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SC (3848) 2009-00254-01 Agrario de ASMETH YAMITH SALAZAR en contra de MARINO CABRERA TRUJILLO.

TRANSACCIÓN / Requisitos.

Define el artículo 2469 del C.C. la transacción como un “…contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.”, excluyendo a renglón seguido la misma normativa el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.

En su carácter de contrato, deben confluir en la transacción, entre otros requisitos, de conformidad con el artículo 1502 del C.C., la capacidad de las partes contratantes, precisando el artículo 2470 ídem, que sólo puede transigir la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción, necesitando todo mandatario poder especial que especifique los bienes, derechos y acciones sobre los que se quiere transigir (Art. 2471 C.C.).

TRANSACCIÓN – Por mandatario sin poder: Efectos.

“La falta de poder en quien se dice ser mandatario de un tercero, no genera la nulidad del acto o contrato en el cual intervenga aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio cuyo estudio el Juez deba, de oficio, abordar ab-initio, sino que da lugar a un fenómeno bien distinto como lo es de la inoponibilidad del negocio frente al supuesto mandan­te, inoponibilidad que, entonces debió ser alegada acá por el afectado.

(…)

"...Dado que el consenti­miento expreso o presunto del mandante a los actos llevados a cabo en nombre de este por el mandatario, es lo que crea el vínculo jurídico del primero ante los terceros y lo que en esencia singulariza la noción del mandato, infiérese sin esfuerzo, que las gestiones del mandatario verifi­cadas con extralimitación de sus poderes no caben dentro de la citada noción. Por faltarles a los actos excesivos el consentimiento del dueño, necesariamente tienen que desplazarse a otra construc­ción jurídica, por que ya no son negocios o gestiones, como los llama la ley, que el mandante haya confiado al mandatario. Constituyen con propiedad una verdadera administra­ción de negocios ajenos sin mandato, figura que en el lenguaje legal llámase `agencia oficiosa.'(Artícu­lo 2304, ibidem)..."
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

CIVIL – FAMILIA – LABORAL
Magistrada Ponente: Dra. ENASHEILLA POLANÍA GÓMEZ

Proceso : Agrario – Amparo Posesorio -

Radicación : (3848) 41001-31-03-002-2009-00254-01

Demandante : ASMETH YAMITH SALAZAR PALENCIA

Demandados : MARINO CABRERA TRUJILLO

Procedencia : Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva

Neiva, septiembre ocho (8) de dos mil once (2011).
1.- ASUNTO
Resolver el recurso de apelación oportunamente planteado por la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva en el proceso referenciado.
2.- ANTECEDENTES
2.1.- DEMANDA
El señor ASMETH YAMITH SALAZAR PALENCIA, actuando en causa propia en su calidad de abogado, interpone el 16 de septiembre de 2009, demanda de amparo posesorio (Art.977 C.C.), ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Campoalegre, la que fuera remitida por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad, contra el señor MARINO CABRERA TRUJILLO, para que con su citación y audiencia se declare que es legítimo poseedor del predio agrario identificado con el número de matrícula inmobiliaria 200-106165 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva; como consecuencia se ordene el lanzamiento, previa notificación a los ocupantes, en contra del demandado y se proceda la restitución del inmueble a su favor; que se prohiba al demandado ejercer cualquier tipo de acto que atente contra su posesión y se le condene al pago de perjuicios que ocasione como consecuencia de la invasión ilegal al predio agrario y en costas.

El elemento material de las anteriores pretensiones declarativas y de condena, se remite al hecho de ostentar la posesión del inmueble lote ubicado en el municipio de Rivera y Campoalegre, departamento del Huila, cuyo amparo posesorio pretende, denominado EL BALSO, EL ALMENDRO y OTRO, con una extensión superficiaria de 15 hectáreas 92 metros cuadrados, de forma pacífica e ininterrumpida por un término que supera los 16 años, predio al que visitó el 31 de octubre de 2008, encontrando a dos personas que al interrogarlas expresaron que estaban a órdenes del arrendatario DANIEL SALAZAR, encontrando al otro día 41 matas de palma, un nuevo trabajador quien dijo que había sido contratado por el arrendatario, manifestando al día siguiente el mayordomo que lo había contratado el señor MARINO CABRERA y que estaba para defender la posesión de este, llamando a la policía para solicitar protección, exhibiendo el señor CABRERA un contrato promesa de compraventa, recordándole que la propietaria inscrita lo era por un acto simulado, y que por tanto no aprobaba ni respondía por negocios de la finca sin su consentimiento, manifestando el hoy demandado que los animales estaban en la finca por permiso del arrendatario DANIEL SALAZAR MOLINA, y que el trabajador era un empleado del arrendatario, retirándose las partes del predio al no encontrarse ninguna irregularidad.

Que el inmueble objeto de la presente acción lo arrendó al señor DANIEL SALAZAR MOLINA entre 5 de abril y el 7 de noviembre de 2008, y fue terminado por mutuo acuerdo, al no permitir el hoy demandado MARINO CABRERA el ingreso del arrendatario a la finca, informándole el trabajador que había contratado, que ya no le trabajaba más al arrendatario, sino para el señor CABRERA, quien le había prohibido que dejara pasar a alguien sin su consentimiento.

Que el 9 de noviembre de 2008 se dirigió al citado predio en compañía de dos policías de Rivera Huila, siendo atendidos por dos hombres que manifestaron que no entregaban el predio, llamando por celular a MARINO CABRERA, informando este a la policía que tenía escrituras de la finca, levantando los policías un informe en el libro de población.

Que dentro del término procesal que concede el Decreto 747 de 1992, presenta querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra el hoy demandado, pero la señora Inspectora de Policía de Rivera Huila le dio al proceso policivo el trámite de un proceso de reconocimiento, sin darle solución, motivo para impetrar la presente demanda.

2.2.- CONTESTACION

El demandado señor MARINO CABRERA, mediante apoderado se notifica del auto admisorio de la demanda el 26 de julio se 2010 y responde de manera oportuna el escrito impulsor, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones esgrimidas, solicitando que se abstenga el a quo de dictar la sentencia en los términos pedidos y en su lugar se conmine al demandante a cesar los actos perturbadores de su propiedad, la que viene ejerciendo de manera pacífica y tranquila.

Con relación a los hechos base para pedir precisa que el demandante fue propietario inscrito de los predios rurales El Balso, El Almendro y Otro, que englobo en un solo predio que es hoy objeto de debate, los que enajenó a favor de la señora MARY MARGARETH LINARES BEJARANO por escritura registrada 198 de 21 de enero de 2003, de la Notaría 21 de Bogotá, entregándolo a la compradora, dejando de ejercer los derechos derivados de la propiedad, radicando ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá proceso ordinario de simulación contra la compradora, quien afirma ante dicho despacho que el hoy demandante es esposo de su hermana FRANCY LINARES BEJARANO, a quien por viajar constantemente a Neiva le encomendó realizar actividades propias para la conservación y mejoramiento de la finca, y actos como darla en arrendamiento.

Que el predio fue vendido al demandado mediante escritura pública 03831 de 20 de diciembre de 2008 de la Notaría 30 de Bogotá, el que había sido entregado real y materialmente el 17 de septiembre de 2008, fecha desde la que ha venido ejerciendo la tenencia y posesión de los inmuebles, causando el demandante actos perturbatorios, acudiendo ante la Comisaria de Familia e Inspección de Policía de Rivera, tramitando querella por presunta ocupación de hecho, que terminó por transacción, la que fue suscrita el 31 de diciembre de 2009, declarando en escrito con presentación y reconocimiento ante el Notario Segundo de Neiva a paz y salvo en el cumplimiento de la transacción, aceptando en el mismo documento el demandado la renuncia expresa, clara y el desistimiento de toda acción judicial, administrativa y policial para que se terminen los procesos sin costas para las partes.

Formula el demandado excepciones previas de FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO; TRANSACCIÓN; PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN; PLEITO PENDIENTE SOBRE MISMO ASUNTO Y MISMAS PARTES, e igualmente formula excepciones de mérito bajo la denominación de TRANSACCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, BUENA FE y OTRAS.

En cuanto a la excepción de transacción, la apoya en el reseñado documento suscrito el 31 de diciembre de 2009, entre MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, por conducto de apoderado, y los hoy litigantes, destacando que el demandante adquirió el compromiso u obligación transaccional para con MARY MARGARETH LINARES BEJARANO Y/O MARINO CABRERA TRUJILLO de renunciar de manera expresa a tramitar cualquier clase de acción judicial, administrativa y policiva derivada de la escritura 198 de 21 de enero de 2003 de la Notaría 21 de Bogotá, como de la escritura 3831 de 20 de diciembre de 2008 de la Notaría 30 de Bogotá, por las cuales se protocolizaron compraventas sobre el inmueble rural debatido, declarando las partes en escrito presentado y reconocido ante el Notario 2º de Neiva, estar a paz y salvo en el cumplimiento de la transacción, ratificando la renuncia y desistimiento claro y expreso de toda acción, judicial, administrativa o policiva derivada de las anotadas compraventas, sin costas para las partes, el levantamiento de medidas cautelares decretadas, ordenando su cancelación.

2.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Correspondió el conocimiento de la demanda planteada y contestada en los términos sucintos reseñados, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, despacho que surtido el trámite de las excepciones previas, desata el litigio con sentencia anticipada en la que declara probada la excepción de transacción, en consecuencia ordena la terminación del proceso, notificar la decisión al Procurador Agrario y condenar en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de $650.000.

Advierte el despacho que el escrito de transacción aportado celebrado por las partes goza de autenticidad y contiene una renuncia expresa del demandante de impetrar acción judicial alguna respecto de controversias surgidas con ocasión de las compraventas derivadas del bien inmueble sobre la cual recae la pretensión posesoria, y que puesto de acuerdo con el derecho de dominio que otorga al comprador el contrato de compraventa, le fue entregado el bien, evento que reprocha el demandante, cuando es evidente que el acto de disponer del inmueble es uno de los atributos de la propiedad, y que precisamente el demandado renunció a cualquier reclamación en tal sentido en el contrato de transacción, razón para declarar probada la formulada excepción (de transacción).

2.4.- RECURSO DE APELACION

El demandante impetra oportunamente la presente alzada concedida por el juzgador de primer grado, la que sustenta con los siguientes argumentos:

2.4.1.- Con cita del artículo 2469 del C.C., manifiesta que la mal llamada transacción especial es un simple acuerdo o convención, que requiere capacidad para transigir, como lo ha advertido la Honorable Corte Suprema de Justicia (Cas. Civil diciembre 12 de 1938, XLVII, 479-480; Cas. junio 6 de 1939, XLVIII, 268, Cas. Civil Bogotá Septiembre 13 de 1968 y otras más), y que para el caso respecto de MARGARETH LINARES BEJARANO, el profesional del derecho que la representa, DAVID ALARCÓN FALLA, no tenía poder especial para la misma, pues conforme se expresa en el documento que contiene la transacción, el poder era para el proceso que se tramitó en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá (Art. 2471 C.C.), celebrando el abogado la transacción “…sin tener capacidad para transigir…”, convenio que no vale y que no puede tener en este proceso los efectos procesales del artículo 340 del C.P.C.

2.4.2.- Que la mal llamada transacción no contiene concesiones recíprocas, acorde con la cláusula tercera, porque la única que realizó una concesión fue la señora MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, pues como lo replicó al contestar la excepción, el demandado no ha pagado un solo peso de su bolsillo, resultando inaceptable e insólito, que el a quo diera el calificativo de renuncia expresa del actor a seguir ejerciendo la presente acción, sin verificar que este documento se trata de una constancia por el pago que recibió el actor de manos del demandado como simple intermediario de la señora LINARES BEJARANO, falta de reciprocidad que hace inexistente el aportado contrato de transacción.

Califica el recurrente de falsa la afirmación de la sentencia respecto a la constancia de pago autenticada ante la Notaria Segunda de Neiva, porque lo es de pago entre las partes litigantes y no entre quienes intervinieron en la llamada transacción, la que se realizó por insistencia del demandado con la excusa de entregárselo a la señora MARY LINARES en señal de pago del dinero allí consignado, utilizándolo dolosamente la parte demandada en el presente proceso, para hacer creer que cobija este proceso, cuando de su lectura se concluye que corresponde al del Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá y la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, no teniendo sentido el documento que se renunciara sin ninguna contraprestación, porque la única que pagó en la mal llamada transacción fue la señora LINARES, sin que el demandado haya hecho, afirmación que expresa se respalda en la cláusula primera.

2.4.3.- Sobre la renuncia expresa del actor a impetrar acción judicial alguna, argumenta que se distorsiona el contenido del documento, porque la renuncia no se extiende a la presente demanda, al ser claro en la cláusula CUARTA, que la renuncia se refiere únicamente a las compraventas protocolizadas, a los dos procesos que figuran en ella, pero en ningún momento a pleitos pendientes, como el presente, tal cual lo advirtió al replicar la excepción.

2.4.4.- Sobre la entrega del bien al demandado en desarrollo del contrato de compraventa del mismo, anota que es evidente que el acto de disponer del inmueble es uno de los atributos de la propiedad, renunciando precisamente el demandado a cualquier reclamación en tal sentido en el contrato de transacción suscrito con el demandante, confundiendo el a quo el derecho de dominio con la nuda propiedad, y la presente acción es de amparo de la posesión que el actor tiene sobre los predios objeto de litis desde el 18 de diciembre de 1993, la que nunca ha enajenado ni realizado entrega material a nadie, como lo explica con las pruebas de réplica de la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario, cuando fue víctima de la deslealtad de MARY LINARES y de la estrategia del demandado, para despojarlo de la posesión de los predios agrarios.

Culmina la argumentación expresando que el señalado convenio se realizó por solicitud de la señora MARY LINARES dado que el proceso de simulación que cursaba en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá se encontraban plenas pruebas que demostraban su conducta mendaz, y para evitar futuras acciones penales, le reconoce y paga la suma de $25.000.000, reiterando que el hoy demandado fue un simple testigo del convenio, porque no existe concesión alguna de su parte.

2.5.- REPLICA

Solicita el señor apoderado de la parte pasiva en el traslado concedido en la presente instancia la confirmación de la providencia recurrida, porque el escrito que contiene la transacción reúne los requisitos formales y sustanciales del artículo 2469 del C.C., renunciando el hoy demandante a los dos procesos que había instaurado y que pudiera iniciar con soportes relacionados con las compraventas de los inmuebles objeto del presente proceso, y que en cuanto a capacidad, el demandante tenía pleno conocimiento que era el apoderado de MARY MARGARETH LINARES en el proceso que cursaba en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, con facultad para transigir, proceso en el que se pronunció sobre las excepciones formuladas, y se lo hizo saber su procurada, quien es cuñada del demandante, presumiéndose haberse aceptado la transacción por consideración a la persona con quien se transige (Art. 2479 C.C.), sin que en ella y su ratificación se hayan esgrimido títulos falsos o nulos, ni existió dolo ni violencia, su objeto fue claro y produjo efecto de cosa juzgada en última instancia (Art.2483 C.C.), no impetrando el recurrente su declaración de nulidad o rescisión.

3.- CONSIDERACIONES

Dentro de la órbita de competencia de la Sala a tono con los mandatos del artículo 357 del C.P.C., conforme se ha delineado en la precedente reseña de la actuación procesal, debate la parte recurrente frontalmente la transacción fundamento de la excepción declarada, por falta de capacidad de la interviniente, señora MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, debido a la carencia de poder de quien la representó; no contener concesiones recíprocas y la distorsión del documento que contiene el pago realizado, puntos que en consecuencia deben ser dilucidados.

3.1.- Define el artículo 2469 del C.C. la transacción como un “…contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.”, excluyendo a renglón seguido la misma normativa el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.

En su carácter de contrato, deben confluir en la transacción, entre otros requisitos, de conformidad con el artículo 1502 del C.C., la capacidad de las partes contratantes, precisando el artículo 2470 ídem, que sólo puede transigir la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción, necesitando todo mandatario poder especial que especifique los bienes, derechos y acciones sobre los que se quiere transigir (Art. 2471 C.C.).

El término capacidad en su más amplia acepción implica la aptitud para ser sujeto de derechos, de una parte, y para ejercer tales derechos mediante negocios jurídicos. La capacidad jurídica o de derecho hace referencia a la posibilidad de que determinado derecho se radique en cabeza de una persona, presumiéndose que toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces (Art.1503 C.C.)

El artículo 1504 del Código Civil, determina como incapaces absolutos a los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender, a su vez el artículo 432 ibídem, los sujeta a la curaduría general.

El mandato, establece a su turno el artículo 2142 del C.C. “…es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.”, por lo que el representante ejecuta negocios a nombre del representado, estando facultado por este o por la ley, produciendo iguales efectos que si hubiese contratado el representado, precisa el artículo 1505 ídem, encargo que puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aÚn por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra (Art.2149 C.C.), manifestando entonces su consentimiento el mandante de forma expresa o tácita, reputándose perfecto por la aceptación del mandatario, la que de igual modo puede ser expresa o tácita, caracterizándose por su consensualidad, mandato que aceptado no podrá disolverse sino por mutua voluntad de las partes (Art.2150 c.c.).

Sobre los efectos de la falta de poder en el mandatario, ha tenido oportunidad de puntualizar nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia:

“La falta de poder en quien se dice ser mandatario de un tercero, no genera la nulidad del acto o contrato en el cual intervenga aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio cuyo estudio el Juez deba, de oficio, abordar ab-initio, sino que da lugar a un fenómeno bien distinto como lo es de la inoponibilidad del negocio frente al supuesto mandan­te, inoponibilidad que, entonces debió ser alegada acá por el afectado.
Tal punto lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte desde antaño. En efecto, en sentencia de agosto 24 de 1.938 dijo esta Corporación;
"...Hasta hoy se había tenido como doctrina jurídica en Colombia la solución de que la extralimitación de poderes del mandata­rio vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por ratificación expresa o tácita del mandante, o por la prescripción de 4 años, del artículo 1.750 del Código Civil, que es el plazo para demandar las rescisión de los contratos heridos de nulidad relativa.

"... Pero esa doctrina debe ser rectificada porque se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del mismo código, cuando habla de que los actos exce­sivos del mandatario se pueden cubrir por la ratifica­ción.

"...En efecto. Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1.505 del Código Civil, que lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para represen­tarla, carece de efectos contra el representado. Este principio, aún de simple razón natural, es apenas una de las primera aplicaciones lógicas de aquel otro consagrado por el artículo 1.502, ibidem, básico de toda la teoría de las obligaciones, según el cual uno de los cuatro elementos esenciales para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, consiste en el consentimiento del obliga­do.

"...El consentimiento es, pues, condición indispensa­ble, la primera y la principal de todas, para que un acto o contrato tenga existencia jurídica.

"...En el mandato, el consenti­miento del mandante se expresa a través del mandatario, de suerte que en esta forma los derechos y las obligaciones que nacen de las convenciones celebradas por éste los adquiere directa­mente aquel y lo ligan personalmente con los terceros con quienes ha contratado el mandatario, porque el mandata­rio obra para tales efectos reempla­zando y sirviéndole de instrumento al mandante..."

Más adelante agrega:

"...Dado que el consenti­miento expreso o presunto del mandante a los actos llevados a cabo en nombre de este por el mandatario, es lo que crea el vínculo jurídico del primero ante los terceros y lo que en esencia singulariza la noción del mandato, infiérese sin esfuerzo, que las gestiones del mandatario verifi­cadas con extralimitación de sus poderes no caben dentro de la citada noción. Por faltarles a los actos excesivos el consentimiento del dueño, necesariamente tienen que desplazarse a otra construc­ción jurídica, por que ya no son negocios o gestiones, como los llama la ley, que el mandante haya confiado al mandatario. Constituyen con propiedad una verdadera administra­ción de negocios ajenos sin mandato, figura que en el lenguaje legal llámase `agencia oficiosa.'(Artícu­lo 2304, ibidem)..."

Tras desarrollar tal aserto, afirma la Corte que,

"... El agente oficioso solo obliga al interesa­do ante terceros cuando la gestión redunda en provecho de este, o ha sido ratificada. En los demás casos, tráta­se de actos inoponibles al dueño; es decir, de actos que en relación con él son ineficaces o inexistentes. En mane­ra alguna nulos, como quiera que la nulidad, aún la radical, exige siquiera un principio de existencia del acto jurídico. Mal puede ser nulo lo que no ha nacido, lo que carece de vida, así sea aparente ante la ley. El acto jurídico que se ha creado sin mi consenti­miento ni mi intervención, relativo a mis bienes, es para mi como si no existiera; no es un acto nulo de nulidad absoluta, sino un acto que nadie me puede oponer para que yo lo cumpla. Siendo para mi ese negocio con­cerniente a mi patrimonio res inter alios acta, no tengo necesidad de romper el vínculo jurídico que contra mi pretenda deducírse­me, porque no habien­do vínculo por ausencia total de mi consentimiento, nada hay que romper.
"...Por esta razón el mandante no esta obliga­do a deman­dar la nulidad absoluta, mucho menos relativa de los negocios llevados a cabo por el mandatario fuera de las pautas del respectivo poder. Le basta no prestarles su consentimiento..." (G.J XLVII. Pag. 81 y ss.).
En sentencia posterior se reafirmó la Corte en el punto y expresó que "...Solo resta agregar, en relación con el presente cargo, ya que la sentencia declara la nulidad de la venta del predio, que, de conformi­dad con la doctrina general, consagrada por la Corte, la acción de nulidad no es el medio necesario para recuperar los bienes transferi­dos en virtud de contrato celebra­do por los órganos o representantes de la persona jurídica, extrali­mitando sus poderes, porque se trata de algo más simple: de un fenómeno de inoponibilidad, ya que el ente moral es absolutamente extraño al acto o contrato..." ( Negrilla textual. G.J.LKVII. Pag.852)
No es, pues, que la inoponibilidad sea asimilable a la inexistencia, puesto que esta última no es una sanción que se impone al negocio, esto es, que éste en sí mismo existe o no existe, tanto frente a las partes, como a terceros, mientras que en aquella el negocio existe solo que no produce efectos frente a otros. Lo que se desea poner de relieve es cómo respecto del repre­sentado el acto que excede los poderes que ha otorgado no lo afecta. La aptitud vinculante del contrato solo recae sobre el representante, quien por ende se legitima para alegar cualquier vicio de los que la ley sanciona con nulidad relativa, no así el representado, toda vez que no participó en la génesis del negocio y quien frente al mismo es un extraño.”1

3.1.1.- El apoyo fáctico del resaltado por la parte recurrente, requisito capacidad, ausente en el aportado contrato de transacción, por carencia de poder del suscribiente, DAVID ALARCÓN FALLA, no configura dicha falta de capacidad, pues además de presumirse esta, no se ha aducido que la representada señora MARY MARGARETH LINARES se encuentre incursa en alguno de los eventos de incapacidad previstos en el citado artículo 1504 del C.C.

Ahora bien, la señalada falta de poder no le resta efecto alguno a la tan mencionada transacción especial que tiene figuración a folios 51 – 52 del cuaderno 1, suscrita por los hoy litigantes, y el abogado DAVID ALARCON FALLA, quien manifiesta que “…ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ESPECIAL DE LA SEÑORA MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, MAYOR DE EDAD, VECINA DE BOGOTÁ, COMO APODERADO ESPECIAL EN EL PROCESO ORDINARIO QUE CURSA EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 2008-991 DE ASMETH SALAZAR PALENCIA CONTRA MARY MARGARETH LINARES BEJARANO Y…”, aceptando el hoy recurrente en la sustentación de la alzada que dicho contrato al que califica de convenio, se realizó por solicitud de la señora MARY LINARES, y si bien no se ha aportado el poder especial para actuar en la misma, dicha falencia no genera nulidad alguna, u otro vicio que de oficio deba abordarse, sino que da lugar al fenómeno de la inoponibilidad del negocio frente al supuesto mandante, como lo ha precisado nuestra Honorable Corte Suprema en el extracto transcrito en el precedente numeral, y para el caso la “supuesta mandante”, no es ni siquiera parte del proceso, ni su vinculación es necesaria de conformidad con el artículo 83 del C.P.C., porque las pretensiones planteadas no giran en torno al contrato de transacción, sino de la posesión del actor respecto del predio agrario identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 200-106165.

De esta forma, el tan señalado contrato de transacción es válido, no estando legitimado para discutir el hoy recurrente la falta de poder para celebrarlo por parte de uno de los intervinientes, porque no es parte en el correspondiente contrato de mandato, y no hay que olvidar la relatividad de los contratos de acuerdo con el artículo 1602 del C.C., al establecer que “…todo contrato legalmente celebrado es una., ley para los contratantes”, aceptando inclusive al suscribir el contrato de transacción la representación ejercida por el abogado DAVID ALARCÓN FALLA, resultando contradictoria su argumentación.

3.2.- Para dilucidar el punto atinente a la ausencia de concesiones recíprocas, específicamente con relación al demandado MARINO CABRERA, en la transacción esgrimida, concesión que como es sabido es de la esencia de esta clase de contratos, sin la cual no produce efecto alguno o degenera en otro contrato, a la luz de artículo 1501 del C.C., conforme a la definición del mismo contemplada en el artículo 2469 del C.C., que estima la parte recurrente no fluye del arrimado al plenario, remitiéndose a su cláusula tercera, debemos ubicarnos en el contexto del acuerdo de voluntades vertido en el documento que contiene la transacción.

La destacada cláusula tercera plasma la manifestación de la interviniente MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, de autorizar en documento separado al hoy demandado MARINO CABRERA TRUJILLO, para pagar la suma y en las oportunidades señaladas en el mismo, a favor del hoy demandante, dinero que aún el señor CABRERA TRUJILLO le adeuda por concepto de la compraventa del inmueble ubicado en los municipios de Rivera y Campoalegre, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 200-106165 de la Oficina de Registro de Neiva, es decir el mismo inmueble objeto de debate en el presente asunto, en cuanto a su posesión.

De la lectura aislada de esta cláusula, en efecto no emerge concesión alguna por parte del hoy demandado, porque los valores a pagar corresponden a una obligación previamente adquirida con la también interviniente, señora MARY MARGARETH LINARES BEJARANO, por la compraventa del inmueble base de debate en el presente asunto, pero lectura no debe ser aislada, porque las cláusulas de un contrato deben interpretarse unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, estipula el artículo 1622 del C.C., debiéndose estar a la intención de los contratantes más que a lo literal de la palabras, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una con la aprobación de la otra parte (Art. 1618 C.C.); preferirse el sentido de que una cláusula produzca algún efecto, a que no sea capaz de producir efecto alguno (Art. 1620 C.C.); de no aparecer interpretación contraria, debe estarse a la interpretación que mejor convenga con la naturaleza del contrato (Art.1621 C.C.).

Con relación a las claras normas sustantivas en cita, ha puntualizado nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia:
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