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893 En este último supuesto, el Comité de Libertad Sindical, ha señalado, incluso, con base en el Convenio 87, que ha de entenderse que los Estados que hubieren ratificado dicho Convenio sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación, no están obligados a reconocer a favor de las Fuerzas Armadas y de la Poliáa los derechos previstos en el Convenio. Recopilación de Decisiones, 1996, párrafo 220. http./ /www:;loorg/;]olex/span;sh/dip,J'stq htm

894 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Derecho Constitucionalpemano. 2a edición Librería Studium, Lima, 1951, p. 10

895 RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Constitución y sociedad política. 2a edición, Mesa Redonda Editores, Lima, 1985, p. 233

896 No obstante, debemos dar cuenta que la Constitución de 1979, en lo que se refiere a la integración, ya la había previsto, no dentro de los deberes primordiales de! Estado, sino en e! Capítulo IV, "De la Integración", En efecto, en su artículo 100 estableció que: "El Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones".

897 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho ConstitucionaL Volumen 1, 4a edición, Tecnos, Madrid, 2003, pp. 110 Y ss

898 KOTZUR, Markus. La soberanía hqy. Palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano sobre un atributo constitucional moderno. En: HABERLE, Peter y KOTZUR, Markus. "De la soberanía al Derecho Constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo - latinoamericano". Universidad Autónoma de México, México D.F., 2003, pp. 87-88.

899 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho ConstitucionaL 7' edición, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 75

900 CARRÉ DE MALBERG, R. Teoría general del Estado. 2' edición en español, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1998, pp. 80 Y ss.; PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho ConstitucionaL Volumen 1. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984, p. 242.

901 LUCAS VERDÚ, Pablo. Curso de Derecho Político. Volumen II, 3a edición, Tecnos, Madrid, 1986, p. 132

902 HELLER, Hermann. La soberanía. 2a edición, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1985, pp. 223 Y ss.; KOTZUR, Markus. Ob. cit., pp. 111-112

903 PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamenta/es. 7a edición, Tecnos, Madrid, 1998, p. 19

904 H.ABERLE, Peter. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Lry Fundamental de Bonn. Dykinson, Madrid, 2003, pp. 73 Y ss

905 SMEND, Rudolf. Constitución y Derecho ConstitucionaL Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. 232

906 RODRÍGUEZ MANZANO, Irene. El Tratado-marco de seguridad democrática en Centroamérica: ¿un modelo para la seguridad en América Latina? En: ''Aproximación a las cuestiones de seguridad en el Continente americano". Monografias del CESEDEN N° 73, Santiago de Compostela, 2004, p. 131

907 ALEGRÍA VARONA, Ciro. La seguridad como derecho humano. En: "Pensamiento Constitucional". N° 4, Año IV, MDC, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1997, pp. 159 Y ss

908 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. In-seguridad y lucha contra el terrorismo. En: Mano G. Losano y Francisco Muñoz Conde (coordinadores). "El Derecho ante la globalización y el terrorismo". Tirant lo Blanch-Alexander von Humboldt Foundation, Valencia, 2004, p. 403

909 LANDA, César. Estado constitucional y terrorismo en el Perú. En: Mario G. Losano y Francisco Muñoz Conde (coordinadores). Ob. cit., p. 459

910 LANDA, César. forma de la Constitución económica: desde una perspectiva del Estado social de Derecho. En: "Revista Institucional" N° 6, Academia Nacional de la Magistratura, Lima, 2002, p. 214

911 BENDA, Ernesto. El Estado social En: BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE.

"Manual de Derecho Constitucional". Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 552

912 FORSTHOFF, Ernst. Problemas constitucionales del Estado social. En: ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, KarI. "El Estado social". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, p. 49

913 RAwu, John. Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia. Tecnos. Madrid, 1986, p. 87

914 ABENDROTH, Wolfgang. El Estado de Derecho democrático y social como proyecto político. En: ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, karI. Ob. cit., p. 30

915 PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 4" edición, Tecnos, Madrid, 1991, p. 227

916 GUALLART,].M. Fronteras vivas. CAAAP, Lima, 1981, pp. 9 Y ss.

917 Al respecto, puede verse http://www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh113aa.htm; http:/ /www.aprodeh.org.pe/ridhualc/ documentos/ iCmay2004.pdf

918 BIDART CAMPOS, Germán. La diversidad cultural en el constituciona/ísmo democrático: los pueblos indígenas. En: AA.vv. "Visión iberoamericana del tema constitucional". Fundación Manuel GarcíaPelayo. Caracas, 2003, p. 283

919 CARBONELL, Miguel. Problemas constitucionaks del multiculturalismo. En: Francisco Balaguer Callejón (coordinador). "Derecho Constitucional y cultura. Estudios en homenaje a Peter Hiiberle". Tecnos. Madrid, 2004, p. 259.

920 ) KYMLICKA, Will. Ciudadanía multiculturaL Paidós. Barcelona, 1996, p. 261

921 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. ¿Existe un espacio público latinoamericano? En: "Estudios Constitucionales". N.o 1, Año 1. Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2003, p. 69.

922 HABERLE, Peter. El Estado constitucionaL Universidad Autónoma de México-Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, México D.F.-Lima, p. 247

923 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo n, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999, p. 39

924 GARCÍA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución pemana de 1993. Tomo 1, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 1998, p. 193

925 CHIRINOS SOTO, Enrique. Constitución de 1993: Lectura y comentario. Editorial N erman S.A, Lima, 1994, p. 45

926 Aunque es importante precisar que la Constitución de 1993 incluye instituciones de participación directa de los ciudadanos en la democracia, como son: (i) la iniciativa popular; (ii) el referéndum; (iii) la revocación o remoción de autoridades; y, (v) la demanda de cuentas. Dichas instituciones de la democracia directa tienen por finalidad reducir los nocivos efectos del llamado "síndrome de la democracia recortada"

927 MIRÓ QUESADA RADA, Francisco. Democracia directa y Derecho Constitucional. Artes y Ciencias Editores, Lima, 1990, p. 89

928 BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Código Penal anotado. Editorial San Marcos, Lima, 1995, p. 535

929 RUBIO CORREA, Marcial. Ob cit., p. 69

930 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis comparado. CiedlaKas, Lima, 1996, p. 281

931 Constitución de 1979: "Artículo 307.- Esta Constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia

932 Son juzgados, según esta misma Constitución, y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte de! párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer e! imperio de esta Constitución.

El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoria absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado".

933 Los artículos 88 y 68 de! anteproyecto y proyecto de ley, respectivamente, de reforma de la Constitución elaborados por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, además de repetir casi literalmente lo estipulado en e! artículo 46 de nuestra actual Carta incluyen otra clase de preceptos tendientes al mismo fin: desalentar la posibilidad de propiciar golpes de Estado. Así, en dichos proyectos se impone e! deber de desobediencia de las fuerzas de seguridad hacia sus superiores que ordenen acciones contra el gobierno civil, se establece la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de facto, además de prohibir e! ejercicio de! derecho de amnistía y de gracia para estos casos.

Sobre e! carácter normativo de la Constitución y el especialísimo pape! de la jurisdicción constitucional para este fin es ya clásico el trabajo de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Civitas, Madrid, 1994.

934 Cfr. PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Madrid, 200~8

935 Cfr. DE VEGA, Pedro. En torno a la legitimidad constitucional. En: "Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio". UNAM, México, 1988, pp. 803-818. Se cita aquí la versión aparecida en BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; LANDA ARROYO, César y RUBIO CORREA, Marcial.

Derecho Constitucional General (Materiales). Tomo 1, PUCP. Anota además De Vega: "Para que históricamente maduraran los dos supuestos básicos sobre los que habría de formarse la noción moderna de Constitución, la humanidad tendría que recorrer un largo proceso cuyas fuerzas generadoras dificilmente pueden encontrarse en e! mundo clásico. La convicción, de una parte, de que e! hombre puede crear, esto es, constituir su propia comunidad política y, de otro, la idea de que e! hombre tiene unos derechos y una libertad que puede hacer valer frente al Estado, exigían previamente la consolidación histórica de dos postulados ideológicos que, como es sabido, no se producen hasta e! triunfo definitivo de la concepción de! mundo propia de la burguesía. Me refiero por un lado, al proceso de desacralización de! Estado y de! mundo político en general y, por otro, al reconocimiento de la ética individual e inmanente frente a las concepciones objetivas de moralidad". DE VEGA, Pedro. Ob. cit, p. 255.

936 Sobre la diversa recepción de la doctrina contractualista en América y Francia, aunque con referencia a los derechos no enumerados cfr.: CARPIO MARCOS, Edgar. El significado de la cláusula de los tL.,.echos no enumerados. En: "Cuestiones constitucionales". Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Num. 3, julio-diciembre, 2000

937 Norma por lo demás constante en las anteriores Cartas que nos han regido. Al respecto puede verse a RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3, PUCP, Lima 1999, pp. 60-62

938 La segunda parte del mencionado artículo 4S expresa que nadie puede arrogarse el ejercicio del poder del Estado. Más expresiva es aún el texto del artículo 169 de la Constitución de 1828:

''Ningún individuo, ni reunión de individuos, ni corporación legal puede hacer peticiones a nombre del pueblo, y menos arrogarse el título de Pueblo Soberano (...)"

939 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit., p. 281.

940 Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco. La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de Constitución. En: "Libro homenaje a Joaquín Sánchez-Covisa". Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1973, pp. 910-924. Se cita aquí la versión aparecida en BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; LANDA ARROYO, César y RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit. Tomo 2, p. 267

941 SCHMIT, Car!o Legalidady legitimidad. Aguilar, Madrid, 1971, p. 45

942 Francisco Rubio Uorente considera que la distinción entre tirano por e! origen y por el ejercicio es más aparente que real puesto que la legitimidad de! gobernante por e! origen supone una "concepción cosificada de! título, que no es nunca una realidad apodictica", además que la contraposición de títulos de legitimidad es en realidad una lucha entre diversos modos de ejercer e! poder en cuyo desenvolvimiento se invoca la ilegitimidad de! adversario para pretender e! poder (ausencia de título). Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco. Ob. cit. p. 269.

943 Respecto al golpe de Estado de 1992 y con relación a las responsabilidades señaladas en el artículo 307 de la Constitución de 1979, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de manera favorable en las sentencias N° 0010-2002-AI/TC, N° 0015-2002-AIjTC, N° 0014-2002-AI/TC y N° 0014-2003-AI/TC

944 Respecto a las teorías sobre la validez de los actos de los gobiernos de [acto puede verse a RUBIO CORREA, Marcial. El sistemajuridico. PUCP, Lima, 1996, pp. 135 Y ss

945 Ver para estos casos a BIDART CAMPOS, Germán. Lecciones elementales de política. Huancayo, 2003

946 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3, PUCP, Lima, 1999, p.76

947 RUIZ ELDREDGE, Alberto. La Constitución comentada. Concytec, Lima, 1979, p. 124; RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Perú. Constitución y sociedad política.

Deseo, Lima, 1981, p. 325, Y PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Derecho Constitucional peruano y la Constitución de 1979. Tomo n,]. Valenzuela Editor, Lima, 1980, p. 487.

948 PAREJA PAZ SOLDÁN,José. Ob. cit., p. 738

949 Oportunamente señalado por José Matos Mar y Hernando de Soto. Cfr. MATaS MAR, José.

Desborde populary crisis del Estado. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1984; DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1987

950 BLUME FORTINI, Ernesto. La descentralización en la Constitución del Perú (Avances, retrocesos y reforma constitucional. En: Domingo García Be1aunde (editor). "La Constitución y su defensa (Algunos problemas contemporáneos)". Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección peruana), Lima, 2003, pp. 16 Y ss.

951 ARAMBURÚ MENCHACA, Andrés. Notas al margen de la Constitución. SI e, Lima, 1990, p. 373

952 Para Smend e! Estado existe como parte de la realidad espiritual, que se encuentra en constante actualización funcional, en continuo proceso de configuración social. Para nuestro autor, e! Estado existe y se desarrolla exclusivamente "en este proceso de continua renovación y permanente reviviscencia", al que denomina "integración". Vide. SMEND, Rudolf. Constitución y Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 62-63
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