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D.4) Liquidación de costas y honorarios profesionales:

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS: De acuerdo con el criterio del profesor colombiano Hernán Fabio López Blanco, la administración de justicia constituye un servicio de orden público a cargo del Estado quien para prestarlo dispone de la rama jurisdiccional en sus diversas manifestaciones. Mucho se ha discutido, dice, acerca de si este servicio debe prestarlo el Estado de manera totalmente gratuita o si, por el contrario, quienes acuden a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional se ven compelidos a actuar ante el mismo deben incurrir en erogaciones.

La actual Constitución Política de Guatemala, no consagró los principios de obligatoriedad y gratuidad de la justicia, aunque se trató de rescatar ésta última al incluirla en la Ley del Organismo Judicial, en el segundo párrafo del artículo 57, que establece: La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos.

Empero, no es un servicio gratuito pues los litigantes en las gestiones que realizan ante los diferentes tribunales tienen que realizar una serie de gastos, alguno de los cuales están previstos como legales. Normalmente las costas comprenden los gastos que el proceso ocasiona; quedan por tanto, fuera de su concepción los daños y perjuicios que las partes sufran con motivo del juicio, los cuales tendrían que promover por separado a través de un juicio declarativo.

El artículo 572 del CPCyM, prescribe: “Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho”.

Por ello, el concepto de costas según De la Plaza, es equivalente, en general, al de gastos que es preciso hacer para obtener la declaración judicial de un derecho; con lo cual se da a entender, por una parte, que de él quedan excluidos los gastos que no son consecuencia directa del proceso; y por otra, que, aunque doctrinalmente puede defenderse el establecimiento de una justicia totalmente gratuita; tesis que no ha prevalecido, pues, lo mismo la técnica que la legislación, regulan los gastos procesales como carga que pesa sobre los litigantes, con criterios variados sobre el fundamento jurídico de esa obligación; de la extensión que debe dársele y, principalmente, de la distribución de la carga en general y en contemplación con algunas situaciones especiales.

EL PRINCIPIO OBJETIVO DEL VENCIMIENTO: En la doctrina ha fructificado con mayor facilidad, para admitir la condena en costas, la tesis del principio o hecho objetivo del vencimiento en juicio, por ser más sencilla, ya que se basa, en obligar al pago a quien fue vencido en el proceso; y, según explica De la Plaza, “en la necesidad puramente objetiva de reparar un perjuicio con abstracción de los móviles que guiaron a los litigantes y a los matices de su conducta; el derecho tiene un valor absoluto, y el que nos procura no puede aumentar o disminuir por el hecho accidental para esos efectos, de que se haga valer dentro o fuera del proceso; de ahí que en el caso de discusión sobre él, haya de restituírsenos, si vencemos, en su integridad; lo que lleva a la conclusión de que si las costas no se impusieren al vencido, sufriría el vencedor, por el hecho de impetrar la tutela de los Tribunales, una injustificada disminución patrimonial; las costas dice Secchi, son un factor más de la perturbación que la necesidad de acudir al proceso lleva consigo; para que el orden se restablezca, es preciso que el vencido satisfaga al vencedor las costas que fueron necesarias para el ejercicio de la acción y para la defensa.

Chiovenda explica con mayor claridad que el hecho objetivo de la derrota es lo que determina la condena en costas. Su fundamento dice, “no es otro que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica. Teniendo en cuenta que la actividad del Estado para obrar la actuación de la ley requiere tiempo y gastos, es necesario impedir que aquel que se encuentre en la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón, sufra daño por el tiempo y gastos requeridos. La necesidad de servirse del proceso para obtener la razón, no debe volverse contra quien tiene la razón”.

El CPCyM sigue el principio objetivo del vencimiento pero en forma atenuada, pues si bien en el art. 573 regula como norma general, que “El Juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. (Siguiendo la orientación del art. 91 del Código Procesal Italiano). También el artículo 574 del CPCyM, le concede facultades discrecionales al juzgador para que, no obstante, lo prescrito en el artículo 573, pueda eximir al vencido en el pago de las costas total o parcialmente, en los supuestos siguientes: a) que haya litigado con evidente buena fe; b) cuando la demanda o contrademnada comprendan pretensiones exageradas; c) cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademnada, o admita defensas de importancia invocadas por el vencido; y d) cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Podrá también eximirlo en aquellas costas que se hubieren causado en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias.

En cuanto a la buena fe, el artículo 575 del CPCyM enumera los casos que le permiten al juez estimar cuándo no hay buena fe, para los efectos de la condena en costas. A saber: a) cuando el proceso se hubiere seguido en rebeldía del demandado; b) cuando haya habido necesidad de promover ejecución contra el deudor para la satisfacción del crédito; c) si el vencido hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o contrademnada que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquéllas; d) si la parte hubiere aducido documentos falsos o testigos falsos o sobornados; y e) si no se rindiere ninguna prueba para justificar la demanda o las excepciones interpuestas.

Al excluir de la buena fe a los procesos de ejecución la norma citada anteriormente, resulta obvio indicar que en éstos no es posible liberar al obligado que ha incumplido, del pago de las costas causadas con motivo de la ejecución. De ahí que en la práctica los tribunales de instancia no expresen ningún inconveniente para imponer esta condena accesoria al vencido. En donde no hay uniformidad es en lo referente al cobro porcentual de intereses, al momento de la liquidación, cuando no fueron pactados por las partes, o si lo fueron, no deben exceder del interés bancario; aspecto para el cual se muestran más cautelosos.

Según la doctrina la idea de la temeridad y la mala fe (dolo) y aun de la culpa, por su condición subjetiva, no deben jugar en la imposición de costas, cuya imposición se justifica por consideraciones marcadamente objetivas.

CONTENIDO DE LA CONDENA EN COSTAS: La condena en costas persigue, como hemos apuntado, el resarcimiento de los gastos que ha tenido que realizar el ejecutante para obtener la satisfacción de su pretensión ejecutiva, ante4 la negativa del ejecutado de cumplir voluntariamente con su obligación. En consecuencia, esos gastos deben determinarse para los efectos de su liquidación.

El concepto de costas en el Derecho alemán, dice De la Plaza, es amplísimo, pues no sólo se reputan costas cuantas han sido necesarias para la persecución normal y defensa de los derechos, sino los viajes que hayan tenido que realizarse, la asistencia a debates y actuaciones, y aun las causadas en el procedimiento de conciliación.

El artículo 578 del Código regula como costas reembolsables: el valor del papel sellado y timbres fiscales (que desaparecieron como tales por la Ley del Timbre); los honorarios del abogado director, de los notarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores, las causadas por embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios; las inscripciones en los registros; la indemnización a los testigos por el tiempo que hubieren invertido y los gastos de viaje. En el segundo párrafo establece, que las diligencias judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de transporte, o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la averiguación de algún hecho.

LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y SU TRÁMITE: De acuerdo con el procedimiento para la liquidación de costas que contiene el art. 580 del Código, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Para promoverlas en el juicio ejecutivo, debe estar firme la sentencia en la que se haya declarado la condena al pago de costas, es decir, que haya causado ejecutoria;

b) El ejecutante debe presentar un proyecto de liquidación ajustado al arancel respectivo, en el que se incluirá capital, intereses y los gastos ocasionados; ante el propio juez del proceso, quien es el competente para su aprobación;

c) El juez en incidente corre audiencia por dos días a quien deba pagarlas y con su contestación o sin ella, resolverá lo procedente. Esto significa que examinará el proyecto y si lo encuentra conforme a las constancias del proceso y la ley, lo aprobará, o bien le hará las modificaciones que estime convenientes para su aprobación;

d) En caso se presentaren objeciones por el obligado al pago, tendrá que probar dentro del período de prueba del incidente las razones de su oposición. La inconformidad, regularmente radica en los montos que fija el ejecutante y no porque haya sido abonada alguna cantidad. Es por ello que el juzgador al hacer sus operaciones matemáticas, tiene facultad para introducirle variaciones al proyecto de liquidación, cuando no guarda relación con el arancel. En caso se impugnaren las costas de Segunda Instancia, como el juez de primer grado es ajeno a las actuaciones que se produjeron en aquélla, pedirá informe por nota al Tribunal Superior para la confirmación de las costas causadas.

e) En el auto que se apruebe la liquidación se expresará el monto a que asciende la misma, el cual es recurrible por apelación, conforme lo regula el art. 334 del CPCyM, que limita el recurso de apelación en el juicio ejecutivo, únicamente al auto en qu8e se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación.

f) La certificación de este auto constituye título ejecutivo suficiente para el cobro de las costas causadas.

En el caso del juicio ejecutivo debe tenerse presente que, conforme se señaló, la sentencia que se dicta se convierte en título ejecutorio, en consecuencia, la determinación de las costas se proyecta hacia la vía de apremio, ya fuere para obtener, previo requerimiento, directamente del obligado su pago en metálico, o con autorización judicial, para el caso que el embargo hubiere recaído sobre dinero en efectivo, o bien para el remate y/o adjudicación del o de los bienes embargados.

La condena en costas, dice Alsina, “crea una relación de crédito en virtud del cual, el vencedor es acreedor del vencido por los gastos efectuados en la tramitación del juicio, incluso los honorarios de su abogado”.

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES: Es común que en los proyectos de liquidación de costas se incluyan los honorarios por dirección y procuración, que por lo regular la ejercen el mismo profesional, y en la práctica es el cliente quien corre con esos gastos. 104

Sin embargo, para los casos de dificultad en obtener la cancelación de los honorarios por parte de la persona que contrató los servicios del profesional o de quien sea condenado en las costas, el Arancel de Abogados, Árbitros, Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, contenido en el Dto. No. 111-96 del Congreso de la República, regula el procedimiento par establecer su monto y forma de cobro, fijando los valores asignados a las actuaciones de estas personas, quienes en principio, están en libertad par contratar sus honorarios y las condiciones de pago con quienes soliciten sus servicios. A falta de convenio, se determinan por las disposiciones del arancel (art. 1°).

PROCEDIMIENTO: De conformidad con el artículo 2 del Arancel, dentro del proceso los abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, tendrán acción directa para el cobro de sus honorarios de la persona o entidad que haya contratado sus servicios o de la parte condenada en costas. Ambos obligados tienen la calidad de deudores solidarios; y si pagare el contratante de los servicios éste podrá repetir contra la parte condenada en costas.

Los honorarios los devengará el abogado, cualquiera fuera la naturaleza del asunto y aun cuando de conformidad con la ley no fuere necesario su auxilio profesional (caso del proceso laboral). Además de los honorarios que determina el arancel, los abogados tienen derecho de cobrar lo escrito en los memoriales que redactaren, a razón de cinco quetzales por cada hoja o fracción.

El procedimiento para la aprobación es sencillo. Para el efecto quien hubiere prestado los servicios establecidos por el arancel, podrá pedir la liquidación de sus honorarios ante juez competente de su domicilio. Presentada la solicitud, el juez dará audiencia en incidente por dos días comunes a las partes, y si dentro de dicho plazo el o los obligados no presentaren constancia fehaciente de haber efectuado el pago, y la liquidación se encuentra de acuerdo con la ley, el juez le dará su aprobación. El auto que resuelva la liquidación será apelable y al estar firme constituirá título ejecutivo que podrá ejecutarse por la vía de apremio dentro de las mismas diligencias. El abogado podrá incluir en el proyecto de liquidación de costas, las que correspondan a su actuación dentro de ese mismo incidente. (art. 24 dcto. 111-96)

Los honorarios incluidos en la condena de costas, generan acción ejecutiva, a elección del profesional, podrá ejercitarla contra su cliente o contra el condenado al pago de dichas costas. Cuando el abogado opta por la acción contra su cliente, éste podrá repetir contra el obligado.

Asimismo, el artículo 26 del arancel, señala que los jueces que conozcan sobre reclamación lo liquidación del pago de los honorarios conforme a este arancel quedan facultados para decretar dentro de las diligencias, a solicitud de parte, todas las medidas de Garantía previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil. En ningún caso el reclamante estará obligado a prestar garantía por las medidas que se decreten y las mismas serán levantadas hasta que se obtenga el pago.

Finalmente, en cuanto no contraríen al texto y los principios que contiene el arancel, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del CPCyM y la LOJ. (artículo 28 del arancel).

En doctrina se ha discutido mucho si los abogados que litigan en causa propia tienen derecho a cobrar honorarios. Alsina se pronuncia en contra de quienes niegan ese derecho y dice que “la solución no parece justa, teniendo en cuenta el carácter resarcitorio de las costas, desde que el profesional no sólo aplica en tales casos sus conocimientos técnicos, sino que distrae su tiempo en perjuicio de sus intereses”.

D.5) Medidas cautelares:

Este punto ya fue desarrollado en el apartado “D.2”del numeral 19, Proceso Preventivo o cautelar, de la Primera Parte de la presente compilación correspondiente al temario del área procesal civil adjetiva privada.
24. DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO:

A) La rebeldía:

  • Concepto: La rebeldía o contumacia es aquella situación que se da cuando una de las partes no comparece al juicio, o bien cuando habiendo comparecido se ausenta de él105. La Rebeldía es una actitud del demandado que viene a constituirse como un no hacer nada, un silencio frente a la demanda, el hacer caso omiso al vocatio que hace el Juez, pero a pesar que es un no manifestarse del demandado, procesalmente se le denomina a esa actitud como pasiva y negativa frente a la demanda.

Es un silencio frente a la demanda, es un no acudir al llamamiento que hace el Juez, pero técnicamente se le llama que es una actitud negativa pasiva del demandado frente a la demanda.

La contestación de la demanda es únicamente una actitud del demandado, y no una obligación, por lo que el silencio del demandado ante la demanda no deviene en una sanción, sino en una situación jurídica desfavorable para el que no ha comparecido, y esa situación jurídica desfavorable son los efectos de la rebeldía106.

Aguirre señala que algunos consideran que la comparecencia en juicio es obligada, desde el punto de vista que significa una colaboración con el tribunal; es decir, una colaboración con los fines jurisdiccionales del Estado o con los fines de realización de la justicia por parte de sus órganos: Desde este enfoque nadie puede sustraerse a la comparecencia en juicio.

Sin embargo, priva la idea de que se trata de una carga procesal, que produce respecto de aquel que no se desembaraza de ella, las consecuencias desfavorables de su actitud rebelde.
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