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B. Los niños en los conflictos armados, incluidas su recuperación física, psicológica y su reintegración social


  • Seguimiento de las anteriores observaciones y recomendaciones finales pertinentes (documento CRC/C/COL/CO/3 del 8 de junio de 2006, párr. 80 y 81)

327. Antes de que Colombia presentara (septiembre de 2008) y sustentara (junio de 2010) ante el Comité de los Derechos del Niño el informe inicial sobre la aplicación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Comité formuló, con base en el tercer informe periódico acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, una serie de recomendaciones. Sobre el seguimiento que se le ha dado a éstas se informa a continuación:

  • [Vigilar] adecuadamente el cumplimiento del Protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados […] y [prestar] especial atención […]a las medidas destinadas a impedir el reclutamiento de niños”

328. Las diferentes entidades del Estado involucradas en la protección de los derechos de los niños vigilan el cumplimiento del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Colombia presentó y sustentó el informe inicial acerca de la implementación de este tratado y, además, cuenta con una Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de NNA y jóvenes por grupos organizados al margen de la Ley (creada a través del Decreto 4690 de 2007) y adoptó una política pública para la prevención del reclutamiento (CONPES 36373). Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo, órgano autónomo e independiente de la Rama Ejecutiva e integrante del equipo de tareas encargado de reunir y remitir información en el marco del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes establecido por la Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, vigila la situación de los niños afectados por el conflicto armado colombiano.

Las acciones que le competen a las distintas instituciones estatales en cumplimiento de la política pública de prevención del reclutamiento, las estrategias de esta política, las rutas de prevención de reclutamiento y otros aspectos relacionados se especifican en el documento CONPES 3673, que se anexa.

  • [Proporcionar] a los miembros de las fuerzas armadas instrucción y capacitación claras para que no sometan a interrogatorio a los niños soldados capturados y desmovilizados y los entreguen a las autoridades civiles en el plazo establecido de 36 horas” y “[no utilizar] nunca niños para obtener información de inteligencia militar, ya que esa práctica los expone al peligro de sufrir represalias de los grupos armados ilegales”.

329. El Comando General de las Fuerzas Militares emitió la Circular de reiteración-Obligación de respeto y garantía de los derechos de los NNA, cuyo punto tercero insiste en la prohibición de utilizar a los NNA en actividades de inteligencia, en la búsqueda de información y como orientadores en el terreno de las diferentes patrullas en el desarrollo de operaciones militares. En el punto 4 de la misma circular, se recuerda la prohibición de realizar entrevistas e interrogatorios y se hace énfasis en la obligación de entregar a los NNA al ICBF dentro de las 36 horas siguientes a su desvinculación. Para el cumplimiento de lo anterior, se cuenta con una coordinación permanente y fluidos canales de comunicación entre la fuerza pública y el ICBF.

330. Por otra parte, el ICBF y el Ministerio de Defensa Nacional han suscrito el Convenio Interadministrativo de Colaboración 059 de 2009, cuyo objetivo es capacitar personal de la Fuerza Pública sobre sus obligaciones, a la luz del derecho aplicable, frente a los NNA en el contexto del conflicto armado, particularmente acerca de la protección y asistencia que se les debe dar a los NNA en riesgo de reclutamiento forzoso, teniendo en cuenta los aspectos de educación y prevención, evaluación y seguimiento, y fortalecimiento institucional.

  • [Aumentar] sustancialmente los recursos destinados a la reintegración social, rehabilitación y reparación de los niños soldados desmovilizados, así como a los niños víctimas de minas terrestres. Se debería recabar recursos adicionales de donantes internacionales y pedir asistencia técnica al ACNUDH y el UNICEF”.

331. El ICBF ha impulsado la construcción de procesos de acompañamiento e intervención psicosocial con los NNA y familias afectadas por la violencia armada en el país, basándose en las siguientes consideraciones:

  • Los modelos se construyen desde las experiencias de los NNA con el fin de responder a las dinámicas, expectativas e intereses de los NNA, sus familias y de la sociedad. Principios como la flexibilidad, la participación, el respeto y el reconocimiento de cada uno de ellos y del contexto para la integración social son factores que marcan el éxito en el acompañamiento y la intervención.

  • En los procesos de integración social de los NNA, el trabajo con las familias no es una estrategia aislada sino un componente fundamental para garantizar los procesos de restablecimiento de derechos e integración social a estos y estas adolescentes.

  • Fortalecer a las familias en sus capacidades de protección y en sus capacidades para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros contribuye a reducir los riesgos de reclutamiento y utilización de los NNA por los grupos armados al margen de la ley.

332. La Alta Consejería para la Reintegración (ACR), por su parte, desarrolla acciones basadas en la Prevención Temprana, pretendiendo generar un fortalecimiento de las comunidades, las instituciones y las familias frente a la protección de la niñez y la juventud. Así, las acciones planteadas desde la ACR desde el 2010 se establecen de la siguiente forma: 1) reintegración comunitaria, 2) reintegración social y 3) regionalización de la Estrategia de Prevención de la ACR en sus 30 Centros de Servicios.

  • [Adoptar] las medidas necesarias y específicas para localizar y retirar las minas terrestres”

333. El desminado de las áreas aledañas a las escuelas rurales y a otros sitios que frecuenten los NNA es una prioridad. En efecto, el PAICMA se encarga de coordinar y regular las acciones conducentes a la eliminación de los peligros derivados de la presencia o sospecha de existencia de minas antipersonal y municiones sin explotar. En respuesta a las obligaciones del Estado colombiano en esta materia, el mismo logró, entre 2008 y 2010, aumentar sus capacidades de remoción técnica y avanzó en la reglamentación de las operaciones de desminado humanitario.

334. En el mismo período se crearon 4 pelotones de desminado humanitario que han permitido un incremento en las operaciones de identificación de áreas minadas y de limpieza de las mismas y 23 Comités Departamentales para la acción integral contra minas antipersonal. Así mismo, el PAICMA y UNICEF suscribieron un convenio para intervenir en 9 municipios de 3 departamentos y en 29 instituciones educativas, cuyo propósito es construir una directriz que sugiera cómo incluir la educación en el riesgo de minas en las instituciones de los municipios más vulnerables por la ubicación de minas antipersonal.

335. Finalmente, el PAICMA viene elaborando, con autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de educación en el riesgo de minas antipersonal para el pueblo EmberaKatio, que se desarrollará en los municipios de Montelíbano (corregimiento de San José de Ure), Puerto Libertador y Tierralta, ubicados en el departamento de Córdoba.

  • En las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, [tener] debidamente en cuenta la victimización de ex niños soldados, así como la responsabilidad de los grupos por esos crímenes de guerra. Se debería recabar asesoramiento jurídico del ACNUDH sobre cómo integrar en el marco jurídico de las negociaciones de paz normas mínimas de derechos humanos y una perspectiva de derechos del niño, prestando especial atención a los principios básicos de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

336. Por motivos de espacio, no se pueden detallar todas las acciones emprendidas por el Estado al respecto. Sin embargo, hay varias a destacar:

1) La Ley 975 de 2005, principal marco jurídico del proceso de paz con los grupos de autodefensa y conocida como Ley de Justicia y Paz (LJP), señala que es requisito para lo concesión de los beneficios en ella incluidos la entrega de los NNA reclutados. Gracias a la aplicación de esta Ley, a 31 de agosto de 2011 se reportaban 1.448 casos de reclutamiento ilícito confesados, en tanto que Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, aceptó su responsabilidad por el reclutamiento de 309 NNA.

2) La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece que los NNA reclutados y/o utilizados, así como los concebidos como consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado, son víctimas y pueden beneficiarse de sus disposiciones, al paso que prescribe, en su artículo 13, que el “Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo […] tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas […]”.

3) La Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación (CNRR) conformó una mesa de expertos sobre los derechos de los NNA. El principal logro de ese equipo fue la inclusión de niños y niñas desvinculados de grupos armados ilegales como beneficiarios de las acciones de reparación administrativa por parte del Estado (artículo 5 del Decreto 1290 de 2008). Además, el “Modelo Interinstitucional de Atención a Víctimas” –construido con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación y el auspicio de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo- contempla herramientas de caracterización y registro con enfoque diferencial para suplir las carencias que les ha ocasionado la guerra.

337. Finalmente, el señor Presidente de la República ha manifestado que la liberación de los niños reclutados es una condición para iniciar cualquier proceso de paz con los grupos armados organizados al margen de la Ley.

  • Seguimiento de las observaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (documento CRC/C/OPAC/COL/CO/1 del 21 de junio de 2010)

338. Las medidas más importantes tomadas por Colombia en relación con estas observaciones y recomendaciones se detallan a continuación:

1) La Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento gestionó y logró la aprobación de la política pública de prevención del reclutamiento y utilización de NNA (documento CONPES 3673), para cuya implementación se han comprometido 360.977 millones de pesos hasta el año 2014. Así mismo, su Secretaría Técnica avanza en un proceso de regionalización (la acción se ha focalizado en 145 municipios de 31 departamentos y en 6 localidades de Bogotá) en articulación con organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, en 2010 la Comisión aprobó las rutas de prevención. Estas rutas se aplican dependiendo de su temporalidad (ruta de prevención temprana -mediano plazo-, ruta de prevención urgente -corto plazo- y ruta de prevención en protección - acción inmediata-). Y, finalmente, una de las líneas de acción de la Secretaría Técnica de la Comisión, en el marco de su plan estratégico 2011-2014,es un “observatorio y sistema de información”, con el fin de documentar las diferentes vulneraciones de los derechos de los niños en el contexto del conflicto armado, así como monitorear y evaluar la aplicación del CONPES 3673 en todo el territorio nacional.

2) La Fuerza Pública ha recibido instrucciones precisas sobre la protección de los derechos de los NNA. En efecto, el punto 4 de la circular Reiteración-Obligación de respeto y garantía y de los derechos de los NNA, emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares y mencionada supra, se insiste en la prohibición de que participen NNA en determinadas actividades que, como señala el Comité, comprometen en principio de distinción. La circular, entre otras cosas, dice:

[…] [P]ara tal efecto no se deberán realizar acciones tales como pintar sus caras de colores camuflados, efectuar vuelos con participación de menores en las aeronaves militares, realizar visitas a las unidades militares con [su] participación […], facilitar armas para la toma de fotografías, vestirlos con prendas militares, suministrar balacas y demás accesorios militares, ni transportarlos en vehículos militares […]

3) El Programa de Atención Especializada a NNA del ICBF atiende al 100% de los NNA que son recuperados o desvinculados de cualquier grupo ilegal. Adicionalmente, en los lineamientos técnicos de este programa están contenidos y desarrollados los enfoques diferenciales (género, etnia, poblaciones especiales, NNA con situación de discapacidad, etc.).

4) La intervención de NNA como testigos o víctimas en procesos penales se regula por lo establecido en la normativa internacional y por lo ordenado en el CIA, particularmente en su Libro II, titulado “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Procedimientos Especial para cuando los [NNA]son víctimas de delitos”(artículos 139 a 200, en especial los artículos 150,151, 181.3 y 192 a 200).

5) Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional vienen trabajando en la presentación al Congreso de la República de un proyecto de Ley para la aprobación de la Convención de Municiones de Racimo de 2008. Es preciso indicar que, de acuerdo con el procedimiento interno, tanto los tratados como las Leyes que los aprueban, antes de ratificar el instrumento de que se trate, deben ser sometidos a examen jurisdiccional de la Corte Constitucional.

6) La secretaría técnica de la Comisión Intersectorial, el Programa Presidencial para las comunidades indígenas y el Programa Presidencial para Comunidades afrocolombianas, raizales y palanqueras están trabajando en la construcción de las rutas para la prevención del reclutamiento en comunidades indígenas y afro.

7) La articulación interinstitucional se garantiza a través de la ejecución de la política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales, contenida en el documento CONPES 3554 de 2008, y de la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA por parte de los grupos organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, contenida en el CONPES No. 3673 de 2010, y gracias a la labor de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento.

8) A propósito de los esfuerzos de capacitación, vale la pena destacar, por un lado, el Convenio Marco de Entendimiento suscrito entre la Policía Nacional y UNICEF, cuyo propósito es fortalecer la capacidad técnica y los conocimientos de los miembros de la Policía Nacional sobre los derechos de los niños a la luz de la normativa nacional e internacional, así como fortalecer las acciones desarrolladas por UNICEF-Policía Nacional para proteger a los NNA, de manera particular, del reclutamiento forzado y de los delitos sexuales. Por otro lado, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado - GADH del Ministerio de Defensa Nacional desarrolló, en 2009 y 2010, capacitaciones en prevención de reclutamiento en 16 departamentos, más de 70 municipios y 5 corregimientos (7 conciertos de prevención con la comunidad, cuñas de radio en prevención en 3 municipios, capacitaciones en 136 instituciones que han beneficiado a 11.882 estudiantes y 3.087 padres de familia) y estableció alianzas con 6 colegios en Bogotá que han permitido capacitar en prevención de reclutamiento a 186 docentes y 884 estudiantes. Y, finalmente, el Área de Género y Poblaciones Específicas de la CNRR ha llevado a cabo procesos formativos con los y las funcionarias de las sedes regionales sobre enfoque diferencial y la situación de los NNA víctimas del conflicto armado.

9) El PAICMA, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Auto 251 de 2008, implementó, en el periodo 2008–2009, un proyecto piloto de prevención de accidentes con Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en el municipio de Samaniego (Nariño)dirigido, específicamente, a los NNA. La metodología aplicada se replicará en otros municipios del país. De la misma manera, se realizaron actividades de formación en el riesgo que representan las MAP y MUSE, con especial énfasis en la identificación y exploración de comportamientos seguros enfocados en los NNA, teniendo en cuenta las características culturales de la región y, en coordinación con el ICBF, fueron vinculados actores y entornos protectores de los NNA (unidades móviles, madres comunitarias y madres del programa Familia Mujer e Infancia).

339. A partir de esta experiencia, en 2009 el PAICMA definió 6 estrategias de prevención diferencial en el marco del programa nacional Mis derechos Primero’ - Programa para la Protección Diferencial de los NNA frente al desplazamiento forzado, a saber: (i) concertación y fortalecimiento inter-institucional y con organizaciones; (ii) identificación de factores culturales (reconocimiento de los NNA como sujetos activos de derechos) protectores y de riesgo; (iii) consolidación y fortalecimiento de los entornos protectores familiares y comunitarios; (iv) reconstrucción participativa y apropiación de las rutas institucionales de detección, prevención y atención; (v) realización, con los NNA, de una lectura del contexto actual de la vivencia de sus derechos en el municipio; y (vi) fortalecimiento institucional y socialización en los comités municipales. Estas estrategias fueron presentadas oficialmente en marzo de 2010, al paso que se definió la ejecución en 6municipios afectados por la problemática: Chaparral y Planadas en Tolima, Tame y Saravena en Arauca, y Barbacoas y Policarpo en Nariño.

340. Se debe resaltar, además, la publicación del libro “La Escuela enseña sobre el riesgo de las minas antipersonal” y la construcción participativa de la Guía de lineamientos para el diseño de estrategias en educación en el riesgo de MAP, MUSE y AEI. Esta guía va dirigida a todas las organizaciones operadoras de proyectos en Educación en el Riesgo de Minas (ERM), sus equipos técnicos y personal en terreno, a los educadores entrenados en estos procesos, a las autoridades públicas con competencias pertinentes y a los medios de comunicación involucrados en la producción de mensajes para la ERM. Se espera que la guía sea un documento de consulta para los Comités de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal.

  • Edad mínima para el reclutamiento militar

341. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad (18 años), a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes la definirán cuando obtengan su título de bachiller, de conformidad con lo prescrito en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993. Así las cosas, ningún NNA puede ser reclutado por las fuerzas militares o de policía de Colombia.

  • Edad mínima para el alistamiento voluntario.

342. Los ciudadanos que voluntariamente deseen prestar el servicio militar obligatorio deben ser mayores de edad (18) años y, como prueba de ello, deben presentar la cédula de ciudadanía.

  • Novedades relativas a las medidas jurídicas y de política adoptadas para la aplicación del Protocolo facultativo y ejercicio de la jurisdicción sobre tales delitos

343. Como se ha reiterado, el avance en política pública más importante para dar aplicación al Protocolo Facultativo es la formulación del documento CONPES No. 3673. Así mismo, debe resaltarse la aprobación de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de víctimas y restitución de tierras”, marco jurídico para la asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario: un programa de reparación que, en palabras de NorbertWuhler, Jefe del Programa de Reparación a nivel mundial de la OIM, representa el “más ambicioso e integral de reparación que se haya visto en el mundo entero”. La Ley, además, tiene una serie de disposiciones a favor de los NNA (artículos 3, 13, 32, 35, 38, 40, 114, 136,145, 149, 176, 181 a 191 y 193). Por otra parte, se debe mencionar la expedición de la Ley 1453 de 2011, conocida como “Estatuto de Seguridad Ciudadana”, la cual, entre otras disposiciones, tipifica de manera autónoma el uso de menores de edad para la comisión de delitos.

344. Reiterando lo expresado supra, la implementación del proceso de Justicia y Paz ha permitido que se confiesen, a 31 de agosto de 2011, 1448 casos de reclutamiento ilícito (artículo 162 del Código Penal), en tanto que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General Nacional reportaba, a 15 de julio de 2011, los siguientes datos en relación con el mismo delito: 238 casos asignados, 200 casos abiertos, 211 personas vinculadas, 62 personas acusadas, 53 personas privadas de la libertad, 22 sentencias condenatorias, 37 personas afectadas con las sentencias condenatorias y 944 víctimas acreditadas.

  • Medidas adoptadas mediante cooperación técnica y asistencia financiera para velar por la recuperación física y psicológica de los NNA reclutados o utilizados en las hostilidades

345. Las acciones más importantes para lograr la recuperación física y psicológica de los NNA reclutados o utilizados en las hostilidades se adelantan en el marco del Programa de Atención Especializada, cuyos componentes obedecen a las 4categorías de derechos de los NNA(Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección). El Programa ha beneficiado, entre noviembre de 1999 y el 22 de septiembre de 2011, a 4.736 NNA. Para esta misma fecha se estaban atendiendo a 489 NNA.

346. El Programa, además, se desarrolla en cuatro fases (i) identificación, acogida y diagnóstico, ii) intervención y proyección, iii) preparación para el egreso y iv) seguimiento) y a través de las siguientes modalidades de atención:

  • Hogar Transitorio. Es una modalidad de atención institucional, que da cumplimiento a la primera fase de atención. Es el lugar de llegada, acogida, estabilización emocional y de construcción de confianza entre el adolescente y el programa.

  • Centro de Atención Especializado. Es una modalidad institucional queda cumplimiento a la segunda etapa de atención del Programa Especializado. Se da continuidad a su proceso de desarrollo integralmediante la vinculación y acceso a servicios de salud; ingreso, permanencia y promoción en el sistema educativo; el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas; el acercamiento y contacto con la familia; y, el acceso a procesos de capacitación.

  • Casa Juvenil. Esta modalidad de atención institucional da cumplimiento a la tercera etapa de atención, la cual busca preparar al adolescente para una exitosa inserción social y familiar.

  • Hogar Tutor. Es una modalidad de atención en la cual una familia seleccionada y capacitada, según criterios técnicos del ICBF, acoge voluntariamente y de tiempo completo a un NNA con medida de ubicación familiar. La familia tutora le garantiza un ambiente afectivo y una atención integral en el que se restablecen sus derechos.

  • Hogar Gestor. Es una modalidad de atención que se garantiza en la familia de origen o red vincular de apoyo. Contempla un proceso de seguimiento y acompañamiento por el tiempo que cada caso requiera. Esta labor es realizada por los Equipos Técnicos Interdisciplinario de los Centros Zonales, de las Unidades de Apoyo o de las Comisarías de Familia.

En este contexto, el ICBF ha suscrito los siguientes convenios:

  1. Con UNICEF, para el fortalecimiento institucional del ICBF en el desarrollo de programas y proyectos de prevención, atención, apoyo familiar e inserción productiva de los NNA víctimas del conflicto armado en Colombiano.

  2. Con OIM, para aunar recursos técnicos, humanos y financieros para desarrollar las líneas estratégicas de la política intersectorial de prevención del reclutamiento y utilización de NNA por los grupos armados organizados al margen de la ley y cualificar el programa especializado de atención a NNA desvinculados y/o víctimas de la violencia armada.

  3. Con la Comunidad Autónoma de Madrid, para el fortalecimiento de la estrategia de inserción social del Programa de Atención a NNA Desvinculados de Grupos Armados Irregulares.

  4. Con WarChild, para el fortalecimiento de la atención a NNA desvinculados de grupo armados ilegales y prevención de la vinculación al conflicto.

347. Por su parte, en la ACR se han establecido acciones para darle continuidad al proceso de los NNA atendidos por el Programa del ICBF una vez cumplan la mayoría de edad. En 2008 y 2009 el ICBF y la ACR trabajaron con los Centros de Oportunidades y Referencias Juveniles (CROJ) y el apoyo técnico y económico de la OIM. Los CROJ permitieron trazar un recorrido entre el paso de los NNA desde su proceso de restablecimiento con el ICBF al proceso de reintegración de la ACR. No obstante, en 2010 se realizó una evaluación de los CROJ y, con el fin de asumir esta tarea de una manera integral, se definió una atención diferenciada para jóvenes dentro de la ACR: Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (MAPAZ), desarrollado por la ACR con el apoyo del ICBF y la OIM.

348. El objetivo de MAPAZ estrategia diferenciada es fomentar en los jóvenes desvinculados y en los desmovilizados de entre 18 y 25 años, para su efectiva reintegración, la construcción de una identidad responsable en el marco de la legalidad. Durante 2010, y en desarrollo de MAPAZ, se llevaron a cabo 2.320 actividades desagregadas así: 228 actividades comunitarias; 31 actividades familiares; 2004 talleres, visitas domiciliarias y asesorías familiares; y, 57 actividades de promoción y prevención en salud.
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