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que continuaron funcionando aun después de la Misión Kemmerer hasta los años 70.

1390 UGALDE, Luis Carlos. Vigilando al ejecutivo. Miguel Ángel Porma y Cámara de Diputados. México, 2000, p. 33.


1391 Consideramos que no puede sino interpretarse como conducta punible apreciable por el Congreso con criterio de conciencia, en tanto no esté debidamente tipificada. Puede considerarse como tal: falta de honestidad, abandono notable de sus deberes, ineficiencia manifiesta, irregularidad en el desempeño de sus funciones. A nuestro juicio, la Constitución debiera adicionalmente prever como causas de remoción la incapacidad física o mental.

1392 En América Latina cabe destacar en la dirección del modelo español a la Constitución uruguaya de 1967 que prevé en su artículo 208 un Tribunal de Cuentas de siete miembros, designados por la asamblea general, por dos tercios de votos del total de sus miembros. Se reconoce en el artículo 210 que el Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional. La Carta Fundamental prevé las siguientes atribuciones del Tribunal de Cuentas uruguayo: a) Dictaminar e informar en materia de presupuestos; b) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso las observaciones correspondientes; c) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de los órganos del Estado, inclusive gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes; d) Presentar a la asamblea general la memoria anual relativa a la rendición de cuentas;

e) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad; f) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, gobiernos departamentales, entidades autónomas y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza; y g) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo, estándose a su resolución.


1393 PRETEI, Humberto. Ob. cit., pp. 26-27. En ese sentido, Pretei, ob. cit., p. 44 anota que: "La ley de presupuesto y control de 1921, ya mencionada, crea la figura de un contralor general independiente del Poder Ejecutivo y regula el funcionamiento de la GAO en lo que hasta hoy constituye su estatuto básico. Esta ley no dice especificamente que la Oficina General de la Contraloria es parte del Congreso, pero al enumerar sus funciones surge claramente que responde a cualquier iniciativa de cualquiera de las dos cámaras o de sus comisiones. A poco de su creación, y por varios años, hubo intentos de restar poder a la GAO o transferirla a la órbita del Poder Ejecutivo, pero el Congreso mantuvo invariablemente el apoyo al cuerpo como un brazo independiente del Poder Legislativo".

1394 En Reino Unido se creó, en 1983, la NAO (NationaIAudit. Oficce) como un brazo del Legislativo en materia de control. Humberto Pretei, ob. cit., p. 110 apunta que: "La NAO está encabezada por el contralor y auditor general, que es nombrado por la reina por recomendación del primer ministro en consulta con el presidente del comité de las cuentas públicas de la Cámara de los Comunes. Su nombramiento no tiene término fijo y solo puede ser dejado cesante por decisión de la reina o instancias de las dos cámaras legislativas. Para realzar su independencia se ha establecido que perciba su sueldo directamente de un fOfildo consolidado, sin necesidad de que haya una aprobación de fondos por parte de ningún poder. El uso de fondos por parte de la NAO es auditado por una empresa comercial de auditoria".

1395 El Instrumento de Gobierno (Constitución) de Suecia dedica el capítulo 12 al "Poder de Control": el artículo 1 prevé en esta materia en el Parlamento a la Comisión Constitucional (Konstitutionsutskottet) que revisa la gestión de los Ministros, así como la administración de los asuntos de gobierno, y con este motivo tendrá acceso a las actas de los acuerdos adoptados sobre materias de gobierno y a los documentos relativos a dichos acuerdos. Es importante estudiar el modelo sueco de control parlamentario pues en nuestro país se discute la conveniencia de centralizar o no las funciones parlamentarias de control en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Asimismo, el artículo 7 prevé que el Parlamento elige en su seno unos censores que inspeccionarán la actividad estatal, pudiendo el Parlamento acordar que la inspección de los censores abarquen también otras actividades. Los censores podrán, conforme a lo que disponga la ley, recabar los documentos, datos e informes que necesiten para su labor de inspección. Humberto Pretei, ob. cit., p. 130 señala que el Ejecutivo tiene su propio órgano de auditoria, la Oficina Nacional de Auditoria a cargo del auditor general nombrado por el Gobierno, por un periodo de seis años con la posibilidad de ser reelegido.

1396 PRETEI, Humberto. Ob. cit. p. 176, señala que: "El control externo está a cargo del contralor y auditor general. La oficina" del contralor, que data de 1865, fue combinada con la del auditor general en 1878. Comprende dos grandes divisiones, una que es la oficina del auditor propiamente dicha, y otra la Audit New Zealond. La primera fija las políticas y la segunda provee los servicios. Audit. New Zealond debe competir en la provisión de sus servicios con empresas de auditoría del sector privado. La oficina del auditor general es independiente, responde al parlamento pero el plan de trabajo es definido fundamentalmente dentro de la oficina. Esta tiene un amplio campo de acción y audita y controla a todo el gobierno central, a todos los entes autónomos y las empresas del estado y a los gobiernos locales. La oficina interactúa con dos comités del parlamento, con el comité de funcionamiento del parlamento y con el comité de cuestiones administrativas del gobierno. El elemento de contralor en el título proviene de principios constitucionales, ratificados en la revisión constitucional de 1986 y en la ley de finanzas públicas de 1989, en el sentido de que se requiere un acto parlamentario para poner en vigencia un impuesto o para contraer empréstitos o para gastar cualquier suma del erario público. El contralor vigila en nombre del parlamento que estos principios se cumplan". Este es un fundamento jurídico que justifica plenamente se reforme la Constitución peruana en el sentido de que la Contraloría sea un órgano de asistencia técnica del Congreso de la República.

1397 Mónica Madariaga defme el control de legalidad en los siguientes términos: "[...] persigue someter la administración a la ley y mantener la jerarquia normativa del sistema jurídico. Así, su basamento último está, en concepto de la teoría pura del Derecho de Kelsen, en la unidad de validación donde la norma fundamental -de índole constitucional- juega el papel de una hipótesis básica, de modo tal que, partiendo del supuesto que esta norma es válida, también resulta válido el orden jurídico que le está subordinado. Y siendo aquella una hipótesis necesaria, será válida solo la parte del restante ordenamiento que se someta íntegramente a sus prescripciones" (MADARIAGA, Mónica. Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XXI. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1993, p. 77).

1398 MADARIAGA, Mónica. Ob. cito pp. 121-122. La autora chilena precisa que: "El organismo fiscalizador preventivo de la legalidad del acto administrativo, en nuestro sistema jurídico, es la Contraloría General de la República. (...) Recepcionado (sic) por ella un decreto o resolución, debe examinar su correspondencia con las fuentes normativas superiores del sistema. Si existe una adecuación total a esas disposiciones, dará curso sin reparos al acto sujeto a su control preventivo [...] Si a juicio del organismo fiscalizador no existiere correspondencia entre el decreto o resolución y la ley o la Constitución, deberá representar/o, absteniéndose de darle curso ordinario (oficio devolutorio). Nace aquí la facultad del Ejecutivo para insistir, mediante un decreto de insistencia, suscrito por el Presidente de la República y el gabinete en pleno, en que se ordena al Contralor se dé trámite regular al decreto inicialmente observado por el órgano de su dependencia". El Contralor no puede oponerse pero debe remitir copia de su dictamen a la Cámara de Diputados. Sobre los decretos con fuerza de ley en el ordenamiento chileno Eduardo Soto señala que "[...] no son sino actos legislativos (presidenciales) que el Presidente de la República dicta sobre determinada materias y bajo determinadas exigencias, en 'virtud de una expresa delegación de facultades que le hace el Congreso Nacional a través de una ley delegatoria" (SOTO KLOSS, Eduardo. Derecho Administrativo.

Bases fundamentales. Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 33). Equivalen pues a nuestros decretos legislativos. Asimismo Eduardo Soto Kloss, ob. cit., afirma que los decretos promulgatorios de leyes están previstos en el ordenamiento chileno como ejercicio de una potestad legislativa del Presidente de la República dentro del procedimiento de elaboración de la ley.

1399 El artículo 154 de la Constitución boliviana de 1967 estableció que: "Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará Contraloría General de la República. La ley determinará las atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su dependencia. El Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República, será nombrado por este de la terna propuesta por el Senado y gozará de la misma inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia". Este período es de diez años.

1400 El artículo 183 de la Constitución de Costa Rica de 1949 establece que la Contraloria General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. Está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, parlamento unicameral costarricense, dos años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. El Contralor y el Subcontralor responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos.

1401 La Constitución colombiana de 1991 no prevé expresamente una dependencia directa del Congreso pero sí una estrecha vinculación con este debido a su poder en la designación del Contralor. El artículo 267 de la Constitución colombiana de 1991 prevé que el Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de tema integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. El acotado artículo prevé que solo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo.

1402 El artículo 85 de la Constitución argentina reformada en 1994 establece que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo

1403 Según la Constitución venezolana de 1999 conforma el denominado Poder Ciudadano, con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Se ejerce por el Consejo Moral Republicano a que se refiere el artículo 273 de la Carta

1404 En esa dirección, nuestro planteamiento de reforma constitucional, en: OCHOA CARDICH, César. Propuesta para un nuevo régimen económico constitucional. pp. 766-768.

1405 Según el autor alemán FORSTHOFF, Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 440, citado por Andrés BETANCOUR RODRÍGUEZ, en su monografía Las administraciones independientes, 2001. Andrés Betancour, ob. cit., p. 4 señala que: "El ente supervisor desarrolla su función sin confundirse con la actividad de los sujetos supervisados. En cambio, el ente director comparte con los sujetos dirigidos las actividades e incluso sus consecuencias porque es un actor más del sector correspondiente. En cierta medida se confunde con esos sujetos porque estos realizan lo que él quiere e -incluso- en su grado extremo, el viejo principio según el

cual nadie puede ser juez y parte. En el caso de la dirección no existe una equivalente posición de neutralidad. Tan es así que del director no se puede decir que es neutral sino que dirige correcta o incorrectamente, en cambio, del supervisor se podrá decir que es más o menos ecuánime, neutral o imparcial".

1406 Francisco Eguiguren señala que los orígenes de la comisiones investigadoras parecen encontrarse en las prácticas del Parlamento británico, pues ya desde el siglo XIV (durante los reinados de Eduardo II Y Eduardo III) se tiene conocimiento de la conformación de comisiones -posteriormente denominadas 'Select Committees'- para indagar sobre las necesidades del Estado, sus finanzas y el empleo de los subsidios aprobados (EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Las comisiones de investigación parlamentaria: alcances, atribuciones y funcionamiento. En: "Los retos de una democracia insuficiente". Comisión Andina de Juristas, Lima, 1990, p. 250). En el Derecho Parlamentario peruano, César Delgado Guembes cita que los dos primeros casos de comisiones investigadoras de las que se tiene antecedentes corresponden a los años de 1895 y 1896, respectivamente. El primero para investigar las defraudaciones cometidas en las oficinas fiscales desde el año de 1884 y el segundo sobre la inculpación formulada por la Peruvian Corporation de haber invertido fuertes sumas de dinero en facilitar la aprobación por las Cámaras del Congreso peruano del contrato celebrado por dicha compañía sobre cancelación de la deuda externa (DELGADO GUEMBES, César. ¡Qué parlamento queremos? Cultural Cuzco, Lima, 1992, pp. 288-289).

1407 La Ley N° 26639 publicada el 27 /06/96, pone límite a las inscripciones de la hipotecas señalando que se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. Dicha norma se aplica cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado

1408 BASSOLS COMA, Martín. Constitución y sistema económico. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1985, p.17

1409 Ver JOSSERAND, Louis. Derecho Civil Tomo 1, Volumen IlI. Traducción de André Brun, del Cours de Droit Civil positif francais. Editorial Bosch y Compañía Editores, Buenos Aires, 1952, pp. 139 Y 140

1410 GROSSI, Paolo. Lo propiedad y las propiedades un análisis histórico. Editorial Civitas, Barcelona, 1992

1411 Traducción al castellano de Lo propieta y le propieté en la Officina de lo Stórico, Ed. A. Giuffn' Milán, 1988, p. 21

1412 Ver RODOTA, Stefano. El terrible derecho: estudios sobre la propiedad privada. Editorial Civitas, Barcelona, 1986, p. 50

1413 Artículos 893 y 894. Artículos 923 al 927

1414 AROCA MEDINA, América Javier. Comunidades campesinas y nativas en el nuevo contexto nacional. Editorial CAAAP, Lima, 1993, p. 188

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