Talagante a 5 días del mes de Diciembre de 2006




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DÉCIMO SEXTO: Que, la participación del encausado RENÉ ENRIQUE LARA ACEVEDO, en el delito que se da por acreditado en este juicio, aparece luego de valorar libremente la prueba allegada a estrados por los intervinientes, de conformidad al Art. 297 del Código Procesal Penal, obrando en su contra la siguiente prueba de cargo: El relato de la víctima; los atestados de los funcionarios de Carabineros de Chile; el informe pericial practicado por el químico Claudio Pérez y el peritaje realizado por el Medico Cirujano Jorge López Contreras.

Que, los antecedentes recién mencionados, especialmente, el testimonio otorgado por la víctima, detallado en el motivo noveno de la presente sentencia, siendo posible concluir más allá de toda duda razonable que al acusado RENÉ ENRIQUE LARA ACEVEDO, le cupo participación culpable en los hechos narrados en el considerando décimo tercero de este fallo, y calificados jurídicamente como violación en el acápite décimo cuarto, al haber actuado en ellos de una manera inmediata y directa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 15 № 1 del Código Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el Tribunal desestimará las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal, alegadas por el Ministerio Público, cuales son el Art. 12 № 18, ejecutar el hecho en la morada de la víctima y la contemplada en el Art. 13, ser el agraviado el cónyuge del ofensor.

Estos jueces estimamos que las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal alegadas por el ente acusador, no afectan la existencia misma del hecho punible, no alteran su esencia, y en el caso particular no implican una mayor perversidad y peligrosidad del delincuente. En el caso sublite, el domicilio de la víctima fue alguna vez el hogar de ambos cónyuges, que de hecho se encuentran casados en sociedad conyugal, tal como puede apreciarse del certificado de matrimonio presentado como prueba documental por el Ministerio Público, puede presumirse que el también es dueño de, al menos, la mitad de los enseres que guarnecen el hogar, que contribuyó a formarlo, con lo cual no está faltándole especialmente el respeto debido a la propiedad ajena.

Además en cuanto al hogar común, al no estar disuelto el vínculo conyugal y por ende no haberse producido aún la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, estimamos que esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, no concurre.

En cuanto a la contemplada por el Art. 13 del mismo cuerpo legal, de acuerdo a la naturaleza y accidentes del delito, estimamos que no calificaremos el vínculo matrimonial existente entre ambos como circunstancia agravante, dadas la especial forma de relacionarse entre ambos. De acuerdo con los antecedentes periciales, presentados por ambas partes, XIMENA LEYTON y RENÉ LARA, es posible concluir que ambos poseen un síndrome de dependencia, que ejemplifica con la frase no puedo vivir contigo y tampoco sin ti. A pesar de los episodios de violencia intrafamiliar vividos al interior del matrimonio, y a pesar del acuerdo de suspender la vida en común, ambos han seguido relacionándose por la actividad laboral del acusado, y por sus tratamientos antidrogas, a los cuales la misma víctima lo ha incentivado a acudir con el objeto de reanudar la vida en común. Además la misma víctima relató haber mantenido relaciones sexuales con el acusado, aun contra su voluntad expresa pues debía cumplirle como mujer, estableciendo un patrón de conductas sexuales que se volvió usual entre ellos, como lo relató la perito Teresa Parrao Díaz.

DÉCIMO OCTAVO: Que, beneficia a RENÉ ENRIQUE LARA ACEVEDO, la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal, de haber gozado de una irreprochable conducta anterior a la ocurrencia del delito, según consta de su extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones prontuariales pretéritas, incorporado en la audiencia de determinación de pena por el Ministerio Público.

Que asimismo beneficia al acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el Art. 13 del Código Penal, por las mismas razones enunciadas en el motivo precedente.

DÉCIMO NOVENO: Que, durante el testimonio de MARCELO PEREIRA LECAROS, DENIS HURTADO FUENTES y específicamente durante el interrogatorio que realizaba el Ministerio Público, la defensa interpone un incidente de nulidad – con el fin de preparar un posible recurso de nulidad - argumentando que la línea de interrogatorio planteada por la fiscal vulneraría las garantías constitucionales de su representado, específicamente el derecho a defensa.

Que estos sentenciadores entienden que la línea de interrogación que presente una de las partes puede ser objetada a través de las herramientas procesales que contempla el Art. 330 del Código Procesal Penal, esto es por ser sugestivas, engañosas, estar formuladas en término poco claros o por coaccionar ilegítimamente al testigo, o como lo dispone el Art. 292, del mismo cuerpo legal – al referirse a las facultades disciplinarias del presidente del tribunal – por ser éstas impertinentes con el objeto del proceso, contenido en el auto de apertura de juicio oral.

Que, como una de las manifestaciones del derecho a defensa y reconociendo el principio procesal de la bilateralidad de la audiencia, sobre que se estructura el juicio oral regulado en el Código Procesal Penal, la defensa tiene derecho a someter al testigo presentado por el Ministerio Público a un contraexamen o contrainterrogatorio; situación que en la práctica no ocurrió, pues la misma defensa declinó del ejercicio de su derecho.

Este tribunal estima que para que exista una vulneración al derecho a defensa de la parte, ocasionando un vicio de nulidad, debe haberse producido un vicio reparable solo a través de la declaración de la misma, sin embargo, la defensa aún no había ejercido el derecho a contrainterrogar, que es la manifestación procesal del derecho a defensa en esta etapa procesal, por lo que no es posible que se haya alcanzado a transgredir un derecho que no se ejerció.

A mayor abundamiento, la defensa interpone un incidente de nulidad en audiencia, al tenor de lo preceptuado por el Art. 161 del Código Procesal Penal, fundado en la línea interrogativa del Ministerio Público, hecho que no puede ser catalogado de ‘actuación’, como lo dispone la norma en comento y aun cuando pudiese considerarse una actuación de parte, ésta actuación no produjo un perjuicio a la defensa, puesto que aún estaba a salvo su derecho a contrainterrogar al testigo, siendo improcedente, desacertado e infundado el incidente de nulidad planteado.

La nulidad procesal se encuentra vinculada al saneamiento del proceso, en tal sentido entendemos que la nulidad es una sanción que tiene por objeto restarle valor a una actuación viciada, tenerla como no sucedida por no constituir el medio idóneo destinado a cumplir el fin para el que fue prevista por el legislador, es una sanción de ineficacia para aquellos actos emanados de las partes o del tribunal, materializados con omisión de un requisito exigido por la ley en consideración a su naturaleza o especie o al estado o calidad de las partes intervinientes, o que afectan derechos asegurados por la Constitución o las leyes, que ocasionan un perjuicio de tal entidad que solo pueden ser reparados a través de la declaración de nulidad del acto.

La anulación o invalidación de un acto procesal, implica un análisis antelado de la existencia de un agravio, un error trascendente a un estado de indefensión causado por dicho acto y que esto determina privarlo de sus efectos, situación que no se observa en estrados cuando la fiscalía elige una línea interrogativa que al tenor de lo dispuesto por las normas procesales, contenidas en el Art. 330 del citado cuerpo legal, que regulan la litigación oral, puede entenderse únicamente como impertinente, hecho que fue resuelto por el tribunal en este sentido.

La nulidad conserva la integridad del ordenamiento jurídico, mantiene su estabilidad, cautelando que se lleven a cabo actos jurídicos que no lesionen intereses jurídicamente protegidos, como lo son las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Fundamental.

Estos sentenciadores estiman del mismo modo, que para que exista un vicio de nulidad, debe haber trascendido el vicio al proceso: No hay nulidad sin agravio.

Quien alega la nulidad tiene que demostrar encontrarse perjudicado con el acto procesal viciado. El perjuicio debe ser cierto e irreparable, además que el acto viciado no pueda subsanarse sino es con la declaración de sanción de nulidad. Ello quiere decir, que si el vicio puede remediarse por otro medio distinto a la sanción de nulidad no existirá nulidad.

No puede haber perjuicio cierto por una pregunta realizada por el Ministerio Público, no puede haber perjuicio cierto para la defensa, entendiendo por tal la vulneración del derecho a defensa de su representado, si aun no ejerce las facultades que este mismo derecho le brinda al interior del proceso, cual es la de contrainterrogar.

Tampoco basta con afirmar que el acto procesal adolece de un vicio, el peticionario – no causante del mismo – debe precisar en qué consiste, más que hacer alegaciones vagas que refieren la línea interrogativa de la fiscalía.

Que el vicio sea trascendente, es decir, que provoque un agravio a las partes, implica o trae como consecuencia al interior del proceso: determinar un resultado probablemente diferente en la decisión judicial o que ponga a una de las partes en estado de indefensión, situación que difícilmente ocurriría por el solo hecho de realizar el Ministerio Público una pregunta que es, además, catalogada por el tribunal de impertinente.

El perjuicio implica que hay defensas que se han dejado de realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado, no que se han dejado de realizar por voluntad de la parte que lo alega.

En el caso de marras, el acto no ocasionó perjuicio alguno, puesto que la fiscalía no continuó interrogando por la vía elegida, más perjuicio pudo haber ocasionado a la defensa el no haber ejercido su derecho a contrainterrogar, sin embargo, no puede alegarse la nulidad por actos cometidos por la misma parte.

En cuanto a las alegaciones de la defensa y su petición de la exclusión de una de las pruebas ofrecidas en el auto de apertura del juicio oral tanto por su parte como por el Ministerio Público, específicamente las cartas manuscritas por el acusado, que se habrían obtenido con infracción de garantías constitucionales, estos sentenciadores estimamos que el actor carece de titularidad para solicitar la exclusión de prueba referida.

A mayor abundamiento, puede ejercer la acción de nulidad la parte afectada por un vicio que no sea la causante de aquel – nadie puede aprovecharse de su propio dolo – estimamos que al hecho de haber ofrecido las cartas como prueba propia lo inhabilitan para impetrar la acción de nulidad por vía incidental durante el transcurso del proceso, que de haber existido un vicio, este se convalidó al ofrecerlas también como prueba de su parte, puesto que este ofrecimiento consta en una sentencia interlocutoria ejecutoriada, como lo es el auto de apertura en cuestión. No es posible razonar en términos que una misma prueba es nula para una sola de las partes y para la otra no, cuando ambas la ofrecen como prueba propia.

En su respectivo alegato de clausura, la defensa agrega que al no haber podido interrogar al padre de la víctima en relación a su situación económica, se lo privó de establecer hechos relevantes para su defensa; estos sentenciadores estimaron que aún cuando la respuesta del testigo LUIS EDUARDO LEYTON PARDO hubiese sido positiva, en cuanto a evidenciar una situación económica desmejorada o derechamente precaria, no guardaba relación con los hechos que motivaron el juicio, no es posible pensar que porque el padre de la víctima tiene problemas económicos, se justifica una agresión sexual por parte del acusado a la víctima.

VIGÉSIMO: Que, de acuerdo a lo señalado en el motivo precedente y al tenor de lo que dispone el Art. 50 del Código Procesal Penal, en casos de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, los fiscales, abogados defensores y mandatarios pueden ser condenados, por resolución fundada, al pago total o parcial de las costas de la causa.

Que habiendo demostrado el defensor Mauricio Decap Fernández un notorio desconocimiento del derecho al ignorar técnicas y elementos básicos de la litigación oral, contrastando la declaración prestada en estrados por los testigos Juan Carlos Barrios Nuñez y Víctor Hugo Cisternas Bascur con declaraciones cuya data y procedencia se ignoran, sin reconocer los testigos si éstas habían sido firmadas por ellos, sin señalar la fecha en que las habrían prestado, ni ante qué órgano, no pudiendo el tribunal colegirlo del ejercicio realizado por el abogado defensor en estrados.

Además de plantear constantemente incidentes de nulidad carentes de fundamento legal, en situaciones provocadas por su mismo desempeño, utilizando herramientas procesales equívocas, ocasionando una innecesaria dilación del proceso y además careciendo de titularidad para impetrarla, puesto que su parte no fue agraviada con perjuicio alguno; y siendo el perjuicio un elemento necesario para la procedencia de la nulidad procesal, teniendo éste un carácter cierto y en ningún caso eventual, razones por las cuales se condena al abogado defensor al pago del 1% de las costas de la causa.

A mayor abundamiento, en sucesivas oportunidades planteó objeciones a preguntas que el Ministerio Público dirigía a peritos, cuando estos trataban de explicar las conclusiones de sus respectivos informes, a modo ejemplar con el informe presentado por el perito forense del Servicio Médico Legal Jorge López Contreras, en el caso en cuestión, el tribunal le otorgó un receso, haciendo uso de las facultades de dirección del debate contenidas en el Código Procesal Penal en su Art. 292, y poniendo especial atención en la conservación y materialización de la garantía constitucional del derecho a defensa, es decir para su propio beneficio, con el objeto que ordenara las preguntas que haría en forma posterior al perito, pues su examen hasta antes del receso, fue calificado por el tribunal como coacción, a petición de la contraria, toda vez que reiteraba una y otra vez la misma pregunta, al no obtener una respuesta satisfactoria para su defensa. De esta manera pudo ordenar sus antecedentes y formular con calma las siguientes preguntas que realizaría al facultativo.

Que el tribunal no consideró la posibilidad de decretar el abandono de la defensa, facultad contenida en el artículo 106 del referido cuerpo legal, toda vez que la defensa del acusado no era una representación unipersonal y las intervenciones de la defensora Sra. Parra aun cuando fueron escasas, se caracterizaron por ser acertadas, coherentes con la teoría del caso planteada en el alegato de apertura y demostrar un conocimiento adecuado de técnicas de litigación oral que le permitieron desenvolverse en estas intervenciones de manera adecuada, pertinente y eficaz.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por tratarse de un delito sancionado con una pena compuesta en dos grados y existiendo en favor del acusado dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal aplicará la pena inferior en dos grados, al mínimo señalado por el Art. 391 del Código Penal.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los Art. 12 № 18, 13, 14, 15 № 1 y 361 № 1 del Código Penal; Arts. 1, 45, 46, 47, 295, 296, 297, 325 al 338, 341, 342, 344, 348 del Código Procesal Penal, SE DECLARA:

I.- Que se CONDENA a RENÉ ENRIQUE LARA ACEVEDO, ya individualizado a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, más la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos y profesiones titulares, mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa, en su calidad de autor del delito de violación en la persona de XIMENA DEL CARMEN LEYTON GAMBOA hecho ocurrido en la localidad del Monte el Lunes 08 de Agosto de 2005 entre las 08:00 y las 14:00 horas.

II.- Que, no constando que el acusado se encuentra patrocinado por la Defensoría Penal Pública por carecer de medios económicos, y habiendo introducido elementos que permitieron al tribunal formarse la convicción que el acusado realizaba una actividad lucrativa, puesto que de las pruebas allegadas a estrados por ambas partes, puede colegirse que esta actividad le daba buenos réditos, que emitía facturas con las cuales cobraba dineros, que pagaba Impuesto al Valor Agregado, que gracias a su buena situación económica podía gastar dinero en el consumo de drogas, cuyo alto costo de obtención es de público conocimiento.

En consecuencia, el tribunal estima que no existen antecedentes que obren en el proceso que sean mérito suficiente para eximir al acusado del pago de las costas de la causa, por lo tanto, se condena a RENÉ ENRIQUE LARA ACEVEDO al pago de las costas de la causa.

III.- Que de acuerdo a lo que dispone el Art.4º de la Ley № 18.216.- se le concede al sentenciado el beneficio de la remisión condicional de la pena, atendido a que cumple especialmente con las letras a) y b) del citado artículo. Estos sentenciadores tuvieron en consideración además el informe presentencial presentado por la parte defensora.

IV.- Que, para el cumplimiento de la pena, deberán servirle de abono los días que permaneció privado de libertad con ocasión de esta causa, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, entre los días 08 de Agosto de 2005 y 05 de Diciembre de 2006 y la fecha en que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Devuélvanse en su oportunidad los documentos y evidencias acompañados por la Fiscalía y la defensa.

Ejecutoriado que sea el presente fallo, dése cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 468 del Código Procesal Penal.

Redacción de la Magistrado Suplente Claudia M. Galán Villegas.

R.U.C.: 0.500.348.877-4

R.I.T.: 22-2006

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA PRIMERA SALA DE ESTE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE TALAGANTE, PRESIDIDA POR DOÑA MARCELA ERAZO RIVERA, JUEZ TITULAR E INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS MARCELO ECHEVERRÍA MUÑOZ Y CLAUDIA M. GALÁN VILLEGAS, JUECES SUPLENTES. NO CONCURRIENDO A LA FIRMA LA PRIMERA DE ELLOS, POR ESTAR CUMPLIENDO FUNCIONES COMO JUEZ INTEGRANTE EN EL 6º TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO.-



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