La tesis tradicional de la “violencia de género” y sus alternativas




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IIº.- IIº.- HACIA UNA DEFINICIÓN ÚNICA64.

La Declaración y Programa de Acción de Viena65, producto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, en los párrafos 36, 38 y 39, pide “…encarecidamente que se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas… …señala en especial la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso… …insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la declaración… …insta a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, encubiertas o palmarias… …se insta a los Estados a que retiren todas las reservas que sean contrarias al objeto y la finalidad de la Convención…”. Recordemos, además, que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de Belém do Pará”66 reconoce, en los artículos 7 y 8 que “…la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo, individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida… …y establece los deberes de los Estados al respecto…”67.

Las anteriores definiciones, concepciones y estrategias legales son, tan sólo, variados ejemplos que indican la perentoria y elocuente necesidad, que abarca desde Gobiernos hasta grupos feministas, de unificar conceptos, políticas y soluciones; está claro que el problema no es ni de una cultura, ni de un tiempo, ni de un lugar; afecta a toda la humanidad, en el sentido más extenso del término. Pese a que, nosotros particularmente, opinamos que nos hallamos muy próximos al fin de la violencia contra las mujeres, también, desde nuestra modesta óptica, pensamos que resulta prioritario coincidir en un concepto único y universalmente válido que defina dicha violencia. De manera provisional, lo correcto será asumir el concepto elaborado por la Plataforma de Acción de Beijing68, que, repetimos, definió la expresión violencia contra la mujer como, en su artículo 113;

“…todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes formas:

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra…”.

Esto es sólo un principio teórico y la referida definición puede ser muy fácilmente perfeccionada y concretada, sin desmerecer, por ello, su valor. Y es que, lo que no podemos olvidar, por ejemplo, es el hecho de que la conducta de los Dioses Griegos, ya comentada, representaba, y representa todavía hoy, un degenerado modelo de comportamiento a seguir por los varones, por lo que definir, en su aspecto real y pernicioso, algo tan asumido como “normal”, “corriente” e, incluso, “adecuado” por una gran parte de la humanidad, choca, frontalmente, con infinitas barreras69. En el presente texto no se pretende, ni tan siquiera, intentar una definición válida, pero sí, por el contrario, se va a intentar una diferenciada configuración de la violencia contra las mujeres y exponer lo que, con toda humildad, podría ser una vía para acabar, a corto plazo, huyendo de las teorizaciones y buscando los resultados prácticos e inmediatos, que pudieran poner fin a las agresiones que actualmente padecen millones de mujeres.

Aunque ello pueda ser tan erróneo como fatuo o ingenuo, sobre todo, pretendemos, con este texto, consolidar una idea, en la que nos reafirmamos desde ahora; pueden promoverse medidas que determinen, a corto plazo, el fin del denigrante conjunto de factores que componen la base de la estructura social en que se asienta la Violencia contra las Mujeres.

CAPÍTULO IIIº.

LAS TESIS TRADICIONALES DE LA “VIOLENCIA DE GÉNERO” Y SUS ALTERNATIVAS.

IIIº.- Iº.- LA CONFIGURACIÓN ESPAÑOLA DE LA “VIOLENCIA DE GÉNERO”.

Como acabamos de decir, en la Exposición de Motivos de la “Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” se argumenta que “…se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión70…”. Además, hoy en día, en España, se considera, tanto por imperativo legal como por criterio jurisprudencial, de forma casi unánime71, que el término “Violencia de Género” se refiere exclusivamente a;

1º) la violencia con resultados físicos; aquí, por “violencia de género” se ha de entender aquella que implica el uso de cierta fuerza física y que tiene como resultado una lesión corporal que, médicamente, ha de consistir en una fractura, daño o cambio patológico de un tejido orgánico o bien en cualquier anomalía local, perceptible, de los tejidos de la piel, como una herida, una llaga o una quemadura.

2º) la “violencia de género” con resultados psicológicos; es aquella con un resultado equiparable a la intimidación, o al quebrantamiento de la libre voluntad de la mujer, que, además, deja secuelas perceptibles por un psicólogo o por un médico psiquiatra, normalmente.

Siguiendo a María Ferraz en su texto “Conceptualización de la Violencia de Género72 el maltrato psicológico está constituido por: “…aquellas conductas que producen en las víctimas desvalorización o sufrimiento... …este tipo de maltrato tiene una función de control…”. La Dra. Diane R. Follingstad73, especializada en Psicología Forense y doctorada en la Universidad de Colorado, en los EE.UU., concretó, en 1990, en seis conductas o resultados, los tipos del maltrato psicológico, a saber:

  1. Ridiculización, amenazas verbales e insultos.

  2. Aislamiento social y económico.

  3. Celos, posesividad.

  4. Amenazas verbales de maltrato o de daño físico.

  5. Amenazas repetidas de divorcio o de abandono.

  6. Destrucción o daño de objetos personales de la víctima, a los que ésta tiene un cierto aprecio o valor emocional.

De modo provisional, que ya concretaremos en los Capítulos Vº.- IVº.- y VIº.- Iº.-, nosotros mantenemos que constituye violencia contra la mujer una continuidad estructurada de actos imperativos o inconsentidos que tienen como objetivo el deterioro o un apoderamiento de la personalidad o de la dignidad, dónde el agresor es un varón y el sujeto pasivo una mujer74 que, socialmente, es esposa o está unida por un vínculo emocional persistente con su del agresor (que nunca “pareja sentimental”)75. Según la Organización Mundial de la Salud la violencia contra las mujeres En cierto modo, resulta decepcionante que, precisamente en España, cuna de mujeres como las referidas en la nota 22, en la actualidad se defina y configure el concepto de la violencia contra las mujeres, en alguna medida, de forma más precaria e imprecisa como, por ejemplo, lo hizo la Constitución de 1931 (junto con las leyes posteriores)76 y las consecuentes leyes que configuraron los entonces denominados “Derechos de la Mujer”. Resulta, incluso, conveniente releer los debates entre las Sras. Diputadas Campoamor77 y Kent, de donde, seguramente, quedará una sensación de asombro ante el hecho de que un Parlamento, en el que sólo había tres mujeres, dos de ellas protagonizaran, tan inteligentes y convincentes como contrapuestos y elaborados, debates sobre el sufragio femenino. En definitiva, hoy resulta, según nuestro particular modo de ver, poco comprensible que el artículo 2º de la “Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” enumere como “Principios Rectores” los siguientes (transcritos en el mismo orden, tal vez caótico, que hace la propia Ley):

  1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

  2. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

  3. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.

  4. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.

  5. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

  6. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.

  7. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

  8. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

  9. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

  10. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.

  11. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

Basta con una simple lectura de estos objetivos para detectar que, en la España Democrática, no ha sido muy contundente la evolución de la legislación relativa a la igualdad de sexos, sobre todo, si la comparamos las Leyes anteriores a la dictadura. Pero aquí no, aquí no valen las críticas, más o menos fundamentadas, hay acatar y respetar la Legislación vigente y, al tiempo, intentar y meditar sobre otras soluciones al problema de la violencia contra las mujeres. Y es que, en España, semanalmente hay víctimas mortales y, cada hora, son maltratadas treinta mujeres. Por eso, solamente, debemos decir que, tal vez, pudiera parecer que los “Principios Rectores” anteriormente transcritos se están refiriendo a otra realidad, sin opinar nada respecto a su orden numeral que, suponemos, tan sólo es eso y no un orden de prelaciones.

IIIº.- Iº.- Iº.- DE LA INNOVACIÓN AL FRACASO.

El proceso, en lo referente a la labor legislativa, para paliar o eliminar el fenómeno de la “Violencia de Género”, en España, en un meteórico espacio temporal, de menos de tres años, va desde la orgullosa e insultante labor legislativa innovadora e “integral” al reconocimiento de un evidente fracaso. No queremos incidir en lo ya dicho de que, según el Legislador, la mujer española tiene género y no sexo, pero sí que vale la pena pararnos en algo, que ya no es tan anecdótico sino, más bien, grave. Y es que, la denominada Ley contra la Violencia de Género, que debiera incluir estrategias, medidas y soluciones, en el marco de;

1º.- una verdadera igualdad de sexos y bajo

2º.- una concepción del maltrato o de la violencia contra las mujeres como una conducta infame,

acaba resultando, a nuestro modesto criterio, incongruente o ilógica, cuando, en la misma, se contienen disposiciones como las siguientes;

1º) El artículo 22 se refiere a un “Programa específico de empleo”.

2º) El artículo 27 habla de las “Ayudas sociales”.

3º) El artículo 28 prioriza el acceso a la vivienda a las mujeres maltratadas.

4º) El título Vº les proporciona “Tutela Judicial”.

Y, ya son palabras mayores, cuando en las Disposiciones Adicionales y Transitorias y en otras normas que la complementan, en otros ámbitos territoriales, se regulan las;

  1. “pensiones y ayudas”,

  2. el “abandono del puesto de trabajo”,

  3. las “ordenes de protección”,

  4. la “dotación de fondos”,

  5. el “cambio de apellidos”,

  6. las “casas de emergencia”,

  7. las “casas de acogida”,

  8. los “pisos tutelados” y

  9. un bochornoso y largo etcétera…

En efecto, resulta vergonzante que se inauguren las “casas de acogida y los programas correspondientes”78 o que se lean noticias como esta, de septiembre de 2008: “…la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma, compartió una tarde con las mujeres usuarias del programa “Equalitas”, un nuevo servicio dirigido a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres que residen o han residido en la Casa de Acogida y lograr así su promoción profesional…”79. Este cúmulo de disposiciones e instrumentos, tal vez, nos debería, primeramente, provocar cierto sonrojo y, después, hacernos meditar sí lo que, en realidad, promueven y generan estas leyes es que, en nuestra sociedad, existan “mujeres fugitivas”, al olvidar, de forma indirecta pero sutil y contundente, que, con la vigente normativa, se están limitando, a determinadas ciudadanas, derechos tan fundamentales como los de la libertad de residencia, de deambulación, al nombre y a la propia identidad, entre otros. Y, así, se viene a perpetuar una concepción muy similar de los “Derechos de la Mujer” de los que la ninfa griega Dafne gozaba (véase nota 8ª). Pero, además, es que todo ello se hace, no de forma vergonzante, provisional o ineludible, sino con la conformidad, satisfacción y orgullo que se deduce de la nota periodística, antes transcrita. Aquí está la auténtica clave del fracaso de la mencionada Ley; es que resulta que el planteamiento inicial de actuación, según nuestro humilde parecer, está equívocamente configurado ya que;

  1. el “fugitivo” tiene que ser el delincuente, jamás la víctima.

  2. una sociedad con “mujeres protegidas”, con “órdenes de protección” o con “casas der acogida” es, evidentemente, una sociedad enferma, y por ahora, más que limitar o eliminar estos conceptos y recursos los promocionamos e inauguramos, indecorosamente.

  3. la situación se quiere resolver, no eliminando la “enfermedad”, sino aislando, proscribiendo casi, a la “enferma”. Al parecer, hace siglos, así se “curaba” la lepra...

Pero ante este cúmulo de dislates hay que reconocer que el Gobierno ha tenido la valentía de admitir, a través de la Vicepresidenta Primera, Doña María Teresa Fernández de la Vega, que la ley de Violencia de Género “…no ha sido suficiente. Se ha hecho mucho, pero no ha sido suficiente…”.
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