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H, I. Actividades realizadas para difundir los informes y sus observaciones
72. Cuando el Estado colombiano se hace parte de cualquier instrumento internacional de Derechos Humanos, e incluso durante su negociación, el Ministerio de Relaciones Exteriores comparte el texto definitivo, o el que se negocia, con todas las entidades relevantes. En el caso particular de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, el Ministerio, una vez Colombia lo ratificó, le dio difusión entre todas las entidades del Estado, las cuales se encargan de ser multiplicadoras entre diferentes instituciones y poblaciones. Igualmente, se cuentan con herramientas tecnológicas en las páginas WEB de las distintas instituciones estatales, a través de las cuales es posible consultar este y otros instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, lo cual permite un mayor conocimiento y difusión.

73. Por otro lado, antes de iniciar el proceso de elaboración de informes convencionales periódicos y después de que los órganos de vigilancia de tratados adoptan sus conclusiones, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores cita a las instituciones estatales para capacitarlas sobre i) los tratados pertinentes, ii) las instrucciones de las Naciones Unidas para la elaboración de los informes aludidos, iii) las observaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil y iv) las consideraciones y recomendaciones finales del órgano encargado de vigilar la aplicación del instrumento de que se trate.

74. Para la elaboración del presente informe, se realizó una jornada de capacitación el 18 de marzo de 2011 en la que participaron 33 entidades del Estados y las representaciones en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
J. Cooperación con la sociedad civil y los grupos de NNA
75. Una de las prioridades de Colombia en materia de infancia y adolescencia ha sido la promoción del derecho a la participación de NNA. Una de las herramientas institucionales para favorecer la realización de este derecho es la estrategia Hechos y Derechos, que, en el marco del X Encuentro de Gobernadores (julio de 2010), permitió la interlocución de los NNA y jóvenes con los gobernadores departamentales en diversos temas. En este encuentro también se identificaron buenas prácticas departamentales relacionadas con el derecho a la participación, de las cuales surgieron recomendaciones que se llevaron a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. También se ha implementado la estrategia Los Jóvenes tienen la palabra, en la que participan la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el ICBF. En el desarrollo de esta estrategia se han realizado 76 comités a nivel municipal en los que han intervenido los operadores de las siete macro regiones: Nariño y Cauca (Pacífico), Putumayo (Amazonoroquia), Córdoba y San Andrés y Providencia (Caribe 2) y Quindío (Central 2), Guajira (Caribe 1), Cundinamarca y Bogotá (Central 1), Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada (Nororiental), conformadas para desarrollar este proceso de participación. Esta estrategia comprende acciones de coordinación con las diferentes entidades del SNBF y las instituciones que trabajan con jóvenes a nivel local.

76. Como resultado de este proceso, en el mes de julio de 2011 5.374 jóvenes a nivel nacional fueron focalizados y convocados a través de estrategias masivas de comunicación (cuñas radiales locales, avisos, volantes) para presentarles los objetivos y alcances de la estrategia y motivarlos frente a la oportunidad de aprender sobre sus derechos de participación, identidad, habilidades sociales, mecanismos de participación, marco normativo de la participación, comunicación para el cambio social, políticas públicas de juventud, planeación estratégica, formulación de proyectos y gestión juvenil.
AMAZORINOQUÍA.

1000

CARIBE 1; 800

CARIBE 2; 700

Central 1; 1900

CENTRAL 2; 1600

NORORIENTAL; 550

PACÍFICO; 1100

AMAZORINOQUÍA.;

1272

CARIBE 1; 112

CARIBE 2; 630

Central 1; 283

CENTRAL 2; 1003

NORORIENTAL; 517

PACÍFICO; 1557

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta minima

Focalizados

Número de jóvenes focalizados por departamento

Tabla. Número de jóvenes focalizados en las 7 Macroregiones comparada con las metas mínimas
77. Los departamentos de Nariño y Cauca (Macroregión Pacifico), Putumayo (Macroregión Amazonoroquia), Córdoba y San Andrés y Providencia (Macroregión Caribe 2) y Quindío (Macroregión central 2) presentaron el más alto porcentaje de focalización de jóvenes, superando en un 10% los mínimos establecidos.



  1. DEFINICIÓN DE NIÑO


78. El artículo 3 del CIA define como niños y niñas a las personas entre los 0 y los 12 años y como adolescentes a aquellas que se encuentran entre los 12 y los 18 años. Se debe anotar que la legislación colombiana reconoce a todos los NNA, sin discriminación alguna, los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, la Constitución Política y las leyes, bajo los principios universales de dignidad, igualdad, equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, protección integral, interés superior, corresponsabilidad y participación. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de los derechos se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar armonía con la Constitución Política. Esta definición, que se encuentra en armonía con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce a los NNA como sujetos titulares de derechos, establece su protección integral, su garantía y cumplimiento, la prevención de amenaza o vulneración y su restablecimiento inmediato en los casos en que sean inobservados. La nueva concepción reconoce el papel activo del niño y la niña en su proceso de desarrollo, abandonando la noción que los identificaba como agentes pasivos de la acción pública. Es importante señalar que el artículo 90 del Código Civil establece que la existencia legal de toda persona inicia al nacer, es decir, al separarse completamente de su madre. Aquellas criaturas que mueren en el vientre materno, o que perecen antes de estar completamente separados de sus madres, o que no hayan sobrevivido a la separación un momento siquiera se han de reputar como si no hubieran existido jamás. No obstante, el artículo 91 del mismo Código prescribe que “La Ley protege la vida del que está por nacer”.

79. Por otra parte, la Ley de la Juventud (Ley 375 de 1997) señala que es joven la persona mayor de 14 años y menor de 26 años. Así mismo, la legislación nacional da un tratamiento diferencial y preferente a los adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, tales como los pertenecientes a grupos étnicos y aquellos con alguna discapacidad.

80. Finalmente, en Colombia se puede contraer matrimonio legalmente, según el artículo 140 del Código Civil, desde los 14 años de edad. Sin embargo, las personas entre 14 y 18 años no pueden hacerlo sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres o, a falta de éstos, de curador.

  1. PRINCIPIOS GENERALES


A. No discriminación


  • Medidas para luchar contra la discriminación basada en el género

80. El principal y más reciente avance normativo para enfrentar la discriminación y la violencia basada en género (VBG) es la Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 [sobre la Familia] y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley incluye una cláusula que exige investigar o sancionar a los miembros de la Fuerza Pública y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra niñas y mujeres. Adicionalmente, el artículo 12 del CIA, en concordancia con el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981), establece la perspectiva de género como el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas entre las personas según sexo, edad, etnia y rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva debe ser tenida en cuenta en la aplicación de toda la legislación relevante a los NNA y en los ámbitos en que éstos se desenvuelven.

81. A partir de estos preceptos, se han desarrollado diferentes acciones para asegurar la eliminación de la discriminación en contra de las niñas, entre las que vale destacar, de conformidad con la Ley 1257 de 2008 y en consideración de lo prescrito en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional (“Mujeres en situación de desplazamiento”), la creación del Comité Interinstitucional de Comunicaciones para la Erradicación de la Violencia Basada en Género, que lanzó el 2 noviembre de 2010 una estrategia de comunicaciones orientada a:

  • Los funcionarios del Estado, para que tomen conciencia de su deber y sus responsabilidades en la aplicación de los nuevos procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres;

  • Las mujeres, para que conozcan sus derechos y cómo ejercerlos; y

  • Que los no agresores y la sociedad en general no toleren la violencia contra las mujeres.

82. Por otra parte, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) y la Vicepresidencia de la República, a partir del concurso Young Lions & Slide Prix 2011, lograron capacitar sobre prevención de la violencia sexual contra niñas entre 10 y 14 años a 196 publicistas y consiguieron que se elaboraran 47 piezas de Internet, 31 estrategias de publicidad, 16 briefs para la prevención de la explotación sexual de NNA, 115 piezas print (afiches y eucoles) y 13 videos. Y por dos años (2009 y 2011), ha apoyado el concurso de dibujo sobre la igualdad de género Érase una vez una chica y un chico, juntos querían construir un mundo mejor, dirigido a niños y niñas entre 8 y 10 años, promovido por la Unión Europea.

83. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), entidad con presencia en todo el territorio nacional con 8 oficinas regionales, 25 oficinas seccionales y 114 Unidades Básicas: a) ha difundido entre sus funcionarios el CIA y las responsabilidades adquiridas en el marco del documento CONPES 3629 de 2009 (relativo al SRPA); b) ha elaborado, a partir del trabajo realizado en seis encuentros nacionales con Psiquiatras y Psicólogos del Instituto entre 2006 y 2010, el documento Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en NNA presuntas víctimas de delitos sexuales, en los cuales se incluye como elemento central la perspectiva de género; c) ha realizado, desde el año 2009, talleres de sensibilización en VBG; d) ha fortalecido su institucionalidad, gracias a la cooperación internacional y a través de la elaboración del Cuerpo del Conocimiento en VBG; e) está construyendo el modelo de atención institucional en VBG; f) ha repartido material audiovisual, desde enero de 2010, tendiente a sensibilizar a sus usuarios acerca de la VBG y el desplazamiento forzado; g) publicó la tercera versión del Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral en la Investigación del Delito Sexual; h) capacitó, en 2010, a 225 peritos en temas relacionados con la VBG, delitos sexuales, tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y en atención diferenciada a víctimas de desplazamiento forzado, el conflicto armado y violencia intrafamiliar; y, i) difundió entre sus funcionarios el Reglamento técnico para el abordaje forense integral de la víctima en la investigación del delito sexual.

  • Medidas para luchar contra la discriminación de niños y niñas con discapacidad

84. Colombia aprobó (Ley 1346 de 2010) y ratificó (10 de mayo de 2011) la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto que el artículo 36 del CIA está dedicado a los derechos de niños y niñas con discapacidad. En este contexto, el ICBF desarrolla programas para el restablecimiento de los derechos de los niños con discapacidad en diferentes modalidades de atención (Hogar Gestor, Hogar Sustituto, Instituciones de Protección -externado y seminternado-, Internados para discapacidad y trastorno mental) y durante el período 2004-2010 invirtió para el efecto 406.446 millones de pesos y atendió anualmente, en promedio, a 10.749 niños y niñas con discapacidad. Sobre el particular, se recomienda ver el cuadro 3 del documento anexo.

  • Medidas para luchar contra la discriminación de niños y niñas de grupos étnicos

85. La Constitución Política protege ampliamente la lengua, las tradiciones, la cultura, los bienes y los derechos a la participación política y a recibir una formación que respete y desarrolle la identidad cultural de los grupos étnicos. Por su parte, el artículo 13 del CIA establece que “los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el CIA, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social”.

86. Las instituciones nacionales, de conformidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio No 169 de la OIT, los Autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional (sobre la protección de los derechos fundamentales de indígenas y afro-descendientes desplazados por el conflicto armado) y las recomendaciones de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, (Durban, 2001), desarrollan y ejecutan políticas con enfoque diferencial; fortalecen las capacidades de organizaciones y autoridades de grupos étnicos; y forman a sus servidores públicos sobre las particularidades étnicas, históricas, normativas y culturales de las poblaciones con pertenencia étnica en Colombia, con el fin de valorar, comprender y tener en cuenta sus ritmos y formas de vida en el funcionamiento de los programas extendidos a los territorios en que están asentados.

87. En este sentido, el ICBF construyó y aprobó el Marco General de Lineamientos de Atención Diferenciada, clave para el relacionamiento institucional con las comunidades de grupos étnicos y realiza consultas previas -Decreto 1320 de 1998- con las Autoridades Tradicionales legítimamente constituidas de los diferentes grupos con miras a garantizar su derecho a participar para articular sus procesos, proyectos y programas en los contextos socioculturales locales y regionales. Al respecto, se destaca el ajuste en 2010, con base en criterios diferenciales étnicos, de los Lineamientos Técnicos de diversos programas del ICBF, tales como hogares comunitarios de bienestar, alimentación escolar, desayunos infantiles con amor, clubes pre-juveniles y juveniles, adulto mayor, centros de recuperación nutricional, materno infantil y recuperación nutricional ambulatoria.

  1. Interés superior del niño


88. El interés superior de los NNA, consagrado en el artículo 8 del CIA como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos[de los NNA] que son universales, prevalecientes e interdependientes”, es el principio orientador de la acción de la sociedad y de la política pública dirigida a los NNA, así como de las decisiones particulares respecto de situaciones en las que se deban armonizar los derechos e intereses de los NNA con los de terceros. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha dispuesto que el interés superior del niño no constituye un principio en abstracto, sino de naturaleza real y relacional, por lo cual sólo puede establecerse prestando consideración a las circunstancias particulares y únicas en las que se encuentra el NNA.

89. Así las cosas, la Corte Constitucional estableció que para justificar decisiones en el interés superior del niño se deben cumplir, al menos, cuatro condiciones básicas, a saber: (i) el interés del NNA en cuya defensa se actúa debe ser real (relación a sus necesidades particulares y a sus especiales aptitudes físicas y psicológicas); (ii) independencia del criterio arbitrario de los demás, es decir, que su existencia y protección no dependan de la voluntad de los padres o funcionarios públicos encargados de protegerlos; (iii) al ser un concepto relacional, la garantía de su protección se predica frente a intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (iv) se debe demostrar que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del NNA. En igual sentido, el artículo 44 de la Constitución Política es claro al prescribir que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquéllos requieren.
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