Informe División de Antropología Social
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Factores e interpretaciones de la irrupción del conflicto Con respecto a la irrupción del conflicto armado en la región del Pacífico nariñense circulan diferentes interpretaciones. Aunque existen algunos ‘datos duros’ sobre los que todos confluyen (como el día de tal masacre o el asesinato de tal persona), se dan diferencias sustantivas en cómo se interpretan. Igualmente, hay otras serie de ‘datos’ (como que el grupo tal es el responsable por determinada acción) sobre los que no todos confluyen. Por su parte, las interpretaciones se diferencian en cuanto a la caracterización de los actores armados,21 así como en los moviles que explican su presencia y enraizamiento en la región22. Con base en los documentos y publicaciones a las que se ha tenido acceso, se pueden establecer una serie de interpretaciones que van desde aquellos asociados a los funcionarios o a las instituciones del aparato estatal hasta los que operan entre los académicos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales. En lo que sigue intentare desagregar los diferentes factores, teniendo presente el lugar desde el cual se establece la interpretación. Como ha sido indicado, en menos de media década el Pacífico nariñense pasó de ser una región relativamente al margen del conflicto armado que se experimenta en casi toda la geografía del país a una que viene siendo fuertemente disputada por los diferentes actores armados. Dentro de los factores de esta transformación se consideran como los más destacados el súbito incremento de las plantaciones de coca, así como de las actividades relacionadas con su proceso y comercialización. Estos factores, a su vez, se concatenan con otros que han influido fuertemente como son los efectos de las estrategias antinarcóticos desplegadas en el marco del Plan Colombia, sobre todo en el vecino departamento del Putumayo, y las repercusiones en lo regional de las dinámicas de la guerra entre los actores. No parece ser gratuito que en unos cuantos años se hagan presentes el conjunto de los actores armados en la región. La eclosión de cultivos de coca es indicada como uno de los factores más relevantes para explicar su repentina presencia y la inusitada tenacidad de las confrontaciones por el control militar de la región. Aunque desde mediados de los ochenta se encontraban cultivos en áreas como el río Satinga y Sanquianga (Bravo 2004), es sólo hasta la segunda mitad de los noventa cuando se extienden y adquieren predominancia en la economía de la región. Dos aspectos interrelacionados estuvieron en juego en esta eclosión de los cultivos de coca. El primero es la puesta en marcha del Plan Colombia,23 cuyo centro de operaciones ha sido el departamento del Putumayo, ha propiciado un traslado de los cultivos y de todo el andamiaje asociado a los mismos hacia otros lugares entre los que el Pacífico nariñense ocupa un lugar destacado: “La mayoría de los cultivos de coca del Putumayo se han trasladado hacia Nariño (municipios de Llorente, Barbacoas y zona rural de Tumaco, principalmente en el río Chagüí) […]” (Codhes 2003: 4). El énfasis en la fumigación de los cultivos de coca en el Putumayo, así como las intervenciones militares en la región —desprendidas del Plan Colombia como una estrategia de eliminación de éstos cultivos esencialmente represiva y con un tono claramente ligado a la lucha contra la subversión—, fueron presionando a gentes involucradas en las plantaciones ha emigrar hacia otros lugares con condiciones más favorables. Algunos de estos colonos y raspachines habían llegado de tiempo atrás de la costa Pacífica detrás de los beneficios de la bonanza coquera del Putumayo.24 Ante la creciente presión, entonces, muchos de estos decidieron regresar. El grueso de quienes vinieron al Pacífico, sin embargo, eran colonos o raspachines que llegaron al Putumayo desde distantes regiones, muchos de ellos huyendo de la violencia política o económica a la que habían sido sometidos. El caso de Llorente es muy diciente al respecto: “Llorente pasó de tener una población que hace dos años no superaba las 1.500 personas, a convertirse en un gigantesco asentamiento invadido por cerca de 20.000 desplazados provenientes de Putumayo y del Caquetá, dice Óscar Seidel Morales, alcalde de Tumaco, quien achaca el fenómeno a los últimos operativos antidroga del Ejército y a la fumigación de los cultivos en esos lugares” (Jiménez 2001: XX). En este sentido, la eclosión de los cultivos en la región se asocia a la llegada de una ola de gentes, muchas de ellas foráneas, buscando nuevas tierras: “Tumaco llegó a esta situación como reacción al Plan Colombia: la presión que vivía Putumayo es hoy la del puerto” (Castillo 2001: XX). A esto, también se le sumó un cambio en la tecnología de siembra para responder a la estrategia represiva basada en fumigaciones aéreas y en esporádicos despliegues de fuerza militar. En la región de Pacífico se ha implementado una tecnología de siembra de mayor dispersión geográfica de las plantaciones y de reducción del tamaño de cada una de las mismas. Como ha traído como consecuencia “[…] aumento en el número de municipios en donde hay cultivos, aunque estos considerados en su totalidad representen un área menor” (Codhes 2003: 4). Una tesis semejante de la relación incremento de cultivos ilícitos con la predominancia de los actores armados para el conjunto del departamento de Nariño, es planeada por el mismo gobierno: “Como factor más importante en la explicación del protagonismo armado adquirido por los actores del conflicto a partir de la primera mitad de la década del noventa, se destaca el crecimiento de los cultivos ilegales. Los frentes guerrilleros que comenzaron a promover la siembra de amapola fueron el 29 y el 8 de las FARC y el Comuneros de Sur del ELN que desde los inicios de la bonanza impulsaron el cultivo entre los pequeños campesinos e impidieron la entrada de grandes productores […] Al mismo tiempo, las autodefensas rivalizan con la guerrilla al desplegar su presencia sobre la zona productora de coca en el sur occidente del departamento, desde Tumaco hasta El Diviso en jurisdicción de Ricaurte y desde allí hasta Barbacoas para tener el control del Rio Patía hacia el Pacífico pasando por los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro. Corredor clave para la economía coquera regional en el suroccidente, es la carretera al mar con epicentro en Llorente en Jurisdicción de Tumaco. Hacia el noroccidente del departamento la producción y procesamiento de coca han aumentado al amparo de la presencia preponderante de las FARC en el Charco y Santa Bárbara” (Vicepresidencia 2002: 13). El otro aspecto se refiere a que la eclosión de estos cultivos debe entenderse como una intervención directa de las guerrillas y los paramilitares propiciando, garantizando y disputando el control sobre estas plantaciones. Esto se ha dado en dos sentidos. Por un lado, estimulando (y a veces presionando) el cultivo entre las gentes que llegan y entre los pobladores locales. Este estimulo ha sido indirecto, al permitir que terceros distribuyan semillas y otros recursos necesarios para adelantar los cultivos (recurriendo al mecanismo del endeude) y luego estableciendo impuestos sobre las cosechas y regulando precios. Del otro lado, el estímulo es directo cuando a través de su mediación se desplazan los pobladores locales de aquellos terrenos aptos para el cultivo de coca, ‘re-poblando’ estas áreas con nueva gente ideológicamente afín para que adelanten las plantaciones. En este sentido, diferentes actores armados “[…] están utilizando como estrategia para la apropiación de terrenos aptos para el cultivo, las incursiones, la intimidación, las amenazas, los asesinatos selectivos, el despojo y el desplazamiento de las comunidades. Según testimonios de la comunidad recogidos durante visitas al terreno, en Tumaco ‘el desplazamiento hacia el casco urbano se ha incrementado y las zonas abandonadas son utilizadas por los actores armados para cultivar grandes extensiones de coca o para ubicarse allí con sus familiares, amigos y otros miembros de los grupos armados’” (Codhes 2003: 4). Otra de los factores que explican la presencia de disímiles actores armados y la escalada del conflicto se refiere a lo estratégico de la región para el comercio de drogas, sean estas producidas allí mismo en el Pacífico nariñense o en otros lugares del país. En efecto, “[s]egún la DEA, 90 por ciento de la droga que sale de Colombia lo hace por vía marítima, de allí que quien domine las costas del país tendrá el poder ya que todos los narcos se verían obligados a negociar con ellos” (Semana 2003: XX). Es la posición geográfica de la costa nariñense una de las más adecuadas para este comercio, no sólo por el creciente procesamiento del alcaloide en este departamento, sino por su vecindad con el Putumayo y el Ecuador. La morfología del la costa del Pacífico sur, atiborrada de esteros y manglares, cruzada por innumerables ríos y afluentes que se internan en lo mas profundo de las selvas, facilita la operación de lanchas extra rápidas con las cuales se puede sacar el alcaloide hacia Centroamérica y, de allí, hacia Norteamérica. Igualmente, el continuo fluir de botes que transportan la madera proveniente de las decenas de aserríos facilita el camuflaje de la droga hasta el puerto de Buenaventura. En este fluir de drogas, también se cuentan las provisiones para el procesamiento y las armas, las que se pueden fácilmente introducir desde el Ecuador, siguiendo la filigrana de esteros o por tierra, o desde el puerto de Buenaventura en los botes o lanchas descritas. En este sentido, el Pacífico nariñense adquiere una relevancia estrategica para los diferentes actores armados. Así, por ejemplo, en una entrevista publiacad en su página electrónica, “[…] el comandante general de las FARC reconocía públicamente el interés estratégico de este grupo por controlar la zona marítima en el sur del país. ” (Agudelo 2001: XX). Sin embargo, según el artículo publicado en Semana antes citado, no todos los actores armados se encuentran en la misma posición con respecto a la producción y comercialización de la droga: “Todos los sitios bajo su control [el del comandante ‘Pablo’ de los paramilitares] son puntos estratégicos para el embarque de droga hacia el exterior. Pero también son zonas en donde están instalados la mayor parte de los laboratorios y cristalizaderos de droga. Esto le ha permitido a 'Pablo' tener un control total de toda la cadena del tráfico de drogas. Mientras las FARC participan de las utilidades del negocio, cobrando impuestos al gramaje, el comandante 'Pablo' controla desde la producción hasta el embarque. "El control del negocio por parte de 'Pablo' llegó a tal punto que desplazó a algunos narcos, que en un comienzo lo apoyaron, y se quedó con la totalidad de sus negocios".” (Semana 2003: XX). Para miembros de las fuerzas militares, estos factores son los que explican la presencia y escalada del conflicto en el Pacífico nariñense: “‘El desplazamiento de los cultivos y laboratorios hacia las selvas de la Costa Pacífica, ha transformado a esta región en el escenario de mayor actividad de narcotráfico en el país’, explicó a Semana el comandante de la Armada Nacional, almirante Mauricio Soto. Las cifras de droga decomisada por la Armada hablan por sí mismas. En 2002 las Fuerzas Militares y la Policía incautaron en todo el país cerca de 90 toneladas de coca, de esta cifra la Marina incautó 57,8 toneladas de coca, la gran mayoría en las costas nariñenses. ‘Cuando llegaron los narcos comenzó a llegar la guerrilla y después los paracos, afirma un funcionario de la gobernación de Nariño. Primero llegó el ELN, hace cinco o seis años, pero las FARC los desplazaron. Cuando el frente 29 de las FARC parecía que tenía el control llegaron los paras y hoy son ellos los que dominan el grueso del negocio’, dijo el funcionario” (Semana 2003:XX). Además de los factores descritos, específicamente para la presencia de los paramilitares en la zona desde las organizaciones populares se ha argüido concretamente su vínculo con los industriales de la palma africana. Así, en un encuentro convocado por las comunidades chocoanas y de Mutatá, en Antioquia, y la organización Human Rights Everywhere: “Los dirigentes de Tumaco y municipios vecinos manifestaron su preocupación […] [porque] ‘desde el 2001 han ocurrido 11 ataques paramilitares contra la población civil de las cuencas de ese departamento. Muchos de los argumentos de los agresores estaban amparados en que las tierras debían estar listar para sembrar la palma. Entre 1997 y el 2004 se han registrado 200 asesinatos en la zona, además de innumerables desapariciones y violaciones de los derechos’. La situación es delicada ya que los nativos dueños de tierras han sido despojados de su propiedad a través de ocupación ilegal de hombres armados y sometidos a ‘esclavitud’, obligándolos a trabajar para ellos y pagándoles con vales” (Diario del Sur 2004/02/12: XX). Para no pocos activistas, los factores de fondo que explican la escalada del conflicto en el Pacífico nariñense son la implementación de políticas neoliberales y los grandes proyectos de desarrollo que apuntan a revertir los logros territoriales y políticos alcanzados por el proceso organizativo de comunidades negras: “Estos hechos de múltiples asesinatos, desapariciones y masacres tal como la ocurrida en la vereda Llorente en el municipio de Tumaco, Barbacoas, Satinga, Iscuandé y de manera general en el Departamento de Nariño no son casos aislados; todos estos casos se relacionan con la apertura económica y las políticas neolibereales que se están implementando en la zona a través del Plan Colombia; implementación de grandes mega proyectos, como son los diferentes monocultivos de palma africana, el cultivo de usos ilícitos, los actores armados, la expansión del casco urbano de Tumaco, la realización de la carretera Binacional Tumaco- Esmeraldas, el plan turístico de Tumaco, los planes y decretos para las zonas de baja mar del litoral Pacífico Nariñense, políticas incoherentes de Ecopetrol, políticas gubernamentales y terratenientes que desarrollan una serie de investigaciones en las diferentes zonas del orden local, regional, nacional e internacional, obstaculizaron así el proceso que se viene desarrollando con las comunidades negras, especialmente a lo que se refiere al desarrollo territorial, cultural, económico, político y la defensa de los derechos humanos” (PCN sf.: 3). Entre los académicos que han abordado diversos aspectos de la emergencia y consolidación conflicto en el Pacífico en su conjunto, se ha generalizado la tesis de que la escalada y el ampliamiento de las dinámicas de guerra o su creciente imbricación en el negocio del narcotrafico (tanto en su agencia como quienes se legitiman en el plano internacional o en el nacional mediante su combate) no son suficientes para entender lo que ha sucedido en la región desde la segunda mitad de los años noventa. Para el grueso de los académicos lo que está en juego en la disputa por el control militar del Pacífico dadas las tecnologías de terror instrumentalizadas contra sus pobladores locales y, en particular, contra sus diversas expresiones organizativas apunta a revertir de hecho los alcances de los reconocimientos territoriales y a una inserción por la fuerza a un proyecto de nación que supone el borramiento de las condiciones de existencia de la diversidad cultural y biológica de la región. Por tanto, lo que experimentan las poblaciones locales no son simple efectos colaterales de la perversa operación de las maquinarias de guerra cada vez más entrampadas en el capital económico y político proveniente del narcotrafico o de su combate, sino que también se articulan una amalgama de intereses sobre la región incompatibles con el empoderamiento logrado por los pobladores locales mediante el reconocimiento de sus derechos territoriales y étnicos. “No fue pues el desbordamiento de las tensiones y conflictos locales entre los diferentes actores sociales con intereses opuestos en la región, los que causan la crisis de derechos humanos que hoy se vive en el Pacífico colombiano. Pero, aunque son factores exógenos los que alimentan la situación de crisis hay elementos de la situación regional que la inscriben como parte del conflicto. La ubicación geográfica estratégica para los actores armados, las perspectivas de macroproyectos de desarrollo, el potencial de recursos naturales explotables, son entre otros, aspectos que explican el por qué de la transformación de la región en un escenario principal del conflicto. ” (Agudelo 2001: XX). “What factors explain the spread of violence into the Chocó? On the one hand, it can be understood as part of the escalation and banalisation of armed conflict on the national level. Here an important motive appears to be the increasingly fierce competition for territorial control between the different armed actors […] Nevertheless, in the Chocó the arrival of violence is not seen as something fortuitous, or as the simple extension of the armed conflict on the national level. Many people including peasants, civil servants, members of NGOs, and church people maintain that the rise of violence in this part of Colombia has to do with economic interests and the resource and development potential of the region [...] I argue that we must consider the process of collective land entitlement as another complicating factor in its own right. Although Law 70 of 1993 has provided more territorial security to the local population, this at the same time has been making actual or potential interested parties aware of the possibility that the land was going to be the legal and permanent property of the local black communities. In other words, the new legislation not only became a tool for ethnic empowerment, but it also generated new territorial conflicts. Key for the escalation of this conflict in the Chocó has been the lack of political will and institutional capacity of the state and the official security forces to ensure and protect the territorial rights of the black Communities” (Wouters 2001: 510, 511). “Desde las condiciones nacionales, porque se trata de una ‘limpieza étnica’ que vacía sus territorios ancestrales de comunidades reales y que políticamente tiene el efecto de golpear muy duramente el proceso de construcción autónoma de sus territorios y hacer retroceder a todos (movimiento étnico negro, Estado y sociedad) en los pasos que se habían dado hacia una salida inédita para resolver la secular cuestión de las relaciones entre etnias, Estado y nación en Colombia. Desde el contexto globalizado, porque por cuenta de la guerra y sus consecuencias, ahora es más fácil para el gran capital, los intereses trasnacionales y el propio Estado y la sociedad colombianos, que se han reclamado siempre como los únicos interlocutores válidos frente a los primeros desconociendo a los grupos étnicos, imponer sus modelos de desarrollo en la región. (Almario 2004: 98) “En la región del Pacífico, el fenómeno del desplazamiento tiene un nexo evidente con el conflicto armado, y más concretamente con las actividades de los grupos paramilitares y los guerrilleros, que aplican estrategias de terror, asesinan en masa a las poblaciones y las obligan a desplazarse para controlar no sólo unos territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales, sino también los grandes proyectos de desarrollo” (Escobar 2004: 58). |
