Informe División de Antropología Social
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[3] Implicaciones en el proceso organizativo de comunidades negras Las implicaciones de que actores armados como las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares se disputen la región del Pacífico nariñense deben examinarse en diferentes planos. Mientras que algunas de estas implicaciones han sido inmediatas y pueden directamente asociarse a su presencia y disputa, otras hay que examinarlas en un mediano plazo y más como ‘efectos colaterales’ o indirectos. De la misma manera, mientras unas involucran a determinadas esferas del proceso organizativo, pueden no impactar de la misma forma otras esferas. Aunque en general apuntan hacia la ruptura y la pérdida, no deben analizarse simplemente en negativo porque a propósito de éstas se han articulado respuestas y estrategias que deben ser igualmente objeto del análisis. Al igual que sería absurdo analítico y político endosarle todas las dificultades del proceso organizativo de comunidades negras en la región a la súbita escalada del conflicto, sería desatinado subestimar sus efectos. Otro aspecto nodal del análisis es que, como ha sido expuesto en el aparte inmediatamente anterior, no se puede desligar los impactos de este conflicto armado de los procesos a los que se encuentra estrechamente asociado, pero que no son reductibles al mismo. Esto es, es indispensable introducir en el análisis de los efectos las transformaciones de la economía y la demografía de la región ligadas al narcotráfico, así como éstas en el lugar que ocupan en las dinámicas más generales de las estrategias de la guerra en Colombia que han tomado los diferentes actores armados, incluyendo al aparato de estado. Líderes, organizaciones y proyecto: escalas de los efectos del conflicto El impacto en los lideres, lo organizativo y el proyecto constituye toda una ‘ingeniería social’ que lleva a la reestructuración profunda de las relaciones entre las poblaciones locales y ciertas expresiones de la sociedad colombiana. Como lo anotaba Arturo Escobar: “El terror y los desplazamientos tienen por finalidad desbaratar los proyectos de las comunidades, quebrantar su resistencia y, probablemente, lograr incluso su exterminio, lo cual se ve facilitado por la utilización cada vez mayor de armas de fuego […] el objetivo de los desplazamientos es reestructurar las relaciones entre las comunidades étnicas y la sociedad colombiana de tal manera que se logre borrar toda diferencia cultural. En otras palabras, el proyecto dominante tiende a reorganizar el territorio y la población, lo cual hace casi impensable, o totalmente inimaginable, la existencia de una autonomía en el marco del Estado-nación” (2004: 61). Con una intensión expositiva, se podrían diferenciar tres escalas del proceso organizativo de comunidades negras para entender más claramente las diferentes implicaciones de la irrupción del conflicto armado en el mismo. En primer lugar, se puede identificar la escala de los líderes de las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales. Dentro de los lideres se pueden distinguir entre los ‘líderes históricos’ y ‘nuevos líderes’. Los primeros serían aquellos que participaron en el proceso de la definición de la Ley 70, en la creación de las organizaciones étnico-territoriales y en la estructuración de Palenque Nariño como entidad regional. Los ‘nuevos líderes’ estarían constituidos por quienes han llegado más recientemente a hacer parte de los consejos comunitarios y de las ya consolidadas organizaciones étnico-territoriales. Con respecto a los primeros, cabe anotar que muchos de los que estaban en Tumaco salieron de la ciudad entre el 2001 y el 2002, casi en su totalidad para Bogotá. Algunos salieron desplazados y bajo amenazas, otros debido a diferentes circunstancias menos directamente relacionadas con la escalada del conflicto, pero en medio de la zozobra que causó el asesinato de la Hermana Yolanda Cerón, las amenazas directas sobre algunos de sus compañeros y del desplome del Palenque como entidad coordinadora regional. Esta salida, pensada inicialmente como provisional y por razones de seguridad, se ha ido tornando más permanente. Cada vez se hace más difícil el regreso. Por su parte, gran parte de los ‘lideres históricos’ del proceso organizativo que se encontraban en las zonas rurales, han tendido desplegar una estrategia de bajar su perfil y visibilidad en lo local donde hacen presencia los actores armados. Así, como lo argumenta Hernando Bravo en su detallado estudio etnográfico en los ríos Satinga y Sanquianga: “En la actualidad, los más importantes líderes del otrora Palenque Regional Nariño se hallan en Bogotá en situación de desplazamiento, forzados por la agudización del conflicto armado y por la presencia de actores interesados en el control del negocio que se expande a lo largo de la llanura del Pacífico y que viene transformando los sistemas productivos tradicionales mineros, agrícolas, pesqueros en diversas áreas del litoral Pacífico nariñense. Y, aunque los líderes locales de la Asociación de Consejos Comunitarios de las Zonas Norte y Centro de la Costa Pacífica de Nariño, entre quienes se incluyen los dirigentes de los ríos Satinga y Sanquianga, no han salido expulsados de sus localidades, si han entrado en un proceso de invisibilización estratégica o, en otros términos, se hallan en situación de “emplazamiento forzado” […] sin posibilidades de promover procesos de movilización comunitaria y de tomar iniciativas políticas para fortalecer sus procesos organizativos en favor de la cristalización de los derechos que la Ley 70 de 1993 les reconoce en sus territorios colectivos” (Bravo 2003: 134). De esta manera, un efecto asociado a la irrupción del conflicto en la escala de la dirigencia, específicamente para el grueso de los ‘lideres históricos’, ha sido su salida de la región o su permanencia desde una ‘invisibilidad estratégica’. No obstante, con respecto a los ‘nuevos lideres’ este no es necesariamente el caso. Aunque algunos de ellos han tenido que salir o operar desde la ‘invisibilidad estratégica’ que se acaba de mencionar para los ‘lideres históricos’, existen muchos ‘nuevos líderes’ para los cuales la irrupción del conflicto ha significado, precisamente, lo contrario: su posicionamiento. Aunque es muy difícil generalizar, y más aun cuando se piensa en términos de mediano y largo plazo, es un hecho que muchos líderes de consejos comunitarios, sobre todo de aquellos ligados a la naciente RECONPAS, han logrado posicionar su liderazgo en medio de la escalada del conflicto. Dos son los factores que coadyuvarían a explicar esta aparente paradoja. De un lado, algunos de estos líderes se han enfocado hacia el desarrollo de proyectos de producción (sobre todo los de la palma africana o del coco) a través de organizaciones con fuerte influencia entre los empresarios de la región como Cordeagropaz o de amplia trayectoria como Coagropacifico. En este sentido constituyen unos aliados, por lo menos en lo inmediato, con las intervenciones del capital en la región; diferenciándose en esto claramente de los ‘lideres históricos’ que eran vistos por muchos empresarios como ‘problemáticos’ y contrarios a sus intereses. De otro lado, otros nuevos lideres han operado enfocándose localmente en los espacios abiertos por la institucionalidad que no cuestionan a los actores armados ni a quienes se relacionan mas directamente con ellos, sean personas de la población local o foráneos. Ante la invisibilización estratégica de los ‘lideres históricos’ se abren espacios de posicionamiento de estos nuevos líderes. Por tanto, en la escala de los lideres, el efecto combinado de salida e invisibilidad estratégica de los lideres históricos y el posicionamiento de los nuevos ha significado la consolidación de un relevo generacional de los actuales lideres visibles del proceso organizativo de comunidades negras en lo local y regional. Este relevo generacional, como veremos más adelante, no es un simple cambio de personas, sino también un giro en el perfil de las organizaciones y, más aún, en el proyecto étnico tal como se gestó en los noventa. Además, este relevo no ha estado exento de contradicciones entre los líderes históricos y los nuevos. Estas contradicciones han sido enmarcadas, desde los ‘lideres históricos’ desde argumentos de ‘coaptación’. ‘oportunismo’ y ‘falta de perfil’ de algunos de los ‘nuevos líderes’; mientras que de parte de estos últimos se han esgrimido corrupción y clientelismo de algunos de los primeros. Los consejos comunitarios y organizaciones en sí mismas y en su accionar constituyen la segunda escala en la cual se pueden analizar los efectos de la irrupción del conflicto armado en la región para el proceso organizativo de comunidades negras. Aunque se pueden identificar algunos consejos comunitarios y organizaciones que se han fortalecido puntualmente en el contexto del conflicto armado (pero no necesariamente debido a éste), en términos generales para la región el efecto de la irrupción de este conflicto ha sido precipitar y profundizar el proceso de reflujo organizativo de los consejos comunitarios y organizaciones en su conjunto.25 Como fue ya expuesto, después de un monumental proceso de empoderamiento de las organizaciones y sus líderes durante varios años que transformó en múltiples esferas el campo político y de la propiedad sobre la tierra de la región, para finales de los noventa era clara la afloración de ciertas tensiones al interior de las dinámicas organizativas en torno a los ejes de la representación y la concepción de los alcances de su proyecto político. La irrupción del conflicto armado y los factores asociados, hicieron que lo que se insinuaba como una tendencia en el proceso organizativo se precipitara y profundizara. El reflujo organizativo se consolida de forma directa por la eliminación de los lideres (ya sea asesinandolos, obligandolos a salir de la región o amedrentandolos) o por la prohibición de cualquier actividad de las organizaciones o consejos comunitarios.26 Con respecto a la eliminación de los líderes, un ejemplo es el del Consejo Comunitario La Nupa, cerca de Tumaco: “El Consejo Comunitario [La Nupa] surgió en 1995 como parte de un proceso de organización y de asociación interna en el que las mujeres han sido determinantes desde 1991. Antes tenian la Asociación de la Carretera y del río Caunapí, hoy son un Consejo Comunitarios que reune a cerca de 1500 familias y que tiene a la gran mayoria de los integrantes de su junta directiva desplazada y al presidente, José Arístides Rivera, asesinado el 2 de diciembre de 2002” (Valvuena 2003: 35). Sobre las prohibiciones explicitas, por ejemplo, encontramos que Bocas de Satinga, cabecera del Municipio de Olaya Herrera: “[…] del Proceso de Comunidades Negras no volvieron a hablar ni siquiera sus más representativos dirigentes. A la llegada de los paras, uno de sus anuncios fue que quedaba prohibido cualquier tipo de reunión no autorizada por ellos, al tiempo que incursionaron en la sede de las organizaciones comunitarias campesinas y del proceso, quemando sus archivos y estableciendo un veto para los trabajos de la naturaleza de los desarrollados por estos […] Desde entonces, los líderes de comunidades negras no realizan acciones encaminadas a promover la reglamentación de la Ley 70 y la elaboración de los Planes de Manejo de sus territorios. La mayor parte de ellos han debido aislarse de cualquier actividad política y dedicarse a laborar en diferentes oficios […]” (Bravo 2003: 142-143, 144). Además de esta forma directa, el reflujo organizativo se consolida indirectamente ante la irrupción del conflicto armado cuando el entramado institucional sobre el que se habia edificado el empoderamiento organizativo deja de operar o se transforma para orientarse hacia el enfrentamiento militar y represivo de actores armados de extrema derecha e izquierda asi como a las estructuras delincuenciales asociadas al narcotrafico. Para decirlo en otras palabras, de un entramado institucional (compuesto por programas y entidades del aparato de estado así como de las organizaciones no gubernamentales) que se había tornado relativamente sensible a las demandas étnicas y que había nutrido con recursos concretos acciones y dinamicas organizativas, con la irrupción del conflicto y de la economia del narcotráfico este entramado institucional desaparece o gira hacia labores referidas ya sea a la represión o a la atención de corte humanitario. Paulatinamente han ido desapareciendo los proyectos orientados hacia la conservación de la biodiversidad o de manejo sostenible de recursos naturales que durante los noventa fueron cruciales para el flujo de recursos económicos y para el desarrollo de agendas y políticas para el movimiento organizativo (como el Proyecto Biopacifico, el Proyecto Guandal, el Proyecto Naidi o el Proyecto Manglares). Igualmente, han desparecido espacios mixtos como los Comites Regionales (donde en un varias instituciones estatales confluian con representantes de las organizaciones étnico-territoriales) que alimentaron el empoderamiento del proceso organizativo en la región. Aunque la desaparición de estos proyectos y espacios no se debe directa ni unicamente a la irrupción del coflicto armado, no se puede tampoco afirmar que este no tiene nada que ver en ello. Lo que sí es claro es que el reflujo organizativo étnico-territorial ha sido agudizado por la falta de las condiciones institucionales ideales sobre las que se gestó y operó en los noventa. Este reflujo organizativo no debe entenderse sólo en negativo, esto es, como pérdida y paralisis. También ha implicado la articulación de un importante viraje en las estrategias y discursos organizativos en los cuales se insertan como prioridades la defensa de los derechos humanos y, más particularmente, la defensa del derecho a la vida de estas poblaciones en sus territorios con autonomia y respeto de los diferentes actores armados: “La reivindicación de los derechos ya no sólo se plantea alrededor de la titulación colectiva o del reconocimiento de su identidad como afrodescendientes, sino alrededor del respeto de sus proyectos de vida, y de los derechos humanos, del derecho a vivir en paz y a construir su propio desarrollo” (Bravo 2003: 189). Así, gran parte de los líderes que han salido de la región han continuado con su trabajo organizativo desde los nuevos lugares y en otras esferas del proceso. Es de destacar la consolidación de la oficina del PCN en Bogotá con la participación de un buen número de los lideres históricos del Palenque nariño. Entre otras cosas, esto ha significado no sólo la posibilidad de apuntalar algunas dinámicas organizativas del Pacífico nariñense y de apoyo desde afuera27 para enfrentar los efectos de la escalada del conflicto armado en la región acercandose a organizaciones no gubernamentales solidarias y moviendose en las instituciones estatales con asiento en la capital,28 sino que ha sensibilizado el proceso organizativo en su conjunto sobre cómo asumir politicamente las múltiples dinámicas y experiencias urbanas de la gente negra en Colombia. En este sentido, ese reflujo organizativo perfila también los albores de una reconfiguración y giro del proceso organizativo resituando los derechos de la gente negra como grupo étnico más allá de los supuestos que han prevalecido encarnados en la Ley 70 de 1993.29 Cabe anotar el drama experimentado por los líderes que subitamente han abandonado el Pacífico nariñense. En uno de los pocos estudios existentes sobre mujeres migrantes del Pacífico sur colombiano a Bogotá, Alcira Rodriguez (2004) evidencia los conflictos de orden personal, social y político al que se enfrentan algunas líderes en un contexto tan diferente al de su región de orígen como es la capital. En su intervención sobre conflicto y desplazamiento en un evento académico, una de estas líderes anotaba: “Yo ya llevo casi tres años en Bogotá, el primer año yo pensaba yo ya me voy, el segundo año, bueno será que me voy a quedar, no pero aquí no es y hoy apenas en el lodo cuando ya empiezo a asumir la vaina que esto va pa’ largo, a penas empecé por ejemplo a comprarme una cama, porque yo no tenía cama, o sea es una posición que esto no es lo mío, yo no estoy aquí, yo simplemente voy a estar una temporada y luego me voy y no solamente para mi, sino para mucha gente, Bogotá es una ciudad de paso, la ciudad es una ciudad de paso, a diferencia de otra gente, que la situación de conflicto así que ha habido masacres fuertes le ha tocado decir, este, yo no regreso tampoco, yo quiero quedarme pero cuales son mis condiciones para quedarme, que es lo otro.” Finalmente, el proyecto constituye la tercera escala en la que amerita examinarse los efectos de la irrupción del conflicto armado. Por proyecto se entiende el horizonte político hacia el que apunta y que perfila la especificidad el proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico nariñense. Este horizonte es definido por el conjunto de premisas y propuestas que articulan las prácticas y discursos organizativos de las comunidades negras como grupo etnico, esto es, el entramado de sus politicas culturales (Escobar, Alvarez y Dagnino 2002). Tal como se consolidó en los noventa, este proyecto se expresaba concretamente en la triple e interrelacionada demanda por el territorio, la identidad y la cultura. Territorio que implica no simplemente el derecho a la tierra, sino un ejercicio de territorialidad colectiva con base en la autonomia que apuntaba la reproduccion de la naturaleza y de la comunidad. Identidad como la posibilidad del ser comunidad negra, de la igualdad en la diferencia, de la enunciación de una alternativa de futuro desde la dignificación del pasado y presente compartidos. Cultura como el anclaje y amarre del territorio y de la identidad, como el hacer y el imaginar del ser comunidad negra. Ahora bien, este proyecto se gestó en unas condiciones de lucha que han cambiado radicalmente con la irrupción del conflicto. En primer lugar, el proyecto supone la operación de una estructura institucional garantizada por un estado de derecho ya que con base en el reconocimiento de ciertos principios constitucionales y actos legislativos, las formaciones organizativas que representaban los pobladores locales podian adelantar una serie de acciones concretas frente a otros actores e intereses en aras de materializar su triple demanda por el territorio, la identidad y la cultura. En otras palabras, las dinámicas organizativas suponen un margen mínimo de ejercicio de la democracia y de respeto del estado de derecho desde puedan escrimir los derechos étnico-culturales sancionados por la ley. Con la irrupción del conflicto, los actores armados que disputan desde la ilegalidad la legitimidad del estado de derecho y en el contexto de una economía criminalizada, ya no es viable para la apelación a los mecanismos insitucionales y juridicos en aras de garantizar este proyecto. El lenguaje de la guerra y de la ‘ilegalidad’ desde el que hablan los diferentes actores en la región, socava las condiciones de posibilidad de un proyecto que supone una apuesta a las transformaciones de relaciones de poder a través de la movilización social en aras de redefinir el marco mismo de la institucionalidad.30 Así, como lo anota, Ulrich Oslender, “El control territorial de los actores armados inhibe a las comunidades locales para afirmar su territorialidad garantizada en la legislación, pero subvertida en la vida real” (2004: 38). En segundo lugar, el proyecto supone un conjunto de prácticas y expectativas por parte de las poblaciones locales que han ido cambiando de forma acelerada en los últimos años. Las prácticas hacen referencia a las modalidades tecnológicas, las relaciones y la racionalidad economica considerada como tradicionales en estas poblaciones. Estas ‘prácticas tradicionales de producción’ se asumen como reproductoras no sólo de una relación armónica con la ‘naturaleza’ y garantes de la conservación de los ‘valores culturales de la comunidad’ vitales en su manejo territorial. Las expectativas se refieren al contenido concreto de las nociones de bienestar individual y colectivo en el inmediato, mediato y lejano plazo. En otras palabras, estas expectativas constituyen los contenidos concretos de la voluntad colectiva de futuro. La doble articulación de estas prácticas y expectativas constituye el sustrato economico-social sobre el que se constituye el proyecto. Con la irrupción del conflicto y, sobre todo, con la creciente dominancia de la economia ligada al narcotráfico este sustrato se ha ido erosionando. De un lado, las denominadas ‘practicas tradicionales de producción’ han sido golpeadas con mayor o menor intensidad dependiendo de la fuerza con que se han posicionado los cultivos de coca y las actividades ligadas a la producción y comercialización de los productos derivados.31 Del otro, con las actividades económicas tradicionales y las relaciones desde las cuales se despliegan han sido impactadas ante la situación de guerra por razones que van desde el emplazamiento forzado, la desaparición de la demanda de productos locales o la avalancha de mercancías que llegan con el boom coquero. Además, con dineros del Plan Colombia, y bajo el impulso de Cordeagropaz, se han consolidado la siembra de de palma africana por los pobladores locales.32 Con respecto a las expectativas la situación no es alentadora. Los patrones de consumo y los mecanismos de prestigio social se ligan cada vez más, y sobre todo en las nuevas generaciones, a nociones de bienestar individual que se hacen incompatibles, cuando no antagonicas, con las definidas en el proyecto del proceso de comunidades negras. En este sentido, se hace muy relevante el marco analítico propuesto por Oscar Almario (2004) sobre la contradicción cualitativa entre el emergente modelo económico-social (denominado modelo de nueva economía) y los otros dos existentes en la región (el modelo extractivo clasico y el modelo alternativo que consituiria el sustrato económico-social del proyecto). Hablando del conflicto, Almario plantea que en “[…] su dimensión económica se refiere […] [a] la superposición y competencia de modelos contrastivos y sus respectivos agentes: el modelo extractivo clásico de los agentes externos (nacionales y extranjeros), que se apalancó siempre en el paradigma etnocéntrico; el modelo alternativo de la gente negra, en el pasado de hecho y baja conciencia, en la actualidad en una fase de transición y con la esperanza del control territorial y desarrollo autónomo y el modelo de nueva economía que, aunque precede a la situación actual de guerra se ha acelerado con ella y en el que se entremezclan elementos del extractivismo clásico más ‘salvaje’, los ilícitos, delincuenciales y paraestatales con las expectativas del capital transnacional y el contexto global. De estos tres modelos, el de nueva economía representa un cambio cualitativo en las condiciones económico sociales de la región, en tanto transformativo, con lo cual se anuncia el total trastrocamiento de las relaciones sociales en su conjunto y de las étnicas y culturales en particular” (2004: 96- 97). Las transformaciones en este sustrato económico-social del proyecto definido por el proceso de comunidades negras han sido tales, que se ha sugerido (Escobar 2004, Villa 2003) que la integración a un proyecto moderno de nación que no se había logrado desde la independencia colonial y en lo que habian fracasado innumerables proyectos de desarrollo diseñados en las últimas tres décadas para la región, se ha consolidado en unos cuantos años mediante la triste combinación de “plomo, coca, palma y plata”. No obstante, con respecto a la erosión del sustrato económico-social deben tenerse en cuenta dos aspectos. De un lado, no es un proceso homogeneo ya que ha impactado de forma diferencial a la región. Esto es, los efectos del ‘modelo nuevo de economía’ en el sustrato económico-social del proyecto no tienen el mismo calado en Llorente, Bocas de Satinga o Tumaco que en Mosquera o en el Parque Natural Sanquianga. De otro lado, este avance del ‘modelo nuevo de economía’ y la consecuente erosión del sustrato económico-social no es absoluto ni ha borrado de un tajo relaciones y racionalidades que han estado presentes en estas poblaciones desde generaciones atrás. Mas bien, las ha subsumido o reorganizado bajo un ensamblaje en el cual se perfila su dominancia, pero no estamos ante un fenómeno de tabula rasa. Por último, se puede identificar transformaciones demográficas sustantivas en algunas áreas del Pacífico nariñense que modifican las condiciones de posibilidad desde las cuales se venia desplegando el proyecto. El proceso organizativo se adelantaba desde la premisa de una dominante presencia (entre el 90 y 95%) de poblaciones locales negras que se habian acentado desde hacía varias generaciones y que habian consolidado de hecho una apropiación sobre el territorio. Este sustrato demográfico del proyecto ha sido impactado ante la creciente presencia de gentes provenientes de diferentes partes del país, pero especialmente del Putumayo, de Antioquia y del Valle del Cauca. Estas transformaciones son más palpables en los centros urbanos. En poblados como Tumaco, Llorente, El Charco o Bocas de Satinga los foráneos, principalmente los paisas33, han tomado el control del comercio. En Tumaco, por ejemplo, “[…] han montado fachadas de grandes almacenes, han desplazado a los comerciantes nativos, han creados grandes cadenas de almacenes de electrodomésticos, almacenes de ropas y calzado, así mismo como supermercados, se han constituido en red o asociaciones de comerciantes. Se les puede ver en la Calle del Comercio, Calles Marques, la Calle de Transipiales, toda la Avenida de los Estudiantes, los bares y restaurantes de la vía al Morro y El Morro […]”34 |
