En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces




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Entre otras cosas, la aplicación al sub lite de las normas tuitivas de los consumidores y usuarios lleva a poner el acento en el deber de información que dimana tanto del art. 42 de la Constitución Nacional como del art. 4 de la Ley 24240. Es sabido que en las relaciones de consumo ese deber se ve particularmente acentuado, y abarca tanto la etapa precontractual como la contractual propiamente dicha. En la primera de ellas, la información tiene por finalidad que el consumidor tome una decisión razonada, en conocimiento de todas las características de las cosas o servicios que adquiere, las condiciones de comercialización, etc. En cambio, en la etapa contractual (en la que cabe enmarcar la cuestión debatida en el sub lite) su finalidad es la de garantizar una ejecución satisfactoria del contrato, lo que constituye un factor íntimamente vinculado al principio cardinal de la buena fe (Stiglitz, Rubén S., "Deber de información precontractual y contractual. Deber de Consejo. La cuestión en los contratos paritarios y de consumo", LL 2009-B, 1085; Rinessi, Antonio J., "Relación de consumo y derechos del consumidor", Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 144; Junyent Bas, Francisco A. - Garzino, María C., "El deber de información al consumidor", L. L. 2012-B, 1159; Mosset Iturraspe, Jorge - Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010, p.68).
En cambio (y en esto discrepo con el encuadre normativo efectuado por la anterior sentenciante), ningún rol cumple en esta causa el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Como ya ha tenido oportunidad de señalarlo este tribunal, esa norma -al igual que el art. 5 de la Ley 24240- se dirige a tutelar lo que la doctrina contemporánea denomina el "interés de protección" del consumidor, es decir, su interés en no sufrir daños, en el ámbito de la relación de consumo, como consecuencia de la lesión de bienes distintos de los que constituyen el objeto del contrato (vid. esta sala, 20/2/2014, "N. C. L. B. y otro c/ Edificio Seguí 4653 S. A. y otros s/ vicios redhibitorios", L. n° 595.667). En el sub lite, en cambio, las actoras reclaman por la frustración de su interés de prestación, pues se quejan por los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones principales asumidas por las demandadas (frustración de los servicios turísticos, que constituían, precisamente, el objeto c ontractual). En consecuencia, la eventual responsabilidad de las emplazadas nada tiene que ver con la infracción de deberes de protección (como sería el caso, v.g., del daño sufrido por un viajero a causa de las lesiones físicas ocasionadas durante un accidente mientras era transportado en cumplimiento del contrato), lo que excluye la aplicación de los arts. 5 y 40 de la Ley 24240, ya mencionados.
V. Previamente a analizar -sobre la base de los parámetros que quedan así sentados- la responsabilidad de las demandadas, es preciso establecer en qué calidad actuaron ellas en este caso, pues ya se ha visto que el régimen de responsabilidad aplicables a los organizadores y los intermediarios de viajes difiere en aspectos importantes.
Ninguna duda cabe de que Julia Tours S.A. actuó en la especie como organizadora. En cambio, Lesami S. A.pretende alegar su supuesto carácter de intermediaria, a fin de desligarse de la responsabilidad que se le endilga.
Sin embargo, ya he señalado que la normativa aplicable requiere, como condición para hacer valer ese carácter, que el contrato mencione el nombre y el domicilio del organizador de viajes, con la indicación del nombre y dirección del intermediario de viajes y la mención que éste actúa en calidad de intermediario del primero (arts. 18 inc. 1, y 19 inc. 2, Convención de Bruselas).
No otra cosa resulta, asimismo, de la aplicación de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 4 y concs. de la Ley 24240, que ponen en cabeza del proveedor la obligación de suministrar al consumidor una información completa y detallada sobre todas las circunstancias relevantes del contrato de consumo. A ese respecto debe señalarse que el consumidor que concurre a una agencia de viajes -confiando en el prestigio que tiene la marca o el nombre comercial de esa empresa- puede legítimamente suponer que aquella se obliga personalmente a la realización de las prestaciones que le ofrece. Esta confianza legítima, que en el derecho del consumo cuenta con expresa protección legal (arts. 4, 7 y 8, Ley 24240), lleva a considerar personalmente obligada a la agencia siempre que no haya informado clara y detalladamente al viajero la calidad en la que intervenía, y el hecho de que su intervención -y su consiguiente responsabilidad- se limitaba a oficiar de intermediaria entre el consumidor y el organizador de viajes.
Ahora bien, de la documentación aportada a la causa no surge que Lesami S.A. haya informado su calidad de intermediaria. En efecto, esa circunstancia no surge del billete electrónico que se otorgó a las actoras (fs. 34/37) ni del itinerario (fs. 30/32), pues si bien allí figura el nombre de Julia Tours S. A., de ningún lado surge que Lesami S. A. era una sociedad intermediaria. Mucho menos se hizo tal distinción al momento de cobrarse el viaje (fs.267).
Alguna duda podrían generar las condiciones generales impresas en la factura de Lesami S. A. (fs. 267 vta.), pero si bien allí se dice que "La empresa declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria en la reserva o contratación de los distintos servicios vinculados e incluidos en el respectivo tour o reservación de servicios" (texto que coincide con el punto "i" de las condiciones generales del contrato de servicios turísticos aprobadas por la resolución 256/2000 de la Secretaría de Turismo de la Nación), lo cierto es que no se identifica en ese instrumento con precisión quién era el organizador del viaje.
Por ese motivo debe considerarse -contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida- que Lesami S.A. actuó en el caso como organizador del viaje, al igual que Julia Tours S.A., pues ambas aparecieron ante los ojos de las viajeras como comprometiendo el paquete contratado, la primera como organizadora y la segunda como operadora.
VI. Establecida cuál es la normativa aplicable, y la calidad en la que intervinieron las emplazadas, es hora de analizar concretamente la imputación de responsabilidad que les formulan las recurrentes.
Como ya lo he señalado, no está discutido en autos que, si bien las actoras fueron efectivamente trasladadas a Egipto, y se cumplieron algunas de las prestaciones programadas (alojamiento en hoteles, realización de un crucero), otras no pudieron concretarse debido al estado de virtual guerra civil que en ese momento vivía el mencionado país. Entiendo que esa situación puede analizarse como una frustración del fin contrato turístico que, en el caso, se combina con el incumplimiento de obligaciones asumidas por las demandadas (incumplimiento de parte de los servicios turísticos comprometidos e infracción del deber de información, lo que causó una inejecución total). También juzgo que las emplazadas no han acreditado una imposibilidad absoluta y objetiva para cumplir sus obligaciones, lo que las hace responsables por la inejecución.
Vamos por partes.Como todo contrato, el de prestación de servicios turísticos tiene una causa-fin objetiva (la efectiva prestación del servicio contra el pago del precio pactado) pero también puede comprender una causa-fin subjetiva, en la medida en que exista un móvil causalizado, lo que requiere que este haya sido debidamente aceptado por ambas partes, y determinante de la celebración del contrato (Bueres, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos Aires, 1986, p. 139; De Lorenzo, Miguel F., "La causa del negocio jurídico. Relevancia genética y funcional. La frustración de la causa fin", en Tobías, José W. (dir.), Colección de análisis jurisprudencial. Derecho Civil - Parte General, L. L., Buenos Aires, 2003, p. 479 y ss.). Poca duda cabe de que eso es lo que sucedió en el sub lite, pues la adquisición de un paquete turístico para visitar Egipto no puede haber tenido otra finalidad que la de disfrutar de los atractivos turísticos ofrecidos por ese destino.
Este móvil es compartido y determinante, pues si no fuera por él los operadores turísticos no ofrecerían esa clase de paquetes, que implica el pago de tarifas acordes con el destino en cuestión y la naturaleza hedonística del viaje.
Ahora bien, es sabido que la frustración del fin del contrato (entendido como el o los móviles que guiaron a las partes a contratar, debidamente causalizados por la concurrencia de los requisitos antes mencionados) generada por circunstancias extraordinarias ajenas al riesgo asumido por la parte afectada permite a esta última solicitar la resolución del acuerdo. Este principio era ya aceptado por la doctrina y la jurisprudencia sobre la base de diversos institutos previstos por el Código Civil de Vélez Sarsfield (la buena fe, la teoría de la causa, y el art. 1522; vid. Borda, Alejandro, "La frustración del fin del contrato", L. L. 1991-E, 1450; Alterini, Atilio A., Contratos civiles - comerciales - de consumo. Teoría general, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p.456 y ss.; Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, p. 203 y ss.), y está expresamente consagrado ahora por el art. 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación (que si bien no es aplicable al sub lite debe ser tenido en cuenta en tanto expresa la intención actual del legislador, pauta esencialísima de interpretación de la ley).
En el caso, poca duda cabe de que la conmoción interior vivida en Egipto en la época del viaje realizado por las actoras constituyó un acontecimiento extraordinario, ajeno al riesgo que comúnmente asumen los turistas (que llueva o haga buen tiempo, que el destino turístico cumpla más o menos las expectativas que se habían generado, etc.), que quitó a su viaje toda posibilidad de disfrute y lo convirtió, más bien, en una angustiosa exposición a peligros y sinsabores. En esas circunstancias, cabe considerar que medió una frustración del fin del contrato que autorizaba a las demandantes a pedir su resolución -o, al menos, la reprogramación del viaje-, en tanto, pese a que las prestaciones comprometidas pudieran de todos modos haberse ejecutado (algunas fueron efectivamente ejecutadas y otras no), ellas eran inhábiles para lograr la finalidad turística y placentera perseguida.
Naturalmente, una cosa es que la frustración del fin del contrato pueda conllevar su ineficacia funcional, y otra distinta que ese hecho desencadene la responsabilidad civil de los operadores turísticos.Es evidente que en el caso esa responsabilidad no deriva de la simple frustración de la finalidad (que no implica en sí misma ningún incumplimiento de las demandadas), sino de la omisión de haber informado oportuna y eficazmente esa circunstancia a las actoras y haber optado, en cambio -en una actitud claramente reñida con la buena fe-, por ejecutar mecánicamente un plan prestacional que ya no tenía ninguna utilidad para las viajeras, e incluso las exponía a riesgos evidentes.
Corresponde en este punto traer nuevamente a colación el deber de información que pesa sobre los proveedores, que en el caso exigía, según lo acabo de señalar, imponer a las actoras del real estado de cosas en el destino y ofrecerles suspender o reprogramar el viaje. No cabe soslayar que, como lo señala con razón Vázquez Ferreyra, la obligación de informar al turista de todo cambio que se opere en los servicios contratados es de resultado y eso "implica que su incumplimiento acarrea la consiguiente responsabilidad civil, salvo que la agencia de turismo acredite una causa ajena (caso fortuito stricto sensu, culpa de la propia víctima o de un tercero por quien no debe responder)" (Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Turismo y defensa del consumidor", L. L. 1996-C, 206).
En lo atinente a los efectos que pueden seguirse de la violación del deber de información en el contrato de turismo, se ha sostenido: "a) Puede ocurrir que por la falta de información no pueda iniciar el viaje, o que luego de iniciado no pueda aprovecharlo en absoluto (incumplimiento total del contrato). b) Que le haga perder parte del viaje, o el disfrute de alguno de sus elementos (incumplimiento parcial). c) Que aprovech e todos los elementos, pero deficientemente (cumplimiento defectuoso)" (Tale, op. cit., t. 2, p.809). Es evidente que en el caso nos encontramos ante el primer supuesto, pues mal puede pensarse que las actoras hayan podido obtener algún provecho o satisfacción de un viaje realizado en medio de una virtual guerra civil y de un estado de caos generalizado.
Se configuró así la situación descripta por Lorenzetti: "el incumplimiento total es aquel que conduce a la frustración de la obtención de las ventajas perseguidas en el contrato, de modo que necesariamente significa que debe afectar el viaje contratado, impidiéndolo o dificultándolo ostensiblemente" (Lorenzetti, op. cit., p. 390).
Se suma a lo dicho que -como ya lo puntualicé- una parte de las prestaciones comprometidas ni siquiera pudo ser ejecutada (alteración de las paradas previstas durante el crucero, cancelación de la excursión a Abu Simbel, partida adelantada de El Cairo), lo cual indudablemente constituye también una infracción del plan prestacional comprometido por las demandadas.
Como lo acabo de exponer, esa ejecución mecánica y parcial de algunas prestaciones, que -sumada al incumplimiento de la obligación de información- tuvo nula utilidad para las demandantes, debe asimilarse a un incumplimiento definitivo, lo que implica que las viajeras tienen derecho a obtener una indemnización "de la misma manera que si se hubiese cancelado el viaje antes de su inicio" (Tale, op. cit., t. 2, p. 877).
Ahora bien, es sabido que, establecido el incumplimiento de una obligación (en el caso, tanto la de informar a los consumidores como la de prestar correctamente los servicios turísticos ofrecidos), la única forma que tiene el deudor para exonerarse consiste en probar la imposibilidad sobreviniente, total, objetiva y absoluta de la prestación, causada por caso fortuito (Bueres, Alberto J., "El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor", Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 17 (Responsabilidad contractual), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p.312). Precisamente, ambas demandadas han echado mano de esa eximente, al alegar que los acontecimientos desencadenados en Egipto en la época del viaje habrían constituido un caso de fuerza mayor. Explicaré seguidamente los motivos que me llevan a no compartir este encuadre.
Es evidente que una revuelta popular es un hecho irresistible. Sin embargo, ya he señalado que frente a la existencia de tales acontecimientos -que causaron una frustración del fin del contrato- la buena fe y las normas tuitivas del consumidor imponían a las demandadas informar inmediatamente a las actoras y suspender la ejecución del viaje, cosa que no hicieron. En otras palabras, la frustración del viaje se debió a un caso fortuito (los acontecimientos vividos en Egipto), pero no es esa frustración la que compromete la responsabilidad de las demandadas, sino que ella se debe a que incumplieron su obligación de información (que era distinta e independiente de la de prestar los servicios turísticos) y vulneraron la buena fe al pretender continuar adelante con un contrato cuya finalidad manifiestamente se había frustrado.
Lo que cabe analizar entonces es si era imposible para las demandadas conocer la situación que se vivía en Egipto en ese momento, pues en tal caso podría pensarse que habrían quedado liberadas de su obligación de informar, y que la ejecución de (al menos) los primeros tramos del viaje, pese a la existencia de una revuelta popular en pleno desarrollo, no habría contrariado la buena fe. Sin embargo, el hecho de que el toque de queda en Egipto haya sido dispuesto dos días antes de la llegada de los turistas a aquel país (es decir, el 28/1/2011) impide sostener esta última tesitura, pues se trataba de hechos notorios que incluso -como ya lo señalé- eran informados desde días atrás por la prensa de nuestro país. Tan es así que las propias actoras se pusieron en contacto con Lesami S. A.para preguntar si el viaje podía ser efectuado, pero -como también lo puntualicé más arriba- lejos de imponerlas de la realidad de la situación aquella agencia afirmó que Julia Tours S.A. había informado que el viaje podía desarrollarse con normalidad.
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