El derecho político, su historia y sus conceptos fundamentales




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ARISTÓTELES. En el análisis de "La Política" de Aristóteles, sobre la Teoría de los gobiernos y de la soberanía, se expresa que “La constitución es la que determina en todas partes la organización del Estado en relación con las magistraturas, principalmente la soberana, el soberano es siempre el gobierno, por lo que es la constitución misma. Se pueden diferenciar dos tipos de constituciones, según el interés que persigan, pueden ser: Constituciones puras: son las hechas en vistas del interés general, son puras porque practican rigurosamente la justicia. Constituciones impuras: sólo tienen en cuenta el interés personal de los gobernantes, no son más que una corrupción de las buenas constituciones, están viciadas. Aristóteles divide las formas de gobierno en puras e impuras, que son las deformaciones de las formas puras, según persigan el interés de uno o muchos.

Así, encuentra dentro de las formas puras de gobierno:

1) La Monarquía: que es el gobierno de uno sólo.

2) La Aristocracia: que es el gobierno de una minoría conformada por hombres de bien.

3) La República: que es el gobierno de la mayoría.

Y dentro de las formas impuras, están:

1) La Tiranía: que es la que tiene como fin el interés personal del monarca.

2) La Oligarquía: que es la que tiene como fin el bien personal de los ricos.

3) la Demagogia: que tiene como fin el bien particular de los pobres.

Sobre las formas de gobierno y sus desviaciones, menciona que “En todo régimen, la primera desviación de la forma original de organización será la peor. Por ejemplo: en la monarquía, la desviación que más se aleja al gobierno constitucional es la tiranía, en segundo lugar viene la oligarquía que es la que se aleja de la forma aristocrática y por último, como la desviación más moderada, se encuentra la democracia. Aunque todas estas formas son erradas, ya que no hay una mejor, sino una menos mala.

Con relación a las formas de Gobierno de la monarquía y la tiranía, expresa que “La realeza tiene su origen la defensa de los ciudadanos eminentes contra el pueblo, eligiéndose el rey de entre los ciudadanos que se distinguen por la naturaleza de su virtud, esta forma es la que más se aproxima a la aristocracia. Al tirano, por el contrario lo eligen entre el pueblo y la multitud para oponerlo a los notables, con el fin de que el pueblo no resienta ninguna injusticia por parte de ellos, ésta forma es un compuesto de oligarquía y democracia en sus formas extremas y por esta razón es el régimen más pernicioso para los súbditos. La finalidad del rey es la de ser guardián, para que quienes posean sus bienes no sientan agravio, y el pueblo por su parte no sufra ultrajes; su guardia la forma los ciudadanos. La tiranía, por su lado no mira al interés público, sino en cuanto sirve a su propio provecho; por esto el fin del tirano es el placer, el tirano desea el dinero, lo que le viene de la oligarquía; su ejército está formado por mercenarios.

Todo el comentarios del análisis, podría resumirse en tres capítulos, que conforman los fines de la tiranía: 1) el mantener el ánimo apocado de los súbditos; 2) el hacerlos desconfiados ente sí; 3) mantener en los demás la impotencia para la acción política.

Finalmente se menciona que “Hay otra manera de conservar el poder, totalmente adversa a la forma descripta anteriormente, donde el tirano debe actuar o semejar que actúa como un verdadero rey, para lo cual cuidará de los fondos públicos, absteniéndose de gastar el dinero en regalos que resiente el pueblo; rendirá asimismo cuentas sobre los ingresos y egresos; aparentará que recauda los impuestos, sirviéndose de estos solo en casos de emergencia militar y se conducirá en general como guardián e intendente de aquellos dineros como si fuesen públicos y no privados de su persona. La conducta de este tirano, en suma, deberá contrariar a todo lo que suelen aconsejar las viejas máximas sobre la tiranía.

MONTEQUIEU. En el análisis de la obra del “Espíritu de las Leyes” se menciona que “las reglas que determinan el comportamiento de los hombres no son permanentes ni absolutas, sino que surgen y son modificadas según los contextos históricos y culturales, los tipos de gobierno y el carácter de la sociedad. Su ideología política advierte la existencia de tres tipos posibles de gobierno: república, monarquía y despotismo, cada uno con sus propias normas y pautas de actuación.

Para Montesquieu, la república debe gobernarse por el principio de la virtud, el amor a la patria y la igualdad. La monarquía se rige por el honor, mientras que el despotismo está gobernado por el terror. Desde este punto de vista, cada forma de gobierno se rige por principios distintos de los que derivan códigos legales y morales diferentes que condicionan los más variados aspectos del comportamiento de los hombres. La decadencia de los sistemas de gobierno se produce cuando los principios de gobierno no son debidamente cumplidos o sufren alteración, corrompiéndose todo el sistema de gobierno.

De este modo, su análisis histórico encuentra un modelo de explicación racional del devenir de los pueblos y naciones. Montesquieu critica la forma de gobierno que él mismo denomina despotismo, esto es, la sujeción de los individuos no a las leyes sino a la fuerza del gobernante. Encuentra contradictorio que el terror, principio que rige las formas de gobierno despóticas, haya de asegurar la paz y la seguridad de los gobernados, restringiendo su libertad. Contra la república, participación de los ciudadanos en su propio gobierno, Montesquieu alega que es necesaria una excesiva implicación de los individuos en las tareas de gobierno y que la extensión del estado queda muy limitada.

Pone como ejemplo de esta forma política a las ciudades-estado de la Antigüedad, y sitúa su decadencia y conversión en tiranías en el alejamiento de los asuntos públicos por parte de sus ciudadanos. La tercera figura política, la monarquía constitucional, es para Montesquieu la mejor forma de gobierno, al reunir en sí misma las ventajas de la república y de las monarquías absolutas. En este sentido, Inglaterra constituye la representación gráfica de los postulados de Montesquieu. El reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás. La división de poderes en tres (legislativo, ejecutivo y judicial) y su adscripción a instituciones diferentes es garantía, según Montesquieu, contra un gobierno tiránico y despótico. La fórmula propuesta es hoy plenamente aceptada por los regímenes democráticos, que basan en este esquema político sus planteamientos de gobierno. Montesquieu falleció en París en 1755.

Violación del derecho positivo por parte del Gobernante.

En la historia política, se estudia los esquemas fundamentales de la doctrina que ha elaborado la tesis del derecho de resistencia a la opresión (o jus resistendi). Es indudable que en la teoría de la dinámica política, esta forma excepcional de actividad política merece alguna consideración doctrinaria. La resistencia se liga al tema de la “reciprocidad” entre mando y obediencia; al de la perdida de la legitimidad de ejercicio del poder; al del golpe de estado y la revolución.

También dentro de la historia política, el estudio de la línea de doctrina de la edad media acerca del estado, el gobierno, el gobernante justo, etc., sirve de base para entender las cuestiones éticas de la resistencia. O sea que el reconocimiento del derecho de resistencia como legítima forma de actividad política del pueblo, presupone adoptar una toma de posición acerca de cómo ha de ejercerse el poder, para luego afirmar que cuando ese ejercicio se desvía injustamente, la comunidad adquiere legítimo derecho de defensa propia contra el gobernante que ha pervertido el uso recto del poder.

De ahí que antes que nada, haya que ocuparse de la figura del tirano o del gobernante injusto, en contraposición a la figura del gobernante justo y moderado.

Los pensadores políticos antiguos trabajaron en el tema de la tiranía. Ejemplo, aquellas formas impuras o corruptas de gobierno según Aristóteles. Pero el pensamiento antiguo no llegó a legitimar ni a exponer la resistencia popular como un remedio moral para liquidar la tiranía. Ha sido necesario que, paulatinamente con la influencia del cristianismo en la ideología política, la concepción del estado y del orden político, para que de ahí en más surgieran autores y corrientes de doctrinas que, negaran obediencia al gobernante injusto, y que acordaran a la comunidad el derecho de resistirle y deponerlo en casos excepcionales y con ciertas precauciones.

El primer atisbo (señal o inicio), se lo encuentra ya en el Nuevo Testamento, en el texto de los Hechos de los Apóstoles donde se dice que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. O sea que cuando el gobernante manda algo en contra de la ley divina, la prioridad de la obediencia a Dios permite que se desobedezca la orden del gobernante, y a veces, según los casos, hasta obliga a esa desobediencia.

Desde ese planteo de base religiosa, se puede dar lugar a distinguir que existe entre el poder y en el gobernante una legitimidad de origen (cuando el acceso al poder es legal y regular) y una legitimidad de ejercicio (cuando el poder se usa conforme a derecho y justicia), van a fabricar la idea de que la legitimidad de ejercicio se pierde por el mal uso del poder.

Ese ejercicio desviado llega a autorizar, en situaciones de extrema gravedad, la desobediencia y la resistencia. Estamos ante el tirano de ejercicio, o sea, aquel que pese a su título legal en el acceso al poder, emplea el poder en contra del bien común, de la ley natural, de la ley divina o de la justicia.

La infracción a la justicia por parte del gobernante.

En un primer momento, la máxima injusticia por parte del gobernante se consideró radicada en los mandamientos y órdenes opuestos a la ley divina. Es allí donde la ya citada afirmación apostólica ponía frente a frente dos lealtades en conflicto: la lealtad a Dios y la lealtad al poder temporal. La opción se decidía por lo más valioso: la obediencia a Dios antes que la obediencia a los hombres.

Cuando, avanzada la especulación ética y política, se da por cierto que el gobernante tiene un deber de servicio para el bien de la comunidad, y que debe actuar según la ley natural y el derecho humano vigente en su reino, la infracción a la justicia halla campo más amplio para considerarse consumada, cada vez que de modo sistemático y habitual el gobernante se aparta de sus obligaciones frente al pueblo.

Y aunque durante mucho tiempo no se llegue a admitir que el pueblo pueda hacer responsable ante sí al rey injusto, ni se acepte una fuerza coactiva contra el gobernante, se alegará en casos extremos que el derecho de legítima defensa autoriza a desobedecer y a resistir frente a la tiranía insoportable, cuando agotados los recursos normales previos no quede a disposición de la comunidad otra vía para deshacerse del tirano.

Al existir entre rey y pueblo un vínculo pactado, con la consiguiente obligación recíproca, se puede decir que el juramento de fidelidad y el consentimiento prestado por la comunidad al gobernante están condicionados a que el gobernante cumpla, a su vez, con su deber de actuar justamente y en beneficio de la comunidad. Y aquel vínculo se considerará roto cuando el gobernante incurra en infracción a su obligación regia.

La ley del imperio contra el imperio de la ley

Se parte de que la razón del estado (estado tirano), es el imperio de la necesidad política, la legitimidad del obrar arbitrario del poder. Esta ha sido la fórmula suprema de santificación de la actuación arbitraria de los gobernantes a través de la historia. Predomina en ella lo subjetivo.

El gobernante se sitúa por encima de la ley; al poder por encima del derecho, permitiendo en virtud de la necesidad política, que el gobernante salga de la esfera de su competencia con el fin de conservar el orden social o preservar a la comunidad de riesgos o peligros inminentes.

La política de la fuerza sirve a la razón de estado. La ley de la necesidad aparece justificando la violación de las leyes y, a veces, de la moral. La razón de Estado es la negación del imperio de la ley. El constitucionalismo la excluye; pero en la realidad, se mantiene en la fórmula del “estado de necesidad”, no obstante el predominio en éste de lo objetivo.

También se lo fundamenta en un Estado de Necesidad. Es el que se origina, según la doctrina alemana, a raíz de hechos, situaciones o circunstancias anormales y excepcionales, que representan un peligro real e inminente de conmoción pública, por graves emergencias como sedición, guerra civil, ataque exterior, u otro peligro colectivo. Es sustitutiva de la razón de Estado. Legitima la actuación de los órganos del poder en el Estado para conjurar el peligro; asimilando la situación a la del individuo que se defiende ante la amenaza de un peligro real e inminente en su persona o en sus bienes.

De ello surge el Derecho de resistencia a la opresión. Lo que el estado de necesidad es para el gobernante, la resistencia a la opresión es para los gobernados. Es un derecho natural, suprapositivo, no inscripto en códigos, sino en el corazón y en la razón de los hombres. Se distingue entre: a) resistencia pasiva: desobediencia a la ley injusta; b) resistencia activa: resistencia y rebelión contra la opresión, pero en defensa del orden y el Derecho vigente; e) revolución: lucha o actuación fundada en la voluntad de establecer un orden nuevo.

El constitucionalismo moderno lo excluye, pero sigue existiendo al margen y por encima de la constitución, como un imperativo moral, destinado a proporcionar mayor justicia al Derecho.

La resistencia pasiva y activa.

Todo este proceso paulatino, que va afinando ideas y doctrinas en torno del ius resistendi, llega a desdoblar la eventual desobediencia en dos tipos diferentes y graduales: primero, la desobediencia o resistencia pasiva; luego, la resistencia activa.

La desobediencia pasiva consiste en no cumplir determinadas órdenes aisladas, del gobernante, cuando son contrarias a la ley divina, a la ley natural, al bien común; se trata por ahora nada más que de no obedecer. El ejemplo lo proporciona la Sagrada Escritura cuando las parteras desobedecieron la orden de Faraón que las obligaba a dar muerte a los niños hebreos. Esta primera forma de desobediencia encuentra su razón en el principio de que órdenes o leyes injustas o inmorales no obligan en el fuero de la conciencia. Puede ser que, alguna vez, convenga sin embargo respetarlas por prudencia, a fin de no desencadenar males mayores o de no causar escándalo o represalias; puede ser, otras veces, que hasta haya obligación de no obedecer - por ej.. si cumplir la orden implica cometer pecado o dar mal ejemplo -

Cuando la injusticia del gobernante ya no es esporádica o aislada, sino que se convierte en permanente y habitual, y alcanza magnitud intolerable, la teoría del jus resistendi adelanta un paso más y da cabida a la insurrección. No obstante, la deposición violenta del tirano es un recurso de fuerza extremo, del que sólo cabe echar mano cuando antes se ha intentado mejorar la situación sin éxito, y cuando la insurrección cuenta asimismo con probabilidad de triunfo. En el hecho de fuerza que derroca al tirano se exterioriza la actividad política de la comunidad sublevada en defensa propia; por eso, este tema queda incluido, en la parte del programa dedicada a la dinámica política y a los actos políticos.

Y hay todavía una última etapa en la resistencia activa que, si bien no es admitida ni justificada por todos los autores favorables al jus resistendi, ha tenido expresión en algunos de relieve, como Salisbury y Mariana. Se trata de la muerte del tirano o tiranicidio.

Entiéndase bien que esta tesis extrema está muy lejos de preconizar el asesinato o el homicidio en la persona del tirano; al contrario, supone que el tirano puede ser muerto en legítima defensa popular cuando previamente se ha cumplido todo el proceso de reprensión y destitución, como si acaso matar al tirano fuera ejecutar una sentencia pública de muerte que lo habría declarado enemigo público por causa de su injusticia. El tiranicidio no permite que cualquier ciudadano por decisión propia y a título personal dé muerte al tirano; requiere, a la inversa, que haya pública condena y derrocamiento previos. En definitiva, se acepte o no esta última secuela de la resistencia, hay que coincidir en que no se trata de una teoría maquiavélica ni inmoral porque hay suficiente base ética en los presupuestos que la sustentan, y prudencia bastante en las condiciones que se exige agotar infructuosamente como tentativa de enmienda por los resortes normales.
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