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B. Propósitos y calidad de la educación
298. Acorde con lo dispuesto en las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, el Decreto 1290de 2009 reglamentó la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, estableciendo los criterios generales para la definición del sistema institucional de evaluación. Entre los aspectos más destacados pueden citarse:

  • La evaluación es concebida como el proceso permanente mediante el cual es valorado el nivel de desempeño de los estudiantes en relación con sus competencias.

  • El fortalecimiento de la autonomía escolar de los establecimientos educativos para determinar el sistema institucional de evaluación.

  • La determinación de responsabilidades, derechos y deberes de todos los actores vinculados al proceso de evaluación: MEN, Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas, establecimientos educativos, padres de familia y estudiantes.

  • La mirada integral y complementaria de las evaluaciones aplicadas en los diferentes ámbitos: institucional, nacional e internacional.


C. Derechos Culturales de los niños pertenecientes a grupos indígenas y minoritarios
299. Frente a la diversidad étnica y cultural, según lo prescrito por la Constitución Política y la Ley General de Educación, y en concordancia con el desarrollo normativo en materia de educación para las poblaciones diversas, el MEN diseñó, con la participación de las comunidades involucradas, la Política para la Atención Educativa de las Etnias. Para el efecto, se acudió a instancias de concertación representativas de organizaciones de base, tales como la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política para la Atención Educativa a Pueblos Indígenas (CONTCEPI), la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras (CPN), mesas de trabajo con el Pueblo Rom, mesas departamentales de concertación de la política educativa para las etnias, etc.

300. Así mismo, se elaboraron lineamientos de política para la atención a pueblos indígenas y comunidades negras, mecanismos de comunicación entre las etnias y las secretarías de educación y herramientas para el seguimiento y evaluación de estos procesos.

  • Población vulnerable

301. En lo concerniente a las poblaciones vulnerables, en 2005 el MEN diseñó y difundió los Lineamientos de Política para la Atención Educativa a Poblaciones Vulnerables. Dichos lineamientos orientan a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas para que gestionen de tal manera la prestación del servicio educativo de modo que se asegure que éste será incluyente, equitativo y de calidad para aquellos que se encuentran en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad (población afectada por la violencia, población con necesidades educativas especiales, NNA en riesgo social, entre otros).

302. Adicionalmente, el Decreto 366 de 2009 reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. En dicho contexto, el MEN asigna a los recursos asignados por estudiante un 20% adicional, con el fin de cofinanciar el costo del servicio educativo a los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales. En desarrollo de la normativa orientada a la garantía del goce efectivo de derechos para la población en situación de desplazamiento, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 250 del 2005, por el cual se adoptó el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Este Decreto establece que el sector educativo debe promover las siguientes acciones a favor de la población en situación de desplazamiento:

  • Vincular y mantener a los menores en el sistema educativo formal, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula la materia.

  • Ampliar la cobertura de educación a NNA, mediante la asignación de cupos en los planteles educativos.

  • Implementar modelos educativos flexibles y pertinentes a la situación específica que permita el derecho a la educación de los menores desplazados.

  • Fortalecer el servicio educativo en zonas de retorno y reubicación de población desplazada.

  • Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de planes y programas de capacitación de docentes, para optimizar los procesos pedagógicos que respondan adecuadamente a las necesidades de formación de los beneficiarios.

  • Apoyar la construcción, reparación y adecuación de la infraestructura física y dotación de los planteles educativos que prestan el servicio a la población desplazada.

Ampliando el alcance de lo anterior, el MEN expidió los lineamientos para que las entidades territoriales puedan garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. Estos lineamientos establecen que las secretarías de educación deben implementar planes de acción para emergencias y contingencias de manera articulada con los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres (CREPAD y CLOPAD). Así mismo, las secretarías de educación deben participar en la formulación e implementación de los Planes Integrales Únicos (PIU) para atender a la población en situación de desplazamiento, en articulación con los comités regionales y locales para la atención integral a la población desplazada.

303. Como parte de las acciones para asegurar el acceso y permanencia educativa para la población vulnerable y diversa, el MEN estableció las orientaciones para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a garantizar la gratuidad educativa para los estudiantes en situaciones de desplazamiento, indígenas, con discapacidad o pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.
D. Educación sobre Derechos Humanos y Educación Cívica
304. Colombia cuenta tres proyectos sobre el particular: a) Educación Ambiental, b) Educación para la Sexualidad y c) Construcción de Ciudadanía y Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. El proyecto de Educación Ambiental contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y responsables frente al manejo sostenible del ambiente, preparados para tomar decisiones con criterio sobre la gestión ambiental, respetuosos de sí mismos, de los otros y de su ambiente.

305. Con la aplicación de este proyecto se han formado aproximadamente 5.000 docentes, beneficiando a 175.000 estudiantes a través de convenios tripartitos (Secretarías de Educación Departamentales, Corporaciones Autónomas Regionales y MEN), los cuales han permitido que hoy se encuentre instalado el programa, en diferentes niveles de desarrollo, en 22 departamentos del país.

306. El proyecto de Educación para la Sexualidad ofrece nuevas formas de aprender la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos y es la estrategia para traducir en acciones pedagógicas la promoción de tales derechos.

307. Por su parte, el proyecto de Construcción de Ciudadanía y Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos implica la práctica y vivencia en la cotidianeidad escolar de competencias que permitan a los NNA actuar en sociedad de manera pacífica y democrática, considerar a las personas como fin y no como medio, así como el desarrollo de competencias que les permitan desempeñarse como ciudadanos activos, de forma tal que puedan solucionar los distintos conflictos que se les presentan en los contextos escolar, familiar o comunitario, de forma pacífica. Con la implementación en 2010 de un proyecto piloto se logró formar a cerca de 670 docentes de 12 secretarías de educación, beneficiando a más de 4.700 estudiantes. Adicionalmente, se formaron de manera directa 2.500 docentes, beneficiando a 181.680 estudiantes a través del acompañamiento a la conformación de 60 Equipos Técnicos Regionales y la consolidaron de mesas de trabajo en 1000 instituciones educativas.
E. El descanso, el juego, el esparcimiento y las actividades recreativas, culturales y artísticas
308. La Ley General de Educación reconoce la utilización adecuada del tiempo libre como uno de los fines de la educación colombiana. El Decreto 1729 de 2008 reglamentó parcialmente el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, la cual creó el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria. Esta reglamentación se centró en los objetivos generales y específicos, beneficiarios, planeación y evaluación, convenios y seguimiento y control para el desarrollo de las jornadas escolares complementarias. En dicho contexto, el MEN, conjuntamente con la Superintendencia del Subsidio Familiar, emitió lineamientos a las secretarías de educación de las entidades territoriales para la atención en jornadas escolares complementarias. Lo anterior para promover la adecuada planeación, implementación y seguimiento de las jornadas y asegurar la calidad de los contenidos y actividades desarrolladas en el marco de la estrategia.

309. A partir de la expedición de los lineamientos de jornadas escolares complementarias, el MEN y la Superintendencia de Subsidio Familiar acompañan a las secretarías de educación y a las Cajas de Compensación Familiar en la implementación de las jornadas escolares complementarias (extracurriculares), que aportan a los desarrollos curriculares de los establecimientos educativos y su objetivo es orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre en actividades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas en los NNA en condición de vulnerabilidad. Dicho acompañamiento incluyó la definición de modalidades de atención para asegurar que los beneficiarios cuenten con contenidos y actividades de calidad, así como el establecimiento de criterios para focalizar la estrategia a estudiantes en condición de vulnerabilidad (población en situación de desplazamiento, NNA trabajadores, población en condición de pobreza, entre otros).

310. Según cifras entregadas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entre las vigencias 2007 y 2010 la atención en jornadas escolares complementarias reporta 6.457.945 servicios de atención. La información no corresponde a coberturas niño a niño, sino al número de usos realizados por parte de los beneficiarios.

311. Por lo anterior, con el ánimo de mejorar el seguimiento a la estrategia y el impacto de ésta en la permanencia escolar, el MEN inició la adecuación del Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) para identificar a los beneficiarios niño a niño. No obstante, según la ENDE, realizada por el MEN en 2010, cerca del 53% de los estudiantes participa en algún curso o programa por fuera de la jornada escolar.

312. En el marco de la política educativa actual se prevé ampliar la implementación de jornadas escolares complementarias, en articulación con la jornada extendida, a todas las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, en articulación con el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES). Además, se han desarrollado las siguientes medidas:

  • Fortalecimiento de la pertinencia educativa. En torno al desarrollo de competencias laborales se propuso establecer respuestas flexibles que facilitaran la movilidad de los estudiantes entre los diferentes niveles de formación y entre el sistema educativo y el mercado laboral. De forma particular se buscó fortalecer y fomentar la educación técnica y tecnológica. La política 2006 – 2010 priorizó la necesidad de aprender una lengua extranjera, privilegiando el inglés como la lengua de la globalización y la competitividad; el acercamiento a los estudiantes de la educación media a la educación superior, y su relación con el mundo laboral y el uso de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación.

  • Articulación de la educación media con la superior y la educación para el trabajo y del desarrollo humano. Dicha articulación permite el desarrollo continuo de las competencias necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los bachilleres y facilita la inserción competitiva de la educación con el mundo del trabajo y la continuación de formación hacia niveles superiores y a lo largo de la vida. Para esto se implementaron dos grandes estrategias: 1) la articulación con los programas de formación para el trabajo del SENA y 2) la articulación por medio de alianzas estratégicas entre las instituciones educativas de media y superior y el sector productivo, con una oferta renovada de programas técnicos y tecnológicos y con subsidios a la matrícula para estudiantes de grado 10 y 11 que, simultáneamente con la educación media, inicien su formación en estas nuevas ofertas. A 2010, 1.200 instituciones educativas en todo el país ofrecían una alternativa de articulación a sus estudiantes de media, 40.000 jóvenes recibían subsidios del Fondo de Fomento a la Educación Media para adelantar estudios técnicos ofrecidos por instituciones de educación superior y 453.751 cursaban los programas técnicos ofrecidos por el SENA mientras terminaban su bachillerato.


VIII. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
A. Niños fuera de su país de origen que han intentado obtener protección como refugiados, niños no acompañados solicitantes de asilo, niños desplazados internos, niños migrantes y niños afectados por la migración.


  • Desplazamiento interno

313. El marco legal que regula la atención estatal a la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia está compuesto por la Ley 387 de 1997, los Decretos Reglamentarios 2569 de 2000 y 250 de 2005 (Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia) y las órdenes que sobre el particular ha emitido la Corte Constitucional (Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 y 178 de 2005 y 008 de 2009).

314. El interés del Gobierno Nacional por generar políticas para la protección y atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado con enfoque diferencial se refleja, igualmente, en el CIA, que prescribe, en su artículo 20, numerales 6, 7, 10 y 11, que los NNA tienen derecho a ser protegidos, entre otros riesgos, contra las guerras y los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin y el desplazamiento forzado.

315. En este contexto, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) es el punto de encuentro de distintas entidades públicas, privadas y comunitarias para formular políticas y adoptar medidas de prevención del desplazamiento forzado, con el fin de cualificar esfuerzos y comprometer voluntades para generar acciones y lograr respuestas de impacto a la población desplazada, desde una mirada nacional, regional y local.

316. El SNAIPD está conformado por 27 entidades, a saber: Acción Social, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MEN, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, Ministerio de Comunicaciones, Departamento Nacional de Planeación, Defensoría del Pueblo, SENA, Fonvivienda, Comisión Nacional de Televisión, ICBF, Banco Agrario, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - INCODER, Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses, Superintendencia de Notariado y Registro, Fiscalía General de la Nación y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO.

317. Dada la complejidad del fenómeno, en el año 2004 la Corte Constitucional, mediante la citada Sentencia T-025, declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” para asegurar el goce efectivo los derechos de la población desplazada y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales. A partir de este pronunciamiento, el Gobierno expidió el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, cuyos principales enfoques fueron: El diferencial en el cual se incluyó efectivamente el de NNA como una categoría de análisis particular, el enfoque territorial, el humanitario, el restitutivo y el de derechos. El objetivo central de este plan fue establecer la política general del Gobierno y las líneas de acción para la prevención y la atención al desplazamiento forzado interno en Colombia y la restitución de los derechos de esta población. Igualmente, el documento CONPES 3400fijalas “Metas [y la] priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia”.

318. otra parte, en el PND 2006–2010 se fijó una política sobre Desplazamiento Forzado, Derechos Humanos y Reconciliación que recoge las recomendaciones de la Corte Constitucional. Esta política señaló que, en aras de la superación del desplazamiento forzado por la violencia, el Estado garantizaría la atención integral de esta población bajo un enfoque de goce de derechos, destinando recursos de hasta COP $4,1 billones para tal fin. El PND 2010-2014 mantiene, con algunos ajustes, la política para población desplazada desarrollada durante los últimos años y contempla acciones específicas enfocadas a contrarrestar los efectos de la problemática del desplazamiento, concentrándose en la búsqueda del goce efectivo de los derechos.

319. Las políticas públicas para la protección y atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado establecen lineamientos específicos que permiten que las entidades que forman parte del SNAIPD y otros actores promuevan los derechos de la población infantil y adolescente desplazada y desarrollen acciones diferenciales teniendo en cuenta las vulneraciones específicas a las que se ve expuesta esta población. 320. Dentro de todos estos avances, y para enfrentar la problemática del desplazamiento forzado de NNA, el Estado colombiano, con el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones de población desplazada, en octubre de 2008 constituyó el Comité Técnico Nacional del Auto 251, conformado el ICBF, el Ministerio de la Protección Social, el MEN, el Ministerio de Defensa Nacional, el Programa de Atención Integral contra las Minas - PAICMA y la Vicepresidencia de la República (Coordinación Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de NNA).

321. El Comité ha diseñado y puesto en marcha el Programa para la Protección Diferencial de NNA víctimas de Desplazamiento Forzado, denominado Mis Derechos Primero. Este es un ejercicio de articulación y trabajo mancomunado entre entidades del orden nacional y local. A la fecha se han conformado 16 equipos técnicos territoriales, destinados a concertar y poner en marcha estrategias tendientes a la protección diferencial de este programa. A través de su ejecución, se ha logrado identificar y atender a 45.000 NNA en 98 municipios de 12 departamentos del país con acciones desarrolladas.

322. Por otro lado, el ICBF cuenta con varios programas de atención diferenciada a NNA víctimas de desplazamiento, tales como:

  • Apoyo a Familias en Situación de Emergencias,

  • Operación Prolongada de Socorro y Recuperación (Convenio ICBF- Acción Social- PMA),

  • Fondo cuotas de participación y/o tasas compensatorias.

323. Además el ICBF ha implementado programas regulares y recursos específicos para la atención a la población en situación de desplazamiento por ciclo vital específico, así:

  • Atención materno infantil para desplazados,

  • Recuperación nutricional ambulatoria para desplazados,

  • Hogares comunitarios de bienestar para desplazados,

  • Hogares felices para la paz,

  • Desayunos infantiles con amor,

  • Hogares infantiles,

  • Programa de alimentación escolar,

  • Clubes juveniles y pre juveniles,

  • Apoyo al fortalecimiento a las familias de grupos étnicos,

  • Proyecto de fortalecimiento educativo y cultural de la etnia Sikuani,

  • Unidades Móviles,

  • Hogares gestores para NNA en situación de desplazamiento forzado con discapacidad,

  • Hogares gestores para NNA en situación de desplazamiento forzado y huérfanos a causa de la violencia armada,

  • Unidades familiares de acompañamiento (medios socio–familiar, comunitario e institucional, reunificación familiar),

  • Vivienda con bienestar.

  • Reunificación familiar de niños víctimas de desplazamiento forzado

324. Entre 2008 y el primer trimestre de 2011 se realizaron 176 reintegros familiares de NNA víctimas de desplazamiento forzado con sus padres o cuidadores.

  • Niños repatriados

325. La repatriación voluntaria de los colombianos que se encuentran en los países vecinos está regulada por los memorandos de entendimiento que se han suscrito con Ecuador, Panamá y Venezuela. Acción Social, en calidad de coordinadora del SNAIPD, es la autoridad ejecutora de tales memorandos. Acción Social cuenta, desde 2008, con el “Protocolo para el acompañamiento a los procesos de retorno de población en situación de desplazamiento”, el cual señala las acciones y pasos a seguir con el objetivo de realizar el acompañamiento a los procesos de retorno y/o reubicación, individuales o colectivos, de connacionales con situación migratoria irregular o que sean titulares del estatus de refugiado o de protección temporal en países fronterizos. El país desde el cual se formula el mayor número de solicitudes de retorno es Ecuador.

326. Acción Social cuenta con un registro de las familias que han solicitado retorno al país y en el que se especifican la correspondiente respuesta y los soportes del trámite. Según datos de este registro, se han recibido un total de 56 solicitudes desde 2010 a la fecha (55 de Ecuador y 1 de Venezuela); de las 56 solicitudes se han tramitado completamente 5 casos, 1 caso se encuentra en proceso, 7 están incluidos en el RUPD pero no continuaron con el proceso y los restantes 43 no se encuentran registrados dentro del RUPD.
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