Informe División de Antropología Social

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^ Por Pacífico nariñense o Pacífico sur se entiende aquí las tierras bajas y el piedemonte de la Cordillera Occidental, conformada por los municipios de de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santabárbara (ubicados en la zona costera) y Barbacoas, Roberto Payan, Magüí Payán (zona centro- piedemonte). El Pacífico nariñense tiene una extensión de 17.299 km., lo que corresponde al 52% del Departamento de Nariño.

2 Por proceso organizativo de comunidades negras se entiende las dinámicas organizativas ligadas al reconocimiento de los derechos territoriales, económicos y culturales de las comunidades negras como un grupo étnico. Para mayor detalle véase, Pardo (2001) y Wade (2002).

3 Al respecto, véase el análisis elaborado por Carlos Rosero (2002).

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^El AT 55 definía los términos para constituir una comisión integrada por representantes de las organizaciones de comunidades negras, funcionarios de las instituciones relevantes del estado y ciertas políticos y expertos. Esta comisión estaría a cargo de proponer el texto de ley que reconocería ciertos derechos colectivos sobre tierras habitadas por las comunidades negras en la región del Pacífico colombiano, así como otra serie de derechos culturales y económicos como grupo étnico.

5 Más adelante volveré sobre esta distinción entre ‘líderes históricos’ y los recientes.

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^ Esta ‘perspectiva étnica’ supone, entonces, un inusitado sujeto político para la región que argumenta en términos de etnicidad, diferencia cultural, identidad, territorialidad, colectividad y tradición. En vez de la titulación individual sobre parcelas de ‘tierra’ que proponían las organizaciones campesinas, desde las organizaciones étnicas se buscaba la titulación colectiva sobre el ‘territorio’ (que no es lo mismo que ‘tierras’). Antes que la asistencia técnica de los ‘expertos’ (agrónomos, ingenieros, etc.), capacitación y créditos para incrementar una producción orientada al mercado que esgrimían organizaciones gremiales, las organizaciones étnicas pretendían reforzar las ‘prácticas tradicionales de producción’ con la consulta a los ‘mayores’ de la ‘comunidad’ como expresión de la tradición cultural y garantes de la conservación del ‘territorio’. En contraste con el proyecto de integración a la modernidad y al estado nación en contra de la discriminación racial agenciado por ciertos sectores políticos y organizaciones afrocolombianas, las organizaciones étnicas introducen el énfasis del derecho a la diferencia cultural y el empoderamiento de su sujeto político como condición de equidad-en-la-diferencia.

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^ En un documento dirigido a la presentación del PCN ante las ONGs, aparecen los siguientes principios: “1) La reafirmación de la identidad cultural de las Comunidades Negras. 2) La defensa del territorio ancestral de las Comunidades Negras y del uso sostenible de los recursos naturales. 3) La participación autónoma de las Comunidades Negras y sus organizaciones en el proceso de toma de decisiones que las afecten. 4) La defensa de una opción de desarrollo acorde con las aspiraciones culturales de las Comunidades Negras, y cultural y ambientalmente sostenible. 5) Aportar desde las particularidades a la lucha de las Comunidades Negras y demás sectores por la reivindicación de sus derechos y por la construcción de un mundo más justo” (Rosero y Grueso 1994: 2). Para mayor detalle, véase Grueso, Rosero y Escobar (1995).

8 Las organizaciones demandaron y lograron un acuerdo por escrito para que Corponariño cumpliera las disposiciones contenidas en la Ley 70 y en la Ley 99 de 1993, en la primera acción desplegada por el Palenque solo días después de su constitución en Bocas de Satinga, el 24 de mayo, con el director de la Coroponariño, Mauricio Gavilanes.

9 Mediante amparar mediante permisos legales madera o palmito proveniente de otros lugares (como siempre lo han hecho) con la negligencia o corrupción de los funcionarios de Corponariño o mediante la creación de organizaciones étnicas que los favorecieran como fue el caso de Alenpac (una empresa de enlatado de palmito de naidí) que organizó el consejo comunitario en Bocas de Saquihondita y en El Progreso, Patia, al igual que creó una nueva organización Onri (Organización de negritudes del río Iscuandé).

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^ Véase, por ejemplo, el anexo 3 del documento “Comunidades Negras y Derechos Humanos”, que contiene la denuncia ante el fiscal de El Charco de las amenazas por parte de empresarios del naidí a uno de los activistas de la organización del río Sanquianga.

11 La autoría del asesinato no se encuentra en duda. En una reciente noticia sobre el arresto de miembros del grupo de paramilitares, según la policía colombiana, “[…] la hermana de Yolanda Cerón Delgado […] fue ultimada por cinco personas al mando de alias ‘Sarmiento’ o alias ‘Pacho’, jefe de las autodefensas ilegales de Tumaco” (Diario de Occidente 06/12/2004). Igualmente, en un artículo anterior de el periodico El Tiempo se anotaba: “Para las autoridades de la región, haber denunciado este tipo de situaciones fue la causa por la que el pasado 19 de septiembre fue asesinada la religiosa Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco” (2001/08/10).

12 La Pastoral Social, dirigida por la hermana Yolanda Serón, además de su estrecho trabajo con ACAPA, impulsaba un proceso de capacitación y formación en las comunidades de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera, Rosario, Imbilpi del Carmen en el conocimiento y aplicación de la tutela, derecho de petición y derechos fundamentales, entre otros. A partir de la amenaza vía telefónica que mencionamos en la anterior sección, los miembros de la Pastoral Social empezaron a percibir que eran vigilados desde vehículos desprovistos de placas. El programa de radio “La Caja de Pandora” producido por la Pastoral Social, en el que los vecinos podían presentar sus motivos de preocupación relacionados con la ciudad, fue suspendido como consecuencia de las amenazas que había recibido su productor. Estos hechos generaron dilemas en sobre si era pertinente la continuación del trabajo organizativo. Pero a pesar de todo la hermana Yolanda y el padre Guillermo seguían en la denuncia, acompañamiento a algunas comunidades y produciendo la información para el trabajo social. Con el asesinato de la hermana Yolanda Cerón ese momento la situación organizativa se tornó más tirante y preocupante, ya que los señalamientos, persecución y amenaza fueron las causantes del desplazamiento de muchos líderes.

13 En este sentido, según un artículo publicado en El Espectador que menciona como fuente a un desertor de los paramilitares, “El jefe general de los paras en Tumaco se llama Pablo, y en el área urbana la organización está a cargo de Gustavo. El contacto para la seguridad se hizo con un antiguo miembro del Comando de la Marina, y son financiados especialmente por seis de las más grandes empresas que operan allí. La cobertura política la aseguró un cacique de la región, y la meta es asegurar el control que permita restablecer la maquinaria del tráfico de drogas y armas, que resultó bastante maltrecho luego de la llamada Operación Milenio” (Castillo 2001: XX).

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^ En una segunda fase, este discurso del ‘orden’ social lleva a la intervención y regulación del cuerpo, sexualidad, movilidad y ocio de los individuos mediante amenazas y, cuando esto no funciona, asesinatos de quienes se desvien de la norma.

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^ Estos graffitis se tornaron luego más específicos señalando a personas e instituciones como la iglesia de colaboradores de la guerrilla.

16 Para finales de los noventa, la ciudad de Tumaco se enfrentaba a una modalidad de “criminalidad menor” adelantada por los jóvenes de ciertos barrios populares identificados como aletosos (Restrepo 1999). Para 1999 se instala en la ciudad un grupo de jóvenes tumaqueños ligado al narcotráfico conocido como los Bamban que entraron guerra con los aletosos, asesinando a la gran mayoría teniendo que huir hacia Cali los pocos sobrevivientes. Esta banda de los Bamban fue diseminada por paisas (esto es, del interior del país) que llegaron con los paramilitares a la ciudad.

17 “En un documento fechado el pasado 28 de marzo, la Diócesis de Tumaco había alertado a las autoridades militares y demás organismos de seguridad sobre la presencia de grupos de autodefensa en la región. Este hecho coincidía con una serie de asesinatos selectivos de indigentes, delincuentes comunes y civiles. Igualmente de atentados y amenazas, mediante listas, a líderes cívicos, acusados de ser colaboradores de la guerrilla.” (El Tiempo 2001/08/10: XX).

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^ Según el documento de la Vicepresidencia, no obstante, a partir de octubre del 2002 el ejército retomó el control de Bocas de Satinga “...donde los grupos de autodefensa brindaban seguridad a los laboratorios para el procesamiento de coca” (2002: 9).

19 Los datos que a continuación se presentan provienen de fuentes gubernamentales (Vicepresidencia 2002: 8-9).

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^ Estos datos son tomados del informe de la Vicepresidencia antes citado (pag 10).

21 Lo cual empieza a variar desde cómo se los denomina. Así, por ejemplo, en el documento de la Vicepresidencia (2002) se habla de ‘autodefensas’, mientras que en muchos de los artículos de prensa o de las revistas se les identifica como ‘paramilitares’.

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^ Para continuar con el ejemplo del documento de la Vicepresidencia mencionado, el conflicto se explica por los intereses de las FARC en ampliar su dominio como por los de los narcotraficantes de invertir en la región, sin hacer siquiera una mención de pasada a los efectos del Plan Colombia. Del otro lado, no falta quien remite el grueso de la explicación a la mano invisible del neoliberalismo y de los intereses deprendidos de futuros megaproyectos de la región.

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^ Según información oficial, las fumigaciones aéreas, dentro del marco del Plan Colombia, comenzaron oficialmente en el departamento del Putumayo el 22 de diciembre del 2000. Hasta el 28 de enero del 2001 se fumigaron alrededor de 29.000 hectáreas; durante el 2001 se fumigaron 94.000 hectáreas. La Policía Antinarcóticos confirmó el incremento de más del 42 por ciento en la aspersión de cultivos de coca en el 2002, especialmente en Putumayo, donde existían más de 50.000  hectáreas de coca.

24 “Y es que la tendencia general del desplazamiento en Nariño —recepción y expulsión— continúa su curva ascendente, pues de las 134 familias desplazadas por la violencia, que registraban las estadísticas de la Red de Solidaridad Social en Nariño a junio del 2000, la cifra se disparó a 3.508 en abril de este año. De estas familias reportadas, el 95% de ellas proceden del Putumayo. Además existen otras 1.300 declaraciones de afectados que aseguran ser desplazados, cuyos casos están siendo estudiados. Gran parte de los desplazados son nariñenses, o personas con raíces en este departamento, que viajaron años atrás al Putumayo, buscando la 'bonanza' del tráfico y comercialización de cultivos ilícitos y que ante la erradicación de éstos, deben volver a sus tierras” (El País 2002/05/13: XX; énfasis agregado).

25 Este planteamiento del ‘reflujo organizativo’ ha sido desarrollada en detalle en la tesis de maestria del antropólogo Hernando Bravo (2003) para la zona de los ríos Satinga y Sanquianga. De ahí la he tomado y, en términos generales, l a considero aplicable al conjunto de la región del Pacífico nariñense.

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^ Este efecto en las dinámicas organizativas por la acción directa de los actores armados es explicitamente enunciado por los activistas del Proceso de Comunidades Negras: “Desde el año 1998, hasta la fecha han sido tiempos excepcionalmente graves y difíciles para las Comunidades Negras obligada a disminuir su trabajo social, debido a masacres, amenazas, actos violentos y asesinatos, como por ejemplo el caso del Representante Legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, señor Francisco Hurtado Cabezas, a desplazarnos de forma masiva de nuestros lugares de residencia, lucha y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas subnormales de las grandes capitales ... Por lo anterior se requiere que las organizaciones no gubernamentales que han venido siendo solidarias con el Proceso de Comunidades Negras, hoy mas que nunca acompañen y contribuyan al no debilitamiento de nuestra lucha, ayudando a garantizar a los compañeros que hoy estamos desplazados unas mínimas condiciones que les permita continuar desde acá con el trabajo de fortalecimiento organizativo a las comunidades que están en resistencia en sus respectivas regiones.” (PCN 2001: 3).

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^ Esto ha abierto las puertas de una estrategia que Oslender ha denominado como ‘globalización de la resistencia’: “[…] se aborda al mismo tiempo una estrategia de internacionalizar su resistencia contra estas guerras o, en otras palabras, de globalizar su lucha. […] Llevando estas denuncias al plano internacional mediante organismos internacionales y multilaterales, asociaciones de solidaridad con Colombia en el exterior, ONGs, etc., se puede ejercer mayor presión sobre el gobierno colombiano para que proteja a sus ciudadanos. En otras palabras, hay una necesidad de globalizar la resistencia y de ver lo global como oportunidad” (Oslender 2004: 46).

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^ Véase, por ejemplo, en el anexo 2, la propuesta elaborada para enfrentar la escalada del conflicto armado y la violación de los derechos humanos en Nariño.

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^ Estos supuestos, como han sido indicado por varios autores (Agudelo 2004, Wade 1996), han operado desde una noción de alteridad indianizada, comunializada, ruralizada y Pacífico centrada acuñada en una situación pre-conflicto armado.

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^ De ahí que no pocos académicos, funcionarios, periodistas y activistas indiquen que no es gratuito que cuando se estaban revirtiendo algunas relaciones de poder consagradas en la región por este proceso organizativo se haya originado y consolidado la situación de guerra que actualmente golpea al Pacífico nariñense en particular y al Pacifico colombiano en general (Véase, por ejemplo, Almario 2004, Escobar 2004, PCN 2001, Semana 2001, Wounters 2001).

31. “Las racionalidades en que se soportan estas iniciativas ‘empresariales’ [del negocio de cultivo de coca, producción, procesamiento y distribución de cocaína y otros productos ilícitos]s on muy complejas en lo económico, politico e ideológico. Por una parte, introducen un cultivo exógeno que no hace parte de la tradición agrícola de los negros ni de los indígenas, que altera profundamente los ecosistemas por la manipulación de químicos y fumigaciones o imponen ritmos de trabajo y valores sociales individualizantes y competitivos que, por otra parte, terminan por fracturar memorias y tejidos sociales basados en la solidaridad, la reciprocidad y los lazos de parentesco. Estas prácticas, que se revisten en veces de iniciativas empresariales e inversiones, realmente hay que considerarlas como tecnologías sociales para provocar cambios súbitos y bruscos en las sociedades locales, en tanto inducen a los pobladores al cultivo de coca, aportan el ‘plante’ para ‘arrancar’ (semilla, insumos y dinero en efectivo para pago de jornales) y garantizan los compradores y los circuitos complementarios de distribución. En otros casos, con base en esta modalidad, se establecen verdaderos