Responsabilidad del estado- no puede predicarse cuando el daño se produce por causas ajenas al servicio




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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- No puede predicarse cuando el daño se produce por causas ajenas al servicio.
De acuerdo con la tesis del daño especial para que este se configure se requiere que al conscripto se le haya causado el daño con violación al principio de igualdad frente a las cargas públicas, esto es, que se le haya puesto a ejecutar una actividad que no está obligado a soportar, como sería el caso de aquellos eventos en los que el soldado regular desarrolla actos propios de la guerra, como la de combate, entre otras.
En este caso, no obra prueba alguna de la cual se pueda establecer a ciencia cierta, que haya desempeñado labores diferentes al servicio militar, que hubieren sido la causa del daño o lesión; no pudiendo siquiera inferirse que el problema de salud que lo aquejaba, hubiese sido el resultado de la instrucción que demanda la prestación del servicio militar obligatorio.

(….)

De otro lado, no se encuentra probado que la esquizofrenia paranoide que padece el ex conscripto Ricardo Ossa Pascuas se haya derivado de los supuestos golpes que aduce, le fueron propinados por sus superiores. Por el contrario, existen antecedentes de enfermedades mentales en la familia, pues en la hoja de antecedentes obrante a folio 166 del expediente se consigna que existe antecedente de enfermedad mental por parte de un sobrino del señor Ossa Pascuas.
Respecto a la acción u omisión en que pudo incurrir el demandado en lo tocante con la preservación de la salud del soldado Ossa Pascuas se observa, que las fuerzas militares le prestaron la atención médica indispensable al soldado, tal como se desprende de las historias clínicas obrantes en el expediente.
No habiendo demostrado el demandante, que la lesión fue causada por la prestación del servicio, no puede atribuírsele responsabilidad patrimonial a la Nación Ministerio de Defensa Nacional a título de falla del servicio por acción u omisión. Al punto se resalta, que fue el mismo apoderado actor quien renunció a la práctica del examen médico legal solicitado en la demanda, manifestando expresamente que “para efectos del diagnóstico y calificación de pérdida de capacidad laboral del exsoldado Ossa Pascuas, me atengo al Acta de Junta Médico Laboral No 001290 del 7 de junio de 1995 que se le practicó antes del retiro del servicio militar y que ha sido aportada al proceso por la entidad demandada.” –f. 106.
Entonces, merced al concepto médico contenido en el Acta de Junta Médica Laboral el daño no resulta indemnizable, porque no se produjo por causa ni razón del servicio. El daño o perjuicio que las normas jurídicas pretenden reparar o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas aseguradas por el derecho, que en este caso se contraían al anhelo de que el soldado desarrollara su actividad y regresara a la vida civil en las mismas condiciones de salud en las que ingresó, lo cual no fue así debido a circunstancias ajenas a las actividades propias del servicio como fue determinado por el psiquiatra que lo evaluó (fl. 128 a 130), lo que en últimas permite inferir que se trató de una causa extraña al servicio como el desarrollo de enfermedad de origen no profesional, a la cual se le brindó la atención médica en forma adecuada y oportuna por parte de la demandada (fl. 41 a 64 cuad. pruebas.)

DECISIÓN EN EL CASO CONCRETO:
En suma el actor no se ocupó de demostrar que el daño padecido hubiese tenido ocurrencia por causa directa o indirecta con el servicio y la escasa prueba allegada al proceso impide atribuir la responsabilidad a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Así las cosas, al no demostrarse la relación causal entre el hecho dañoso y el servicio militar, no es posible imputar responsabilidad alguna a la entidad demandada.

FUENTE FORMAL: La Constitución Política artículos 2, 6, 90, Código Contencioso Administrativo artículo 86 y Código Civil, artículos 2341, 2342 y 2343, artículo 10 de la Ley 48 de 1993.
NOTA DE RELATORIA: Sobre falla en el servicio: Sentencia de Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero./Sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19849. C.P. Enrique Gil Botero. /Sobre el tema del daño en relación con la prestación del servicio militar. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de septiembre 14 de 2011. M.P. Enrique Gil Botero. Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222).


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión Escritural
Neiva, veintidós (22) de abril de dos mil catorce (2014)
Magistrado Ponente : DR. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Asunto : REPARACIÓN DIRECTA.

Demandante : RICARDO OSSA PASCUAS Y OTROS

Demandada : NACIÓN – MINDEFENSA – EJÈRCITO NACIONAL

Radicación : 41 001 23 31 000-1997-09602-01

Providencia : SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Acta : Nº 16

RICARDO OSSA PASCUAS, ELGA MARIA JIMENEZ DE PUENTES, en nombre propio y en representación de los menores BRAYAN RICARDO, MARLY VANESSA y JESSICA LORENA OSSA JIMÉNEZ; LUCAS OSSA CADERÓN y REGINA PASCUAS DE OSSA, promueven ante esta jurisdicción, demanda en acción de Reparación Directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, para que esta Corporación se pronuncie sobre las siguientes:

I.- PRETENSIONES
1.- Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativamente responsable por las lesiones físicas, sicológicas y siquiátricas padecidas por el señor Ricardo Ossa Pascuas durante el período en que prestó servicio militar obligatorio, que le originaron incapacidad relativa y permanente del 30%.
2.- En consecuencia, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército a pagar a favor de los actores, por los perjuicios morales una suma equivalente en pesos de 1500 gramos oro para cada uno, por los perjuicios fisiológicos una suma equivalente en pesos de 1500 gramos oro para cada uno y los perjuicios materiales a favor del señor Ricardo Ossa Pascuas en su modalidad de lucro cesante, teniendo como base el salario básico devengado por un cabo segundo del Ejército para el mes de junio de 1995, o el salario que devengaba el señor Ossa Pascuas como docente del municipio del Paujil – Caquetá, y de daño emergente, por el valor de las intervenciones y tratamientos quirúrgicos necesarios para la recuperación de la salud del mismo.
3.- Que la condena se actualice de conformidad al art. 178 del C.C.A. y se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los arts. 176 y 177 del C.C.A.

II.- HECHOS
1.- El 15 de junio de 1994, el señor Ricardo Ossa Pascuas, ingresó al ejército a prestar el servicio militar obligatorio, al Tercer Contingente de 1994 en el Batallón Cacique Pigoanza, en perfectas condiciones de salud física y mental, como consta en el examen de ingreso a la institución.
2.- Debido a los golpes ocasionados por sus superiores, su salud se afectó al punto de ser dado de baja por incapacidad relativa y permanente mediante la Orden Administrativa de Personal No 001118 NF. Del 1° de julio de 1995.
3.- Por medio de Resolución No 6886 del 27 de mayo de 1996, el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció al ex conscripto, una indemnización por disminución de la capacidad laboral del 30%, tomando como factor de liquidación el sueldo básico percibido por un cabo segundo para el año 1995 ($199.000).
4.- Luego de su retiro, el ex soldado continuó con graves quebrantos de salud consistentes en esquizofrenia paranoide, alucinaciones auditivas y visuales, agresividad marcada con ideas delirantes de contenido paranoideo, que lo han llevado a estar recluido en varias instituciones hospitalarias como el Hospital Militar Central, el Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá y el Hospital El Samaritano de Doncello – Caquetá.
5.- El lamentable estado de salud en que el Ejército devolvió al ex conscripto Ossa Pascuas, ha ocasionado profundo dolor en sus familiares cercanos (los demandantes: cónyuge, hijos y padres), los que deben soportar el irregular comportamiento de su pariente que llega hasta la agresividad física, además de padecer la ausencia de apoyo económico para su subsistencia, que se hace más difícil cuando el señor Ossa ha venido a aumentar las cargas económicas.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES
Invoca como normas aplicables la Constitución Política artículos 2, 6, 90, Código Contencioso Administrativo artículo 86 y Código Civil, artículos 2341, 2342 y 2343, sin indicar porqué.

IV.- ACTUACIONES PROCESALES
1.- El 19 de agosto de 1997 se admite la demanda -f. 30.
2.- El 19 de agosto de 1999 se abre el proceso a pruebas -f. 55.
3.- Mediante auto del 17 de abril de 2007 se ordena correr traslado a las partes para que aleguen de conclusión f. 172. La parte demandante presentó escrito, el demandado guardó silencio mientras que el agente del Ministerio Público no rindió concepto -f. 174 a 181.


V.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



La entidad demandada sostiene que no es cierto que debido a golpes ocasionados por lo superiores se haya quebrantado la salud del señor Ricardo Ossa Pascuas y que dicha afirmación es temeraria, y constituye conducta punible.
Considera que el actor equivocó la vía procesal para demandar, ya que la vía a seguir era la acción de nulidad y restablecimiento contra lo determinado por la Junta Médico Laboral.
De otro lado, aduce que la otra la hipótesis con que se han manejado este tipo de procesos es la de la falla del servicio, siendo patente en el caso bajo examen, que no existe nexo causal ente el daño –aún no determinado- (sic) y la víctima que es el mismo actor.
Conforme lo anterior las pretensiones no deben prosperar.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSION

Solo presentó escrito la parte actora considerando probados los hechos relatados en la demanda, y reiterando los argumentos esgrimidos en la misma.
Añade que el daño sufrido por el señor Ossa Pascuas es atribuible al Estado bajo la teoría de la responsabilidad objetiva, ya que era deber de la entidad demandada, reincorporarlo a la vida civil en las condiciones físicas y síquicas con las que ingresó al servicio, sin que se haya probado dentro el proceso algunas de las causales eximentes de responsabilidad. Merced a lo anterior, debe reconocerse la indemnización de los perjuicios de toda índole padecidos por los actores. Cita pronunciamientos del Consejo de Estado que respaldan sus argumentos




VII.- CONSIDERACIONES




1.- PROBLEMA JURÍDICO
Le es atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, responsabilidad por la ocurrencia del daño alegado en la demanda consistente en el trastorno psiquiátrico con incapacidad relativa permanente del 30% padecido por el conscripto Ricardo Ossa Pascuas durante la prestación del servicio militar obligatorio?

2.- ANÁLISIS DEL CASO
2.1.- EL DAÑO
2.1.1 En relación con el daño alegado en la demanda, en el expediente obra el material probatorio que a continuación se relaciona:
Aparece fehacientemente demostrado en el proceso que el señor Ricardo Ossa Pascuas1, ingresó como soldado regular del Batallón de Infantería Cacique Pigoanza al Tercer Contingente de 1994, el 15 de junio de esa misma anualidad, siendo dado de baja por Incapacidad Relativa y Permanente, mediante la Orden Administrativa de Personal No. 001118 NF el 1° de julio de 1995 –f. 19.
El Acta de Junta Médica Laboral No 1290 del 7 de junio de 1995, de la Dirección de Sanidad del Ejército, da fe que el ex conscripto inició servicio militar en junio de 1994, y que en enero de 1995 comenzó a presentar cambios de conducta, logorrea, exhibicionismo, ideación delirante de tipo místico y persecutorio, de grandiosidad, insomnio, alucinaciones auditivas. Que fue hospitalizado en Clínica de la Paz durante tres meses. Como IDX (impresión diagnóstica) se consigna: “Episodio psicótico agudo. Tratamiento afectivo fase maniaca. Se considera su condición como incompatible con la vida militar”.
En consecuencia, se le determinó una incapacidad relativa y permanente, considerándolo NO APTO, con disminución de la capacidad laboral del 30%. Agregando “Afección diagnosticada en el servicio pero no por causa y razón del mismo” fl.- 128 a 130.
En la Historia Clínica de Nuestra Señora de la Paz de Bogotá se señala que el señor Ossa Pascuas ingresó el 17 de febrero de 1995. Igualmente registra salida definitiva el 18 de mayo del mismo año. Como diagnóstico se estableció episodio psicótico agudo, trastorno afectivo, fase maniaca. Por su parte en la Historia Clínica del Hospital María Inmaculada del Caquetá se lee que el 15 de agosto de 1995 fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide -f. 163 cuad. princip., f. 41 del cuad de pruebas.
Fue citado a presentarse ante el Tribunal Médico para continuar los trámites pertinentes, el 29 de marzo, el 6 y el 31 de mayo de 1996, sin que se hiciera presente –fl. 142 a 149.
Mediante la Resolución No 6886 del 27 de mayo de 1996 se le reconoció y se le ordenó el pago de una indemnización por disminución de la capacidad laboral –f. 131.
En el pliego de antecedentes que se llenó en Sanidad de las Fuerzas Militares el 5 de junio de 1995 se consignó que en la familia ha habido casos de enfermedades mentales (un sobrino). Que sufre de depresión o angustia, y de pérdida de la memoria –f 166.
2.1.2 De conformidad con los medios de prueba referidos, la Sala encuentra probado que la junta médica laboral militar conformada por el Ejército Nacional para el efecto, determinó que el soldado conscripto Ricardo Ossa Pascuas perdió el 30% de su capacidad laboral. En este sentido, pasa la Sala a verificar si la pérdida de capacidad anotada es imputable a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional.
3.- LA IMPUTACIÓN
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La noción de daño antijurídico, hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho 2“.
Según lo dispone el inciso dos del artículo 216 de la Constitución Política, “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.”
En este sentido, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización” precisa que “todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller.” Por su parte, el artículo 13 de la misma ley indica que el servicio militar obligatorio puede prestarse en las siguientes modalidades: como soldado regular (de 18 a 24 meses), soldado bachiller (durante 12 meses), auxiliar de policía bachiller (durante 12 meses) y soldado campesino (de 12 hasta 18 meses). A quienes prestan el servicio militar obligatorio se les denomina conscriptos.
Habrá lugar a indemnizar el daño causado a un soldado conscripto, cuando el hecho objeto de reproche sea consecuencia de su especial sujeción a la institución3. De este modo, se entiende que el Estado, “frente a los conscriptos (…) adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, (…) su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, entra en una relación de especial sujeción[11]4 que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos¨[12]5.6
En relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación objetivos como el daño especial o el riesgo excepcional, no sin antes descartar la presencia de una falla del servicio de la administración. Así las cosas, en atención el mencionado principio se definirá el título de imputación de responsabilidad de acuerdo a la causa petendi contenida en la demanda y lo probado dentro del proceso.
3.1.- LA FALLA DEL SERVICIO
El servicio militar genera para el Estado, por un lado la obligación de prevenir y controlar los peligros que pueda sufrir la persona desde el momento en que es reclutada hasta cuando es devuelta a la sociedad y de otro lado, abstenerse de realizar conductas u omisiones que puedan vulnerar o poner en peligro sus derechos no restringidos por su situación especial que si bien implica la restricción de algunos derechos, se trata de una carga que debe soportar y no genera la responsabilidad patrimonial del Estado, contrario sensu, cuando de esa situación el recluta o conscripto sufre daños, para que emerja la responsabilidad estatal se requiere “acreditar que el mismo tuvo alguna vinculación con el servicio, porque se produjo por causa o con ocasión del servicio7
Con relación a la valoración de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la fuerza pública, es preciso señalar que el artículo 21 del Decreto 094 de 19898, establece que la finalidad de las juntas médico laborales militares es la de llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar”. En este sentido, en concordancia con el artículo citado, el dictamen de las juntas aludidas deberá estar fundamentado en “el examen clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las lesiones o afecciones basados en concepto escritos de especialistas”.
Como se refiriera en acápite anterior, al ex conscripto se le diagnosticó una enfermedad mental con incapacidad relativa permanente del 30%, luego de practicársele un examen sicofísico general por parte del Tribunal Médico f- 128, 129
De acuerdo al acta del Tribunal Médico de Revisión Militar No 1209 del 26 de julio de 1996, la afección fue diagnosticada “en el servicio, pero no por causa ni razón del mismo” (fl. 12).
Huelga resaltar, que el señor Ossa Pacuas no se hizo presente a las cinco citaciones que se le realizaron tanto a él como a su padre (fl. 142 a 153), para practicarle Tribunal Médico de Revisión Militar como última instancia sobre las reclamaciones de la capacidad laboral, con el objeto de ratificar, revocar o modificar las conclusiones de la junta médica No 1290 junio de 07 de 1995 –fl. 128 a 130). Merced a dicha circunstancia la entidad le aplicó el art. 28 del decreto 94 de 1989 (f. 131).9
De otro lado, no se encuentra probado que la esquizofrenia paranoide que padece el ex conscripto Ricardo Ossa Pascuas se haya derivado de los supuestos golpes que aduce, le fueron propinados por sus superiores. Por el contrario, existen antecedentes de enfermedades mentales en la familia, pues en la hoja de antecedentes obrante a folio 166 del expediente se consigna que existe antecedente de enfermedad mental por parte de un sobrino del señor Ossa Pascuas.
Respecto a la acción u omisión en que pudo incurrir el demandado en lo tocante con la preservación de la salud del soldado Ossa Pascuas se observa, que las fuerzas militares le prestaron la atención médica indispensable al soldado, tal como se desprende de las historias clínicas obrantes en el expediente.
No habiendo demostrado el demandante, que la lesión fue causada por la prestación del servicio, no puede atribuírsele responsabilidad patrimonial a la Nación Ministerio de Defensa Nacional a título de falla del servicio por acción u omisión. Al punto se resalta, que fue el mismo apoderado actor quien renunció a la práctica del examen médico legal solicitado en la demanda, manifestando expresamente que “para efectos del diagnóstico y calificación de pérdida de capacidad laboral del exsoldado Ossa Pascuas, me atengo al Acta de Junta Médico Laboral No 001290 del 7 de junio de 1995 que se le practicó antes del retiro del servicio militar y que ha sido aportada al proceso por la entidad demandada.” –f. 106.
Entonces, merced al concepto médico contenido en el Acta de Junta Médica Laboral el daño no resulta indemnizable, porque no se produjo por causa ni razón del servicio. El daño o perjuicio que las normas jurídicas pretenden reparar o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas aseguradas por el derecho, que en este caso se contraían al anhelo de que el soldado desarrollara su actividad y regresara a la vida civil en las mismas condiciones de salud en las que ingresó, lo cual no fue así debido a circunstancias ajenas a las actividades propias del servicio como fue determinado por el psiquiatra que lo evaluó (fl. 128 a 130), lo que en últimas permite inferir que se trató de una causa extraña al servicio como el desarrollo de enfermedad de origen no profesional, a la cual se le brindó la atención médica en forma adecuada y oportuna por parte de la demandada (fl. 41 a 64 cuad. pruebas.)
Además la entidad demandada conformó el expediente de Compensación por Invalidez No 15762/95, dentro del cual se expidió la Resolución 6886/96 del mismo año, por medio de la cual se le reconoció y se ordenó el pago de indemnización por disminución de la capacidad laboral al señor Ricardo Ossa Pascuas. – f. 137.
Al punto se trae a colación, el aporte jurisprudencial según el cual
(…) no todo daño causado a un soldado que presta el servicio militar obligatorio es imputable de manera automática al Estado; por el contrario, sólo lo serán aquellos que sean atribuibles a la administración pública en el plano fáctico y jurídico. En consecuencia, habrá que reparar las lesiones antijurídicas que sean atribuibles en el plano fáctico a la prestación del servicio militar –porque se derivan de su prestación directa o indirecta– y se puede constatar la existencia de un título jurídico de imputación que le brinda fundamento a la responsabilidad. Entonces, si opera una causa extraña o si la parte demandante no logra establecer la relación fáctica (imputación) entre el daño y el servicio militar obligatorio, la responsabilidad se enerva y, por lo tanto, habrá lugar a absolver a la entidad demandada en esos eventos.10
Respecto a las declaraciones obrantes en el plenario de los señores Cecilia Pérez Florez, Juan de la Cruz Cano Molina, y Jair Andrade Hurtatis, a pesar de que son coincidentes en afirmar que luego de regresar del ejército, el ex conscripto manifestó comportamientos de enfermo mental y que inclusive, ha atacado físicamente a su esposa, ello no es suficiente para demostrar que la causa determinante de la enfermedad y consecuente incapacidad del señor Ossa Pascuas fue producida por actos del servicio o con ocasión del mismo.
La literatura médica disponible sobre las causas de la enfermedad es coincidente en afirmar que no existe una causa para que algunas personas sufran esta enfermedad, sino que hay que atribuir su aparición a todo un conjunto de causas, siendo la predisposición genética una constante muy fuerte en el desarrollo de la enfermedad, la cual se presenta por primera vez generalmente en la pubertad, con síntomas leves que pasan desapercibidos por las personas cercanas.11
Conforme lo anterior, el actor no se ocupó de demostrar que el daño padecido hubiese tenido ocurrencia por causa directa o indirecta con el servicio y la escasa prueba allegada al proceso impide atribuir la responsabilidad a la demandada a título de falla del servicio.
3.2.- EL DAÑO ESPECIAL
De acuerdo a las pruebas recaudadas el Soldado Regular fue dado de baja mediante la Orden Administrativa de personal 001118 NF el 1° de julio de 1995, por incapacidad Permanente Relativa, no apto para la actividad militar, por presentar un cuadro sicótico agudo, el cual se presentó a los 12 meses de ingresado al servicio, presentó comportamientos extraños, lascivos, paranoia delirante, agresividad, etc. los cuales son propios de quien padece esquizofrenia paranoide.
De acuerdo con la tesis del daño especial para que este se configure se requiere que al conscripto se le haya causado el daño con violación al principio de igualdad frente a las cargas públicas, esto es, que se le haya puesto a ejecutar una actividad que no está obligado a soportar, como sería el caso de aquellos eventos en los que el soldado regular desarrolla actos propios de la guerra, como la de combate, entre otras.
En este caso, no obra prueba alguna de la cual se pueda establecer a ciencia cierta, que haya desempeñado labores diferentes al servicio militar, que hubieren sido la causa del daño o lesión; no pudiendo siquiera inferirse que el problema de salud que lo aquejaba, hubiese sido el resultado de la instrucción que demanda la prestación del servicio militar obligatorio.

La anterior aseveración tiene sustento probatorio en el acta de la Junta Médica en la cual se lee que la lesión diagnosticada, lo fue en el servicio pero no por causa o razón del mismo; por esta razón no puede atribuírsele responsabilidad a la demandada a título de daño especial.
3.3.- RIESGO EXCEPCIONAL
Como lo ha enseñado la jurisprudencia, el riesgo debe ser aquel que desborda a aquel al cual estaría sometido; es decir que sobre pasa al riesgo normal de la actividad o función. Se aplica cuando el daño proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos, de tal suerte que si se demuestra que los hechos ocurrieron por el riesgo al que fueron expuestos los conscriptos, no se requiere de valoración subjetiva de la conducta del demandado.
Como está demostrado en el proceso, la enfermedad mental padecida por el conscripto no proviene de la ejecución de una actividad peligrosa ni de la utilización de artefactos igualmente peligrosos, sino por factores no relacionados con el servicio militar obligatorio, luego tampoco se configura el título de imputación objetivo de riesgo excepcional.

4.- CONCLUSIÓN
En suma el actor no se ocupó de demostrar que el daño padecido hubiese tenido ocurrencia por causa directa o indirecta con el servicio y la escasa prueba allegada al proceso impide atribuir la responsabilidad a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Así las cosas, al no demostrarse la relación causal entre el hecho dañoso y el servicio militar, no es posible imputar responsabilidad alguna a la entidad demandada.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Escritural del Tribunal Administrativo del Huila, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Devuélvase el remanente de la suma depositada para gastos del proceso, si lo hubiere.
TERCERO: Ejecutoriada la anterior decisión, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Magistrado

JOSÉ MILLER LUGO BARRERO CARMEN EMILIA MONTIEL ORTIZ

Magistrado Magistrada


1 Quien nació el 16 de octubre de 1972, por lo que para la época de los hechos contaba con 23 años de edad –f. 72.

2 Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

3 Sentencia de Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

4 Sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19849. C.P. Enrique Gil Botero.

5 “Supra 8. “ Sobre las diferencias entre el soldado conscripto y el soldado voluntario, en la sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se indicó: “[e]n primer término es preciso diferenciar la clase de vínculo que se crea para el Estado, frente al soldado conscripto y en relación con el soldado voluntario o profesional; en el primero de los mencionados (soldado conscripto) el vínculo surge del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia y las instituciones públicas y no detenta carácter laboral, en tanto que en el segundo vínculo (soldado profesional) surge de la relación legal y reglamentaria consolidada a través del acto de nombramiento y la posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral. || El deber constitucional que se enuncia en relación con los conscriptos está contenido en los artículos 216 a 227 Capítulo VII del Título VII, cánones que después de referirse a la conformación, finalidad y regulación de la Fuerza Pública como cuerpo no deliberante, prevé que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias y defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo”.

6 Consejo de Estado. Exp. 18.586, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 15 de octubre del 2008.

7 Consejo de Estado, Secc. 3ª. Sent. mayo 24/01, exp. 13.389, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

8 Decreto “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, normativa vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda.

9 Artículo 28º. - Asistencia. El interesado debe hacerse presente en el Tribunal , personalmente o por medio de apoderado, pudiendo en uno u otro caso contar con la asistencia de un médico especialista para que exponga los aspectos técnico - científicos de su argumentación . Cuando el Tribunal se convoque a solicitud de la respectiva Jefatura de Sanidad y el interesado o su apoderado no acuden , el Tribunal le asignará un apoderado de oficio.

Si la convocatoria se hace a solicitud del interesado y éste o su apoderado dejan de concurrir sin causa justificada al lugar y en la fecha y hora señalados en la correspondiente citación, el reclamante perderá la oportunidad a solicitar nueva convocatoria .

10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de septiembre 14 de 2011. M.P. Enrique Gil Botero. Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222).


11 “6.3. Enfermedades psicologicas. esquizofrenia y enfermedades depresivas”

No se ha descubierto aún la causa de la esquizofrenia. Sin embargo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que una serie de factores combinados con un riesgo genético contribuyeron al desarrollo de la enfermedad. Se cree que debido a que la esquizofrenia generalmente se manifiesta por primera vez durante los cambios hormonales de la pubertad, estos cambios son los que provocan la enfermedad en aquellos con predisposición a la misma. Además se consideran otros factores externos como infecciones, factores de gran stress como pobreza o violencia y otros factores externos similares como posibles causas del trastorno. Indica la ciencia, que los primeros indicios de esquizofrenia probablemente pasan desapercibidos por la familia y los amigos. Las personas que sufren esta enfermedad muchas veces exhiben uno o más de los siguientes síntomas, durante las primeras etapas de la enfermedad, prolongada sensación de tensión, falta de sueño, mala concentración, aislamiento social y /o cambio de la personalidad. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pasan a ser más intensos y extraños. La persona tiene percepciones inusuales y habla cosas sin sentido. Estos síntomas más graves son motivo para solicitar tratamiento. La edad de aparición está comprendida entre los 15 y los 45 años, aunque suelen comenzar al final de la adolescencia, también hay casos de aparición en la infancia, que suelen enmascararse con problemas escolares o mal comportamiento. Por todo lo anterior se dice con bastante seguridad que no existe una causa para que algunas personas sufran esta enfermedad, sino que hay atribuir la responsabilidad a todo un conjunto de causas. http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/neurobioquimica/esquizofrenia.htm . http://www.psicologia-online.com/colaboradores/esther/esquizofrenia1/index.shtml

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