Mexico: Pide senador al gobierno federal detener el cierre de radios comunitarias. (Fuente: La Jornada, Notimex)




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MEXICO: Mirada infantil en Maruata, documento audiovisual que expresa el sentir de los niños de la Costa. (Fuente: La Jornada de Michoacán). Desde las circunstancias adversas que significa la marginación, la distancia, la pobreza y la falta de acceso a nuevas tecnologías, niños indígenas de la etnia náhuatl expondrán su visión ante las cosas a través de un documento audiovisual producido por el programa independiente “Juguemos a Grabar”, dirigido por Sonia Aburto, y financiado por la Secretaría de Política Social (Sepsol) en Michoacán, a través del lanzamiento de Mirada infantil en Maruata, a estrenar mañana por la noche en la ciudad de Morelia.
En conferencia de prensa, la promotora del séptimo arte para el sector infantil, junto a la titular de la Sepsol, Selene Vázquez Alatorre; la directora de Participación Social en la misma instancia, Margarita Gaitán, y la administradora de la Casa para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Morelia, María Irene Caballero, hablaron sobre el estreno del documental escrito, actuado y dirigido por los niños que habitan en el sector costero de Maruata, perteneciente al municipio de Aquila.
Aburto calificó al documental como “uno de los trabajos más interesantes e importantes que hemos realizado”, pues la estrategia de trabajo contempla “darle (a los niños) las herramientas necesarias para construir películas en donde hablen de sus mundos. Era prioritario para ‘Juguemos a Grabar’ llevar ese trabajo no solamente a los niños de las zonas urbanas, sino concretamente a esos niños que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y ustedes saben que el municipio de Aquila es el más marginado con el que cuenta Michoacán”.
El documento audiovisual de 30 minutos de duración, añadió la promotora, permite “descubrir esa parte humana que nos muestran estos pequeños a través de sus sensaciones; nos muestran su dolor, sus carencias, sus alegrías y por supuesto, sus satisfacciones”.
En el trabajo de filmación realizado en uno de los atractivos turísticos más resonantes de la geografía michoacana, y donde paradójicamente se percibe la pobreza más cruda del estado, participaron 16 niños de entre ocho y 15 años de edad, informó Sonia Aburto, al tiempo en que la titular de la Sepsol, Selene Vázquez, subrayó que el documental muestra estampas de esa comunidad, así como “el sentido que tiene para ellos la vida, la muerte y narrado por ellos mismos”.
Y abundó: “este primer documental que financia la Sepsol cumple con el objetivo de explorar la parte social de los niños, la capacidad que tienen para discernir, para pensar y también las limitaciones que tienen frente a sus propios sueños y objetivos en la vida”. Un boletín informativo emitido por la misma dependencia señala que el proyecto desarrollado entre el 18 y el 28 de diciembre del año anterior “contempló el estimular la creatividad de la infancia de las zonas de muy alta marginación, contribuyendo a su educación, cultura y conservación del medio ambiente a través del uso de las tecnologías del cine digital, respetando sus tradiciones y lengua madre”.
La proyección pública de Mirada infantil en Maruata se realizará mañana a las 21 horas en la sala Cinépolis ubicada en el Centro Histórico de Morelia, con la presencia de 13 de los niños que participaron en el rodaje.
SUDAMERICA: Informe Relator ONU sobre Bagua. (Fuente: CAOI). El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, emitió ayer el informe referido a la Masacre de Bagua, en el que formula serias recomendaciones al gobierno peruano, principalmente sobre la necesidad de constituir una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial de los hechos.
El Informe titulado “Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú”, recomienda también revisar las imputaciones contra dirigentes indígenas perseguidos judicialmente, así como garantizar un proceso de consulta adecuado con los pueblos indígenas.
El Relator Especial James Anaya visitó el Perú el 17 y 19 de junio, donde se entrevistó con autoridades, pueblos indígenas y recabó información en el mismo lugar de los hechos. En su Informe presentado ayer, señala que recibió información sobre irregularidades en las detenciones, incluyendo una ausencia de notificación de los motivos de la detención, así como limitaciones en la defensa legal de los detenidos.
“Información adicional recibida señalaba con detalles y ejemplos un clima de persecución en contra de las comunidades indígenas en los días posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio, incluyendo allanamientos sin orden judicial, y denuncias y acusaciones contra dirigentes indígenas”, señala el documento.
En el mismo tema, expresa su preocupación porque continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las órdenes de detención contra varios de ellos en la semana del 6 de julio. “Estas órdenes claramente ponen en peligro el proceso de diálogo”, advierte.
Agrega que “como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable”.
Respecto a la comisión especial e independiente para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio de 2009 y días posteriores, Anaya recomienda que esté conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial.
Para el Relator Especial, es indispensable que el Estado de Perú implemente efectivamente un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas que sea compatible con las normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. “Este procedimiento debería ser puesto en práctica con la participación de los pueblos indígenas del país, y debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas”, subraya.

En el proceso de diálogo, recomienda, deben estar representados todos los actores relevantes, “en particular, los pueblos indígenas a través de representantes libremente elegidos por ellos mismos. Debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutables los acuerdos a que se llegue”.
En sus observaciones finales, el Relator Especial dice que se requiere “un claro compromiso estratégico, que incluya mecanismos permanentes de diálogo y resolución de conflictos, en los que se incluyan, entre otros, mecanismos relativos a los derechos territoriales y a otras reivindicaciones pendientes, para así prevenir actos de violencia y evitar que se repitan los lamentables sucesos acaecidos en Bagua”.
Lima, 21 de julio de 2009

Coordinación General CAOI
SUDAMERICA: Perú: Zapata lamenta que Ejecutivo diálogue con “falsos dirigentes”. (Fuente: Servindi). La vice presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata, lamentó que los miembros del Ejecutivo, encargados de participar en la mesa de diálogo con los líderes amazónicos, se sentaran a dialogar con la “falsa nueva directiva”. Los representantes de AIDESEP acudieron a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, sin embargo los ministros del Ambiente, Antonio Brack, y Agricultura, Adolfo de Córdova, se retiraron de la mesa.
Zapata calificó este desaire como una “burla, una total falta de respeto a los apus que quieren diálogo”. “Cómo es posible que se haya hecho presente el ministro Antonio Brack sólo para que nos diga que la mesa de diálogo se reinicia y luego se vaya a reunir con los dirigentes `topos`. Si sigue la farsa, el diálogo se va a quebrar y será por culpa del gobierno”, remarcó la dirigente amazónica.
En ese sentido, la mesa de trabajo convocada para la creación de una comisión investigadora de los trágicos sucesos de Bagua del 5 de junio duró apenas unos minutos. En ella, los representantes de AIDESEP manifestaron su rechazo debido a que no pudieron plantear a los representantes del gobierno que cese la persecución política y se les reconozca como auténticos dirigentes de la organización nacional.
Zapata recordó que el supuesto nuevo presidente de AIDESEP, Alecxander Teets “no representa a nadie “. Los dirigentes de las ocho regiones indígenas del país se preparan para arribar a la capital a fin de solucionar la confusión surgida. Ellos son los únicos facultados para convocar un congreso extraordinario para elegir nuevos representantes, tal como lo estipula el Estatuto.
SUDAMERICA: Perú: Pueblos indígenas y la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Copenhague. Rodrigo Arce Rojas. (Fuente: ALAI). En diciembre del 2009 se realizará la próxima cumbre mundial sobre cambio climático en Copenhague y existe expectativa general respecto a los acuerdos globales que se puedan alcanzar para hacer frente al cambio climático. Se espera que como resultado del encuentro se apruebe un sustituto del Protocolo de Kyoto que pueda promover un nuevo orden ambiental internacional.
De la revisión de las diferentes posiciones manifiestas en las declaraciones de reuniones indígenas sobre el tema de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), uno de los puntos fuertes a discutir en Copenhague, se puede inferir que hay dos corrientes: Una corriente de rechazo al mecanismo, una corriente de aceptación del mecanismo en tanto se incorporen las propuestas indígenas y se mejore la efectividad de la distribución de los beneficios planteados.
La corriente de rechazo se sustenta fundamentalmente en el hecho que en la cosmovisión indígena la naturaleza no es motivo de comercio y por tanto los mecanismos de comercialización de emisiones de carbono no son éticamente aceptables. Además, argumentan los activistas, que los mecanismos actuales existentes de comercialización no están dando los resultados esperados y que esconde en el fondo la necesidad que los países desarrollados asuman su responsabilidad para enfrentar decidida y responsablemente la reducción de emisiones.
La otra corriente plantea la necesidad de contar con mejor información y conocimientos para mejorar su capacidad de negociación, reconocimiento de sus derechos consagrados internacionalmente - que corresponde a los países asumirlos, aplicarlos y respetarlos - y mecanismos efectivos para una distribución equitativa de beneficios. El incumplimiento de estas exigencias podría llevar a asumir la corriente de rechazo.
Las explicaciones sobre la posición indígena se sustentan en que es muy frecuente encontrar en las organizaciones indígenas nacionales e internacionales una desconfianza estructural hacia el Estado, hacia las organizaciones financieras internacionales, incluso hacia las ONG y hasta los propios profesionales. Los acercamientos e interacciones que se producen con estos actores llevan ya la tensión incorporada y las contradicciones que surgen llevan a que los representantes indígenas a un aislamiento y en algunos casos se producen la ruptura y el consecuente abandono de la relación.
Pero es el pasivo de la historia el que en el fondo marca esta profunda desconfianza. Entre los factores podemos señalar: Procesos simulados de consulta y participación, participación utilitarista, priorización de intereses económicos antes que los intereses de las comunidades, la reticencia al cumplimiento del derecho internacional sobre pueblos indígenas con argumentos de la carencia de reglamentación, entre otros. También es importante señalar la discusión no resuelta de territorialidad indígena. Los indígenas temen que nuevos mecanismos económicos de conservación de bosques en pie puedan eventualmente favorecer inversiones privadas y poner en peligro la integridad de sus territorios.
Un tema clave a resolver se refiere a los mecanismos de distribución de beneficios. Hasta ahora se ha hablado no de distribución económica directa a las comunidades sino de otros medios como fondos para invertir en proyectos agroforestales o de conservación, financiamiento para fortalecimiento organizacional o de capacidades. En este sentido rechazan la intermediación porque consideran que son otros actores los que más se beneficiarían con los incentivos REDD.
Es importante señalar, no obstante, que en las propuestas planteadas por los pueblos indígenas hay elementos comprobados y otros aparecen más bien como percepciones y temores. Reconocer esta situación debe llevar a un proceso fraterno y fecundo de diálogo entre pares. Información no para convencer sino para que los pueblos indígenas tengan los mejores elementos para tomar decisiones que correspondan a su cosmovisión pero que a su vez tengan capacidad de diálogo con los procesos nacionales e internacionales.
Superar la desconfianza no sólo se hace con discursos sino con elementos concretos que demuestren un verdadero espíritu de inclusión social y de respeto a sus derechos humanos. Mejorar los marcos legales e institucionales para genuinos procesos de consulta y participación se hacen necesarios. Se requiere además que de ambas partes se desarrolle una comunicación asertiva y con activa y efectiva capacidad de escucha. La propuesta REDD suena interesante como un nuevo mecanismo de conservación de bosques pero es necesario incorporar en la construcción de la propuesta nacional ante Copenhague a los pueblos indígenas y sus representantes para no repetir historias de desentendimiento.
SUDAMERICA: EEUU acelera la fase militar del Plan Colombia. Marco A. Gandásegui, h. (Fuente: ALAI). Informes indican que antes de fin de mes, EEUU acordará con el gobierno colombiano en Bogotá un acuerdo mediante el cual se distribuirán tropas norteamericanas en, por lo menos, siete bases del país andino. El ministro de Defensa, el general Freddy Padilla anunció que el acuerdo tendrá una duración inicial de 10 años. La principal instalación militar es Palanquero, apenas a 100 kilómetros de Bogotá, a orillas del río Magdalena. Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay en los llanos orientales de Colombia así como en Barranquilla, en la base Alberto Puowels, en la costa del Caribe.
El acuerdo militar entre los dos países incluye un incremento de visitas de naves de guerra norteamericanas a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe. Los voceros militares colombianos señalan que los nuevos arreglos le permitirá a EEUU reemplazar la base que opera en Manta, instalada en el norte de Ecuador. Washington tiene un total de 220 efectivos que hacían 8 vuelos diarios. Manta ha servido para identificar barcos y aviones sobre el espacio aéreo de Colombia y otros países de la región.
El acuerdo que permitirá a EEUU ocupar a Colombia por diez años, también extendería el pacto actual para incrementar la presencia de hasta 1400 soldados y contratistas militares estadounidenses en territorio colombiano.
La base de Palanquero se abrió a operaciones norteamericanas en abril de 2008. En 1998 un helicóptero que operaba desde Palanquero bombardeó a una comunidad al norte de Bogotá matando a 17 personas. El incidente fue encubierto hasta que los grupos de defensa de los derechos humanos obligaron al gobierno de Bogotá a admitir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas colombianas en la masacre.
En la capital norteamericana, el Congreso está a punto de aprobar una partida para invertir 46 millones de dólares en la ampliación de Palanquero. En la actualidad, Palanquero cuenta con una pista aérea de 3500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la Fuerza Aérea colombiana.
La embajada de EEUU en Bogotá se niega a hacer declaraciones. El embajador William Brownfield señaló hace poco que EEUU no invertiría en la construcción de nuevas bases. Al contrario, dijo, su país sólo hará uso y modernizará las instalaciones ya existentes en Colombia. Brownfield era embajador de EEUU en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez fracasó. Washington no negó su participación en ese golpe frustrado por el pueblo venezolano.
Colombia actualmente es el país más comprometido con las políticas norteamericanas de “contención” en América del Sur. Sus vecinos inmediatos, Venezuela y Ecuador, han sido objeto de constantes provocaciones tanto por Bogotá como por Washington. El incremento significativo de militares norteamericanos en Colombia creará aún más tensiones entre los países de la región con Bogotá. Según declaraciones de un militar colombiano a una agencia de noticias de EEUU, el Pentágono (Departamento de Defensa) pretende convertir a Colombia en un hub (“centro de operaciones”) para sus operaciones militares. Quienes se oponen en el Congreso de EEUU a la ampliación de la presencia de su país en Colombia están preocupados por los efectos que tendrá esta política intervensionista en la región. Además, a EEUU no le conviene, dicen, comprometerse más en los conflictos internos de Colombia.
El escenario colombiano se asemeja mucho al Vietnam de hace 40 años cuando EEUU desplegó tropas en ese país para luego atacar a los países vecinos de Indochina (Laos y Camboya). En este caso, EEUU podría estar pensando en Venezuela y Ecuador, de paso repetir una invasión-castigo a Panamá.
A pesar del hermetismo, el documento oficial del Pentágono, “Estrategia hacia una ruta global” ofrece algunas pistas sobre las intenciones de EEUU. El documento fue presentado en abril de 2009 en la base aérea de Maxwell, en Alabama, EEUU. El documento señala que Palanquero puede servir como una “base para la seguridad cooperativa” desde donde se podrían “ejecutar operaciones móviles”. En otras palabras, se convertiría en una plataforma para realizar operaciones militares en la región. Según el mismo documento, “la mitad del continente puede ser cubierto desde Palanquero por un transporte militar C-17 sin tener que reabastecerse”.
Tanto el senador opositor colombiano, Gustavo Petro, quien calificó este plan como “una violación de la soberanía”, como el candidato a la Presidencia, Rafael Pardo, se oponen a los planes de Bogotá y Washington. Pardo, que está en campaña para las elecciones de 2010, se queja del secretismo y la naturaleza provocativa de una presencia militar de EEUU en Colombia. Según Petro, “lo que busca el acuerdo es tener tropas norteamericanas en Colombia. Un país soberano debe respetarse por el hecho de que sólo las tropas colombianas son las que tienen derecho a estar en Colombia”.
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, quien viajo a Washington para defender el proyecto en una Comisión del Senado de ese país, aseguró que las operaciones militares de EEUU no penetrarían el territorio de otros países sin el permiso correspondiente. “Se trata de un acuerdo entre Bogotá y Washington que cubre sólo territorio colombiano”. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha declarado muchas veces que sus tropas cruzarían todas fronteras para defender su país. Así lo han hecho en múltiples ocasiones en Venezuela, Ecuador y Panamá. Las declaraciones de Bermúdez parecen no coincidir con la historia reciente de agresiones colombianas en los países vecinos.
En la actualidad, EEUU mantiene alrededor de 600 efectivos y contratistas militares en Colombia. Los “asesores” norteamericanos están incrustados en las divisiones del Ejército colombiano, tienen sus propias oficinas y han entrenado a miles de oficiales desde 2000.
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