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1347 OTAROLA PEÑARANDA, Alberto. La Constitución explicada. Editora Osbac, Lima, 1997, p. 140.

1348 DROMI, Roberto y MENEM, Eduardo. La Constitución refonnada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 228.

1349 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. Quinta edición, lima, 1999, p. 399

1350 EXP. 004-2004-CC/TC disponible en www.tc.gob.pe/jurisprudencia/200S/0004-2004-CC.html

1351 EXP. 004-2004-CC/TC disponible en www.tc.gob.pe/jurisprudencia/200S/0004-2004-CC.html

1352 Al respecto, e! voto de la magistrada Revoredo Marsano señala lo siguiente: "En cuanto al Principio de Unidad de! Presupuesto, mis honorables colegas lo definen en base a la opinión de Maurice Duverger. Expresan que por ese principio 'se proscribe la multiplicación de presupuestos y las cuentas singulares, ya que impediría tener una visión global más clara de los ingresos y gastos públicos'. Sin embargo, aceptan, al declarar fundada la demanda, que e! Poder Judicial presente su propio presupuesto ante e! Congreso; es decir, aceptarían, en este caso, la pluralidad o multiplicación de presupuestos. No encuentro, en e! texto de la mayoría, la fundamentación de! por qué-al permitir al Poder Judicial sustentar su propio pliego ante e! Congreso- no se vulneraría e! Principio de Unidad Presupuesta!. Hace falta una explicación. Tal vez la explicación de! aparente contrasentido esté en e! 'momento' en que tiene vigencia e! Principio de Unidad de! Presupuesto: e! Poder Judicial y otros órganos constitucionales pueden sustentar sus propios pliegos presupuestarios -sin modificaciones impuestas por terceros- ante e! Congreso, y en esta etapa sí estaría permitida la pluralidad de 'presupuestos' parciales sin vulnerar e! Principio de Unidad de! Presupuesto (...) pero cuando e! Congreso debe aprobar e! 'Presupuesto General de la República', será aprobado un solo y único Presupuesto, en el que se habrán armonizado todos los ingresos y gastos provenientes de los diversos sectores y fuentes (...)".

1353 VILLARÁN, Manuel Vicente. Anteproyecto de Constitución de 1931. Exposición de Motivos y texto. Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los fundamentos constitucionales de la administración financiera peruana. En: "Themis", Segunda época, N° 39, Lima, 1999, pp. 157-187.

1354 MORÓN URBINA,Juan Carlos. Ob. cit., p. 176

1355 Ley N° 28411, artículo 1.- Equilibrio presupuestario El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.

1356 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit.


1357 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 165.

1358 Sobre este precepto, el profesor Fernando Pérez Royo observa lo siguiente: una "(...) de las limitaciones al derecho de enmienda es la que requiere conformidad del Gobierno para la tramitación de enmiendas que supongan minoración de ingresos. Se trata de una cautela (...) que afecta fundamentalmente a las modificaciones tributarías contenidas en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Es una limitación importantísima, habida cuenta de la significación que tienen dichas modificaciones tributarías. Téngase presente, por poner un ejemplo, que la Ley de Presupuesto suele contener la tarifa del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). De acuerdo con esta regla, el Parlamento no puede ni siquiera someter a votación enmiendas a la baja sin contar con la conformidad del Gobierno". PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte General Civitas, Madrid, 1997, p. 372.

1359 Piénsese, por ejemplo, en el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República el 16 de marzo de 2005, según el cual se excluye a los bienes agropecuarios del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarías con el Gobierno Central (SPOT). Y es que lo que más llama la atención no es la decisión misma de eliminar el régimen para determinados bienes, la cual puede ser una medida acertada, sino que se haya aprobado la norma, sin siquiera generar los ingresos suficientes para cubrir el déficit generado

1360 Vid., los artículos V y VI de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyos textos son los siguientes:
Artículo V: Universalidad y unidad.- Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Artículo VI: De no afectación predeterminada.- Los fondos públicos de cada una de las Entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los Presupuestos del Sector Público.


1361 Recordemos que el decreto de urgencia, aun cuando goce de rango de ley, no puede contener materia tributaria de conformidad con el tercer párrafo del artículo 74 de la Constitución

1362 Vid., sentencia recaída en el Expediente N° 2762-2002-AA/TC, de fecha 30 de enero de 2003 (fundamento jurídico 8°).

1363 Recordemos que la norma que regula el Impuesto General a las Ventas tiene rango de ley, a pesar de estar contenida en un Texto Único Ordenado (Decreto Supremo N° OSS-99-EF, TUO del Código Tributario).


1364 Sobre este precepto, el profesor Jorge Danós afirma lo siguiente: "El citado dispositivo no supedita el otorgamiento de las exoneraciones a que lo apruebe el Parlamento, sino que solo exige que se solicite informe al Ejecutivo, se supone que para ilustración del Congreso sobre las consecuencias de la decisión". DANOS ORDONEZ, Jorge. El régimen tributario en la Constitución. Estudio preliminar. En: "Themis", N° 29, Lima, 1994, p. 142.


1365 No obstante ello, resulta sintomático -por decir lo menos- que a tan solo 27 días de la vigencia de la nueva Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario aprobada por el propio Poder Ejecutivo mediante facultades delegadas, por Decreto Supremo N° 036-2004-EF, se amplió la exoneración del IGV a los servicios de transporte interprovincial de pasajeros, con lo cual no solo se vulneró la reserva de ley en materia de exonemciones tributarias, sino también la referida Norma VII.

Nótese que la Norma Constitucional no establece un quórum "mínimo" para la aprobación del régimen tributario especial, sino que exige que sean "dos tercios de los congresistas"; ni más ni menos que dicha cantidad (80 congresistas). Sin embargo, desde el punto de vista lógico, debemos entender que la norma establece un quórum mínimo


1366 Vid., los Decretos Legislativos N°s. 842, 864 Y 865

1367 Vid., artículo 106 de la Constitución

1368 VILLEGAS, Héctor B. Manual de finanzas públicas. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 390.


1369 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas. Derecho Financiero y Tributario. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 67

1370 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo III, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 456

1371 En concordancia con lo dispuesto por la Constitución, el inciso 4) del artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -93-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de junio de 1993, dispone que el presidente del Poder Judicial ejerce la Titularidad del Pliego del Presupuesto del Poder Judicial.

En los fundamentos jurídicos a los que alude el fallo, el Tribunal Constitucional señaló que:

(i) corresponde al Poder Judicial fijar autónomamente sus objetivos institucionales, los mismos que tienen un componente presupuestario.

(ii) el artículo 145 de la Constitución habilita al Poder Judicial para que participe en el proceso presupuestario presentando su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que este último lo modifique, para su integración al proyecto general de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República.

(iii) esta competencia es garantía de "la independencia del Poder Judicial pues, de no ser así, tal garantía se convertiría en ilusoria.

(iv) el Poder Judicial debe formular su proyecto en coordinación con el Poder Ejecutivo, a fin de determinar los montos fijados observando los límites y principios impuestos por la Constitución, en especial el principio de equilibrio financiero previsto en el artículo 78° de la Carta Magna. Para tal fin, a juicio del Tribunal Constitucional, es responsabilidad inexcusable del Poder Judicial plantear una propuesta de asignación de recursos económicos acorde con la realidad de la caja fiscal y con las posibilidades reales de una ejecución eficiente y eficaz; y, .

(iv) es necesaria una ley mediante la cual se establezcan los mecanismos especiales de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en lo relativo a la elaboración del presupuesto de este último.


1372 Sentencia recaída en el Expediente N° 004-2004-CC/TC del 31 de diciembre de 2004

1373 En este mismo sentido ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional al resolver, con fecha 10 de noviembre de 2004, la medida cautelar solicitada por el Poder Judicial en el expediente bajo comentario. En ella señaló que: "(m) conforme al artículo 80° de la Constitución, el Congreso de la República tiene la posibilidad de modificar el Presupuesto de la República hasta el 30 de noviembre del presente año; más aún si se tiene que, a tenor del artículo 81, inciso c) del Reglamento del Congreso, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República elabora el dictamen de la ley para su debate ante el pleno del Congreso, el mismo que se inicia el15 noviembre de 2004" (el énfasis es agregado).

1374 En el fundamento jurídico N° 21, refiriéndose al artículo 80 de la Constitución, "(...) el Tribunal Constitucional advierte (..) la omisión en dicho artículo de consignar al Presidente del Tribunal Constitucional y al Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que presiden órganos constitucionales autónomos, y que por ello sustentan sus respectivos presupuestos ante el Congreso solo por mandato legal. Consecuentemente, el fallo técnico constitucional debe también precisar que en el texto del artículo 80° de la Constitución se enumere a los funcionarios que tienen atribución pata sustentar sus presupuestos ante el Congreso de la República".


1375 Marcial Rubio dice que: "La Constitución ha solucionado el problema (generado por la falta de aprobación del presupuesto dentro del plazo) estableciendo que el Proyecto del Ejecutivo es en ese caso promulgado por decreto legislativo. Se produce así la curiosa situación de que se dicte, por mandato de la Constitución, un decreto legislativo para el que no ha habido delegación de funciones por el Congreso" (RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 458).

1376 VILLEGAS, Héctor B. Manual de finanzas... Ob. cit., p. 389.

1377 PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte general Editorial Civitas, Madrid, 1999, pp. 371 Y 372.

1378 El inciso 3 del artículo 101 de la Constitución establece que: "(...) Son atribuciones de la Comisión Permanente:

(...)

3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario".

1379 EKMEKDJIAN, Miguel Angel. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo IV, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001, pp. 470 Y 471.


1380 PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. Editorial Civiras, Madrid, 1999, p, 397

1381 Conforme a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 81 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso, la Cuenta General de la República debe ser revisada y dictaminada dentro de los noventa días útiles siguientes a su presentación.

1382 El artículo 81 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso también dispone que una vez revisada y dictaminada la Cuenta General de la República por la Comisión respectiva, el Pleno debe pronunciarse dentro de los siguientes treinta días útiles.


1383 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 308

1384 QUERALT,Juan Martín; LOZANO SERRANO, Carmelo y otros. Curso de Derecho Financieroy Tributario. Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p. 773.

1385 La primera Carta Constitucional que previó el Consejo de Estado fue la de 1828, que actuaría como comisión permanente del cuerpo legislativo en receso del Congreso. Asimismo, tenía una naturaleza de cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo. En la Carta de 1828 se estableció que estaba compuesto por diez senadores elegidos por ambas Cámaras (senadores y diputados) a pluralidad absoluta. Debía velar por la observancia de la Constitución y las leyes y debía formar expediente sobre cualquier infracción para dar cuenta al Congreso. Véase: SORIA LUJÁN, Daniel. Los mecanismos iniciales de defensa de la Constitución: el poder conservador y el Consejo de Estado (1839-1855), resumen de la tesis para optar el título de abogado. En: ''Pensamiento Constitucional", N° 5, Lima, 1998, pp. 355-375

1386 BASADRE,Jorge. Historia de la República del Pem. Tomo X, p. 2479.

1387 Como señala Jorge Basadre, en su obra citada, Tomo XII, pp. 2973-2974: "En su memoria de 1923 el ministro Abraham Rodríguez Dulanto dejó constancia de las graves deficiencias que representaba la Cuenta General de la República dentro del régimen presupuestal que había estado vigente hasta entonces. Se trataba, dijo, de un documento oscuro e impreciso, en el que faltaban elementos básicos del activo y del pasivo tales como los saldos por cobrar y los ingresos y egresos adicionales que aparecían englobados y confundidos. Con ello vetó las cifras que habían sido oficialmente publicadas sobre la historia de los Presupuestos en el país". Recién con la Ley N° 4598 se introdujo reformas para evitar estos vicios

1388 BASADRE,Jorge. Ob. cit., p. 2976.


1389 Durante el régimen militar con la expedición, en 1971, del Decreto Ley N° 19039, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, en la gestión del general Oscar Vargas Prieto se fortaleció institucionalmente a la Contraloría General. Sirvió como modelo para leyes y reformas similares en otros países de América Latina. Cabe señalar que esta norma creó las Inspectorias como órganos de control de las entidades públicas a cargo de la realización de auditorías internas. El artículo 10 estableció que los inspectores no podían ser separados de sus cargos sino por causa justificada y comprobada, previo informe de la Contraloría General de la República. Antes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de 1971 se aplicaban sistemas de control en base de cuentas; su revisión estaba a cargo de personal empírico que seguía las prácticas de los Tribunales de Cuentas:
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