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1257 SECRETARIA OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY; UNEP-Global Biodiversity Outlook, Montreal- Quebec, UNEP, 2001, p. 96

1258 Ver SECRETARÍA PRO-TÉMPORE. TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA. Propuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque amazónico. Abril, 1995.

1259 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. "Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993". Tomo 1, Publicación Oficial 1998, pp. 879 Y ss

1260 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO. "Diario de debates del Debate Constitucional1993". Comisión de Constitución y Reglamento. Tomo IV (21-04-93 al 25-05-93). Publicación Oficial, Lima, Perú. p. 1968.

1261 El artículo 127 de la Constitución de 1979 señalaba: "La ley puede, por razón de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición, posesión, explotación, y transferencia de determinados bienes por su naturaleza, condición o ubicación".


1262 Sin embargo, existen algunas referencias a la seguridad nacional en normas con rango de ley como la Ley del Poder Ejecutivo (Decreto Legislativo N° 560), la Ley del Ministerio de Defensa (Ley N° 27860) Y la Ley de Facultades del Poder Ejecutivo en Materia de Seguridad Nacional (Ley N° 26950).

1263 Sobre el tema de los bienes del Estado y su tratamiento en las Constituciones del Perú, véase el trabajo de CUADROS VILLENA, Carlos. La Constitución debe ocuparse de los bienes nacionales. En: "Revista del Foro". Julio-diciembre. Lima, 1992, pp. 82 Y ss.

1264 Seguimos el decurso constitucional desarrollado por el profesor Rubio. Véase RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. pp. 387-388

1265 Durante la vigencia de las Constituciones Políticas de 1979 y de 1993, acontecieron dos casos de gran significado municipal y jurídico. El primero de ellos estuvo referido a los terrenos ribereños del Club Regatas lima en el distrito de Chorrillos, por el cual se estableció a nivel de opinión jurídica que los terrenos ribereños de dicho club constituían bienes de dominio privado, por que perdieron la condición de bienes de dominio público al haber sido desafectados, y por tanto, los terceros no tenían derecho a transitar por los terrenos ribereño s del Club Regatas lima debido a su condición de bienes de dominio privado que no están gravados con servidumbre de paso (POWER MANCHEGO- MUÑOZ, Jorge. Constitución y Política. Editorial Andina, lima, 1984, pp. 51 Y Ss.).

De otra parte, el segundo caso fue el de la autorización de la ejecución del proyecto Larcomar por la Municipalidad de Miraflores, estableciéndose también a nivel de opinión jurídica por parte del Colegio de Abogados de lima, que la referida comuna era propietaria del terreno a mérito del artículo 1 de la Ley N° 26306, conocida como la "Ley Costa Verde" y que como tal gozaba de amplias facultades para transferir o gravar su dominio; consiguientemente, podía establecerse una viabilidad para la contratación municipal, conforme a ley. (MARTÍNEZ COCO, Elvira. El derecho real de superficie y la clase de bienes sobre los cuales puede recaer. En: "Ensayos de Derecho Civil I".

Editorial San Marcos, lima, 1997, pp. 130-131).


1266 El texto del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución establece en la parte pertinente del artículo 130 lo siguiente: "El dominio público es imprescriptible. Los bienes de dominio público son inalienables. Pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Los bienes de dominio privado del Estado se rigen por la legislación de la materia".

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales. Lima, 2002.


1267 ROMERO ROMAÑA, Eleodoro. Los Derechos REales. Editorial PTCM, Lima, 1947, p. 36

1268 La Exposición de Motivos de! Código Civil de 1936 dio cuenta de que se tomó como genérica la denominación de bienes de! Estado, comprendiendo todos los que no pertenecen a particulares, inclusive los municipales y los de las demás instituciones oficiales, excepto los de la Iglesia. Se argumentó que no hubo ninguna impropiedad en la expresión, pues las municipalidades, beneficencias y demás instituciones especiales son dependencias del Estado. El considerar bajo e! término de bienes del Estado a bienes de diversas especies, no importa sujetados en todo a las mismas reglas. (GUZMÁN FERRER, Fernando. Código CiviL Tomo II, 4" edición, Lima, 1982, p. 856).


1269 ROMERO ROMAÑA, Eleodoro. Ob. cit., P. 38

1270 GONZALES PÉREZ, Jesús. Los derechos reales administrativos. 2' edición. Editorial Civitas, Madrid, 1989, p. 20

1271 GONZALES PÉREZ, Jesús. Ob. cit., p. 21

1272 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo IIJ. Bienes públicos y Derecho Urbanístico. 7' edición. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1998, pp. 92-93

1273 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Los bienes públicos. Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 73

1274 FERRERO REBAGLIATTI, Raúl. Obras completas. Tomo l, p. 134. Citado por MARTÍNEZ COCO, Elvira. Ob. cit., p. 119).

1275 La Ley N° 26856, de fecha 05/09/96 declara que las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles (artículo 1). La ley considera como zona de dominio restringido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros descrita en el artículo anterior siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área (artículo 2). Esta ley admite que un bien de uso público, específicamente una zona de dominio restringido, puede ser materia de desafectación mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y por el Ministro de Defensa (artículo 3).

1276 PARADA Ramón. Ob. cit., p. 73.

1277 Al respecto, resulta conveniente reseñar la sentencia de fecha 30 de enero de 1997, por la cual el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 26599, en cuanto ella introdujo el inciso primero en el artículo 648 del Código Procesal Civil que declaró que: "Son inembargables 1.- Los bienes del Estado. Las Resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, solo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al que correspondan"; precisando que subsiste la vigencia del artículo 73 de la Constitución, según el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio público (.. .). Es decir, el Tribunal Constitucional defInió que los únicos bienes inembargables son los bienes de dominio público, en contraposición de los bienes de dominio privado que sí pueden ser materia de alguna medida precautoria en el ámbito procesal a efectos de garantizar la realización de un pago. Es de resaltar que el artículo 73 de la Constitución no refiere expresamente a la inembargabilidad como elemento constitutivo de los bienes de dominio público. Lo que sucede es que un significativo sector doctrinario opina que aquella es una derivación de la inalienabilidad. Por último, en esta secuencia jurisprudencial, debe mencionarse la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 29 de enero de 2004, por la cual declara inconstitucional el artículo 2 de la Ley N° 26756, en la parte que contiene el adverbio "solo" ,-quedando subsistente dicho artículo 2 con la siguiente redacción: "Son embargables los bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley" y que declara la inconstitucionalidad de la expresión "única y exclusivamente" del artículo 42 de la Ley N° 27584, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27684, quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: "Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular de Pliego y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (.. .)". La inembargabilidad comprenderá a todos los bienes de dominio público, sobre los cuales asume competencias y potestades cada entidad integrante de la Administración en sentido lato, a saber, del Gobierno Central, Gobierno Local y Gobierno Regional.

1278 Seguimos el lineamiento de GONZALES GARCÍA, Julio V. La titularidad de /os bienes del dominio público. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1998, p. 15; quien reseña las ideas de Villar Palasi

1279 MORREL OCAÑA, Luis. Dominio público, Bienes patrimoniales. Régimen administrativo de la propiedad privada. En: "Apuntes de Derecho Administrativo". Universidad Complutense, Madrid, 1989, p. 19

1280 No deja de llamar la atención el comentario realizado por Martín-Retortillo, cuando en el desarrollo de sus fundamentos sobre la autonomía del Derecho Administrativo indica que el Estado ejerce sobre los bienes que lo integran (del dominio público) una verdadera relación dominical, no una simple función de vigilancia o tutela: sobre tales bienes posee la Administración la acción reivindicatoria, que solo a los propietarios corresponde como exteriorización directa de la misma esencia del derecho de propiedad. La afectación, condiciona todo el régimen demanial que presenta siempre esta vertiente teleológica determinante. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián. Ob.

cit, pp. 52-53. Respecto de la acción reivindicatoria, el Estado en cualquiera de sus expresiones gubernamentales podrá ejercer la capacidad procesal de recuperación de los bienes de dominio público, lo cual no es incompatible con las potestades administrativas que ejercen sobre dichos bienes.

1281 Constitución 1993. Artículo 73.- "Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico".

1282 MORELL OCAÑA, Luis. Ob. cit., p. 52

1283 El Decreto Supremo N° 154-2001-EF, de fecha 18 de julio de 2001, que aprueba el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, señala en su Artículo II del Titulo Preliminar que: son bienes de dominio público: a) Los bienes destinados al uso público, constituidos por las obras públicas de aprovechamiento o utilización general, cuya conservación y mantenimiento le corresponde a una entidad estatal; b) Los bienes de servicio público, que son aquellos destinados directamente al cumplimiento de los fines públicos de responsabilidad de las entidades estatales; asi como los bienes destinados directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos; c) Los bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional y d) Todos aquellos a los que por ley se les confiera tal calidad.

1284 MÉNDEZ MORENO, Alejandro. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. Lecciones de cátedra. 4' edición. Editorial Lex Nova, Valladolid, 2003, p. 57.


1285 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas. Derecho Financiero y Tributario. 8' edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, pp. 252 a 253

1286 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit., p. 253

1287 MICHELI, Gian A. Curso de Derecho Tributario. Traducción: J. Banacloche. Edersa, Madrid, 1975, p. 140; citado por: SPISSO, Rodolfo R. Tratado de tributación. Director Horacio García Belsunce. Tomo 1, volumen 2. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 4

1288 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit., pp. 253 Y 254

1289 Una ley indeterminada o imprecisa, y por ello poco clara, no puede proteger a! ciudadano de la arbitrariedad, pues no implica autolimitación del ius puniendi estata! a la que se puede recurrir.

Además, es contraria a la división de poderes porque le permite al juez hacer interpreteaciones que lleguen a invadir competencias del Legislativo; no puede desplegar eficacia preventivo-general porque el individuo no puede conocer lo que se le quiere prohibir; y por ello su existencia tampoco puede proporcionar la base para un reproche de culpabilidad. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general, p. 169.


1290 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit., pp. 254 a 258

1291 FERREIRO LAPATZA, José. Curso de Derecho Financiero españoL Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 323.


1292 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienday Derecho. Introducción al Derecho Financiero de nuestro tiempo. Tomo 3. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, p. 185

1293 JARACH, Dino. Finanzas públicas y Derecho Tributario. Cangalla, Buenos Aires, 1985, pp. 131 Y ss

1294 CAZORLA PRIETO, Luis M. Poder tributario y Estado contemporáneo. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981

1295 STC, Expedientes N°s. 0004-2004-AI/TC; 0011-2004-AI/TC; 0012-2004-AI/TC; 0013-2004-AI/ TC; 0014-2004-AI/TC; 0015-2004-AI/TC; 0016-2004-AI/TC y 0027 -2004-AI/TC (acumulados), de fecha 21 de setiembre de 2004.

1296 El Tribunal Constitucional ha precisado, en la STC Exp. N° 2727-2002-AA/TC, refiriéndose al principio de no confiscatoriedad de los tributos, que: "[...] se encuentra directamente conectado con e! derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que_es lo mismo, con e! principio de capacidad contributiva, según e! cual, e! reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes". A lo dicho debe agregarse que en materia de tributación se hace necesaria la compatibilidad entre el derecho de propiedad y los límites de la potestad tributaria. Así, e! respeto a las limitaciones materiales impuestas por e! orden constitucional supondrá, en igual medida, que se guarde la debida ponderación por e! derecho de propiedad a efectos de que este cumpla su función social, tal como se ha declarado en la STC Exp. N° 008-2003-AI/TC al sostener, dentro de! contexto que revisten las libertades provisionales que garantizan e! régimen económico de la Carta Magna, que: "[...] nuestra Constitución reconoce a la propiedad no solo como un derecho subjetivo (derecho individual), sino también como una garantía institucional (reconocimiento de su función social). Se trata, en efecto, de un 'instituto' constitucionalmente garantizado". Tribunal Constitucional del Perú, Principios rectores de la tributación en la Carta Magna, acápites 5 y 6 del § 2., Expediente N° 033-2004-AI/TC, Lima, 28 de setiembre de 2004.


1297 No confundir con los decretos ley emitidos por los gobiernos de facto, donde se rompe el orden constitucional y se disuelve el Parlamento. En estos casos el Poder Ejecutivo actúa en forma legítima amparado en la propia Constitución del Estado.


1298 CASÁS, José Osvaldo. Derechos y garantías constitucionales del contribuyente: A partir del principio de reseT7Ja de Iry tributaria. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 416. Comentando el debate que originó en la doctrina argentina esta figura, reproduce un párrafo del completo ensayo del académico Horacio Garcia Belsunce sobre las emergencias en la Constitución nacional: "Como muchos casos que el Derecho presenta, este es uno de aquellos en que bien puede aplicarse ese conocido dicho de que la mitad de la biblioteca sostiene una cosa y la otra mitad otra. En efecto, la doctrina está dividida casi sectorialmente a favor o en contra de la validez formal de los decretos de necesidad y urgencia. Por un lado, la mayoría de los constitucionalistas niega la validez. Así lo sostienen Juan A. González Calderón, Segundo V. Linares Quintana, Germán J. Bidart Campos, Gregario Badeni y Miguel Ángel Ekmekdjian. Los administrativistas, por el contrario, aceptan la validez formal de tales decretos, pero supeditada a la ratificación o a la confirmación legíslativa. Así lo sustentan Rafael Bielsa, Benjarnin Villegas Basavilbaso, Miguel S. Marienhoff, Manuel M. Diez, Juan Francisco Linares,Juan Carlos Cassagne, entre otros. Entre los constitucionalistas que aceptan la validez de estos decretos encontramos a Joaquín V. González, Jorge Reinaldo Vanossi, Néstor P. Sagüés y Alberto B. Bianchi".

1299 Recomendamos revisar el interesante trabajo realizado por PLANAS SILVA, Pedro. Decreto de urgencia y "medidas extraordinarias'' notas para su tipificación. En: "Ius et Veritas" N° 7, noviembre 1993, Lima, pp. 133 a 158.


1300 Artículo 118 numeral 19 de la Constitución de 1993.- "Corresponde al Presidente de la República dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere e! interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.

1301 El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia".

Artículo 211 numeral 20 de la Constitución de 1979.- "Son atribuciones y obligaciones de! Presidente de la República administrar la Hacienda Pública; negociar los empréstitos; y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiere e! interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso".


1302 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. La legislación delegada y los decretos de urgencia en lo Constitución de 1993. En: "La Constitución de 1993". Comisión Andina de Juristas, Lima,1994, p. 183.


1303 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de lo Constitución Política de 1993. Tomo III, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de! Perú, Lima, 1999, p. 145.

1304 PLANAS SILVA, Pedro. Ob. cit. p. 158, expresa su preferencia en cuanto a que las medidas extraordinarias de necesidad y urgencia no versen sobre materia tributaria en resguardo del principio de legalidad.

1305 El profesor Marcial Rubio Correa manifiesta su acuerdo total, e indica que "uno de los reclamos justos del pueblo fue que la potestad de establecer tributos no estuviera en manos del Poder Ejecutivo" (RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 425).

1306 OCHOA CARDICH, César. Constitución financiera. Bases de/Derecho Constitucional Tributario. En: "La Constitución de 1993: análisis y comentarios"r Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 10.

Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, p. 132. "Dentro de esta acepción cualificada del principio de 'reserva de ley' resulta coherente que el artículo 74 de la Carta Fundamental haya excluido a los decretos de urgencia como instrumentos de la potestad tributaria del Estado. Más aún, si consideramos que el conjunto del texto fundamental de 1993 consagra un presidencialismo cuasi absolutista debe destacarse lo positivo de esta previsión constitucional".

1307 ZOLEZZI MOLLER, Armando. El régimen tributario en la nueva Constitución de 1993. En: "La Constitución de 1993: análisis y comentarios". Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 10. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, p. 146. "No resulta fácil entender el por qué de la prohibición si se reconoce la necesidad de hacer uso de la legislación de emergencia, precisamente en materia económica y financiera. Si bien es verdad que durante la vigencia de la Constitución de 1979 los sucesivos gobiernos abusaron de dicha facultad, no parece que e! remedio más conveniente para enfrentar e! problema sea su eliminación, lo que va en contra de la realidad y de lo que ocurre en otros países, como es e! caso de España (...) De otro lado, es preciso señalar que en los países en los que más se ha violado e! régimen constitucional en esta materia es donde existe la facultad, como es e! caso de Argentina y Uruguay".

1308 ARAOZ VILLENA, Alberto Luis. El principio de legalidad en la nueva Constitución Política del Estado.

En: "Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario", volumen 25, Lima, diciembre 1993, pp. 67 a 68. "Al parecer, los excesos de! Poder Ejecutivo en este campo durante catorce años que rigió la anterior Constitución, han motivado que con un exceso de cautela, e! Congreso Constituyente Democrático optara por eliminar esta Potestad Tributaria. En nuestro concepto, si bien es cierto que existieron tales excesos, no puede negarse que las medidas extraordinarias en materia tributaria son necesarias para regular situaciones imprevisibles que hagan peligrar la situación fiscal de! país cuando el Congreso no esté en funcionamiento o cuando no pueda dictar las disposiciones legales correspondientes con la premura que e! caso concreto requiera. Por esa razón, tales medidas han debido mantenerse debidamente reguladas por la propia Constitución".

1309 HERNÁND EZBERENGUEL, Luis. El poder tributario y la nueva Constitución. En: "Revista de! Instituto Peruano de Derecho Tributario", volumen 24, Lima, junio, 1993, pp. 20 Y 21. "(...) no constituye un extremo deseable prohibir que e! Poder Ejecutivo pueda, mediante decretos de urgencia, crear, modificar o suprimir tributos o eximir de ellos. Nos parece que hay situaciones temporales, de extrema necesidad, que ameritan una intervención rápida del Poder Ejecutivo -casos de guerra, calamidades públicas, etc.- para hacerles frente usando el Poder Tributario que en principio debería ser ejercido a través del Congreso, con medidas de vigencia temporal y cuando el Congreso esté en receso. Empero, esta facultad tendría que ser regulada de manera que solo pueda ser ejercida en casos excepcionales y bajo el cumplimiento de requisitos muy puntuales que impidan el abuso en su ejercicio que se pudo observar en gobiernos anteriores".


1310 (14) EGUIGUREN PRAELI, Franciso José. Ob. cit., pp. 189 a 190. "La nueva Carta ha omitido también señalar expresamente qué tópicos quedan incluidos y excluidos dentro de las materias económica y financiera asignadas corno ámbito de los decretos de urgencia. Tan solo se dispone la exclusión de la materia tributaria, criterio que nos parece errado e inconveniente. En primer lugar, porque las investigaciones realizadas demuestran que la mayoría de 'medidas extraordinarias' que se dictaron al amparo del inciso 20 del artículo 2110 estaban referidos a la creación, modificación, suspensión o exoneración de tributos. Y en segundo lugar, porque habiéndose establecido la fuerza de ley de los decretos de urgencia, se respeta el principio de legalidad que es básico en materia tributaria.

Cierto es que se debían corregir los excesos cometidos en todos estos años, pero para hacerlo resultaba conveniente mejorar la regulación que fija los requisitos, alcances y el control de los decretos de urgencia. Excluir la materia tributaria corno susceptible de regulación extraordinaria, por este mecanismo excepcional, solo conlleva una peligrosa restricción que a la postre puede dar pie a nuevos excesos y distorsiones. Y es que muchas veces las medidas extraordinarias a dictar mediante decretos de urgencia, requieren tener un contenido tributario para conjurar situaciones apremiantes. No se trataba pues de prohibir su utilización en este campo, sino de normarla y limitarla".

1311 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El régimen tributario en la Constitución. Estudio preliminar. En: "Themis" N° 29,1994, pp. 132 Y 133. "(...) esa rotunda prohibición puede traer graves consecuencias, no solo entorpecer el accionar del gobierno en un instrumento de política económica tan importante corno el tributario, sino porque no permitirá hacer frente con la diligencia necesaria a verdaderas situaciones de emergencia o circunstancias imposibles de prever que requieran que el Congreso se reúna y adopte una solución.

(...) Hubiera sido mejor que los constituyentes, sin duda recelosos del uso abusivo de los Decretos de Urgencia, los contrarrestaran con la incorporación de mecanismos efectivos de control parlamentario, lo que sin embargo no se produjo, limitándose más bien a señalar que el Congreso los puede modificar o derogar".

1312 GARCÍA MULLÍN, Roque. Hacia una redefinición del principio de reserva de ley. En: "Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario", volumen 25, Lima, diciembre, 1994, p. 18. "Cada vez son más numerosas las Constituciones que admiten una participación decisiva del ejecutivo en el dictado de la norma tributaria. Esa participación puede producirse según los casos, por el dictado de las normas con fuerza de ley en situaciones de emergencia".


1313 SPISSO, Rodolfo R. Derecho Constitucional Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1991, pp. 214 Y 216: "En situaciones en que se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa un máximo peligro para el país, el Estado tiene la potestad y aun el deber imperioso de poner en vigencia el derecho de excepción, o sea, un conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el establecimiento de la normalidad social que el sistema político de la Constitución presupone.

1314 VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas. Derecho Financiero y Tributario. 8' edición. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 242: "Si el hecho imponible es de 'verificación periódica', ello significa que tal hecho generador es el resultante de un conjunto de actos que se desarrollan en un periodo temporal (p. ej. El impuesto a las ganancias que grava los ingresos que se van produciendo durante el ejercicio). En este caso, se tiene por acaecido el hecho imponible en el último instante del período en el cual se computan los ingresos. Si se produce una modificación legislativa durante el curso del ejercicio, la alteración es válida y no retroactiva, puesto que el hecho imponible no se tuvo aún por realizado".

1315 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario de Debates del Pleno - 1993, Tomo II, publicación oficial, Lima, julio de 1998.

1316 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 426: "Si se autorizara incluir tributos alli, podría desorganizarse el sistema tributario nacional, con medidas de conyuntura para 'cerrar la brecl1a fiscal', olvidándose de todo esto debe ser materia de una planificación cuidadosa y no de reacciones de momento".

1317 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Ob. cit., p. 143. Esta disposición la explica "en razón de que la aprobación de la Ley de Presupuesto se lleva a cabo a través de un procedimiento parlamentario sometido a importantes limitaciones para el debate, sobre todo de índole temporal. Por ello se quiere evitar que la ley de presupuesto se convierta en un cajón de sastre, porque en materia tributaria requiere un debate parlamentario serio y pormenorizado".

1318 OCHOA CARDICH, César. Ob. cit., p. 138: "El principio de exclusividad presupuestaria tiene su origen en el derecho presupuestario o de los gastos públicos (...). En cuanto a la exclusión en la Ley de Presupuesto de normas sobre materia tributaria no hay uniformidad de criterios en la doctrina. Así, se sostiene que los tributos tienen relación directa con los contenidos económicos del Presupuesto. De otro lado, el principio de exclusividad presupuestaria fue adoptado en el artículo 199 de la Constitución de 1979 que estableció que las leyes de carácter tributario que sean necesarias para procurar ingresos al Estado deben votarse independientemente y antes de la Ley de Presupuesto"

1319 De acuerdo a los artículos 78 y 80 de la Constitución de 1993, la autógrafa de la ley de presupuesto debe ser remitida al Poder Legislativo hasta el 30 de noviembre, en caso contrario entra en vigencia el proyecto de ley de presupuesto presentado al Congreso por el Ejecutivo, debiendo precisarse que el plazo para presentar el referido proyecto de ley vence el 30 de agosto.

1320 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina. La Ley de Presupuestos Generales del Estado como fuente del Derecho Tributario. En: ''Análisis Tributario" N°s 200, 202 Y 203. Asesoramiento y Análisis Laborales S.A.C., Lima, 2004. Si bien la autora refiere sus comentarios al artículo 134 de la Constitución Española de 1978, que contiene una prohibición material a la Ley de Presupuesto similar a aquella que recoge nuestra Constitución, consideramos que los aportes y alcances que expone sobre los problemas interpretativos que suscita dicho artículo, resultan válidos para nosotros.

1321 TIRADO BARRERA, José Antonio. La sentencia declaratoria de inconstitucionalidad de normas tributarias y sus efectos temporales en el ordenamiento peruano. En: "Normas Legales". Tomo 324, Trujillo, p. 44.

1322 EKMEKDJIÁN, Miguel Ángel. Tratado de Derecho Constitucional Tomo Iv, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 462

1323 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo III, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de! Perú, Lima, p. 430.

1324 En la sentencia recaída en e! Expediente N° 01O-2002-AI/TC de! 3 de enero de 2003, e! Tribunal Constitucional abordó e! tema de la vigencia de las normas emanadas de un gobierno de facto. Al respecto señaló que: "La doctrina establece que durante e! período que sigue a la desaparición de un gobierno de facto, la vigencia de los Decretos Ley se procesa de conformidad con la teoría de la caducidad, la teoría de la revisión o la teoría de la continuidad. La teoría de la caducidad -que plantea que una vez restaurado e! Estado de Derecho, dichas normas dejan ipso facto de tener vigencia- no ha tenido aceptación en nuestro país; al extremo de haber sido utilizada una sola vez, a través de la Ley de! 20 de diciembre de 1895, que declaró inexistente s los actos gubernativos y las leyes aprobadas durante e! período 1894-1895.

En cambio, la teoría de la continuidad utilizada en amplios momentos de nuestra historia y la teoría de la revisión son las que han permitido afrontar e! delicado problema de la vigencia de los Decretos ley.

Según la teoría de la continuidad, los Decretos Ley perviven o mantienen su vigencia -surtiendo todos los efectos legales- no obstante producirse la restauración de! Estado de Derecho. Estos solo perderán vigencia en caso de que el Congreso posterior a un gobierno de facto dicte leyes que los abroguen, modifiquen o sustituyan, según el caso.

1325 Esta teoría se sustenta en la necesidad de preservar uno de los fines básicos del derecho: la seguridad jurídica. En el caso de los Decretos Ley, dicho fin implica resguardar el desenvolvimiento de la vida cotidiana y la de los bienes jurídicos (vida, propiedad, honor, etc.) que se encuentran amparados por ellos, sin mengua de reconocer que este amparo haya sido establecido de manera no formal.

En efecto, durante el interregno del Estado de Derecho -como consecuencia de la imposición de un gobierno de facto- surgen inevitablemente relaciones interpersonales reguladas por Decretos Ley. No aceptar la continuidad de la vigencia sui géneris de estos, sería abrir un largo, oscuro e inestable 'paréntesis jurídico' que dejaría en la orfandad al cúmulo de beneficios, facultades, derechos o prerrogativas nacidos de dicha legislación, así como también quedarían privados de exigencia las cargas públicas, deberes, responsabilidades, penalidades, etc., que el Estado hubiese establecido en su relación con los ciudadanos. Desde ambas perspectivas -la ciudadanía y la organización estatal-, se perpetraría un inmenso perjuicio para la vida coexistencial y la normal marcha del cuerpo político. .

Así, el desconocimiento a priori y genérico de la totalidad de los Decretos Ley, luego de restaurarse el Estado de Derecho, generaría incertidumbre, caos, desorden, riesgo y amenaza para las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el Estado.

Por su parte, la teoría de la revisión plantea que una vez restaurado el Estado de Derecho, los Decretos Ley deben ser objeto de un examen de vigencia. Para tal efecto, el Congreso de la República se pronuncia por el mantenimiento o no en el sistema jurídico".

En el Perú, el Congreso Constituyente Democrático, mediante la Ley Constitucional publicada el 9 de enero de 1993 en el diario oficial El Peruano, optó por la teoría de la continuidad declarando la vigencia de las normas expedidas luego del golpe del 5 de abril. En tal sentido, el artículo 2° de la mencionada ley dispuso que: "Los Decretos Ley expedidos por el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional a partir del 5 de abril de 1992 hasta el 30 de diciembre del mismo año, mantienen plena vigencia en tanto no sean revisados, modificados o derogados por el Congreso Constituyente Democrático".

El artículo 63 de la Constitución, segundo párrafo, permite que el Estado someta sus controversias en materia financiera a tribunales extranjeros, cuando dispone lo siguiente: "En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de estos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero" (las cursivas son nuestras).

1326 Conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las operaciones de crédito con cargo a los recursos y bienes propios de las municipalidades requieren de la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del concejo municipal correspondiente.


1327 CASSAGNE, Juan Carlos El contrato administrativo. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 15.


1328 MONEDERO GIL, José Ignacio. Doctrina general del contrato administrativo. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977, p. 123

1329 COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Civitas, Madrid, 1993, p. 311; GONZALES PÉREZ, Jesús. Manual de procedimiento administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 206

1330 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 2000, p. 340

1331 Del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 0832004-PCM de 29/11/2004)


1332 Artículo 4°.- Especialidad de la norma y delegación 4.1. Especialidad de la norma: La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas genera- ' les de procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que le sean aplicables.

(m) Del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 0832004-PCM de 29/11/2004)

1333 Artículo 1 °.- Alcances
La presente Ley establece las normas básicas que contienen los lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, dentro de criterios de racionalidad y transparencia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.

Del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 0832004-PCM de 29/11/2004) Artículo 2°.- Ámbito de aplicación (...) 2.3. La presente Ley no es de aplicación para:

a) La contratación de trabajadores, servidores o funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada.

1334 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 1, Civitas, Madrid, 2000, p. 683.

1335 VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas. Derecho Financiero y Tributario. 8" edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 125.

1336 GARCíA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993. Tomo Il, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 1998, pp. 156 Y 157.


1337 Al finalizar el ejercicio económico pueden presentarse tres situaciones desde la perspectiva patrimonial: déficit (si los ingresos son menores que los egresos), inercia (si los ingresos coinciden con los egresos) y superávit (si los ingresos superan a los egresos). En toda empresa se repugna el déficit, se evita la inercia y se anhela el superávit. Sin embargo, a nivel del Estado la situación difiere, a pesar que aquel es concebido como una gran empresa; en efecto, se repugna el déficit, se anhela la inercia y se evita el superávit. Quizás lo más curioso radica en lo último porque podría cuestionarse la razón que motiva al Estado para evitar que sus ingresos superen sus egresos y la explicación es muy sencilla: si esto sucede, la población advertirá que la presión tributaria es excesiva, de ahí que aquel recaude más de lo que necesita. Las consecuencias políticas y sociales son fácilmente apreciables y, por consiguiente, solo se pretende el equilibrio presupuestal.

1338 GARCÍA BELAUNDE SALDÍAS, Domingo. El Derecho Presupuestario en el Perno Luis Alfredo Ediciones. Lima, 1998, pp. 157 a 176.

1339 Cfr. GARCÍA BELAUNDE SALDÍAS, Domingo. Ob. cit., p. 167

1340 VILLEGAS, Héctor. Ob. cit., p. 137

1341 RUIZ ELDREDGE, Alberto. LA Constitución comentada 1979. Lima, 1989, p.230

1342 "Corresponde al Congreso fijar anualmente (...) el presupuesto general de gastos (...)".

1343 "El gobierno formará anualmente el presupuesto de rentas (...)".

1344 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo nI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1999, p. 440

1345 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 441.

1346 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición, Madrid, 2001,
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