José Ignacio Suárez Pinilla. Notario de Armilla (Granada). Mayo 2012




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C.3.- Modificación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Dice el Decreto, que con el fin de adaptar el Reglamento de Disciplina Urbanística a su contenido, se modifica su artículo 53 y se añade una disposición transitoria 3ª, conforme a los cuales:

«Artículo 53. Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente instrumento de planeamiento general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración de asimilado a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

4. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o edificaciones terminadas se acordará por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes.

La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá identificar suficientemente la instalación, construcción o edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.

Una vez otorgado el reconocimiento, podrán autorizase las obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma.

6. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración actuante podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.»

-«Disposición transitoria tercera. Acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación con anterioridad al Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio.

 

En el caso de que una edificación declarada en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, sin mención expresa de las condiciones derivadas de este régimen, la Administración competente deberá instar dicha constancia en la forma y a los efectos previstos en la legislación notarial y registral correspondiente.»

 

La primera observación que debemos hacer es que desaparece la obligación -normalmente ignorada- que antes imponía el artículo. 53. 4 RDUA, según la cual, el Ayuntamiento al dictar acuerdo sobre “el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística”, debía al mismo tiempodeclarar el inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que la motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo, con indicación expresa de que sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido…:

 

Hoy, ambas resoluciones administrativas pueden ser independientes. Así lo demuestra además la disposición transitoria segunda del Decreto:

 

Disposición transitoria segunda. Edificaciones en asentamientos urbanísticos.

Hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística que incorpore los asentamientos urbanísticos a que se hace referencia en el artículo 13 no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a las edificaciones ubicadas en estos asentamientos, sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por los ayuntamientos que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido.

 

Plantea la nueva redacción del artículo 53 del RDUA una serie de interrogantes:

- ¿es obligatorio instar el procedimiento para el reconocimiento de edificación en situación de “asimilado a fuera de ordenación”?

No se establece dicha obligatoriedad, ni plazo para iniciar el procedimiento, pues en el art. 53 del RDUA y en el Decreto, sólo se dice que se iniciará de oficio o a instancia del titular de la edificación.

Tan sólo se establece, para aquellos casos que se acuerde resolución particularizada de asimilado a fuera de ordenación sobre una edificación que ya estuviera inscrita en el Registro de la propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del R.D-Ley 8/2011, la obligación de la Administración de instar su constancia en el Registro de la Propiedad (disposición transitoria 3ª RDUA)

 

- ¿es conveniente instar el procedimiento para el reconocimiento de “asimilado a fuera de ordenación”?

SI.

Obtener dicho reconocimiento particularizado de “edificación en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación” implica (art.8.6 del Decreto):

-- aunque no supone una legalización de la obra, si supone al menos un reconocimiento administrativo de la existencia de la misma, que no cuenta con expediente disciplinario, que no es legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada, que no se encuentra (o encontraba) en suelo no urbanizable de especial protección, ni en terrenos de la Zona de Influencia del litoral, ni en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedenci

-- aunque no procede la concesión de licencia de ocupación o de utilización, es el documento que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, y servicios de telecomunicaciones van a exigir para la contratación definitiva de los servicios respectivos.

-- va a permitir que la edificación tenga acceso al Registro de la Propiedad con la constancia de situación particularizada, especialmente “su aptitud para el uso al que se destina”.

 

- La no aportación de la resolución administrativa declarando la obra como “asimilado a las de fuera de ordenación” ¿impide el otorgamiento de la escritura pública?

 A diferencia de lo que ahora comentaremos respecto a la inscripción, ni la norma estatal ni la norma autonómica imponen para otorgar la escritura que se aporte la resolución administrativa, por lo que puede otorgarse la misma sin la resolución particularizada y, obtenerse la resolución –en su caso- después de su otorgamiento.

 Es conveniente en estos casos en los que no se aporte la resolución administrativa particularizada de la situación de la edificación, al menos:

 - tener un pronunciamiento del Ayuntamiento que acredite haber transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido.

 - y, de conformidad al artículo 173 del Reglamento Notarial, que por parte del Notario se advierta al otorgante del contenido del artículo 53 RDUA sobre la inscripción registral.

 

- ¿Debe el Notario colaborar a obtener la resolución de “asimilado a las de fuera de ordenación”?

 Dado que los interesados normalmente acuden en primer lugar al Notario a fin de intentar regularizar la situación de estas edificaciones, sería conveniente facilitar, tanto al propio interesado como a la administración actuante, el posible procedimiento administrativo para obtener la resolución particularizada.

Para ello, dado que en la escritura se suele incorporar un certificado de técnico competente sobre la descripción y antigüedad de la obra, sería conveniente solicitar del interesado que aporte certificado que contenga ya los requisitos exigidos por el artículo 10 del Decreto

 Este certificado de técnico competente, debe contener:

 - La identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral.

- La fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que e relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (certificación expedida por el Ayuntamiento, o certificación expedida por técnico competente, o acta notarial descriptiva de la finca, o certificación catastral).

     - El Uso a que se destina el inmueble y que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad para el uso a que se destina

      - Que la edificación cuenta con instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable, para la prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destina (abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica) o, en caso de no contar con dichas instalaciones, que se determine las obras necesarias e indispensables que se tendrían que realizar para poder dotar a la edificación de dichos servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles y la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones. Para este supuesto la administración establecerá un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras debiendo el interesado acreditar, en el plazo señalado por la administración la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente

      El plazo máximo para resolver y notificar por parte de la administración será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio. Este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada de la ejecución de las obras antes citadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada.

 

- La no aportación de la resolución administrativa declarando la obra como “asimilado a las de fuera de ordenación” ¿impide la inscripción de toda obra nueva declarada al amparo de la prescripción?

Vista la nueva redacción del artículo 53.5 del RDUA y dado que el artículo 20.4 b) de la norma estatal nos dice que “El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación, de conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable” parece claro que, de conformidad a la normativa andaluza vista, para inscribir una obra nueva de edificación reconocida por resolución en situación de “asimilada al régimen de fuera de ordenación” SOBRE SUELO NO URBANIZABLE, es necesario aportar para la inscripción registral, en todo caso, la licencia o resolución administrativa que así lo declare indicando su régimen jurídico.

 

¿Y las construidas sobre SUELO URBANO O URBANIZABLE?, pues es frecuente en la realidad la existencia de edificaciones en suelo urbano o urbanizable que carecen de licencia de obra, o que contravienen la otorgada, o que carecen del certificado de final de obra o de la licencia de 1ª ocupación o que simplemente no cumplen todos los requisitos vistos para formalizarla de acuerdo a la ordenación urbanística, acudiendo a la prescripción para poder declararlas.

Entendemos que en estos casos, al no haber todavía una regulación material por la normativa autonómica andaluza sobre la posible distinta situación en la que se pueden encontrar estas edificaciones y su régimen –a diferencia de las vistas para el suelo no urbanizable-; habrá de estarse a la interpretación que la DGRN (y Mº Fomento) ha realizado del artículo 20.4 b) del TRLSE, esto es, que la no aportación de la resolución administrativa que concrete la situación de la edificación, NO produce cierre registral, quedando los terceros y la administración protegidos “con la expresión, en el cuerpo de la inscripción y en la nota de despacho de la forma en que se ha practicado la inscripción y de la notificación al Ayuntamiento”

 

¿Y las construidas en SUELO NO URBANIZABLE, sobre las que no se inste o no se pueda instar el procedimiento de reconocimiento particularizado?

Si como dice el artículo 3 del Código civil, la interpretación de las normas debemos hacerlas “atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad”;

Si el RDLEY 8/2011 que introduce el artículo 20.4 del TRLSE tiene por finalidad “la protección de los propietarios de estas edificaciones, en muchos casos, terceros adquirentes de buena fe, sin que ello signifique desconocer su carácter de fuera de ordenación y las limitaciones que ello implica”

Y si se interpreta la norma autonómica en el sentido del CIERRE REGISTRAL,

Lo que tenía por finalidad proteger al propietario de una edificación “prescrita”, que antes de la reforma podía inscribir sin problemas estas edificaciones, se convierte en una desprotección, pues quedarían privados ahora de los beneficios que supone el acceso al Registro de la Propiedad, por falta de obtener una resolución administrativa, que a su vez requiere un proceso largo, complicado y costoso.

Y como dice la sentencia del T.S. ( sala 6ª de lo contencioso de 20-05-2008) la privación de la protección registral que proporciona el acceso al registro, lo que se proyecta sobre el derecho de propiedad, comprometiendo en gran parte de los actos o negocios jurídicos en cuestión, afectando a su adquisición, conservación y eficacia, es materia que ha de entenderse sujeta a reserva de ley según resulta del art. 33.2 de la Constitución, en relación con el art. 53.1 de la misma, en cuando incide en aspectos sustanciales del ejercicio y alcance del derecho, aunque tal reserva de ley no impide la colaboración reglamentaria

 

Lo cierto es que en este caso:

 - La norma estatal NO establece esa remisión a la normativa autonómica, como de forma clara lo hace en los supuestos del artículo 20.1 del TRLSE para declarar las obras “legales”, en las que vimos que necesariamente se tienen que acreditar las licencias previstas en la normativa autonómica (de obras y 1ª ocupación), prohibiendo el otorgamiento de la escritura y su inscripción si no se acredita: art. 20.1 “para autorizara escrituras….los notarios exigirán….).

  En este caso de obras “prescritas” en cambio, el art. 20.4 simplemente se limita a decir que “se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras….” Y en el asiento de inscripción “se dejará constancia” de la situación (todo o parte fuera de ordenación) de la edificación, a cuyo efecto será necesario aportar la correspondiente resolución, lo que es lógico, pues en caso contrario, no podremos dejar constancia de esa situación particularizada de la edificación. Esto sin embargo no puede implicar más que si no se aporta la resolución no se podrá dejar constancia de dicha situación particularizada en el asiento de inscripción, pero no impedir su inscripción, que como limitación del derecho de propiedad se tiene que decir de forma clara e inequívoca. Además sería absurdo poder declarar la obra en escritura pública y, en cambio, no poder inscribirla.

 - La normativa autonómica tampoco hace esa remisión reglamentaria que permita el cierre registral, pues en la reciente reforma de la LOUA operada por la ley 2/2012 de 30 de Enero –posterior al Decreto- el nuevo art. 34 b) de la LOUA, tras distinguir entre edificaciones total o parcialmente fuera de ordenación, añade que aquellas edificaciones sobre las que ha prescrito la acción de la administración, “reglamentariamente podrá regularse un régimen asimilable al de fuera de ordenación, estableciendo los casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble” y, en el artículo 175.3 que para los casos que proceda el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación “la contratación de los servicios se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, que será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo”.

 Vemos pues que la finalidad de la nueva normativa andaluza con rango de Ley es dotar a este tipo de edificaciones de la posibilidad de obtener el reconocimiento administrativo para contar legalmente con los servicios básicos para el uso a que se destinan, pero NO privarles de su posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad.

Hay que recordar además, que el propio Decreto 2/2012:

-- no establece como obligatorio el procedimiento administrativo para obtener la resolución de “asimilado a la de fuera de ordenación”;

-- que dicho procedimiento puede terminar con una resolución denegatoria –siendo además el silencio negativo- (art. 12.3 y 5 del Decreto);

-- que requiere la previa aprobación de un PGOU o Avance de Planeamiento que incorpore los asentamientos urbanísticos y hábitat rural, sin el cual no procederá el reconocimiento de “asimilado”;

-- que dicho procedimiento esta sometido al pago de una tasa y a la realización de un proyecto técnico complejo;

Todo lo cual, si interpretamos que se produce CIERRE REGISTRAL va a provocar la existencia de numerosas edificaciones que la Administración “no puede demoler”, que van a seguir existiendo en la realidad física y, en numerosas ocasiones también en la catastral y, sin embargo, no van a tener existencia en el Registro de la Propiedad, provocándose una situación de DESCORDINACION entre la realidad registral y extrarregistral, en contra de la intención manifestada por el Legislador en numerosas ocasiones (disposición final 18 de la ley 2/2011 -economía sostenible- para mejorar la coordinación con el Registro de la Propiedad y el Catastro)

 

Por ello nos tenemos que plantear si una interpretación literal del nuevo Decreto 2/2012 y de la nueva redacción del nuevo artículo del 53 del RDUA, nos permite concluir que no se produce el cierre registral para esas edificaciones en suelo no urbanizable.

De la nueva redacción del artículo 53 y de la disposición transitoria 3ª del RDUA, a nuestro juicio, si cabe dicha interpretación, pues:

1º.- distingue entre:

-- “situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación”, que son todas aquellas construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo de prescripción (art. 53.1)

y,

-- “reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación”, que son todas aquellas respecto de las que el órgano administrativo, de oficio o a instancia de parte, lo acuerde mediante resolución que ponga fin al procedimiento; resolución administrativa que deberá identificar la edificación, nº finca registral –en su caso-, localización por referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada, fecha de terminación de la obra y su aptitud para el uso al que se destina (53.4)

 

2º.- El propio art. 53.5, cuando habla de cierre registral, parte de la existencia de haber recaído la “resolución de reconocimiento de la situación de asimilado” y ya hemos visto que hay muchos casos en los que esa resolución no se va a producir o va a ser denegatoria o ha de esperar a la aprobación de un PGOU, sometido a unos plazos que en ocasiones duran años.

 

3º.- La nueva disposición transitoria 3ª, tampoco es obstáculo, al contrario:

 -- si como ya estudiamos, a partir de la entrada en vigor del R.D.Ley 8/2011 en el asiento de inscripción de las obras “prescritas” debería hacerse constar el régimen particularizado si se aportaba la resolución o, en caso de que no se aportarse, que se dejara constancia conforme al art. 53.1 que la edificación se encuentra “en situación de asimilada a la de fuera de ordenación” sin reconocimiento de su régimen jurídico particularizado;

-- es lógico que ahora, para aquellas obras que accedieron al Registro antes del RDLey 8/2011, en las que no conste mención expresa de las condiciones de su régimen, la nueva disposición transitoria 3ª disponga, que sea la propia Administración la que inste su constancia registral cuando se produzca la resolución particularizada.

Hay que recordar que desde la publicación del RDUA de marzo del 2.010, el art. 53.4, en su anterior redacción, permitía a la administración “instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente”



Postura de la DGRN sobre la nueva redacción del artículo 53.5 del RDUA.

LA DGRN, en la reciente resolución de 5 de Marzo del 2.012 (BOE 07-05-2012), se pronuncia sobre el nuevo apartado 5 del artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, haciendo los siguientes pronunciamientos.

      - La aplicación e interpretación de dicha norma reglamentaria ha de hacerse de forma conjunta y coherente con los restantes preceptos del ordenamiento jurídico sobre la materia, especialmente, con los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal, dada la titularidad estatal de competencia de regulación en esta materia y más en concreto, con su artículo 20.4, que tal y como se ha interpretado por la DG permite la inscripción de la resolución administrativa sobre edificaciones fuera de ordenación o asimiladas con carácter previo, si hay constancia de las mismas o, incluso después de realizada la notificación por el registrador al Ayuntamiento conforme al apartado c) del citado artículo 20.4

      - La nueva norma del 53.5 del RDUA se introduce por un Decreto (2/2012) que regula “el régimen de la edificaciones y asentamientos existentes en suelo NO urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, por lo que solo en estos supuestos de edificaciones en suelo NO urbanizable es donde procede la constatación registral de la situación de fuera de ordenación.

      - Dicha constatación la hará el registrador si tuviera conocimiento de ella por los documentos presentados o la situación de la finca según los datos gráficos de que dispusiere.

     - Para el supuesto de no contar con dichos documentos, EL REGISTRADOR, de conformidad al artículo 41 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, por aplicación analógica de las normas contenidas en los artículos 71, apartado 1, de la citada Ley 30/1.992 y de 43 y 44 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, DEBERÁ:

      “reclamar del presentante, los interesados y las autoridades urbanísticas competentes la aportación, -tratándose de suelo NO urbanizable- de la correspondiente resolución sobre la declaración de la obra en situación de fuera de ordenación o asimilada, quedando, entre tanto, en suspenso el término establecido por la Ley para la practica de la inscripción; con indicación de que, si no aportaren la resolución en el plazo de diez días, se procederá a extenderla, haciendo constar en el asiento la notificación o notificaciones realizadas y la falta de aportación de la resolución dentro del plazo concedido; todo ello sin perjuicio de que se proceda a practicar además la notificación establecida en el párrafo c) del artículo 20.4 del TR de la Ley del Suelo”.

      Vemos pues que la DGRN, en esta nueva resolución, no sólo confirma su doctrina de que la inscripción de la resolución administrativa sobre edificaciones fuera de ordenación o asimiladas puede ser con carácter previo, si hay constancia de las mismas o, después de realizada la notificación por el registrador al Ayuntamiento conforme al apartado c) del citado artículo 20.4, sino que además, regula cual ha de ser la actuación del registrador para el caso de no aportar la citada resolución.

     Con este nuevo pronunciamiento de la DG esperemos que quede zanjada la polémica, por ahora.

[1]
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1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 41. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública que corresponda

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Artículo 43. Advertencia de incumplimiento.

1. El órgano competente para instruir el procedimiento administrativo, el notario o el registrador de la propiedad deberá advertir a los interesados, de forma expresa y escrita, en los casos en que incurran en incumplimiento de la obligación establecida en este título.

2. Asimismo, en los casos en que no se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo a del artículo 14, los notarios y registradores de la propiedad deberán advertir expresamente a los interesados de que subsiste la obligación de declarar prevista en el apartado 2 del artículo 13.

Artículo 44. Efectos del incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral.

1. La falta de aportación de la referencia catastral en el plazo legalmente previsto se hará constar en el expediente o resolución administrativa, en el propio documento notarial o en nota al margen del asiento y al pie del título inscrito en el Registro de la Propiedad.

2. La falta de aportación de la referencia catastral:

  1. No suspenderá la tramitación del procedimiento ni impedirá su resolución.

  2. No impedirá que los notarios autoricen el documento ni afectará a su eficacia o a la del hecho, acto o negocio que contenga.

3. La no constancia de la referencia catastral en los documentos inscribibles o su falta de aportación no impedirá la práctica de los asientos correspondientes en el Registro de la Propiedad, conforme a la legislación hipotecaria.

4. Lo dispuesto en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de lo especialmente regulado para supuestos concretos en los que se exija la aportación de determinada documentación catastral como requisito para continuar el procedimiento o de lo legalmente establecido para el caso de que la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad.




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