Federacion argentina de colegios de abogados




descargar 0.61 Mb.
títuloFederacion argentina de colegios de abogados
página14/18
fecha de publicación24.02.2016
tamaño0.61 Mb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

b) JUNTA DE GOBIERNO




VISTO:

El texto del proyecto de ley para regular el ejercicio de la Función Notarial y de la profesión de Escribano radicado por ante la Legislatura de la Provincia de Río Negro.
CONSIDERANDO:

1) Las solicitudes de intervención de esta Federación y dictámenes producidos por los Colegios de Abogados de Cipolletti, General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche, como también los del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina, que rechazan amplia y fundadamente la incorporación en la esfera de la función de los escribanos, de actas de declaratoria de herederos y de aprobación de testamentos.

2) Que el citado proyecto –especialmente en sus arts. 94, 95, 96, 97 y 98- ignora disposiciones contenidas en el Código Civil para la Nación Argentina –art. 3412, 3284 y cc.- que establecen específicamente la intervención jurisdiccional en la materia, y cuyo sustento está normado por el art. 75 inc. 12 y afianzado por el art. 31, ambos de la Constitución Nacional y 139 inc. 17 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.

3) Que sin perjuicio de que la sola mención a dicha transgresión debiera bastar para descalificar el texto legislativo mencionado, no huelga puntualizar que:

  1. Sustrae del Poder Judicial el tratamiento de cuestiones que, como vimos, requieren de la directa intervención jurisdiccional, violentando el principio de juez natural y provocando otra grave transgresión constitucional –art. 5 y 18 de la Constitución Nacional y 196 y ccdts. de la Constitución de la Provincia de Río Negro.

  2. Ataca la incumbencia profesional no sólo de los abogados, sino además de los escribanos, sustrayendo de aquéllas materias estrictamente relacionadas con su habilitación profesional y adjudicando a éstos tareas que exceden ampliamente la específica función notarial.

  3. Al contrario de lo aconsejable en los tiempos actuales vulnera seriamente la necesidad del ciudadano de contar con la seguridad jurídica que exige una materia de extrema complejidad técnica en la que además impactan fenómenos sociales de incuestionable importancia.

  4. Atenta seriamente contra el sistema previsional para abogados y procuradores que rige en la Provincia de Río Negro, sin prever siquiera soluciones al inevitable impacto que provocará en dicho ámbito.

  5. Denota un alto grado de improvisación en el tratamiento de una institución del derecho privado que requiere un desarrollo pormenorizado de situaciones hoy previstas por la legislación adjetiva.

4) Que la seriedad de la cuestión no solo se centra en el texto legislativo sino además en campañas informativas que adjudican al mismo ventajas de tiempo y dinero para el justiciable, generando con ello un concepto absolutamente distorsionado de la realidad.

5) Que esta Federación y sus Colegios miembros en ocasiones anteriores ha analizado y rechazado proyectos similares que fueron dejados sin efecto en atención a los fundamentos y análisis indicados en la presente.
Por ello, la JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS,

RESUELVE:
1) Rechazar enfáticamente el Proyecto de Ley de Función Notarial y ejercicio de la profesión de Escribanos, de conformidad con los fundamentos reseñados precedentemente, avalando las gestiones realizadas en el mismo sentido por los Colegios de Abogados de la Provincia de Río Negro y por el Consejo Coordinador de Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina.

2) Comunicar y publicar como es de estilo.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2004.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

POSICIÓN DE LOS ABOGADOS ARGENTINOS

FRENTE A LA DEUDA EXTERNA



En su reunión del 18/06/04, la Federación Argentina de Colegios de Abogados trató la posición de la institución con relación a la deuda externa, decidiéndose que el adoptar posición frente a este problema se encuadra dentro de los objetivos fijados por el Estatuto de la entidad, entre lo que se destaca el reafirmar los principios del régimen institucional argentino. La deuda externa, al afectar gravemente la economía del país, socava sus cimientos. Ante ello, la abogacía organizada siente la obligación de fijar posición y sugerir los cursos –sin desdeñar, por cierto, el enfoque desde otros ángulos—con el objeto de fijar acción en el orden jurídico.
Para el objetivo señalado es de advertir que se habrá de considerar las causas que han llevado al denominado “default” que, supuestamente, colocaría a la nación argentina al margen de la organización internacional. Ha de advertirse, en primer lugar, que el endeudamiento argentino nos identifica con las naciones subdesarrolladas en las que el monto de aquella asciende a más de dos mil quinientos billones de dólares estadounidenses. Por caso, en América Latina, la deuda externa equivale al 41% del PBI. Ello no obstante, la transferencia de tres mil quinientos billones de dólares de los países periféricos a los grandes centro del poder lo que se explica por el crecimiento exponencial de los intereses y obligaciones generados por la deuda.

Existen iniciativas legislativas respecto a la posibilidad de solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que requiera una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia para fijar el perfil jurídico de la deuda internacional. En cuanto al cuestionamiento fundamental de lo que se trata es que el Tribunal Mundial efectúe el encuadramiento jurídico de la deuda y de sus consecuencias. Pese al carácter consultivo que tendría la resolución, su logro generaría una gran repercusión política por el prestigio moral y científico del Tribunal. Su consecuencia, al definir el encuadre de la deuda, importará la descalificación de la que genéricamente denominamos “deuda ilegítima” principalmente por el carácter usurario del aumento de las tasas de interés que la generó. En otros foros internacionales, además, se enfoca la cuestión desde el punto de vista de causa de la pobreza, como surge en la declaración del Sínodo de Obispos de América.
Ello se debió al carácter usurario del alza unilateral e ilimitada de las tasas de interés decidido por la Reserva Federal de los EE.UU en 1980. Los acreedores aplicaron abusivamente ese aumento de las tasas a todas las deudas externas de los países en desarrollo violando principios generales de derecho tales como “el que reprime a la usura, la equidad, el abuso de derecho, la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el favor debitoris, la inviolabilidad de los derechos humanos, en particular, del derecho a la vida, etcétera”.
Ese aumento determinó que, desde entonces, los países deudores hayan pagado en concepto de intereses sumas que superan varias veces las de las deudas originales.
En este cuadro, la intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aparecen operando como instrumentos del capital financiero internacional, justificándose esta afirmación en las exigencias de estos organismos a nuestro país en la actual negociación de la deuda con los acreedores privados a quienes, en verdad, no representan.
El incremento casi increíble de la deuda externa argentina a partir de la década del sesenta encuentra su mayor aumento durante la dictadura militar. A la caída del gobierno de Isabel Perón la deuda ascendía a 7.500 millones de dólares. Luego de seis años, en 1982, al cesar la dictadura, debíamos 43.000 millones, habiéndose remesado ya, al exterior, 21.500 millones. En el período presidencial del doctor Carlos Saúl Menem la deuda se incrementó de 63.000 a 147.000 millones, pese al pago de 117.000 millones de dólares. A julio de 2003, los montos eran de 76.700 millones de dólares, que representaba el 44% en “default” y 95.483 millones de dólares que se están pagando, en total, 172.183 millones de dólares. De esta última cifra el porcentaje mayor equivale al pago a organismo multilaterales. Pese a no estar atendiéndose el pago de la deuda en “default” sus montos se han seguido incrementando.
Luego de este rápido pantallazo cabe preguntarse si es verdad que los argentinos debemos 180.000 millones de dólares. Tenemos la convicción de que no es así. Por ello, en la negociación con los acreedores privados, no es adecuado decir que se ofrece pagar el 25% de la deuda porque, de tal modo, se está reconociendo que se debe el 100%. La realidad es que no se debe el 100% si separa la deuda legítima de la ilegítima; si se separa lo que es responsabilidad de la República Argentina del porcentaje que corresponde atribuir a los organismos internacionales de crédito, a los agentes financieros, a la banca internacional y a la participación que en las negociaciones cupo a los responsables argentinos por abuso de atribuciones o, lo que es peor, lisa y llanamente, por corrupción. Si detraemos de la deuda los datos referidos se llega a la curiosa conclusión de que poco o nada se debe.
Quienes contrataron con los distintos gobiernos argentinos, como mínimo debieron verificar si los negociadores estaban legitimados para contraer obligaciones. La respuesta es por la negativa ya que, en este lamentable proceso, el Congreso de la Nación. al que por imperativo del artículo 75, inciso 7° de la Constitución Nacional corresponde “arreglar el pago de la deuda exterior e interior de la Nación”, para nada intervino en las múltiples gestiones que fueron incrementando la deuda, salvo el rechazo de las cuentas de inversión de la deuda externa correspondientes al tiempo de la dictadura. De aquí en más, como imperativo para encarar el problema, el Poder Legislativo debe recuperar el ejercicio de esta atribución, perdida tanto por el avance del Poder Ejecutivo como por omisión de las obligaciones propias de los legisladores.
Queda claro que en el orden contractual la falta de representación produce la nulidad del pacto. A lo ya expuesto respecto de la deuda ilegítima, puede agregarse que se pervierte la causa fin del contrato cuando el FMI no responde a lo que prescribe el artículo 1° de su Carta Orgánica, ya que los fondos acordados deben tener como finalidad el fomento de la actividad económica, el mantenimiento de los niveles de ingreso y el desarrollo de la capacidad productiva. A ello debe agregarse el desvío sistemático de las sumas recibidas por el Tesoro Nacional a fines distintos a los previstos y lo que es aún más grave las renegociaciones de los compromisos pendientes en forma perjudicial para nuestro país de lo que son muestra el Plan Brady y el reciente e inescrupuloso “megacanje” de 2001.
A los fines de determinar lo realmente debido, en aplicación de las pautas aquí expuestas, debe precisarse ante qué Tribunal y dentro de qué esquema jurídico se ha de encarar la acción. Para ello señalamos cuales son los legitimados pasivos, por hallarse incursos en el incumplimiento de normas de aplicación al caso. Enumeraremos: a) los Bancos, que hicieron la colocación de los bonos incumpliendo la obligación de asesorar sobre los riesgos de la inversión (al respecto existen antecedentes de condena por esta causa tanto en Italia como en Alemania); b) el Fondo Monetario Internacional, por el incumplimiento de sus fines estatutarios; c) los funcionarios del Gobierno Argentino incursos en abuso de poder y en actos de corrupción.
En cuanto al accionar contra los responsables argentinos debe tenerse presente, con relación al “megacanje” y la desorbitada comisión que se abonó para adeudar más de lo que se estaba debiendo, que existe en trámite un proceso judicial que debe activarse para no caer en el riesgo que con la prescripción de la acción penal concluya la investigación y se frustre la sanción de los responsables, como lamentablemente ocurrió con los involucrados en la causa iniciada por Don Alejandro Olmos, probados culpables pero sin castigo.
La acción declarativa ante la Corte Internacional de Justicia con valor para todos los países deudores y las propias acciones que admite la legislación de nuestro país ante nuestros tribunales son cursos de acción paralelos que deben robustecerse y proseguirse.
Los abogados argentinos fijamos nuestro punto de vista y ofrecemos nuestra colaboración al respecto. Tenemos la convicción de que el problema debe y puede superarse con arreglo a derecho.
La frustración del desarrollo, la pobreza la marginalidad, la inseguridad y las causas extremas de privación reconocen en el caso de la República Argentina a la deuda externa como su casi exclusivo productor.
Finalmente, celebramos en este sentido la decisión del Consejo que agrupa a todas las universidades nacionales aconsejando cursos de acción coincidentes con la posición que consignamos en esta declaración.-
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2004.-

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

DECLARACIÓN DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES
VISTO:

La gravedad de la situación informada por el Colegio de Abogados de la Provincia del Neuquén, respecto de la situación del Poder Judicial de esa provincia;
CONSIDERANDO:

Que es misión de esta Federación bregar por la vigencia de los derechos que hacen al ejercicio de la profesión denunciando aquellas situaciones que dejan al descubierto la vulneración de los mismos.

Que se torna menester para esta Federación poner en evidencia aquellas situaciones como la manifestada apoyando y garantizando la labor de los Colegios Federados.

Asimismo, que es misión de este cuerpo promover la participación real de los Colegios miembros, en las decisiones y designaciones que hacen a la composición del Poder Judicial en pos de un mejor servicio de Justicia.

Que, la situación expuesta por el Colegio de la provincia de Neuquén, pone de manifiesto la debilidad del principio de independencia del Poder Judicial, y de legalidad de los procesos, afectando de esta manera los derechos antes aludidos.
POR TODO ELLO, ESTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RESUELVE:

  1. Expresar su mas profunda preocupación por la situación de la Justicia en la Provincia del Neuquén;

  2. Disponer el seguimiento de la situación antes referida, mediante informes que les será solicitados al Colegio de Abogados de la Provincia, y/o sus colegios departamentales;

  3. Exhortar el irrestricto respeto de las garantías constitucionales, basamento del sistema democrático, en especial el de la independencia de los poderes y la legitimación de su constitución;

  4. Exhortar al Tribunal Superior de la Provincia a que otorgue a los Colegios Públicos de Abogados locales la participación real necesaria para las designaciones judiciales a fin de legitimar las mismas.

  5. Repudiar las actitudes intimidatorias de que puedan ser objeto los miembros de la abogacía Colegiada, o funcionarios, por el libre y responsable ejercicio de su misión.



San Martín de los Andes, 11 de marzo de 2005.-

Fdo. Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.-

VISTO

La ley 25.973 recientemente sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, y;
CONSIDERANDO

Que la misma excede manifiestamente las facultades del Congreso, vulnerando inequívocamente las atribuciones que la Constitución Nacional reconoce a los Estados Provinciales (art. 121, sgtes. y conc.);

Que las normas que regulan la embargabilidad e inembargabilidad son propias del derecho procesal y que éste a su vez es de competencia de las Provincias, de acuerdo a lo determinado en la Ley Fundamental;

Que a la luz de tales principios constitucionales deviene innegable que el Congreso no sólo ha excedido el ámbito de su competencia, sino que ha invadido la esfera expresamente reservada a las provincias;

Que resulta conveniente destacar que en realidad, al sancionarse la Constitución Nacional medió un reconocimiento por parte de los constituyentes de 1.853 a la preexistencia de las provincias, que se reservaron las facultades no delegadas;

Que habida cuenta de ello, la ley 25.973 afecta gravemente el sistema federal, que nuestra Constitución consagra en su art. 1;

Que independientemente de lo antedicho, disponer la inembargabilidad de las cuentas de las provincias y de los municipios, supone colocar al Estado por encima y fuera de la Ley, incurriendo en una regresión histórica que constituye una vergüenza para la República Argentina;

Que resulta innegable que el Legislador ha pretendido brindar una suerte de impunidad a los Estados provinciales y municipales e indirectamente a los funcionarios públicos, por cuanto ya no responderán civilmente por sus actos;

Que no se puede negar ni ocultar lo antes manifestado, afirmando que la ley no impide las acciones judiciales contra las provincias y/o los municipios, por cuanto lo que verdaderamente importa es que contra los mismos virtualmente no se podrán ejecutar las sentencias;

Que es harto sabido que cuando el justiciable accede a la Justicia es para obtener un resarcimiento justo, adecuado y conforme a derecho y no simplemente para lograr una mera sentencia simbólica;

Que lo cierto es que a la luz de la ley 25.973, si un argentino es embestido por un automotor oficial, si le cercenan arbitrariamente sus derechos o si es afectado de alguna manera por el accionar de cualquier agente del Estado –situaciones lamentablemente demasiados comunes-, no podrá ejecutar el decisorio judicial que pudiese obtener, quedando a merced de la decisión que graciosamente podría tomar el Estado;

Que ello significa, ni más ni menos, que el regreso a la teoría del Príncipe, conforme a la cual, el Estado dicta el derecho para los demás pero no se somete al mismo, sino que se coloca en un plano superior;

Que a mayor abundamiento, la ley a la que venimos aludiendo implica el desconocimiento liso y llano de normas constitucionales y de disposiciones legales de distintas provincias, que prevén los supuestos comprendidos en aquélla en forma diametralmente diferente, reconociendo expresamente, a nivel de sus propias constituciones, la responsabilidad del Estado y la plena ejecutoriedad de las sentencias;

Que por lo demás, la ley cuestionada pretende instalar la inembargabilidad, luego de más de una década de vigencia de normativas de emergencia económica, que ciertamente afectaron los derechos de los justiciables, tornando de hecho virtualmente imposibles los cobros ordenados en las sentencias;

Que no se compadece el cumplimiento y la continuidad en los pagos a los organismos internacionales, con la pretensión de desconocer el derecho de los argentinos a cobrar lo que han dispuesto los jueces en uso de sus facultades y conforme a derecho;

Que por ende la ley que nos ocupa, constituye sin lugar a dudas un avasallamiento que afecta grave e inusitadamente a nuestro sistema federal, además de pretender instaurar la virtual irresponsabilidad de las provincias y municipios, sin siquiera haber reparado en las normativas de las mismas;

Que se vulneran las garantías constitucionales del derecho de propiedad, de igualdad, el derecho de defensa de los acreedores y la violación de la jurisdicción natural (arts. 16, 17, 18 y cctes de la Constitución Nacional);

Que esta Federación no puede permanecer impasible, ni guardar silencio ante una cuestión de la gravedad institucional como la que nos ocupa;
POR ELLO

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA ARGENTINA

RESUELVE:
Artículo 1°: Manifestar su absoluta consternación y profunda preocupación por la sanción de la ley 25.973.

Artículo 2°: Hacer conocer a los tres Poderes de la Nación su repudio al citado cuerpo normativo, mediante nota de estilo y acompañando copia de la presente.

Artículo 3°: Encomendar a la Mesa Directiva de F.A.C.A. que lleve a cabo todas las gestiones que resulten convenientes, oportunas y conducentes a la obtención de la derogación de la ley 25.973. Llevando el planteo especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Artículo 4°: Recomendar a los Colegios federados que realicen en sus respectivas jurisdicciones las gestiones convenientes, oportunas y conducentes para lograr la inaplicabilidad de la ley referida.

Artículo 5°: Recomendar a los Colegios federados que sugieran a sus matriculados que en cada caso concreto en que se pretenda aplicar la ley 25.973, planteen su inconstitucionalidad, dejando expedito el caso federal, a efectos de que la cuestión llegue en definitiva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Artículo 6°: De forma.
San Martín de los Andes, 11 de marzo de 2.005.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

VISTO:

El informe de la Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis, Dra. Claudia Patricia Rocha en el cual se pone en conocimiento de esta Junta de Gobierno la grave crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Provincia de San Luis.-
Y CONSIDERANDO:

Que esta Federación Argentina de Colegios de Abogados viene acompañando hace más de diez años las peticiones del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Luis tendientes a garantizar en esa Provincia el Estado de derecho, la Independencia del Poder Judicial, el adecuado servicio de justicia para los ciudadanos y el reestablecimiento de la Colegiación Obligatoria y control de matricula profesional por los Colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes.-

Que ante la crisis relatada y las renuncias producidas en el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, acompañamos la propuesta del Colegio de Abogados que las designaciones en dicho Cuerpo se efectúen por antecedentes, oposición y audiencia pública, debiéndose a tal fin dictarse la normativa correspondiente.-

Asimismo que se reestablezca a los Colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes sus funciones constitucionales en el Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura, que son de fundamental importancia en la selección y remoción de jueces.-
Por lo tanto, ESTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RESUELVE:

  1. Solicitar audiencia al Gobernador y a las Cámaras Legislativas de la provincia a los efectos de tratar el funcionamiento de la justicia en la provincia de San Luis.-

  2. Solicitar el reestablecimiento inmediato de la Colegiación obligatoria y el control de la matricula profesional por parte de los Colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes.-

  3. Solicitar el reestablecimiento inmediato a los Colegios de abogados de sus funciones constitucionales de integración del Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura.-

  4. Advertir con enorme preocupación que la crisis del Poder Judicial producida en la Provincia de San Luis pone en serio riesgo el derecho de los ciudadanos de acceder a la justicia.-


San Martín de los Andes, 11 de marzo de 2005.-

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.-

Visto la propuesta presentada por la Mesa Directiva solicitando que la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados evalúe aprobar una distinción Honor con la denominación: “Distinción de Honor Juan Bautista Alberdi” a discernir a favor de aquellas Abogadas y Abogados, nacionales o extranjeros, destacando y reconociendo sus valores y compromisos personales por su trayectoria profesional o académica, calidad jurídica y de vinculo con los objetivos estatutarios e institucionales propios de la Federación que enaltezcan la profesión de Abogado;
Considerando;

Que los fines estatutarios de la Federación comprometen el mejoramiento de las calidades institucionales de la Nación, la República y de las democracias, junto a la ciencia del derecho, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia; permitiendo destacar y distinguir a abogadas o abogados que efectúen una tarea descollante en tal sentido;

Que en esa labor institucional la Abogacía asume un compromiso esencial en defensa de los derechos ciudadanos y del cumplimiento del Estado de Derecho y su mejor calidad institucional;

Que la historia argentina reconoce en Juan Bautista Alberdi el modelo de Abogado altamente comprometido con el logro de tales fines, asumiendo una tarea magna a través del diseño, fundamento y consolidación de la organización nacional y el constitucionalismo argentino;

Que en su calidad de Abogado, Alberdi se erige en el pueblo argentino como el gran ejemplo cívico destacándose por su pensamiento filosófico, político, jurídico, social y económico;

Que su labor se destacó no sólo en la Confederación Argentina, sino que también en Europa y América contribuyendo a fundar los ideales universales de una Comunidad Jurídica garantizadora de la paz y de los derechos humanos, con especial significación en América Central y Sudamérica;

Que su producción jurídica ha sido y es la obra inspiradora y educadora de innumerables generaciones de abogadas y abogados, al igual que de catedráticos, juristas, investigadores y de toda persona respetuosa de la Ley y la Constitución;

Que su tarea irrumpió con clara serenidad y reflexión en un momento definitorio de la historia consolidando el constitucionalismo como sistema de expresión soberana del pueblo en el ejercicio del poder institucional y en la garantía de derechos junto al logro del bienestar general o bien común, prestigiando al derecho como esencia de la paz, del crecimiento y del desarrollo humano;

Que la tarea realizada por Juan Bautista Alberdi ha determinado que la Federación identificara en la República Argentina a la celebración del día del Abogado el día 29 de agosto correspondiente al nacimiento del ilustre Abogado tucumano acontecido en 1810;

Que por ello, se estima oportuno, fundado y debido que para distinguir y reconocer la tarea descollante que pudiera acreditar toda Abogada o Abogado la Federación instituya, por medio de formal decisión de la Junta de Gobierno, órgano de la máxima competencia y expresión de la representatividad de los Colegios de Abogados federados de la República Argentina, la “Distinción de Honor Juan Bautista Alberdi” que discernirá fundadamente en cada caso la aludida Junta de Gobierno.-

Que la distinción se identificará con Medalla de Plata; Diploma y cinta con los colores de la Bandera Argentina;
Por ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados reunida en la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquen, resuelve instituir la “Distinción de Honor Juan Bautista Alberdi” que se identificará con Medalla de Plata; Diploma y cinta con los colores de la Bandera Argentina conforme a los fundamentos indicados que se discernirá fundadamente en cada caso por la aludida Junta de Gobierno.- Regístrese. Publíquese.
San Martín de los Andes, 11 de marzo de 2005.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

Visto que la Federación Argentina de Colegios de Abogados instituyó por decisión unánime de su Junta de Gobierno la “Distinción de Honor Juan Bautista Alberdi”, que discernirá la misma la Junta de Gobierno fundadamente en caso que una abogada o abogado acredite una labor descollante en el ámbito del derecho y vinculada a los principios y objetivos estatutarios de la propia Federación;
Considerando:

Que en la reunión de Junta de Gobierno celebrada en la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, la Mesa Directiva ha propuesto fundadamente que la Primera Distinción sea entregada al Jurista español Don Luis Martí Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados desde 1992 y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España;

Que el Doctor Luis Martí Mingarro finalizó la carrera de Derecho y la de Intendente Mercantil, que cursó conjuntamente, a los 19 años de edad, colegiándose en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 1958 y que ejerce la profesión de Abogado hasta el presente;

Que desde 1962 pertenece al Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado español, permaneciendo en excedencia;

Que se ha desempeñado en la Cátedra universitaria de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Derecho;

Que en el ejercicio de la profesión de Abogado desde hace más de 46 años ha actuado en destacados casos en defensa de la Colegiación Legal y del Secreto Profesional, además de los valores esenciales de la Abogacía tales como el Derecho de Defensa y el Acceso a la Justicia;

Que presidió en Bruselas el comité del impuesto al valor agregado para la defensa de la exención de los abogados en este impuesto;

Que ha sido Secretario de la UIBA desde su fundación en el año 1976 ejerciendo la Presidencia de la misma desde 1992;

Que en Iberoamérica ha ejercido una labor sostenida, firme y efectiva en defensa de abogados y de los derechos ciudadanos durante los períodos de gobiernos de facto, acompañando a la Abogacía organizada de estos países en la defensa e instauración del derecho de defensa y colegiación obligatoria, colaborando en la redacción constitucional de algunos países iberoamericanos que recuperaron la democracia, y concibiendo la figura del abogado libre e independiente, al servicio de la Justicia y de la sociedad y en defensa de los intereses confiados;

Que en el año 2000, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid;

Que en el año 2001 fue elegido Miembro Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la que pronunció su discurso de ingreso el 21 de mayo de ese año destacando la labor del Abogado a lo largo de la historia como fuente de la Razón y la Civilización;

Que en esa misma ocasión dedicó la publicación de su discurso de ingreso a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al 80º Aniversario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados imprimiéndose una edición especial con motivo de dicha celebración argentina;

Que su labor de abogado, de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de Presidente de la UIBA; de Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, la ha integrado con una intensa y convencida cooperación entre la Universidad y la Abogacía, siendo vital su tarea en los Ciclos desarrollados conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid, entre otras Universidades y Facultades de Derecho;

Que se destaca asimismo su calidad de escritor y conferencista, ponente o expositor en los más diversos temas inherentes al derecho, a la abogacía y su integración con la literatura, el arte, la historia y las ciencias;

Que acredita una destacada labor en la defensa del abogado y su ejercicio profesional frente a las normas de conformación y desarrollo del Tratado Internacional instituyente de la Corte Penal Internacional, habiéndose logrado por su trabajo que la condición de abogado matriculado en el colegio profesional local, regional o nacional sea suficiente para legitimar la labor de defensa ante dicha Corte Penal Internacional;

Que exhibe una sólida formación ética y una ejemplar solidaridad en la ayuda, colaboración y asistencia en toda necesidad que presente la Abogacía, siendo todavía recordada en nuestra Federación su presencia y asistencia magistral a las Conferencias Nacionales realizadas en Jujuy en el año 2000 y en Santa Fe en el año 2003, destacándose de esta última su desinteresada y silenciosa colaboración a favor de los abogados santafecinos perjudicados y damnificados por la trágica inundación de la época;

Que su labor cotidiana en beneficio de la calidad institucional del Estado de Derecho en Iberoamérica es un ejemplo que proyecta un compromiso de la abogacía intercontinental para afianzar las democracias y la vigencia irrestricta de la ley;

Que acredita vínculos indisolubles de hermandad argentina-española haciendo culto a nuestras más caras tradiciones, a la vez que demuestra una notable labor en defensa de los derechos ciudadanos, del trabajo del Abogado y del Estado de Derecho para consolidar el crecimiento y bienestar de nuestros pueblos;
Es por ello, que siendo fundado, oportuno y debido que la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por decisión unánime de esta Junta de Gobierno, RESUELVE discernir a Don Luis Martí Mingarro la “Distinción de Honor Juan Bautista Alberdi” con entrega por Presidencia de Medalla de Plata, Diploma y cinta con los colores de la Bandera Argentina, por los fundamentos arriba indicados. Regístrese. Publíquese.
San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, República Argentina, 11 de marzo de 2005.

Fdo. Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE MISIONES
VISTO:

La solicitud, e informes efectuados por el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones a esta Federación, ante el conflicto que afecta el correcto funcionamiento del servicio de justicia y la gravedad de la situación respecto de la situación del Poder Judicial de esa provincia, y;
CONSIDERANDO:

QUE los reiterados paros de actividades en la Justicia, que vienen realizando los empleados provinciales judiciales en la Provincia de Misiones desde febrero de 2005, impide que se administre y garantice una Justicia adecuada y eficaz, hacia los ciudadanos de esa Provincia, cercenándose también el derecho a trabajar del abogado, lo que constituye a todas luces un grave perjuicio a los derechos, principios y garantías consagrados por las constituciones nacional y provincial.-

QUE los planteos salariales han agravado la crisis estructural y funcional de la justicia misionera debido a la falta de personal, designaciones de manera discrecional sin observar condiciones de idoneidad, falta de cobertura de cargos vacantes, omisión de controles que desembocaron en la denominada “Megaestafa”, falta de creación de juzgados de acuerdo al aumento de la población, y de la litigiosidad, inexistencia de infraestructura adecuada fundamentalmente en la segunda, tercera y cuarta circunscripción judicial de la Provincia, como así también carencia de políticas de Estado para el fortalecimiento del Poder Judicial, en tanto pilar fundamental del sistema republicano de gobierno.

QUE es objetivo fundamental de esta Federación bregar por la vigencia de los derechos que hacen al ejercicio de la profesión, denunciando aquellas situaciones que dejan al descubierto la vulneración de los mismos, poniendo también en evidencia aquellas situaciones como las manifestadas en el párrafo que antecede, apoyando y garantizando la labor de los Colegios Federados.

QUE esta Federación Argentina de Colegios de Abogados acompaña las peticiones del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones tendientes a garantizar en esa Provincia el Estado de Derecho, la Independencia del Poder Judicial, y el adecuado servicio de justicia para los ciudadanos, atendiendo a los fines institucionales establecidos en la ley de creación de la entidad (ley Provincial 267).

QUE es indudable que el servicio de justicia en la Provincia de Misiones requiere de supremos esfuerzos, consensos y voluntad de los tres poderes, de manera de revertir la morosidad del sistema, y demás aspectos señalados precedentemente, sobre los cuales se hace indispensable trabajar, siendo indispensable convocar para tales fines a todos los sectores involucrados, para elaborar y consensuar proyectos en aras de la optimización y jerarquización del servicio de justicia.
POR TODO ELLO, LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RESUELVE:
1º) Ratificar y apoyar todos los actos, gestiones y peticiones que ha realizado el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones en aras de la solución de la grave crisis que afecta a la administración de justicia, agravada por el paro de actividades de su personal, y que conlleva a que se prive a la comunidad de este servicio esencial, o bien que se preste de manera inadecuada, deficiente o tardíamente.

2º) Que sin negar el legítimo derecho a huelga, constitucionalmente consagrado, exhortar a todos los Poderes Públicos de esa jurisdicción a que se arbitren los medios necesarios para superar la crisis citada y que se reestablezca el normal funcionamiento del Poder Judicial, buscando los mecanismos idóneos para la prestación adecuada del servicio de justicia, garantizándose así el acceso a ésta y el derecho a trabajar.

3º) Expresar su más profunda preocupación por la situación de la Justicia en la Provincia Misiones y disponer el seguimiento de la situación antes referida, mediante informes que les será solicitados al Colegio de Abogados de la Provincia.

4º) Exhortar el respeto de las garantías constitucionales, cumplimiento irrestricto de las normas legales vigentes, y en especial el de la independencia de los poderes y la legitimación de su Constitución.

5º) Renovar su preocupación por el grave conflicto salarial y en apoyo al reclamo de la abogacía organizada de la provincia, efectuar un permanente seguimiento de los acontecimientos hasta la total recomposición de la actividad.

6º)  Acompañar al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, en cuanta gestión se realice en aras de bregar por la correcta administración de justicia. Ello sin dejar de advertir que, de no hallarse, con prontitud, solución al grave problema Institucional que representa el incumplimiento de la obligación de asegurar y administrar justicia, que compete a la Provincia como poder no delegado al gobierno federal, no debe descartarse la posibilidad, de promover las acciones legales pertinentes, que deberán ser cuidadosamente merituadas, dada la afectación e incumplimiento de derechos de incuestionable incidencia colectiva.

7º) Comunicar la presente declaración al Poder Judicial, Ejecutivo, y Legislativo de la Provincia de Misiones y al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.

8º) Comuníquese, regístrese y archívese.
Formosa, 17 de junio de 2005.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY
VISTO:

La solicitud, e informes efectuados por el Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy a esta Federación, ante el conflicto que afecta el correcto funcionamiento del servicio de justicia y la gravedad de la situación respecto de la situación del Poder Judicial de esa provincia, y;
CONSIDERANDO:

QUE los reiterados paros de actividades en la Justicia, que vienen realizando los empleados provinciales judiciales en la Provincia de Jujuy desde abril de 2005, impide que se administre y garantice una Justicia adecuada y eficaz, hacia los ciudadanos de esa Provincia, cercenándose también el derecho a trabajar del abogado, lo que constituye a todas luces un grave perjuicio a los derechos, principios y garantías consagrados por las constituciones nacional y provincial.

QUE es objetivo fundamental de esta Federación bregar por la vigencia de los derechos que hacen al ejercicio de la profesión, denunciando aquellas situaciones que dejan al descubierto la vulneración de los mismos, poniendo también en evidencia aquellas situaciones como las manifestadas en el párrafo que antecede, apoyando y garantizando la labor de los Colegios Federados.

QUE esta Federación Argentina de Colegios de Abogados acompaña las peticiones del Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy tendientes a garantizar en esa Provincia el Estado de Derecho, la Independencia del Poder Judicial, y el adecuado servicio de justicia para los ciudadanos.

QUE es indudable que el servicio de justicia en la Provincia de Jujuy requiere de supremos esfuerzos, consensos y voluntad de los tres poderes, de manera de revertir la morosidad del sistema, y demás aspectos señalados precedentemente, sobre los cuales se hace indispensable trabajar, siendo indispensable convocar para tales fines a todos los sectores involucrados, para elaborar y consensuar proyectos en aras de la optimización y jerarquización del servicio de justicia.
POR TODO ELLO, LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RESUELVE:
1º) Ratificar y apoyar todos los actos, gestiones y peticiones que ha realizado el Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy en aras de la solución de la grave crisis que afecta a la administración de justicia, agravada por el paro de actividades de su personal, y que conlleva a que se prive a la comunidad de este servicio esencial, o bien que se preste de manera inadecuada, deficiente o tardíamente.

2º) Que sin negar el legítimo derecho a huelga, constitucionalmente consagrado, exhortar a todos los Poderes Públicos de esa jurisdicción a que se arbitren los medios necesarios para superar la crisis citada y que se reestablezca el normal funcionamiento del Poder Judicial, buscando los mecanismos idóneos para la prestación adecuada del servicio de justicia, garantizándose así el acceso a ésta y el derecho a trabajar.

3º) Exhortar el respeto de las garantías constitucionales, cumplimiento irrestricto de las normas legales vigentes, y en especial el de la independencia de los poderes y la legitimación de su Constitución.

4º) Renovar su preocupación por el grave conflicto salarial y en apoyo al reclamo de la abogacía organizada de la provincia, efectuar un permanente seguimiento de los acontecimientos hasta la total recomposición de la actividad.

5º) Acompañar al Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy, en cuanta gestión se realice en aras de bregar por la correcta administración de justicia. Ello sin dejar de advertir que, de no hallarse, con prontitud, solución al grave problema Institucional que representa el incumplimiento de la obligación de asegurar y administrar justicia, que compete a la Provincia como poder no delegado al gobierno federal, no debe descartarse la posibilidad, de promover las acciones legales pertinentes, que deberán ser cuidadosamente merituadas, dada la afectación e incumplimiento de derechos de incuestionable incidencia colectiva.

6º) Comunicar la presente declaración al Poder Judicial, Ejecutivo, y Legislativo de la Provincia de Jujuy y al Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy.

7º) Comuníquese, regístrese y archívese.
Formosa, 17 de junio de 2005.-

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos Andreucci, Presidente.

DECLARACIÓN DE FORMOSA EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA DIGNIDAD NACIONAL
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresa su profunda preocupación ante la existencia de tratados de inversión que desplazan la jurisdicción nacional a favor de tribunales arbitrales extranjeros vulnerando la Soberanía Nacional del Estado Argentino.
Este sometimiento a decisiones que afectan intereses fundamentales de la Nación, resulta inadmisible, tornándose imprescindible la defensa de la soberanía y la dignidad nacional, conforme lo establece nuestra Constitución.
Formosa, 18 de junio de 2005.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos Andreucci, Presidente.

VISTO: Las denuncias efectuadas por los Colegios Públicos de Abogados de las Provincias de Formosa, Jujuy, Chaco (Roque Saenz Peña) y Catamarca, en el sentido de que no obstante encontrarse en vigencia Leyes Nacionales de creación de Juzgados Federales de la ciudad de Formosa Nº 2, Roque Saenz Peña – Pcia. De Chaco y Libertador Gral. San Martín – Pcia. De Jujuy , los que no han sido puestos en funcionamiento, en tanto que el del Juzgado Federal de San Fernando del Valle de Catamarca, el pliego correspondiente al Juez del mismo, a pesar de haber sido remitido al Senado de la Nación, no ha sido tratado hasta el día de la fecha.
Y CONSIDERANDO: la necesidad de poner en funcionamiento en forma inmediata los Juzgados Federales con asiento en las Jurisdicciones de Formosa Nº 2 – Pcia. De Formosa, Roque Saenz Peña – Pcia. De Chaco y Libertador Gral. San Martín – Pcia. De Jujuy, así como el tratamiento del pliego del Juzgado Federal de Catamarca que fuera elevado al Senado de la Nación, y teniendo presente la sentida necesidad social e Institucional que la puesta en funcionamiento de estos Juzgados Federales va a satisfacer, que ha sido puesta de manifiesto por los Colegios Federados,
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RESUELVE:
PRIMERO: Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional y al Consejo Nacional de la Magistratura para que arbitren los medios necesarios a fín de la puesta en funcionamiento en forma inmediata de los Juzgados Federales de la Ciudad de Formosa Nº 2 – Pcia. De Formosa, Roque Saenz Peña – Pcia. De Chaco y Libertador Gral. San Martín – Pcia. De Jujuy;

SEGUNDO: Exhortar al Senado de la Nación, al tratamiento y resolución del pliego remitido por el P.E.N. para cubrir la vacante correspondiente al Juzgado Federal de Catamarca;

TERCERO: Comuníquese la presente Resolución al Sr. Presidente de la Nación, al Sr. Presidente del Senado de la Nación, al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, al Sr. Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y a los Sres. Consejeros por los Abogados dentro de dicho Cuerpo;

CUARTO: Comuníquese a los Colegios interesados y a los distintos Poderes de los Estados Provinciales;

QUINTO: De forma.
Formosa, 17 de junio de 2005.

Fdo.: Ricardo de Felipe, Secretario. Carlos A. Andreucci, Presidente.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

similar:

Federacion argentina de colegios de abogados iconReglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado,...

Federacion argentina de colegios de abogados iconCampo Colombiano" Colectivo de Abogados "

Federacion argentina de colegios de abogados iconBuawaigaai ayuyisaa "argentina" do ia kaawaea ummooemmi ia oyagaa*...

Federacion argentina de colegios de abogados iconDiseño curicular colegios arquidiocesanos

Federacion argentina de colegios de abogados iconConsejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Federacion argentina de colegios de abogados iconFederación vasca de voleibol

Federacion argentina de colegios de abogados iconComo un rompecabezas de la Argentina que completó las piezas de cada...

Federacion argentina de colegios de abogados iconFederación católica de asociaciones de padres de alumnos de la provincia de granada

Federacion argentina de colegios de abogados iconNueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980

Federacion argentina de colegios de abogados iconNueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com