determinación del momento mismo en el que se considera el inicio de la vida. Claro esta buscando siempre la objetividad con independencia de lo que la propia condición humana llevara a los ministros a resolver respecto a un asunto tan controvertido.5
Por lo que respecta al procedimiento podemos observar lo siguiente:
Parte Activa:
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México.
Parte Pasiva:
a) Órgano Legislativo encargado: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con relación a: la discusión y aprobación de las reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Penales para el "Distrito Federal asimismo con relación a la emisión del "Decreto que contiene dichas reformas y adiciones,

b) Ejecutivo: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con relación al acto que promulgó la norma general impugnada.
Objeto:
Reformas legales a dos articulo dos artículos de distintas disposiciones: a) artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; b) artículo 134 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Reformas publicadas el 24 de agosto del 2000 de lo anterior señalado, este procedimiento fue dividido para su estudio en dos aspectos. Uno en la que como primer paso se ponía a prueba y se debatía sobre la constitucionalidad de la reforma al artículo 334 (CPDF) y posteriormente se dilucido en momento distinta la relativa al artículo 134 (CPPDF). Asimismo por la delicadeza y complejidad, que ya fue señalada, llevó a determina al Pleno de la Corte el tener que hacerse cargo de las discusión en varias sesiones previas.6
Conceptos de invalidez
Los diputados accionantes señalaban que las reformas trasgredían los artículo 1, 14 y 22 de la Constitución con relación al primer punto (articulo 334).
De acuerdo al artículo 14 y 22 constitucionales, señalaban que era análisis y parte de garantía de audiencia el ser juzgado, o para el efecto ser condenado a muerte por el Estado en su calidad de juzgador. Es importante señalar que cuando fue interpuesta esta acción de inconstitucionalidad estaba vigente en la Constitución los únicos casos de pena de muerte. En cuanto al articulo 1 se buscaba la igualdad de protección a la ley, fundamentado en el citado precepto constitucional y a lo establecido relativo al código civil en cuanto a la personalidad de la persona.
Con relación al segundo punto de invalidez se señalaba la trasgresión de los preceptos constitucionales: 1, 4, 5, 14, 16, 21, 22, 49 y 133.
Fundamentalmente este conglomerado de artículos ponía en tela de juicio la facultad que se le estaba dando al Ministerio Público en autorizar la interrupción del embarazo provocado. Lo cual no se encuentra en las dos facultades que le otorga la constitución en su artículo 22.
Resolución y votación
La votación se realizó de la siguiente manera:
Con relación al primer precepto 334 del Código Penal para el Distrito Federal se voto: A favor del de la constitucionalidad del precepto reformado articulo 334 fracción III CPDF. La votación en contra fue de los ministros de la Segunda Sala, con excepción del ministro Mariano Azuela, quien junto con los ministros de la Primera Sala y el ministro Presidente votaron a favor de la constitucionalidad de la misma. Tal y como se desarrollo en el proyecto que se basaba en las siguientes consideraciones para determinar la constitucionalidad de dicho precepto: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta facultada para dictar leyes en materia penal. El derecho a la vida si se protege en la Constitución y que no se incentiva una negativa al mismo promoviendo cualquier clase de aborto, si no que únicamente se buscaba apoyo a la mujer que se encontraba en una dramática situación específicas y determinadas.7
Con relación al segundo concepto de invalidez (artículo 131 bis de CPPDF) se determinó su inconstitucionalidad votando para el caso en cuestión todos los ministros de la Segunda Sala y la Ministra ponente.8 Basándose en las siguientes consideraciones: La actuación del Ministerio Público en términos de la reforma, es contraria a los principios establecidos por la Constitución, los cuales sólo lo facultan para la persecución e investigación y no podría autorizar el aborto.
2.3. Resolutivos
En virtud de lo anterior, el Pleno decidió resolver que en relación al primer punto el artículo 334 en su fracción III, se determinó su constitucionalidad y por la votación emitida por los ministros de la Corte se ratifica y el precepto permanece en su reforma tal y como se publicó. Con relación al precepto constitucional del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal 131 bis, no alcanzó la mayoría requerida por ley para considerarse como contraria a la ley (minoría de ocho votos de por lo menos), por lo que en los efectos de la sentencia en términos de la ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 constitucional, se desestimo la acción y se ordenó su archivo, dejando para efectos prácticos como si no se hubiera presentado efectos algunos y por tanto su permanencia en el orden jurídico.
Los resolutivos de la sentencia en comento señala a la letra lo siguiente:
Por todas las consideraciones contenidas en éste y en los anteriores considerandos y con fundamento en lo establecido en los artículos 105, fracción III, de la Constitución, 39, 40, 41, 43, 59, 71, 72 y 73 de su Ley Reglamentaria, se resuelve:
PRIMERO.- Por lo que toca a la acción de inconstitucionalidad relativa al artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, se desestima y se ordena el archivo del asunto, en los términos del último considerando.
SEGUNDO.- En cuanto al artículo 334, fracción III, del Código Penal del Distrito Federal, se reconoce su validez de acuerdo con lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución.


3. Acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007
3.1. Antecedentes


  • El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el “Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal”, a saber:

Del Código penal del Distrito Federal:

Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

Artículo 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.

Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Artículo 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada.

Pare efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión

Artículo 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

De le Ley de Salud del Distrito Federal, adicionó:

Artículo 16 Bis 6.

Las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.

Artículo 16 Bis 8. La atención de la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos.

El gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales, tendientes a la educación y capacitación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables. Sus servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen como propósito principal reducir el índice de abortos, a través de la prevención de embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
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