Resolución número 0157 de 2004




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ACUERDO PS-GJ.1.2.42.2.11.010 DE 17 DE JUNIO DE 2011

(Junio 17)
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
Por el cual se declara como Parque Natural Regional la Laguna de San Vicente ubicada en el Municipio de Puerto Rico–Meta de acuerdo a la categorización de áreas protegidas señalada en el Decreto No. 2372 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri­torial–MAVDT y se dictan otras disposiciones.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL –LA MACARENA– “CORMACARENA”,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial la establecida en el artículo 12 de la Resolución número 0157 de 2004, modificado por la Resolución número 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
CONSIDERANDO:
I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 63 que son inalienables, im­prescriptibles e inembargables los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y demás bienes que determine la ley.
Ahora bien, el artículo 79 ibídem establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia, la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber del Estado el proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Entretanto, el artículo 80 ibíd, considera que es el Estado el encargado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con el ánimo de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, el artículo 82 ídem menciona que es el Estado quien tiene el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Que el artículo 95 de la Carta Magna considera como deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Finalmente, el artículo 334 de la norma de normas señala que el Estado como director general de la economía intervendrá –por mandato de la ley–, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
II. FUNDAMENTOS LEGALES
El Decreto-ley número 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente establece en su artículo 1 que el ambiente es patrimonio común por lo que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, los cuales se consideran de utilidad pública e interés social.
Ahora bien, el artículo 7 ibídem reza que toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano.
Cita además la norma en referencia que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse bajo ciertos principios como el manejo eficiente de los mismos, la prioridad de cada uno de los recursos naturales, su interdependencia y permisibilidad legal –entre otros–. Señala además que sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Ahora bien, faculta este código a que se imponga limitación al derecho de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada cuando así lo demanden la utilidad pública o el interés social avocando el uso colectivo o individual de un recurso y previa declaratoria de dicho interés o utilidad declarado conforme a las leyes; limitaciones que deben ser inscritas en las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos correspondientes como requisito de perfeccionamiento. Finalmente considera esta norma como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables del Estado -con excepción de los derechos adquiridos de particulares sobre estos-, el álveo o cauce natural de las corrientes, el lecho de los depósitos naturales de agua, las playas marítimas, fluviales y lacustres y una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de treinta (30) metros de ancho.
Que el artículo 119 del Decreto número 1541 de 1978 establece que las reservas podrán ser decretadas –entre otros–, para 1.– organizar o facilitar la prestación de un servicio público; 2.– adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la calidad de las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del ambiente de que forman parte;
3.– adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o lechos por parte del Estado y 4.– mantener una disponibilidad de aguas públicas acorde con las necesidades del país (...)”.
Que así mismo, el artículo 124 ibíd., establece que para proteger determinadas fuentes o depósitos de agua, la autoridad ambiental, podrá alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares, así mismo, podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o recuperar una corriente o cuerpo de agua deteriorado o contaminado.
Que mediante la Ley 357 del veintiuno (21) de enero de 1997 el Estado Colombiano aprobó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas suscrita en el año de 1971 o comúnmente denominada Convención Ramsar comprometiéndose a fomentar la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquellos, estén o no incluidos en la lista y tomando las medidas necesarias para su custodia.
*La Ley 99 de 1993 considera que el manejo ambiental del país -conforme a la Cons­titución Política-, es descentralizado, democrático y participativo. Esta ley además en su artículo 31 numeral 16 otorgó a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible las funciones de reservar, alinderar, administrar o sustraer entre otras áreas y ecosistemas de importancia ambiental, a los parques naturales de carácter regional, así como reglamentar el uso y el funcionamiento de estas áreas. A su vez, el artículo 38 de la *Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial –La Macarena– Cormacarena, como una corporación autónoma regional que cumple funciones administrativas en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables del Área de Manejo Especial, La Macarena, norma modificada por la Ley 812 del 26 de junio de 2003, en cuanto al ámbito de su jurisdicción, ampliándola a la totalidad del territorio del departamento del Meta.
*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a la Ley 99 de 1993, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Medio Ambiente, Licencias y Protección de los Recursos Naturales”.

Al respecto el artículo 31 de la ley citada asigna como funciones de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, entre otras las siguientes: 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; 18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposicio­nes superiores y a las políticas nacionales; 20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Por su parte el artículo 4 de la misma disposición, establece que son Autoridades Am­bientales para los efectos de esa resolución la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Naturales, Las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las Autoridades Ambientales Distritales a que se refiere la Ley 768 de 2002.
La Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, celebrado en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992 el cual tiene como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.
Que el Acuerdo Municipal número 013 del veintiocho (28) de junio de 2000 por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Rico (Meta) en su artículo 21 contempló como suelo de protección a la laguna de San Vicente.
Ahora bien, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 contempla que son determinantes ambientales las normas relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales, el manejo de cuencas hidrográficas expedidas por las corporaciones autónomas regionales o la autoridad ambiental competente y las de prevención de amenazas, las cuales constituyen normas de superior jerarquía y deben tenerse en cuenta no solo en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial sino en la revisión de los diferentes componentes conforme lo señalado por el artículo 28 de la norma citada.
La Resolución número 157 del 12 de febrero de 2004 modificada por la Resolución No.1128 de 2006 reglamentó el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y dispuso que las autoridades ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar pla­nes de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la expedición de la guía técnica de los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los distintos interesados, para lo cual dicho plan de ma­nejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad y productividad biológica.
Que el Consejo Directivo de Cormacarena expidió el Acuerdo número 012 del cinco (5) de noviembre de 2009, por el cual se adoptó el Plan de Manejo Ambiental de los humedales de Coroncoro, Calatrava, El Charco, Caracolí y Zuria en el Municipio de Villavicencio y laguna San Vicente en el Municipio de Puerto RicoMeta, se establece su delimitación, se reglamentan unos usos y se dictan otras disposiciones, delimitando un área de 144,5 ha., como área total del humedal Laguna San Vicente para lo cual consideró dentro de su zonifi­cación un área del espejo de agua equivalente a 90,4 ha., y un área de protección de 54,1 ha.
Ahora bien, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto número 2372 del primero (1) de julio de 2010 “por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la *Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”, ha considerado necesario contar con una reglamentación “sistemática” que regule integralmente las diversas categorías y denomi­naciones legales previstas en el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente así como en la *Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; todo esto, en concordancia con las disposiciones previstas en la Ley 165 de 1994 estableciendo los objetivos, criterios, directrices y procedimientos para selección, establecimiento y ordenación de las áreas protegidas así como la definición de algunos mecanismos que permitan una coordinación efectiva del mencionado sistema.
Que el ecosistema a declarar cumple con tres (3) atributos como son la estructura, com­posición y función, lo que hace que el ecosistema califique como Parque Natural Regional enmarcándose en la regulación hídrica y composición de la biodiversidad.
Finalmente, el artículo 119 de la Ley 489 de 1998 señala que se requiere publicar en el Diario Oficial a partir de la vigencia de esta ley todos los actos administrativos como son: a).– Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta; b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el gobierno; c).– Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades y organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.
Que menciona la norma citada que únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.
III. PROPUESTA DE DECLARATORIA
El Humedal Laguna San Vicente es un ecosistema de importancia ambiental para el departamento del Meta y el municipio de Puerto Rico, debido a la presencia de ecosistemas de tipo morichal, importancia hídrica y conectividad biológica.
El municipio de Puerto Rico – Meta, en la elaboración de su Esquema de Ordenamiento Territorial en el año 2000, incluye el Humedal Laguna San Vicente como ecosistema de importancia para el municipio por considerarla área de regulación hídrica, ecosistema tipo bosque inundable, por los morichales y su gran variedad de fauna asociada.
Ahora bien, en el año 2008 Cormacarena contrató el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de acuerdo con las líneas programáticas del Plan de Acción, el cual se realizó aplicando la metodología RAMSAR y los lineamientos dados en la Resolución número 0196 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT. Este PMA fue adoptado mediante Acuerdo número 012 del cinco (5) de noviembre de 2009 por parte del Consejo Directivo de la Corporación.
De acuerdo a lo señalado por la *Ley 99 de 1993 es función de las corporaciones autónomas regionales el reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento así como el de administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.
A su vez, y con el ánimo que el área a declarar integre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP– conforme las disposiciones del Decreto número 2372 de 2010 del MAVDT, se formula la siguiente propuesta en concordancia además de las metas del Plan de Acción Trienal 2007–2011.
*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a la Ley 99 de 1993, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Medio Ambiente, Licencias y Protección de los Recursos Naturales”.
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