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C. Esfuerzos frente a las dificultades en salud más prevalentes, promoción de la salud física y mental, el bienestar de los NNA y la prevención y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
260. La Política Nacional de Salud Mental de Colombia se encuentra contenida en la Resolución 2358 de 1998. En ésta se presentan como objetivos generales: la promoción de la salud mental, la prevención de la aparición de la enfermedad mental y el mejoramiento del acceso, la cobertura y la calidad de la atención. Esta política fomenta una cultura de la salud mental, la prevención en la aparición de trastornos de la salud mental, la reorientación y el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios, el impulsar la rehabilitación psicosocial de los individuos, grupos y comunidades y fortalece la red de instituciones y la oferta de servicios de salud mental; atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño.

261. Para fortalecer esta estructura normativa, se formuló el Plan Nacional de Salud Pública para el cuatrienio 2007–2010, por medio del Decreto 3039 de 2006, lo que permitió la atención de la enfermedad mental de manera integral y no tipificando por patologías.

262. Las acciones relacionadas con la salud mental de los NNA, incluyen la aplicación de tamizaje, mediante instrumentos como el RQC - cuestionario de síntomas para niños - y el test de Apgarfamiliar, que permiten identificar de manera temprana signos de alerta que indican la posible presencia de un trastorno o problemática relacionados con la salud mental de los niños y sus familias y canalizarlos oportunamente hacia servicios de salud de baja, mediana o alta complejidad, según corresponda.

263. Para la ejecución de estos procesos se ha incluido el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mediante la formación de los profesionales de salud y de los responsables departamentales y municipales en el área de salud mental, en estrategias de fácil aplicabilidad y alto impacto como son: aplicación de tamizajes, intervenciones breves, entrevistas motivacionales, grupos de apoyo- y abordaje familiar. Otra de las acciones realizadas es la construcción de un sistema de alerta temprana que permite identificar aquellos casos que deben ser intervenidos inmediatamente, como ocurre en el evento de los niños y niñas que por sus condiciones familiares y contextuales están en alto riesgo de presentar enfermedades mentales.

264. Adicionalmente, se realiza la elaboración de guías de atención primaria integral en trastornos del aprendizaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes, con el fin de estandarizar el proceso de atención en actual sistema de salud colombiano.
D. Derechos de salud reproductiva de los adolescentes y medidas para promover un estilo de vida sano.
265. En Colombia se viene trabajando en la transformación de los indicadores de salud sexual y reproductiva mediante el desarrollo de iniciativas y esfuerzos continuos para mejorar la gestión de los componentes de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, especialmente de los adolescentes y personas jóvenes, en un marco de participación intersectorial que permita garantizar los derechos humanos, el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, el ejercicio responsable y el goce de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo anterior, se adelantan iniciativas de apoyo a la prevención del embarazo, especialmente en adolescentes.

266. Una de las acciones significativas en este sentido, desde el año 2007, es la implementación del modelo de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, por medio del cual se adecuaron los servicios de salud a las necesidades y expectativas de la población joven y adolescente, facilitando así el acceso a los servicios de salud. Este modelo orienta la organización y prestación de servicios de salud para la población (entre los 10 y 29 años, en el caso de servicios para adolescentes y jóvenes) y promueve su vinculación y participación para favorecer la prevención de problemas frecuentes en esta etapa evolutiva.

267. Los componentes del modelo incluyen: acceso a los servicios y oportunidades en su prestación, profesionales y personales de salud, procedimientos administrativos y de gestión, disponibilidad de una amplia gama de servicios y participación juvenil, social y comunitaria. Se difunden y apropian temas de salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género en la población adolescente. Así mismo, se desarrollan acciones de tipo asistencial y de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entre otros.

268. A la fecha, el país cuenta con cerca de 712 servicios amigables para adolescentes, con presencia en más de 543 municipios del territorio nacional. Por otra parte, la articulación intersectorial ha permitido un trabajo conjunto con el sector educativo, el cual se ha materializado en la realización de acciones entre los servicios amigables para adolescentes y el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Otras actividades que se desarrollan y coordinan con el sector educativo son los procesos de capacitación y fortalecimiento de las habilidades para la vida y la toma asertiva de decisiones, en los cuales se informa, capacita y sensibiliza a jóvenes en temas relacionados con la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar, el acceso oportuno a la consejería y el suministro de métodos de anticoncepción. Además se abordan temas sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual, como el VIH-SIDA.

  • Embarazo e infecciones de transmisión sexual en adolescentes

269. El embarazo de adolescentes en Colombia se incrementó en la década de los noventa, convirtiéndose en un problema de salud pública y, por ende, en una prioridad en las políticas nacionales, en procura de lograr su contención y la disminución de las tasas.

270. En este sentido, por primera vez, desde 1990, se observa una ligera disminución en los embarazos de adolescentes en Colombia, según los resultados arrojados por la última ENDS realizada en 2010. En esta encuesta se observa que el porcentaje de mujeres entre los 15 y los 19 años que están o han estado embarazadas pasó del 20,5 %, para el año 2005, al 19,5% para el año 2010, con lo cual se alcanza una reducción de la tasa de el 1%, hecho que tiene suma importancia dado que evidencia la posibilidad real de incidir en este indicador, lo que se ha convertido en un reto para la salud pública.

271. Durante los últimos años el país viene adelantando esfuerzos importantes para la coordinación y consolidación de proyectos intersectoriales como el PESCC, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y el fortalecimiento y consolidación de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en el territorio nacional, como respuesta concreta a las necesidades de jóvenes y adolescentes en los temas de salud, salud sexual y salud reproductiva, con los cuales se posibilita un acceso real a los programas de planificación familiar. De esta forma, se pretende continuar con la disminución de la tasa de embarazo no planeado en la población menor de 19 años y lograr la meta de cero embarazos en las menores de 14 años.
E. Medidas para prohibir y erradicar todo tipo de prácticas tradicionales nocivas, mutilación genital femenina y matrimonios precoces y forzados.
272. Un proyecto Embera-Wera con las mujeres indígenas Embera en el departamento de Risaralda, comunidad que realizaba la práctica de la ablación o mutilación genital femenina como parte de su ritual de iniciación y una práctica cultural, buscaba suspender esta práctica y proteger los derechos de las mujeres de esta comunidad indígena. El proyecto se realizó en una alianza con el MDG, el UNFPA, la OIM, en asocio con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el ICBF, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Protección Social. La participación de la comunidad indígena Embera, principalmente de las mujeres, hizo que en noviembre de 2010 se tomara la decisión de suspender la ablación genital femenina.
F. Medidas para proteger a los NNA del uso indebido de sustancias psicotrópicas.

273. En el año 2007 la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda lideró el proceso de construcción de la política pública para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Esta política tiene como propósitos estratégicos la reducción de la vulnerabilidad al consumo por medio de la intervención de manera integrada de los factores macro-sociales, micro-sociales y personales más predictivos del consumo, al igual que reducir el impacto del consumo mediante la información, los servicios y la asistencia y apoyo de manera oportuna e integral a los individuos, las familias y las comunidades. Por otra parte, esta estrategia busca el fortalecimiento de la capacidad de las entidades territoriales con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de su respuesta frente al consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias.

274. Adicionalmente, se apoya y promueve la implementación de programas y estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de estilos de vida y entornos saludables, dirigidos a la población infantil y adolescente, y se busca a su vez, ampliar la cobertura y evaluar periódicamente los resultados de aquéllos. Entre estos programas se encuentran “Yo mi vida”, de la Organización Surgir, las “Zonas de Orientación Escolar (ZOE)” y “Destrezas para la Vida”, de la Organización Leones Educando.
G. Medidas para garantizar la protección de los NNA con padres encarcelados y los niños que acompañen a su madre en prisión.
275. Mediante la Ley 65 de 1993 se permite la permanencia de los niños y niñas hasta de tres años en los establecimientos carcelarios junto a las madres que se encuentren internas. Sin embargo, dada la complejidad de esta situación para la garantía de los derechos de los niños y niñas NNA, en el año 2000 el ICBF estableció un programa específico para brindarles atención integral (alimentación, cuidado y protección) a través de la modalidad de Hogar Comunitario de Bienestar.

276. Para el año 2004 se fortaleció el programa en aspectos nutricionales, la ruta de atención para niños y niñas que se encontraban en los establecimientos de reclusión de mujeres del orden nacional, la infraestructura, la dotación, la alimentación y la atención a los niños y niñas menores de 3 años y a las mujeres en estado de gestación y en lactancia. Este cambio significó un avance en el programa con la creación de las Unidades de Atención Básica a niños y niñas menores de 3 años.

277. El objetivo principal del programa en aspectos nutricionales es propiciar el desarrollo psicológico, moral y físico de los niños y niñas que se encuentran con sus madres en establecimientos de reclusión del orden nacional. Esta modalidad se desarrolla en 8 departamentos (Antioquia, Cauca, Risaralda, Valle, Cesar, Santander, Tolima y Norte de Santander) y en la ciudad de Bogotá. Desde el año 2000 se atienden en promedio 155 niños y niñas al año.

278. Igualmente se definieron rutas para que los niños y niñas que no se encuentran con sus madres en los establecimientos carcelarios y requieren atención sean vinculados a la red de programas de atención a la primera infancia cercanos a las cárceles y, en horas de la noche, sean llevados con sus madres.

  • Seguridad social y los servicios y establecimientos de guarda de NNA.

279. En la prevención de la vulneración de los derechos de los NNA se realizaron importantes avances en la atención a la primera infancia, donde se destaca la continuidad de los programas del ICBF. Estos programas han priorizado su cualificación a través de los jardines sociales, hogares múltiples y hogares agrupados desde el año 2007, con la meta de atención al finalizar 2010 de más de 1,3 millones de NNA con una inversión de 797.000 millones de pesos.

280. En cuanto a la atención de población en situación de desplazamiento, el ICBF responde a esta problemática con programas especiales como la operación prolongada de socorro y recuperación, las raciones alimentarias de emergencia y las unidades móviles, que tienen como finalidad lograr la restauración de la dignidad y la integridad de los NNA. El programa encargado del proceso administrativo de derechos atendió entre 2006 y 2010 a 173.255 NNA. El ICBF ha realizado los mayores esfuerzos para revisar los procesos, modernizar o crear los lineamientos para la atención, crear procesos pedagógicos que aborden a los NNA desde sus raíces y en algunos casos revisar con la mayor de las exigencias los vínculos de la familia con el propósito principal de determinar si son o no familias garantes de sus derechos, que amen y respeten a sus hijos.

281. Por otro lado, se ha impulsado un sistema integral de información y el desarrollo de un tablero de control que permite hacer seguimiento desde la Dirección General del ICBF a cada caso de restablecimiento de los derechos que se lleva en cada una de las 33 regionales. A su vez, se fortalecieron las herramientas de atención, espacios físicos y tecnología para buscar que los servidores del ICBF tengan un lugar adecuado para atender a los ciudadanos que acuden a la entidad; y, se aumentó la planta de defensores de familia, al pasar de 560, en 2006, a 1120, en 2010, para atender de la mejor manera los requerimientos y los procesos de restablecimiento de derechos.

282. La protección de los niños y niñas se presta en medio familiar o en instituciones bajo las modalidades de externado, seminternado, internado y hogares sustitutos. De los jóvenes que se encuentran en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, 289 cursan estudios de educación superior, 166 están en el nivel tecnológico, 115 en el nivel universitario y 3.282 participan en el convenio del ICBF-SENA para la formación técnica.
VII. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES
A. Derecho a la Educación
283. La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 consagra como uno de los derechos fundamentales de los NNA el derecho a la educación. A partir de este mandato, el Gobierno Nacional abordó aspectos estructurales del sector educativo para lograr un entorno institucional consecuente con el desarrollo constitucional y la garantía del derecho a la educación. Entre las normas más importantes derivadas de la Constitución en materia de educación se encuentran la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que señala las normas generales para regular el servicio educativo y la educación no formal; la Ley 715 de 2001, que reformó el sistema de transferencias de la Nación a las entidades territoriales y definió competencias en educación para cada nivel de gobierno; y, el CIA, que establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los NNA. Es importante señalar, que el CIA establece que los NNA tienen derecho a una educación de calidad, la cual es obligatoria por parte del Estado, y aun año de preescolar y 9de educación básica. La educación en las instituciones estatales será gratuita y quienes se abstengan de recibir a un menor de 18 años en una institución pública educativa incurrirán en multa de 20 salarios mínimos vigentes.

284. La Ley General de Educación definió los fines de la educación, las competencias generales de la comunidad educativa, la familia y la sociedad, la estructura del servicio educativo, las modalidades de atención a poblaciones y la organización para la prestación del servicio, entre otros aspectos. De igual modo, estableció criterios para el desarrollo de lineamientos generales de los procesos curriculares, el plan de estudio para los establecimientos educativos, la organización de las instituciones educativas, el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que contemplara la evaluación del desempeño profesional de los docentes y directivos docentes, el rendimiento académico de los estudiantes y el apoyo a los establecimientos educativos con resultados deficientes.

285. La Ley 715 de 2001 implicó un cambio trascendental en la forma de financiar y asignar los recursos del sector educativo, pasando de un esquema que financiaba un sistema de insumos, a uno en el que se asignan los recursos en función de los criterios de población atendida, la población en edad escolar por atender y la equidad. Así, se definió una asignación por alumno de acuerdo a los niveles educativos (preescolar, básica y media) y la zona (rural y urbana) para corregir los problemas de inequidad regional en la distribución de los recursos. Además de lo anterior, esta Ley reconoce el costo de la planta de personal con base en parámetros técnicos sobre los requerimientos para la atención educativa.

286. Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Educación, la Ley 1064 de 2006 establece las condiciones para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, modificando la definición de “educación no formal” de la Ley General de Educación. Entre otros aspectos, la Ley 1064 define la necesidad de reglamentar los requisitos y procedimientos que deben cumplir las Instituciones y programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con el fin de obtener la acreditación, como mecanismo para asegurar la calidad de dicha educación.

287. Por otro lado, desde el año de 2010 el Gobierno Nacional ha impulsado la política educativa “Educación de Calidad, el camino para la prosperidad”, la cual busca garantizar el derecho para los NNA a una educación de calidad, su formación como ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz, que generen oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que contribuyan a cerrar las brechas de inequidad y que sean competitivos. Esta política se encuentra centrada en la institución educativa y compromete la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. Para lograr lo anterior se han planteado los siguientes objetivos estratégicos que reflejan el compromiso de la política educativa con el mejoramiento de la calidad educativa con equidad:

  • Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños y niñas.

  • Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el fortalecimiento del desarrollo de competencias, del Sistema de Evaluación y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

  • Disminuir las brechas rural–urbana, entre poblaciones diversas, vulnerables y por regiones, en igualdad de condiciones de acceso y permanencia, y en una educación de calidad en todos los niveles.

  • Educar con pertinencia e incorporar innovación para una sociedad más competitiva.

  • Fortalecer la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia.

  • Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las capacidades institucionales del sector para asegurar la prestación del servicio en situaciones de emergencia.

288. En el marco de la implementación de esta nueva política educativa, en el último año se han tenido avances en relación con la transformación de los criterios de asignación y distribución de los recursos del sector educativo, logrando mejorar las condiciones de equidad social en la financiación; el diseño e implementación del proyecto de Transformación de la Calidad Educativa, que involucran el acompañamiento directo a los establecimientos educativos que han tenido históricamente bajo desempeño educativo; la consolidación del Plan de Lectura; el fortalecimiento de la convivencia escolar y ciudadana; el diseño de la jornada escolar complementaria; y, la garantía del derecho a la educación ante la ola invernal sufrida por Colombia en el último año.

  • Primera infancia

289. Acorde con lo establecido en el CIA, el país definió una política educativa orientada a que los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los cinco años tengan acceso permanente a espacios educativos significativos que potencien sus capacidades y su desarrollo bajo un enfoque de integralidad que garantice simultáneamente los componentes de cuidado, salud y nutrición. La política educativa para la Primera Infancia se orientó bajo los siguientes criterios generales:

  • Ser incluyente, equitativa y solidaria, en la medida que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural y social de los niños y las niñas.

  • Considerar que todos los niños y niñas, independientemente del contexto sociocultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si encuentran un ambiente que satisfaga sus necesidades básicas de afecto, cuidado y alimentación.

  • Ser integral, ya que tiene en cuenta que los espacios educativos en los que se desarrollan los niños y las niñas (familia y comunidad) exigen acciones articuladas con los sectores de salud y protección con el fin de garantizar su desarrollo adecuado.

  • Educación preescolar, básica y media

290. Como esquema para presentar los logros de las políticas educativas en los años de análisis se utilizan a continuación los cuatro elementos que recogen las distintas obligaciones de los Estados en relación con el derecho a la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

291. La obligación de asequibilidad se concreta en el deber del Estado de asegurar que exista una oferta educativa adecuada a la demanda, con condiciones físicas suficientes, disponibilidad de recursos, materiales de enseñanza suficientes y disponibilidad de docentes. En dicho marco, y derivado de la aplicación de las políticas señaladas en el capítulo inicial se adoptaron las siguientes medidas:

  • El incremento progresivo de los recursos destinados a la realización del derecho a la educación de los niños. En 2004 el gasto público en educación era del 4,5% como porcentaje del PIB y para 2010 dicho porcentaje alcanzó el 4,98%. El incremento del gasto público significó en pesos corrientes un aumento de cerca del 99%, pasando de 13,5 billones de pesos en 2004 a cerca de 27 billones en 2010.

  • La reorganización del sistema educativo, buscando un mejor uso de los recursos fiscales, humanos y de infraestructura, llevando los maestros y la financiación a las zonas de residencia de los niños, y la continuidad de la estrategia de reorganización institucional implementada para garantizar la continuidad de la oferta desde preescolar hasta media y hacer más eficiente la utilización de los recursos disponibles. Dicha estrategia contribuyó a mejorar la permanencia educativa, particularmente en la transición entre niveles (quinto-sexto para el paso de la primaria a la secundaria y noveno-décimo para el paso de la secundaria a la media).

  • La definición de una planta docente ajustada a la matrícula y el movimiento de los maestros para llevarlos a donde están los estudiantes y optimizar el uso de la infraestructura.

  • En términos de infraestructura educativa, en los últimos años el país avanzó en el mejoramiento y ampliación de espacios escolares, lo que permitió que entre 2002 y 2010 se crearan 12.732 aulas para cerca de 649.410 cupos con una inversión alrededor de 1,2 billones de pesos.

  • El reforzamiento de los mecanismos de seguimiento y control que permitieron fortalecer las administraciones territoriales. De igual forma, el mejoramiento de la capacidad de gestión de las secretarías que tuvo como aspectos centrales la optimización en la calidad de la información, en especial sobre los estudiantes y los docentes.

  • Las acciones mencionadas permitieron la expansión y progresiva universalización de la educación básica (0 a 9). Para 2010 el país contó con 109,1% de cobertura bruta y 91,3% en cobertura neta. En la zona rural dicha cobertura bruta es de 103,07% a 2010.

  • La cobertura bruta total (de transición a media) pasó del 95,51%, en 2004, a 104%, en 2010. Los incrementos más importantes se registraron en secundaria y en media.

  • Para la zona rural, la cobertura bruta total (de transición a media) pasó del 80,83% en 2002 a 94,41% en 2010 y evidencia mejoras en todos los niveles educativos. A pesar de esos avances, aún se requiere avanzar en el cierre de brechas educativas entre zonas (rural-urbana) y regiones, particularmente en la educación media.

  • La cobertura neta total pasó de 86,21%, en 2004, a 91,9%, en 2010, y se avanzó en todos los niveles.

  • En términos de la evolución de la matrícula total, se pasó de 10,5 millones, en 2004, a 11,2 millones, en 2010. Teniendo en cuenta sólo la matrícula de 0 a 11 (sin incluir ciclos de adultos), se pasó de 9.742.803, en 2004, a 9.898.484, en 2010. Por género, la cobertura bruta total en 2009 fue de 106,04% para las mujeres y 101,43% para los hombres, siendo las coberturas netas totales de 89,3% y 89,4%, respectivamente. Los niños tienen ligeramente mejores coberturas en primaria mientras que las niñas en secundaria y media.

  • Frente a la población diversa y vulnerable, la atención a población en situación de desplazamiento en edad escolar entre 2007 y 2010 creció en 161%, pasando de 213.762 estudiantes matriculados en 2007 (corte a diciembre de 2007) a 557.860 en 2010 (corte a 30 de junio de 2010).

  • En términos del goce efectivo del derecho a la educación para población en situación de desplazamiento, el tercer informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado evidenció que para 2010 el 87.1% de los NNA en situación de desplazamiento entre 5 y 17 años, inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) asistían a algún establecimiento educativo, mientras que para 2008 el porcentaje de niños desplazados incluidos en el RUPD entre los 5 y los 17 años que asistían a un establecimiento educativo era de 80,3%.

  • Al comparar con la asistencia para el total de la población de 5 a 16 años se observa una progresiva reducción de la brecha. La diferencia entre la asistencia total y la de la población desplazada era, en 2008, de 9,2 puntos porcentuales, mientras que en 2010 dicha diferencia se redujo a 2,9 puntos (asistencia para el total de la población de 5 a 16 años: 89,5 en 2008 y 90% en 2010).

  • Para grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, ROM y otras etnias) la matrícula total se incrementó, pasando de 738.323 en 2005 a 859.875 en 2010. Entre 2005 y 2010 el crecimiento de la matrícula para población indígena fue de 4%, al pasar de 362.183 a 371.844 y alcanzando una cobertura del 79% para 2010. En el mismo periodo, el crecimiento de la matrícula para población con discapacidad fue de 5%, pasando de 102.272 a 108.762 y alcanzando una cobertura del 28% para 2010. No obstante los avances mencionados, los grupos poblacionales diversos y vulnerables siguen constituyendo grandes retos en atención educativa para el país.

  • Como medida de impacto del sector educativo, los años promedio de educación para población entre 15 y 24 años también muestran incrementos, pasando de 9,05 en 2004 a 9,15 en 2009.

292. La obligación de accesibilidad, por su parte, contiene tres elementos: la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. Colombia ha avanzado progresivamente en hacer la educación más accesible a todos, especialmente para los grupos más vulnerables. Para dicho fin, a lo largo del periodo analizado, se adoptaron diversas medidas que permitieron mejorar los indicadores de acceso, permanencia y culminación escolar de las distintas poblaciones; a saber:

  • La implementación de la gratuidad educativa desde el nivel nacional. Desde 2008 el Gobierno Nacional destina recursos para gratuidad educativa con el fin de garantizar el no pago de los costos educativos (derechos académicos y servicios complementarios) por parte de los estudiantes pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, estudiantes indígenas, estudiantes con discapacidad y estudiantes en situación de desplazamiento. En 2008, se beneficiaron 4.598.071 estudiantes con una inversión de $137.942 millones de pesos, en 2009 se cubrió a 5.230.446 con $186.913 millones de pesos y en 2010 se llegó a 5.326.059 beneficiarios con una inversión de $196.769 millones de pesos. En el marco de la nueva política educativa 2010-2014, la meta es la universalización de la gratuidad.

  • El diseño, desarrollo e implementación de metodologías flexibles de atención educativa que permiten atender con calidad y pertinencia las necesidades específicas de la población vulnerable y diversa. Para población afectada por la violencia, NNA trabajadores y otro tipo de población vulnerable, se buscó avanzar en la integralidad de la atención educativa mediante los modelos, de manera que estos incluyen, de acuerdo con las edades y los niveles educativos de los beneficiarios, los siguientes elementos: canasta educativa complementaria (alimentación, transporte escolar, apoyo para uniformes y kit escolar), atención psicosocial, seguimiento a la permanencia escolar y tutorías en los hogares para quienes presenten riesgo de desertar, talleres con padres y acudientes, formación para el trabajo, atención integral para los hijos menores de 5 años de los estudiantes beneficiarios, entre otras acciones. Entre 2005 y 2010, la matrícula de población en situación de desplazamiento entre 5 y 17 años en modelos educativos flexibles pasó de 24.734 a 126.636 estudiantes. Lo anterior corresponde al 20% de la matrícula total oficial de dicha población.

  • Inicio de la implementación del programa de inclusión para la población con necesidades educativas especiales. En 2010 se asignaron 20.370 millones adicionales a la transferencia por niño atendido, según los valores de la tipología por entidad territorial, zona y nivel educativo.

  • Lineamientos de política para la atención educativa a pueblos indígenas y comunidades negras, la implementación de proyectos etnoeducativos, así como herramientas para el seguimiento y evaluación de estos procesos. Hasta el año 2010, se apoyó la construcción concertada de proyectos etnoeducativos en 49 pueblos indígenas, con un acumulado de atención pertinente a 1.663 establecimientos educativos, 230.670 estudiantes y 7.785 docentes. Para las comunidades afrodescendientes se desarrolló el Proyecto etnoeducativo de San Basilio de Palenque, en tanto que están en construcción proyectos con los consejos comunitarios de territorios colectivos del departamento de Nariño. Así mismo, se actualizó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, con la participación de 400 docentes del país, y se publicó el Atlas de Culturas Afrocolombianas en la página web del MEN.

  • En los procesos de organización de las plantas docentes, el MEN realizó el Concurso Especial de Ingreso a la Carrera Docente de los Etnoeducadores, que atienden población afrocolombiana y raizal, proceso que busca, a través del ingreso de docentes de las 29 entidades territoriales en las cuales se encuentra mayoritariamente esta población, mejorar la pertinencia de los proyectos etnoeducativos y, de esta manera, garantizar que los docentes encargados de la educación de la población afrocolombiana tengan más afinidad cultural, conocimiento de las comunidades, identificación con los proyectos de vida y con el marco socio jurídico de la población. En 2006, se llevó a cabo la prueba integral etnoeducativa para el concurso de selección de etnoeducadores que atienden población afrocolombiana. Se presentaron un total de 17.849 personas. Para esta prueba se realizaron talleres de socialización con un total de 4.035 participantes. Se nombraron 4.042 docentes etnoeducadores en 29 entidades territoriales certificadas.

  • El MEN hace parte de la mesa técnica de trabajo para el desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de actores armados ilegales y del Comité Nacional de Educación en Riesgo de Minas, liderado por el Programa Presidencial Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). En estos espacios: i) se articulan esfuerzos para que las acciones del sector educativo en acceso, permanencia y calidad contribuyan a disminuir el riesgo de reclutamiento o de accidentes por minas, mediante proyectos como los de competencias ciudadanas o intervención para Educación en Riesgo en Minas; y ii) se informa a los otros sectores que forman parte del Comité sobre situaciones relacionadas con el conflicto que se convierten en barreras para el acceso o la permanencia en la educación, con el fin que de buscar alternativas de solución.

293. Al tiempo que se incrementó la cobertura, la política educativa ha fortalecido el esquema de mejoramiento de las condiciones de calidad y pertinencia de la educación para garantizar su aceptabilidad en los distintos contextos sociales y culturales. Al respecto, se destacan, entre otras, las siguientes acciones:

  • Referentes de calidad. Se construyeron y socializaron referentes de calidad, orientaciones y guías como criterios para orientar la acción educativa, que hacen parte fundamental de la educación integral, tal y como fue definida en la Ley General de Educación. Dichos referentes fueron formulados con el propósito de lograr que los estudiantes, independientemente de su origen social, económico o cultural, desarrollen competencias. Fueron elaborados de manera que permiten articulación entre los niveles de la educación preescolar, básica, media y la superior. A 2010 se cuenta con referentes de calidad en: i) competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanías; ii) competencias en lenguas extranjeras (particularmente inglés); iii) orientaciones generales en tecnología; iv) orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía, la educación física, la recreación y el deporte y la educación artística; v) perfiles docentes y vi) modelos educativos flexibles.

  • Fortalecimiento de la gestión institucional para el mejoramiento de la calidad de la educación. Para lograr este objetivo, se han diseñado estrategias orientadas al fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales que ayudan a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y que enriquecen los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales.

  • Programa Nacional de Bilingüismo (inglés como lengua extranjera). Este programa de formación ha permitido mejorar los niveles de inglés de los maestros del país. Se partió del diagnóstico de los niveles de competencia comunicativa en el idioma en el que participaron 13.324 maestros (el 88%) de una población de 15.000 docentes de inglés. A partir de ello, se generaron diversas iniciativas de mejoramiento de lengua de los docentes, a través de cursos virtuales, presenciales e inmersiones a cargo de universidades públicas y privadas y centro de idiomas de alta calidad en diferentes regiones del país, formando a 3.486 docentes en el nivel B1 y 3.935 en el nivel B2. Adicionalmente, se promovió el uso pedagógico de los medios y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el mejoramiento del inglés como lengua extranjera, mediante el desarrollo de un edusitio en el portal Colombia Aprende, en el que los ciudadanos pueden encontrar más de 900 contenidos digitales, cursos virtuales, chats, redes de docentes, sitios de interés (enlaces), eventos y actividades.

  • La garantía y restitución de derechos. El MEN se vinculó a la estrategia “Hechos y Derechos”, la cual promueve la gestión pública orientada a garantizar y restituir los derechos de la infancia y la adolescencia, enfatiza la responsabilidad de la sociedad civil en el cumplimiento de los derechos y permite realizar seguimiento a los avances al cumplimiento de los derechos de los NNA.

  • La evaluación. Uno de los logros primordiales fue la consolidación del sistema nacional de evaluación para monitorear avances, identificar debilidades y proponer acciones de mejoramiento de y para cada uno de los factores asociados al proceso de enseñanza y aprendizaje es monitoreado constantemente. Es así como, además de las evaluaciones internas y externas nacionales e internacionales aplicadas a los estudiantes del país, se avanzó en el afianzamiento de una carrera docente basada en el mérito, en la que los mejores son seleccionados a través de concursos públicos, su desempeño laboral es valorado anualmente y su desarrollo personal y profesional se convierte en un factor fundamental para el acceso a mejores remuneraciones de acuerdo al escalafón.

Finalmente, la educación debe tener la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades de los estudiantes y las transformaciones de sus contextos sociales y culturales. En los últimos años se avanzó de manera importante en los indicadores de extra-edad, repetición y deserción escolar. Ésta última se redujo entre 2004 y 2009 en 1,4 puntos porcentuales, pasando de 6,5% a 5,15%. De igual forma, la repetición pasó del 3,4% en 2004 a 3,1% en 2008.

294. Las siguientes acciones evidencian las principales medidas y logros para proteger la permanencia de los niños y niñas en el sistema escolar, como la puesta en marcha de diversas estrategias para consolidar la pertinencia de la educación frente a las necesidades de su contexto:

  • Uno de los avances más importantes fue la realización de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE), realizada en 2009-2010 por el MEN. Anteriormente se trabajaba a partir de los datos de las encuestas de hogares que indagaban por la inasistencia escolar pero no por la deserción y no se tenía en cuenta a la comunidad educativa. Por tal motivo, aparecían especialmente factores económicos y no elementos relacionados con el funcionamiento del sistema educativo. En la actualidad se cuenta con la medición de los factores asociados a la deserción, incluidas variables relacionadas con las instituciones educativas y las condiciones de la oferta con diferencias entre regiones y zonas, además de variables del contexto social, de los hogares y de los niños.

  • Se diseñó el Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar, lo cual permitirá a los rectores de los establecimientos educativos, a los secretarios de educación y al MEN hacer seguimiento de la población con mayor riesgo de deserción y el diseño e implementación de estrategias para garantizar su permanencia.

  • A partir de los resultados de la ENDE se ha venido fomentando el desarrollo de acciones focalizadas y regionalizadas de permanencia escolar que consideren, en su diseño, desarrollo e implementación, los tipos de entidad territorial, el tipo de población, la región y la zona, y que sean construidas a partir de las causas de la deserción identificadas. Frente a los anteriores propósitos, los principales avances sustantivos hasta 2010 han sido:

  • Implementación de la gratuidad para la población más vulnerable de los niveles de secundaria y media. El propósito del actual gobierno es avanzar a la gratuidad universal a partir de 2012.

  • La asignación presupuestal, en el Sistema General de Participaciones, para financiar programas de alimentación escolar en 2010 ascendió a $103.926 millones. Por otra parte, el ICBF programó una inversión de $444.980 millones para atender a 4.057.932 estudiantes. Con dichos recursos se estima una cobertura cercana al 50% de la matrícula oficial con programa de alimentación escolar para 2010. De acuerdo con lo establecido por la Ley 1176 de 2007, para la focalización del programa de alimentación escolar las autoridades territoriales, según las recomendaciones de los Consejos Distritales y/o Municipales de Política Social, deben seleccionar los establecimientos educativos oficiales dando prelación a aquellos que atienden población desplazada, comunidades rurales e indígenas y a establecimientos educativos con mayor proporción de la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Por otro lado, se promueve la inversión de excedentes de cooperativas y asociaciones mutuales con las secretarías de educación en los establecimientos educativos que atienden a población vulnerable. En 2010, en educación preescolar, básica y media se invirtieron COP $47.947.318.930 provenientes de excedentes financieros de las cooperativas en infraestructura educativa, alimentación y transporte escolar, uniformes y útiles, entre otros rubros.

295. También frente a los apoyos complementarios, se fortaleció la articulación intersectorial con los programas Familias en Acción y Red Unidos. Familias en Acción es una iniciativa del Gobierno Nacional que contribuye a la formación de capital humano, a través de la entrega de subsidios de nutrición a los niños de 0 a 7 años o subsidios de educación a los estudiantes de 7 a 17 años pertenecientes a las familias nivel 1 del SISBEN en condición de desplazamiento o a familias indígenas. Los subsidios se entregan a la madre beneficiaria, condicionados al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación el compromiso es garantizar la asistencia escolar de los menores de 18 años a las instituciones educativas. El MEN trabaja conjuntamente con la Coordinación Nacional del Programa y con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en el seguimiento a la asistencia de los estudiantes beneficiarios en las instituciones educativas. (Sobre el particular véase el cuadro No. 1 del documento anexo).

296. La Red para la Superación de la Pobreza Extrema (Red UNIDOS) es un sistema de protección social para familias en extrema pobreza y en situación de desplazamiento, basado en un modelo de gestión que permite el acceso preferente a la oferta de servicios sociales del Estado. En el marco de la Red UNIDOS se vienen promoviendo brigadas conjuntas entre secretarías de educación y equipos territoriales de Red Juntos para la ubicación, geo-referenciación y atención prioritaria de la población focalizada que se encuentra por fuera del sistema educativo.

297. En relación con las causas de deserción relacionadas con la pertinencia de la oferta educativa, se avanzó en nuevos esquemas de prestación del servicio educativo y la implementación de modelos flexibles integrales que se detallaron en el componente de accesibilidad. Frente a los factores de deserción relacionados con la valoración de la educación (poco gusto por el estudio y poca importancia que los niños o los padres dan a la educación), desde 2005 se comenzó a implementar la estrategia Ni Uno Menos, con el objeto de transformar los comportamientos colectivos negativos respecto a la educación, de manera sostenible.
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