La línea de subtransmisión de 69 kv y subestación de distribución eléctrica en el cantón pujilí provincia de cotopaxi




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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO PARA

LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI
ELEPCO S.A.

SERCONEL, Cía. Ltda.
2010

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV Y DE UNA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI

1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. (ELEPCO), prestadora del servicio de electricidad en el cantón Pujilí, provincia del Cotopaxi, está empeñada en mejorar y ampliar dicho servicio en esta jurisdicción cantonal.
Para ello se realizará la ampliación de la subestación San Rafael de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (ELEPCO) mediante la construcción de una la línea de Subtransmisión de 69 KV y de una Subestación de distribución eléctrica a ubicarse en el cantón Pujilí.


    1. ANTECEDENTES


Con este propósito, ELEPCO contrata los servicios profesionales de la compañía SERCONEL, para que efectúen los estudios de diseños técnicos y de infraestructura, necesarios para la ampliación de la subestación San Rafael y para la construcción de una la línea de Subtransmisión de 69 KV y de una Subestación de distribución eléctrica. Complementariamente, SERCONEL desarrollará el Estudio de Impacto Ambiental para dicho proyecto.
El proyecto consiste en una línea de subtransmisión y de una subestación de distribución que será instalada en el cantón Pujilí. La línea tiene una longitud de 6.5 Km. y operará a 69 KV. Su recorrido inicia en la subestación San Rafael ubicada en la ciudad de Latacunga y llega a la nueva subestación Pujilí ubicada en el barrio Patoa de Chugchilán.
El proyecto se ubica en su mayoría en áreas rurales de los cantones de Latacunga y Pujilí, zona en la cual no se encuentran áreas protegidas, ni áreas bajo régimen especial. Cabe indicar que en el área próxima a la S/E se encuentra ubicado el botadero de basura municipal de Latacunga, el mismo que es a cielo abierto, razón por la cual se utilizarán equipos diseñados para condiciones extremas y que no requieran ser operados permanentemente por personal de ELEPCO S.A.


    1. OBJETIVOS




      1. Objetivo General




  • Ejecutar los estudios de identificación, valoración y mitigación de los potenciales impactos ambientales del proyecto eléctrico en las fases de construcción, operación y retiro.




      1. Objetivos Específicos




  • Elaborar el diagnóstico ambiental y socioeconómico de la zona definida para el proyecto y sus zonas de influencia.




  • Realizar el análisis ambiental que permita identificar y valorar los impactos negativos y positivos que puedan ocurrir en el medio, como consecuencia de la implementación del proyecto.




  • Definir las medidas para prevenir, controlar o mitigar los impactos negativos que causará el proyecto en las fases de construcción y operación.




    1. ALCANCE


El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) forma parte del análisis de factibilidad de un proyecto. Este análisis determinará la interrelación Proyecto - Ambiente, tomando en cuenta la capacidad de afectación del proyecto hacia los elementos ambientales, y a su vez, el potencial de respuesta del medio hacia el proyecto. Se pretende que el estudio ambiental consiga que la ejecución del proyecto cause el menor impacto negativo y el menor deterioro sobre cada uno de los elementos ambientales involucrados.
Evidentemente, al evaluar ambientalmente el proyecto, se consideran también los efectos positivos que pueda aportar éste hacia el medio. El balance de los efectos negativos irreversibles, de los efectos negativos con probabilidades de ser mitigados y corregidos al frente de los efectos positivos, dan las pautas de idoneidad un proyecto.


    1. METODOLOGÍA GENERAL


El estudio comprende: la Caracterización Ambiental de la zona afectada, la determinación de las Áreas de Influencia, la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales y la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
En los aspectos Físicos, para la caracterización climática se utilizó la información existente en los registros meteorológicos del INAMHI, correspondiente a la Estación Pilaló, Código (M=122), así como de los registros del proyecto Hidroeléctrico Pílalo. Lastimosamente la información del INAMHI está muy limitada, la mayoría de estaciones meteorológicas a nivel de país, se hallan inactivas por falta de presupuesto. Por esto, la información no se halla actualizada y se interpreta la existente, únicamente hasta el año 1998. Por otra parte, para la obtención de la información socioeconómica y cartográfica, se acudió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Instituto Geográfico Militar (IGM).
Para los aspectos biológicos y ecológicos se acudió a la recolección de información secundaria en el Centro de Datos para la Conservación (CDC), y el Centro de Información sobre la Biodiversidad del Ecuador (CIBE) del Ministerio del Ambiente. Se completó el diagnóstico con investigación y verificación de campo. Para los inventarios biológicos y ecológicos se utilizó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sobrevila y Bath, 1992).
Para los aspectos socioeconómicos, se efectuaron entrevistas a pobladores locales especialmente a informantes claves (Centros Educativos, líderes gremiales, Autoridades Seccionales, locales y ciudadanos en general).
Para la evaluación de los impactos ambientales de mayor significancia, se utilizó la “Matriz Multidimensional”, desarrollada en base a las matrices desarrolladas por Pilllip y Defillini (1976), Leopold (1970) y otras referencias.
La Calificación de los impactos se realizó a través de parámetros Cualitativos y Cuantitativos, que permiten calcular la Magnitud e Importancia de cada uno de ellos, tanto a nivel del elemento afectado, como de la actividad que genera la afectación.
El procedimiento de análisis desarrollado para este estudio consistió en una matriz que contiene: (1), la calificación de impactos, (2), cálculo de Magnitud e Importancia, y (3), la evaluación de los impactos.La calificación de impactos comprende la asignación de valores a cada impacto, que realiza el grupo de consultores con base a la escala de valores preconcebidos para cada variable.


    1. MARCO LEGAL


El Ecuador dispone de diversas Leyes y Reglamentos que norman la gestión ambiental para los proyectos de infraestructura. Entre las fundamentales y que se relacionan con el proyecto motivo del presente estudio, se citan a las siguientes:
La Constitución de la República del Ecuador
Aprobada en el año 2008, en su Art. 14, Sección Segunda, Ambiente Sano, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Este mismo artículo declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios degradados.
De igual forma en el Título II, Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza, Art. 72, se manifiesta una restauración independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
El Art. 73, indica que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
El Título VII, Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo Segundo, De la Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera: Naturaleza y Ambiente, en su Art. 395, La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
El Art. 396 del Capítulo Segundo, destaca la participación del estado y responsabilidades para prevenir impactos o remediarlos además que “Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.”
El Art. 397 adicionalmente lista las medidas a las cuales el estado se compromete para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entre estas están: el ejercicio de acciones legales, establecimiento de mecanismos de prevención y control, el regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente, el asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas y el establecimiento de un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.
El Art. 398 del Capítulo Segundo, sobre consulta previa indica que “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. “
Finalmente el Art. 399 indica que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
Sistema Único de Manejo Ambiental
El Sistema Único de Manejo Ambiental abarca el proceso de evaluación de impactos ambientales desde el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto, considerando mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos a través de las figuras de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y las Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes (AAAc), ambas integrantes del Sistema Nacional Descentralizado o de Gestión Ambiental (SNDGA).
El Sistema Único de Manejo Ambiental – SUMA – descrito en el Título I, del Libro VI de La Calidad Ambiental, señala en los artículos 19 hasta 24 a la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: Marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales.
Los principios del SUMA son la transparencia, agilidad, eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental.
El SUMA establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Ley de Gestión Ambiental
Promulgada en el Registro Oficial Nº 245 del 10 de julio de 1999, la cual en el Art. 1 dice: “La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.
En el Título VI de la Protección de los Derechos Ambientales de La Ley de Gestión Ambiental, Art. 41 establece que “Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medioambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República”.
La Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de Noviembre del 2002, promulgado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de Diciembre del 2002. El objetivo del Texto Unificado es actualizar la legislación en materia ambiental y permitir ubicar con exactitud la normativa vigente en cada materia.
Adicionalmente existen Reglamentos a las diferentes Leyes y que permiten viabilizar la aplicación de las mismas. En este caso, dirigidas a las características del ambiente y afectadas por la construcción de obras de infraestructura.
Ley de Régimen del Sector Eléctrico
Artículo 2, el estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por tanto sólo él, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), ente público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
En el artículo 3, dispone que “en todos los casos los generadores, transmisor y distribuidores de energía eléctrica, observarán las disposiciones legales relativas a la protección del ambiente; y, que el Reglamento de Orden Técnico que dicte el Presidente de la República, preparado por el CONELEC, determinará los parámetros para la aplicación de esta norma y el mismo prevalecerá sobre cualquier otra regulación secundaria”. Conforme al mismo artículo el CONELEC deberá aprobar los Estudios de Impacto Ambiental y verificará su cumplimiento a través del Plan de Manejo Ambiental de los proyectos u obras de generación, transmisión y distribución, con excepción de los casos contemplados en el Art.10.
El artículo 30, establece que los permisos entregados por el CONELEC podrán ser negados si se incumplen las leyes sobre protección del medio ambiente.
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico
De acuerdo al artículo 13, las personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas por el Estado para generar, transmitir, distribuir, y comercializar la energía eléctrica, se encuentran obligadas a observar las disposiciones de la legislación ecuatoriana vigente y las estipuladas en normas internacionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente que consten o se deriven de los convenios ratificados por el Ecuador.
Entre los lineamientos a cumplir, deberán elaborar un Estudio Independiente de Impacto Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con las características particulares de los respectivos contratos de concesión, permisos y licencias (Art. 13).
Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas
Publicado en el Registro Oficial Nº 396 del 23 de agosto del 2001 mediante decreto Ejecutivo Nº 1761 y que en el Artículo 1, señala: El presente reglamento establece los procedimientos y medidas aplicables al sector eléctrico en el Ecuador, para que las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas: construcción, operación – mantenimiento y retiro, se realicen de manera que se prevengan, controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien aquellos positivos”
El Art. 7, literal (a) del con el propósito de ejecutar las funciones atribuidas por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus reformas y demás Reglamentos aplicables al sector eléctrico en el área ambiental, le corresponde al Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC “cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental aplicable a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica así como las disposiciones que se derivan del RAAE”.
En los Art. 9, 11 y 12 se menciona la coordinación que el CONELEC deberá contemplar con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas (Subsecretaria de Protección Ambiental) y las entidades del Régimen Seccional Autónomo (Municipios y Consejos Provinciales), respectivamente para la aplicación de las políticas ambientales, dentro del ámbito de su competencia. Estos mecanismos de coordinación se extienden a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).
Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica
Este reglamento tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos aplicables, bajo los cuales el Estado podrá delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Reglamento de Aplicación de Mecanismos de Participación Social
El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la ley de Gestión Ambiental del Decreto Ejecutivo No. 1040, Abril 22, 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 332, Mayo 8, 2008, establece criterios y mecanismos de participación ciudadana que deben ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la Gestión Pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental.
El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, manifiesta en su Art. 6 que la Participación tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir los riesgos ambientales.
Los fines de este Reglamento establecidos en su Art. 4, son los siguientes:


  • Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental.

  • Permitir a las autoridades conocer los criterios de la comunidad en relación al proyecto que genere un impacto ambiental.

  • Incluir los criterios de la comunidad en el desarrollo de la gestión ambiental.

  • Aclarar las actividades que pueden afectar al ambiente, asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.


Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de

Participación Social
En el Art. 3 de este Acuerdo Ministerial No. 112 de Julio 2008, en el literal a) manifiesta que los mecanismos de participación se efectuarán por uno o varios medios de amplia difusión, en el cual se precisarán las fechas en que estará disponible el borrador del EsIA y PMA.
En el mismo artículo, literal d) manifiesta que en el plazo de (7) siete días contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo complementario, se receptarán los comentarios de la comunidad, respecto al borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, y se dará por concluido el proceso de participación social.
El facilitador deberá ser seleccionado por la autoridad competente y no será parte del grupo consultor, ni promotor o ejecutor del proyecto que ejecuta el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Reforma del Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
El Acuerdo Ministerial 106 de fecha 30 de octubre del 2009 reforma el artículo 3 del mencionado reglamento indicando que el facilitador o técnico asignado al proceso realizará una vista de campo previa a la aplicación del mecanismo de Participación Social de la cual presentará un informe en donde se indique el área de influencia socio-económica directa del proyecto, la lista de actores sociales, los posibles conflictos socioambientales y todos los elementos pertinentes para la planificación logística y la ejecución del proceso de participación.
Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte
Estas normas técnicas tienen por objeto prevenir y controlar la contaminación ambiental causada por las actividades de los sectores eléctricos, telecomunicaciones y transporte (puertos y aeropuertos).
Estas normas específicas fueron expedidas en el Registro Oficial No. 41 del 14 de marzo de 2007, tales instrumentos normativos, se constituyen en anexos al Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y se suman al conjunto de Normas Técnicas Ambientales para la prevención y control de la contaminación citadas en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, dentro de estas normas, para este caso corresponde observar la:
Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos Electromagnéticos
Este instrumento rige en todo el territorio nacional y particularmente para los concesionarios y titulares de permisos y licencias para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En tal virtud, las normas de este instrumento deberán observarse en subestaciones de electricidad, sistemas de transporte de energía eléctrica, estructuras, torres, postes, cables, transformadores de potencia y cualquier otro elemento utilizado para fines de generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica.
Se establecen los niveles de referencia para limitar la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 60 Hz, para público en general y para personal ocupacionalmente expuesto, así como los medidos en el límite de su franja de servidumbre.
Clasificación de las Líneas de Transporte de Energía Eléctrica que requieren Estudios de Impacto Ambiental
De acuerdo a la Regulación No. CONELEC 003/06, mediante Resolución No. 106/06, del 9 de mayo de 2006, se estableció en la Sección 2 de esta regulación las líneas de transmisión que requieren Estudios de Impacto Ambiental en sus literales a continuación:
a) Las líneas de transporte de energía eléctrica cuyo voltaje sea superior a 40 KV independiente de su longitud; se incluyen las subestaciones nuevas asociadas.

b) Todas las líneas que atraviesen zonas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y el Sistema de Bosques y Vegetación Protectores, sin consideración de su voltaje y longitud.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
Las disposiciones de este Decreto 2393 publicado en el R.O. 565, Noviembre 17, 1986, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.
Ley de Patrimonio Cultural Ecuatoriano
Publicada en el Registro Oficial Nº 865 del 2 de julio de 1979 y su Reglamento publicado en el Registro Oficial Nº 787 del 16 de julio de 1984, cuyas disposiciones se encaminan a proteger el patrimonio cultural de país.
En sus artículos 28 y 30 respectivamente manifiesta que: “Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de Patrimonio Cultural” y que “En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.

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