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MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN………………………..

119




    1. Los niños fuera de su país de origen que traten de obtener la protección como refugiados, los niños no acompañados solicitantes de asilo, los niños desplazados internos, los niños migrantes y los niños afectados por la migración…………………..……………………………………...


119

313-326

    1. Los niños en los conflictos armados, incluidas su recuperación física y psicológica y su reintegración social……………………………...……..


123

327-348

    1. Los niños sometidos a explotación, incluida su recuperación física y psicológica y su reintegración social…………………….………………


133

349-387

    1. Los niños de la calle…………………………………......………………

146

388-392

    1. Los niños en conflicto con la ley y niños víctimas o testigos….………...

148

393-402

    1. Los niños privados de su libertad………………………………………..

151

403-411

    1. Los niños pertenecientes a minorías o a grupos indígenas…….………...

153

412-415


LISTA DE ANEXOS…………………………………………………………


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LISTA DE SIGLAS
ACPEM Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

ACR Agencia Colombiana para la Reintegración

AEI Artefactos Explosivos Improvisados

AIEPI Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

CAIVAS Centros de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual

CAVIF Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar

CETI Comités para la Erradicación del Trabajo Infantil

CETS Child Exploitation Tracking System

CIA Código de la Infancia y la Adolescencia

CNRR Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación

COAT Centro Operativo Anti Trata de Personas

COLDEPORTES Instituto Colombiano del Deporte

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

CONTCEPI Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política para la Atención Educativa a Pueblos Indígenas

CPN Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras

CROJ Centros de Oportunidades y Referencias Juveniles

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAS Departamento Administrativo de Seguridad (entidad en liquidación)

DIJIN Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional

ECH Encuesta Continúa de Hogares

ENDE Encuesta Nacional de Deserción Escolar

ENDS Encuesta Nacional de Demografía y Salud

ENETI Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador

ENSIN Encuesta Nacional de la Situación Nutricional

EPS Entidad Promotora de Salud

ERM Educación en el Riesgo de Minas

ESCNNA Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes

GADH Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado

GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares

GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares

HAZPAZ Política para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar

IAMI Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IIN Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

IPS Institución Prestadora de Salud

ISP Proveedores de Acceso a Internet

LJP Ley de Justicia y Paz

MAPAZ Modelo de Atención Psicosocial para la Paz

MDG Millenium Development Goals Fund

MEN Ministerio de Educación Nacional

MUSE Municiones Sin Explotar

NNA Niños, Niñas y Adolescentes

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

OPS Organización Panamericana de la Salud

PAI Plan de Atención Integra a la Primera Infancia

PAICMA Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal

PAIPI Programa para la Atención Integral a la Primera Infancia

PESCC Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía

PFTI Peores Formas de Trabajo Infantil

PIB Producto Interno Bruto

PND Plan Nacional de Desarrollo

RUPD Registro Único de Población Desplazada

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SIM Sistema de Información del ICBF

SIPI Sistema de Información de Primera Infancia

SIRITI Sistema de Registro Integrado de Trabajo Infantil

SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

SNAIPD Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada

SNBF Sistema Nacional de Bienestar Familiar

SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VBG Violencia Basada en Género

INTRODUCCIÓN
i. Colombia confirma su compromiso con el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos y la plena observancia de los instrumentos sobre la materia de los que es parte, así como los compromisos que de éstos se derivan.
ii.Colombia entiende la elaboración y presentación de informes convencionales no solo como el cumplimiento de una obligación internacional, sino también, y sobre todo, como una oportunidad para identificar los avances y retos que persisten en la promoción y garantía de los derechos en nuestro país y, con fundamento en ello, enriquecer el proceso de diseño e implementación de políticas públicas eficaces desde una perspectiva integral.
iii. Se presentan los Informes cuarto y quinto combinados acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que cubre del 2006 al 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Convención, el artículo 8 de su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el artículo 12 de su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Fue elaborado teniendo en cuenta las Orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados partes en virtud del artículo 44, párrafo 1 b), de la Convención sobre los Derechos del Niño (documento CRC/C/58/Rev.2 del 23 de noviembre de 2010), adoptadas por el Comité de Derechos del Niño, y las recomendaciones que este órgano le hizo a Colombia en junio de 2006 (documento CRC/C/COL/CO/3), a propósito de la implementación de la Convención, y en junio de 2010, acerca de la aplicación de los Protocolos Facultativos a la Convención (documentos CRC/C/OPAC/COL/CO/1 y CRC/C/OPSC/COL/CO/1) .
iv. En la realización de este Informe participaron más de 30 entidades del Estado, pertenecientes a las Ramas Ejecutiva y Judicial, los Órganos de Control y la Organización Electoral. Su construcción fue liderada por una Secretaría Ejecutiva ad hoc integrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación Nacional y Protección Social (hoy escindido en los Ministerios de Salud y Trabajo), el Departamento Nacional de Planeación y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
v. La elaboración del Informe fue planificada por la Secretaría Ejecutiva desde el año 2010 y se llevó a cabo en 2011. En la fase inicial se acordó un cronograma de actividades, la metodología a utilizar y se identificaron las entidades encargadas de suministrar insumos. Posteriormente, fueron citadas las instituciones concernidas a varias reuniones de trabajo. A los funcionarios que representaron a estas instituciones se les explicó la naturaleza del Informe; se les capacitó acerca de la Convención, los Protocolos Facultativos, las observaciones del Comité de Derechos del Niño y la sociedad civil a propósito de la implementación de aquéllos, y sobre las orientaciones del Comité para la elaboración de los informes periódicos. En una de estas jornadas participaron la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
vi. En líneas generales, el trabajo se dividió en ocho mesas temáticas, cada una de las cuales, basándose en las orientaciones del Comité, se encargó de una sección del Informe, estuvo conformada por las instituciones competentes en las materias que se abordan en la respectiva sección y fue liderada por un(a) funcionario(a) que mantuvo contacto con la Secretaría Ejecutiva. El producto de cada mesa temática fue un documento que entregó a la Secretaría Ejecutiva. Ésta compiló los textos enviados por las mesas temáticas y consolidó y editó un solo escrito: el informe que se le presenta al Comité de Derechos del Niño.
vii. Las cifras de dinero están en pesos colombianos (COP). Un peso colombiano, a 16 de noviembre de 2011, equivale a 0,0005199 dólares de los Estados Unidos (USD) y a 0, 0003871 Euros (EUR).


  1. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN


1. En cumplimiento de las orientaciones del Comité de los Derechos del Niño1 se presentan a continuación las medidas a través de las cuales se implementan las políticas, los planes y programas en beneficio de la niñez.


  1. Medidas adoptadas para armonizar la legislación y las prácticas nacionales con las disposiciones de la Convención y sus Protocolos facultativos.




  1. Marco normativo internacional adoptado por Colombia

2. Colombia aprobó la Convención de los Derechos del Niño mediante la Ley 12 de 1991. En virtud de esta Convención, el país ha incorporado en las políticas públicas concernientes a los niños, niñas y adolescentes ( NNA), la perspectiva de derechos. El Estado colombiano también aprobó, por medio de la Ley 74 de 1968, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en los cuales se establece la necesidad de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) sin discriminación alguna. Estos tratados y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, contemplan la imposibilidad de imponer la pena de muerte a los menores de 18 años que sean responsables penalmente; la separación de los NNA de los adultos al momento de su reclusión; y la obligación de que sean juzgados por jueces especializados.

3. En relación con el trabajo infantil, Colombia ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, aprobados por las Leyes 515 de 1999 y 704 de 2001. En cuanto a los protocolos facultativos o adicionales a la Convención sobre los Derechos del Niño, Colombia ha aprobado el Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, mediante la Ley 769 de 2002; y, el Protocolo Facultativo relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, por medio de la Ley 833 de 2003. Así mismo, Colombia es parte de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional Organizada y de su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, ambos aprobados por la Ley 800 de 2003.

4. En materia de adopciones y traslado internacional de NNA, Colombia es parte del Convenio Relativo a la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993, Ley 265 de 1996; del Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños, Ley 173 de 1994; de la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, suscrita en Uruguay el 15 de julio de 1989 y aprobada a través de la Ley 880 de 2004; y de la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, Ley 470 de 1998.

5. En lo relativo a seguridad alimentaria, Colombia es parte de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, Ley 471 de 1988, y de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, Ley 449 de 1998.


  1. Marco normativo nacional

  • Constitución Política:

6. En el plano nacional la Constitución Política prescribe, en concordancia con los tratados suscritos por Colombia en materia de infancia y adolescencia, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, consagrándose de esta manera el interés superior del niño en mandato constitucional. El principio de corresponsabilidad se encuentra incluido igualmente en la Constitución, al establecer en su artículo 44 que “la familia, la sociedad y el Estado tienen como obligación asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.”

7. En virtud del principio de bloque de constitucionalidad, las normas y principios contenidos en los tratados ratificados por Colombia hacen parte integrante de la Constitución Política de Colombia.

  • Código de Infancia y Adolescencia

8. En el año 2006 entró en vigencia el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) (CIA), el cual representa un gran avance en la creación de una legislación especializada para los NNA del país. Esta legislación introduce cambios estructurales en lo que respecta a la garantía, protección, promoción y restablecimiento de derechos de los niños niñas y adolescentes, dado que, afiliada completamente a la doctrina de la Protección Integral, abandona la antigua concepción del Código del Menor, la cual contemplaba atención a los menores en situaciones irregulares (abandono, carencia de familia, comportamientos desviados) y adopta una concepción de la infancia y la adolescencia como sujetos de derechos, en armonía con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.

9. El principio de Protección Integral (artículo 7 de la Ley 1098) de los NNA comprende su reconocimiento como sujetos de derechos; la garantía y cumplimiento de los mismos; la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato. Estos conceptos se materializan en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

10. El reconocimiento se entiende como la dignidad constitutiva de los seres humanos desde la gestación y durante su desarrollo, pero también de la infancia como categoría social, lo cual implica modificar representaciones sobre los niños, las niñas y los adolescentes; reconocerles en su calidad; y, en consecuencia, transformar relaciones y prácticas sociales.

11. La exigencia de garantía implica la adecuación en cobertura, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos relacionados con los grupos de derechos, teniendo en cuenta las características y necesidades de este grupo de población, en aras de construir, efectivamente, una sociedad equitativa

12. La prevención comprende todos los riesgos posibles para el ejercicio libre y autónomo de sus derechos por parte de los NNA. Incluye el conjunto de acciones para detectar de forma temprana dichos riesgos, comprender de manera completa y compleja su origen y naturaleza y, por supuesto, las acciones para contrarrestarlos.

13. El restablecimiento de derechos vulnerados supone un contexto de equidad y respeto. Implica redefinir el estatus del niño o niña que ha sufrido la vulneración de sus derechos y la acción de todos los involucrados y responsables de su restablecimiento.

14. El CIA desarrolla, igualmente, otros principios que ya hacían parte de la legislación nacional, tales como el interés superior del niño y la corresponsabilidad. A su vez, el CIA establece la perspectiva diferencial en lo que respecta a los derechos de los NNA, al incluir las perspectivas de género, étnica, cultural y etaria.

15. Es importante señalar que el Artículo 6 del mencionado Código establece que los diferentes tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los NNA, hacen parte de éste y servirán de guía para su interpretación y aplicación.

16. Implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente: En lo que respecta a la justicia penal de adolescentes, el CIA, en concordancia con las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño y lo dispuesto por la Ley 599 de 2000, creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). El SRPA cumple con los lineamientos y principios de los tratados ratificados por Colombia en esta materia, además de los siguientes instrumentos internacionales adoptados por Colombia:

  • Las Reglas de Beijing o Reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los Menores (Resolución 40/33 de las Naciones Unidas).

  • Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.

  • Directrices Riad, o Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.

17. Adicionalmente, la Corte Constitucional colombiana desde el año de 1993 se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre los adolescentes en conflicto con la Ley penal, incorporando por vía jurisprudencial los diferentes principios contemplados por los tratados con anterioridad a la entrada en vigencia del CIA. Entre los fallos de la Corte Constitucional sobre la materia se destacan la sentencia C-019 de 1993, que determinó que en los procesos en los que intervinieren menores, en calidad de procesados, debe respetarse el principio de la doble instancia; la Sentencia C-817 de 1999, que estableció que los jóvenes que sean parte en un proceso penal tienen derecho a la asistencia de un abogado; y la Sentencia C-203 de 2005, en la que la Corte señaló que la responsabilidad penal de los menores de 18 años, en tanto sujetos de especial protección, está sujeta a los siguientes principios:

  1. Principio de diferenciación. El sistema de justicia de los menores de 18 años debe estar orientado en su totalidad hacia la promoción del bienestar de los NNA, su tutela y la garantía de la proporcionalidad entre el hecho y la respuesta institucional.

  2. Principio de finalidad tutelar y resocializadora de las sanciones impuestas a las menores de 18 años.

  3. Principio de la promoción del interés superior de los menores de edad involucrados en la comisión de delitos, y del respeto por sus derechos fundamentales.

18. Atendiendo a los principios internacionales sobre justicia juvenil, el CIA creó una serie de autoridades y entidades específicas y especializadas que pertenecen al SRPA. Estas entidades comprenden:

  1. Policía Judicial: Policía de Infancia y Adolescencia.

  2. Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para Adolescentes.

  3. Jueces de Conocimiento: Jueces Penales para Adolescentes; a falta de éstos, los Promiscuos de familia; y a falta de éstos, los municipales.

  4. Jueces de control de garantías: los anteriores, siempre que no vayan a conocer el caso.

  5. Tribunales superiores: Al ser un sistema de aplicación progresivo, se espera que las Salas Penales para Adolescentes funcionen en todos los tribunales de distrito judicial, en salas compuestas por dos magistrados de la sala de familia y uno de la sala penal.

19. El desarrollo, implementación y logros alcanzados por parte del SRPA será analizado de forma más detallada en el presente informe, en el capítulo correspondiente a las medidas especiales de protección.

  • Otras normas

20. Colombia, a partir de la promulgación de la Ley 985 de 2005, ha adoptado medidas contra la trata de personas e implementado acciones para la atención y protección de las víctimas de la misma. A su vez, se han adoptado dos importantes leyes que dotan de instrumentos jurídicos al Estado para luchar contra la explotación sexual comercial de NNA: la Ley 679 de 2001 y la Ley 1236 de 2009. Así mismo, el Estatuto de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011) tipificó de manera autónoma el tipo penal denominado “Tráfico de menores de edad”. Esta norma prescribe: “el que ofrezca, entregue, acepte, reciba o realice cualquier acto o transacción en virtud de la cual un menor de edad sea vendido por precio en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o grupo de personas, incurrirá en prisión de quince a treinta años y multa de mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El consentimiento dado por la víctima no ha de constituir causal de exoneración de la responsabilidad penal. Este tipo penaliza toda la cadena de venta y permite judicializar a todos los intervinientes en el crimen. Por su parte, la Ley 1257 de 2008 establece normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y la Ley 1329 de 2009 tiene como objetivo contrarrestar la explotación sexual comercial de NNA.

21. Como se le hizo saber al Comité en el informe que Colombia le presentó con arreglo al artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados (CRC/C/OPAC/COL/1), el Código Penal (Ley 599 de 2000) tipifica el reclutamiento ilícito de NNA, en tanto que el CIA consagra en su artículo 20 el derecho de los NNA a estar protegidos contra las guerras y los conflictos armados. La Ley 1421 de 2010, que prorrogó y modificó las leyes 1106 de 2006, 782 de 2002 y la 418 de 1997, determinó que se entiende por víctima de la violencia política, entre otras, a toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades.

22. Es igualmente importante mencionar que mediante el Decreto 3043 de 2006 se creó la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas, una de cuyas principales funciones es acompañar y asesorar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los menores de edad de grupos armados organizados al margen de la ley.


  1. Organismos estatales especializados en infancia y adolescencia

23. El CIA ordena la creación de unidades especializadas en Infancia y Adolescencia en las distintas Ramas y Órganos del Poder Público. Al respecto, vale la pena destacar algunas instituciones. La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, ejerce funciones de vigilancia superior, prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales. Por su parte, la Contraloría General de la República es la encargada de practicar el control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, la adolescencia y la familia.

24. En lo concerniente a la infancia y adolescencia, la Defensoría del Pueblo ejerce sus funciones por intermedio de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres, mediante la divulgación, protección y promoción de los derechos y por medio del seguimiento de las políticas públicas que tengan relación con los Derechos Humanos de los NNA.

25. Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia, de conformidad con el CIA, en asocio con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), es la encargada de garantizar la protección integral de los NNA en el marco de las competencias y funciones que le asigna la Ley a la Policía Nacional y por medio de tres líneas de acción para disminuir los diferentes factores que vulneran los derechos de los NNA, así: prevención, vigilancia y control e investigación criminal.


  1. Políticas públicas de infancia y adolescencia

26. El CIA establece en su Libro III los principios y los objetivos a los que deben obedecer las políticas públicas de infancia y adolescencia, al igual que los responsables del diseño, ejecución y evaluación de las mismas. Los objetivos establecidos por la ley para las políticas públicas de infancia y adolescencia son, en primer lugar, la orientación de los recursos y las acciones del Estado hacia el logro de las condiciones necesarias para que sea posible el desarrollo de las capacidades y oportunidades de los NNA como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos. En segundo lugar, mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan la toma de decisiones de manera adecuada y oportuna. En tercer lugar, diseñar y desarrollar acciones para lograr la inclusión de la población infantil en condiciones de igualdad. Por último, destaca la importancia de la articulación interinstitucional e intersectorial.

27. Los principios rectores de las políticas públicas, consagrados en el artículo 203 del CIA, son tenidos en cuenta en los planes y acciones que emprende el Estado en el tema, y son, a saber: El interés superior del NNA; la prevalencia de derechos; la protección integral; la equidad; la integralidad y articulación de políticas; la solidaridad; la participación social; la prioridad de las políticas públicas de infancia y adolescencia; la financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública, y la perspectiva de género. De esta manera, el Estado colombiano responde a los lineamientos establecidos por los tratados relativos a la materia. Los Alcaldes, Gobernadores y el Presidente de la República son los responsables del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas sobre infancia y adolescencia. Esta responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas.
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