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LO MEJOR DEL DOMINGO

CARICATURAS

EL ESPECTADOR



SEMANA





LA MEJOR COLUMNA

EL ESPECTADOR

HUMILLACIÓN NACIONAL

Lorenzo Madrigal

No menos que una gran deshonra es la que le ha sobrevenido a la República, al momento de perder en forma inapelable una inmensa franja de su mar territorial.

No pienso que pueda este gobierno ni los inmediatamente anteriores excusarse de haberle propinado semejante golpe en la cabeza a todos y a cada uno de los habitantes de este país, que les han confiado su dirección y sus intereses, pero sobre todo la guarda de sus fronteras.

Tampoco hay que caer en el facilismo de achacarle toda la culpa al gobierno de Andrés Pastrana, como desde el Caguán se ha vuelto costumbre. Después del suyo, han transcurrido diez años de dos gobiernos, uno reelegido por sí mismo, en que los asuntos del diferendo, que propició Nicaragua, han quedado encomendados casi sigilosamente a unos comisionados de mucha abnegación y competencia, pero en silente misión solitaria.

La triste figura, como de Quijote, del ex canciller Londoño Paredes, debió trasegar por la ciudad nórdica como un fantasma, al que, a la vista de los malos resultados, le caen hoy los molinos de viento de las opiniones, que nunca se ocuparon de su misión ni le ayudaron en su compromiso.

La canciller Holguín (se relaciona perversamente este apellido historiado con la pérdida del otro archipiélago, el de Los Monjes, en 1952 ) ha dicho que su renuncia en nada soluciona la situación precaria de sustento en que han quedado los isleños. Por supuesto que no. Pero decirlo equivale a desviar la atención del tema mayor, cual es el de la pérdida histórica del territorio, que marcará la imagen de esta administración de modo fatal.

Piensa uno en qué momento se convirtió el famoso Meridiano en un mero punto de referencia, no limítrofe y cuándo se optó por la línea media entre los dos países y no se controló esta opción, la cual debía trazarse teniendo en cuenta la longitud del archipiélago como unidad de Estado o como departamento indivisible y no como partículas de morros e islotes desarticulados y desmembrados.

La proporción de ocho a uno que se inventó la Corte de Justicia, fallando a su juicio en equidad (cuando se esperaba que fallara en derecho, que para especialistas no es lo mismo), relacionó los bordes costeros de ambos países, lo que nos resultó fatal y, para decirlo en términos de fútbol, configuró un 8-1 que nos expolió los mares inmisericordemente.

A la inmensa pérdida, se une la cabeza humillada frente a un hombre injusto y primario, asociado en feliz algarabía —ya puede suponerse— con los socialistas del veintiuno, que estarán festejando el golpe propinado a una Colombia democrática, ajena a las dictaduras y apegada al derecho, el mismo que ahora le juega semejante trastada. Porque el más alto derecho también puede convertirse en la mayor injusticia. Y omito el latinajo.

SAN ANDRES

EL ESPECTADOR

SENSATEZ, POR FAVOR

Editorial

El reciente Fallo de La Haya ha dado para opiniones de todo tipo, en su mayoría basadas o rendidas desde el desconocimiento del derecho internacional que nos rige.

Ha dado para que, por ejemplo, se caiga en un nacionalismo que llega hasta la raya de la insensatez y está alimentado en gran parte por intereses políticos de fondo que, haciendo gala de una torpeza singular, logran confundir y polarizar a un país entero.

Desconocer el fallo no es una opción para Colombia. Hay que dejar eso claro. No solamente bastan las razones jurídicas, sino que las hay también de todo tipo: políticas, de honor, de ética, de mensaje, en fin. Empecemos, entonces, por lo primero y más contundente. Nuestro Estado tiene una serie de compromisos dentro de las redes del derecho internacional. Haber litigado durante once largos años es una reafirmación patente del reconocimiento que Colombia le da a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por eso no puede pasársela por la faja, de buenas a primeras, con el peregrino argumento de que el fallo es inconveniente.

Tenemos que preguntarnos a esta altura si ese es el modelo de justicia al que aspira un Estado social de derecho. Mucho más cuando el gobierno anterior, hace cuatro años, y este, justo un día antes del pronunciamiento, admitieron ante el mundo entero que el país respetaría la decisión final.

Pero desatender la decisión, como dicen los expertos, convertiría a nuestro país —que ha mejorado ostensiblemente sus relaciones internacionales— en un forajido, en un blanco fácil para el Consejo de Seguridad de la ONU, que tendría competencia para hacerlo cumplir casi que a la fuerza. Un escenario de disputa internacional sería la peor de las noticias para nuestro país en estos momentos. Por ende, la prudencia, sobre todo cuando el tema se desconoce, es lo más conveniente.

Por último está el mensaje. ¿Cómo es posible que haya voces invocando a que el Gobierno haga caso omiso de un fallo judicial de orden internacional? Aquél debe dar el ejemplo del cumplimiento de las leyes y las providencias judiciales y no desconocerlas cuando lo tiene a bien. Ni más faltaba. Es un descaro que esa posición se sugiera, dando al traste con todo lo que se pregona en el papel. Que sea ésta, además, una oportunidad para revisitar nuestro patriotismo descarnado: ese que se despreocupa toda una vida por el destino de San Andrés y los islotes, pero que pide desconocer el fallo cuando ve “su territorio” amenazado por un litigio.

Ahora, los caminos legales deben estudiarse. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, acierta cuando dice que el fallo será analizado a fondo y que se buscarán los recursos pertinentes para quebrar su condición de inapelable, dentro del marco legal que la Corte permite. Ahí las palabras “aclaración”, “rectificación”, entre otras, cobran un sentido mayor, pese a que, hasta donde se conoce, no podrían dar lugar a una modificación ostensible de la decisión. Mirar el tema con calma surge como la más razonable de las medidas a tomar, en vez de salir a decir que “aún no hemos acatado el fallo”, que fue donde estuvo el desacierto de nuestra sagaz canciller.

El llamado es a la sensatez, a la profundidad, a no dejarnos llevar por argumentos pasionales que sólo nos causarán problemas en el futuro. A lo hecho, pecho, señores del Gobierno. No es muy honorable —por más territorio marítimo otrora propio que quieran defender a ultranza— pasar a ser unos parias del entramado jurídico internacional, dejando el derecho y la civilidad a un lado.

DOMINGO SIETE

Alfredo Molano Bravo

Lunes y martes y miércoles tres; jueves y viernes y sábado seis; domingo siete. Ronda infantil

Me da pena, como acostumbra a decir el presidente Santos, pero no todos los isleños del archipiélago estarán dándose contra las paredes por el fallo de la Corte de La Haya; simplemente se lo explican. No es que estén muy contentos, pero van a poner la decisión —inapelable— en la cuenta de cobro que le pasarán al país un día que no se demora. Colombia ha perdido un territorio marítimo que nunca había ganado; más aún, que tenía abandonado y que le interesaba un pito. Comenzó a mirarlo cuando las grandes petroleras empezaron a buscar en los extramuros marítimos ganancias para sus accionistas, porque en este contencioso, ¿qué es lo que nos quieren poner a defender con el cuento de la soberanía perdida, la bandera ultrajada y la patria herida, si no son los puros y duros “contratos de concesión” que les permiten a las gigantescas empresas dividendos descomunales a costa de gabelas tributarias extraordinarias? Como se ha dicho y pocos oyen: las exenciones tributarias son muy superiores a lo que las petroleras reconocen como regalías, y digo reconocen porque nadie les lleva la cuenta de los barriles que sacan. Tampoco pagan IVA ni impuestos de importación de maquinaria, la que pueden feriar en el mercado doméstico a su antojo. Más aún, hay que pagarles la seguridad que ellas mismas traicionan cuando negocian por debajo de cuerda con los grupos armados y les pagan extorsiones a los paramilitares. Parecería que a los gobernantes sólo les interesara en estos tratos ser invitados a jugar golf en el ShinnecockHills Golf Club de Nueva York para venir a hacerles fieros a sus parientes pobres. Las petroleras se gastan lo que no pagan a sus obreros en aplastantes campañas publicitarias que alaban lo que no hacen y de paso amordazan a los medios con una pauta millonaria. Los isleños y unos pocos ambientalistas fueron los colombianos que protestaron la pretensión de los petroleros de volver ese mar del olvido una piscina de crudos.

Desconocer ahora la autoridad de la Corte Internacional de Justicia obligaría a poner temerariamente al país en peligro de un conflicto armado internacional, como quiere Uribe, quien avaló por adelantado desde 2008 el fallo de La Haya. ¿Cómo sacaríamos a los pesqueros nicaragüenses o sus cañoneras de la zona que Colombia insiste en reclamar? ¿Apelando —pregunto— a la doctrina de la autodefensa? AUV quiere llevar la guerra a las fronteras cuando se vislumbra la paz en el interior, al contrario de lo que Laureano reclamó cuando Perú se metió en Leticia. Él no puede prescindir de la guerra y menos ahora cuando podemos acariciar la idea de rebajar algún día el presupuesto militar para hacer carreteras y hospitales; ahora, digo, el uribismo quiere montarla de soberanía para que nuestros ejércitos de aire, mar y tierra compren más fragatas, más aviones, más submarinos, más radares, quizás un par de portaaviones, y le construyan a Israel en Medellín su fábrica de drones o aviones no tripulados.

El Gobierno se rasga las vestiduras por los bancos de caracoles, moluscos, tortugas, atún y pastos marinos que el fallo de la CIJ les disminuye a nuestros pescadores de chinchorro —unas 200 toneladas de langosta, calcula el profesor Jorge Orlando Melo—, pero a ningún gobierno le importó que las compañías atuneras chinas o las tiburoneras japonesas arrasen nuestros litorales con sus redes de profundidad, destrocen sus arrecifes y boten al mar marineros colombianos para no pagarles. A la Fuerza Pública sólo le preocupa la cocaína y ya no se sabe con qué intención.

Hay que tener en cuenta que muchos raizales no se sienten tan colombianos como quieren hacérnoslo creer. Para ellos Colombia es una nación invasora que ha pisoteado sus derechos, perseguido su cultura y desconocido sus prácticas religiosas. Tienen viva la herida hecha por el envío a San Andrés de la fragata Almirante Padilla en 1953 para convertir las islas en puerto libre y llenar el archipiélago de contrabandistas extranjeros y de negociantes paisas. Los raizales han terminado acorralados en Old Providence y en la zona de Saint Louis para defender sus valores y principios. La verdad: muchos sienten más afecto por la Mosquitia Nicaragüense o por Jamaica que por Antioquia o por Cundinamarca.

Y el gringo ahí, como decía el llorado Garzón.


VÁMONOS A SAN ANDRÉS EN PLAN DE GUERRA

Lisandro Duque Naranjo

El bobierno está jugando con candela desde cuando se produjo el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los nuevos límites marítimos con Nicaragua.

Cada día la prensa trae una nueva reacción emocional de la ministra Ángela Holguín o de sus subalternos, improvisando sobre la marcha, según la intensidad de una opinión inevitablemente afectada ante el hecho de que 75.000 kilómetros de mar se le fueron a Colombia de las manos. El excanciller Julio Londoño Paredes, por ejemplo, negociador nuestro en La Haya, quien el mismo día que se conoció la sentencia empleó un lenguaje falsamente triunfalista al decir que “Colombia obtuvo la soberanía territorial sobre el archipiélago” —algo que no estuvo en juego nunca, pues la discusión era sobre delimitaciones marítimas—, se aparece cuatro días después con la alarma de que “Nicaragua podría ir por más del Caribe”.

Es necesario que los lectores sepan que el gobierno anterior —el que por mayor tiempo manejó ese asunto—, conoció de la probable derrota, aunque sin contársela al país y quizás intuyendo la proporción de la misma, desde el mes de diciembre de 2007. Y que trató por ese entonces de retirar su alegato ante la CIJ, sólo que lo hizo con un día de tardanza según los reglamentos, por lo que el pleito continuó su curso hasta las consecuencias que se conocieron esta semana. Que por supuesto le otorgan a Nicaragua el derecho a que sus pescadores artesanales —otro sería el cuento si hubieran sido barcos de pesca industrial—, no sean expulsados más de esa zona por la Armada colombiana y a que sea el Gobierno de acá el que tenga que intentar el mismo arreglo que siempre le negó a ese país, al que arrinconó por siglos en la estrechez del meridiano 82. Es como si los colombianos no supieran que la Costa Atlántica de Nicaragua se encuentra apenas a 135 kilómetros de San Andrés, mientras que nuestro archipiélago dista de Cartagena 800 kilómetros.

De modo que hace cinco años ya estaba cantada la sentencia que le impediría a Colombia seguirse moviendo con holgura por esas aguas. Fue por eso que hace siete meses nuestra ministra, pensando más con el deseo que con la lógica implacable de las leyes internacionales, se permitió decir en público que posiblemente el fallo sería “salomónico”, en lo que le falló el cálculo.

En lo que importa con la política doméstica, no es justo que sea este gobierno el que pague los platos rotos. Pero si lo está haciendo por algo será. Problema de él, al que se le pasarán cuentas. En cuanto al gobierno anterior, parece dudoso el rigor con que instruyó a los abogados —nombrados desde antes por Andrés Pastrana—, o soportó su ineficiencia. Ahora, que si por buenos que fueran ahí no había manera de ganar, no deja de ser perverso —nada de raro tiene eso conociéndose de quien viene—, el haberse quedado mudo en 2007 a sabiendas de que el problema reventaría quién sabe cuándo. Después de mí el diluvio.

En todo caso no podemos aceptar que por encubrimiento a cualquier gobierno pasado, incluido el de Pastrana —que está calladito y a quien nadie llama, al igual que a su negociador y canciller Guillermo Fernández de Soto—, el actual presidente nos convierta en una nación pirata.

De dónde acá, además, el mandatario silencioso de 2007 —salvo en lo que fuera prometerle a Ortega que respetaría el fallo de la CIJ—, anda ahora tan alebrestado incitando a la guerra contra Nicaragua. La misma que confiesa no haber tenido tiempo de declararle a Venezuela.

Y por qué hay tantos colombianos con ínfulas de que somos imperiales. Uno sabe de dónde viene eso, pero se resistía a aceptarlo.

DESPUÉS DE PERDER EL MAR

Armando Montenegro

Así como el impacto de la pérdida de Panamá sacudió y avergonzó al país, formó toda una generación de dirigentes y animó una serie de reformas en las dos primeras décadas del siglo XX, la decisión de la Corte de La Haya que otorgó a Nicaragua la soberanía sobre una parte considerable del mar que Colombia consideraba como suyo, debería propiciar cambios profundos en la forma como el país maneja sus asuntos internacionales.

El punto de partida debe ser acatar el fallo, sin consideraciones populistas o patrioteras. Si Colombia, desde el gobierno del presidente Pastrana, aceptó la competencia del Tribunal de La Haya, litigó y presentó sus alegatos ante ese organismo, no tiene presentación que ahora, porque consideramos que el fallo no nos favorece, rechacemos la decisión de la Corte. Las airadas intervenciones del expresidente Uribe, en cuyo gobierno se adelantó buena parte del alegato en La Haya, son francamente desconcertantes. El exmandatario parece dispuesto a probar que, ahora con ánimos electorales, también quisiera trapear con la justicia internacional.

Se debe hacer, en cambio, un examen profundo de las instituciones que tienen a su cargo las relaciones internacionales del país. Desde hace tiempo se ha señalado que la Cancillería se ha manejado como el sector eléctrico en los años ochenta o el de transporte terrestre en los primeros años de este siglo. Buena parte de sus directivas, embajadores, cónsules y funcionarios se escoge de acuerdo con criterios de farándula, amiguismo y politiquería. En muchísimos casos, la capacitación, el conocimiento y la experiencia se ignoran a la hora de los nombramientos.

Colombia, a diferencia de Brasil y Chile, tiene una de las cancillerías menos profesionales y sofisticadas entre los países con un desarrollo económico semejante. Esta debilidad, en un mundo cada vez más globalizado, en medio de asuntos internacionales tan complejos como los de la justicia, el calentamiento global y los intereses económicos en juego, es un factor de debilidad estructural al cual el país no le ha puesto suficiente cuidado.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como ocurría en el pasado lejano, debería estar compuesta por un grupo de expertos, con rango de embajadores, cuyos conceptos, por lo menos, deberían ser escuchados antes de la toma de decisiones. La conformación actual de esta Comisión, integrada exclusivamente por personas de origen político, que se reúne en forma esporádica, no propicia el examen técnico de los asuntos, favorece el mantenimiento del statu quo y no estimula el examen crítico de opciones alternativas.

El país haría bien en convocar una misión de altísimo nivel, formada por verdaderos expertos internacionales y por versados diplomáticos del país, para que estudie y presente un proyecto de reforma integral del manejo de las relaciones exteriores. La transformación completa de las instituciones internacionales sería la forma positiva de encauzar la vergüenza y el dolor causados por la decisión de La Haya.

De otra forma, de esta crisis no quedaría nada útil. Además de la pérdida del mar, culparíamos a la Corte, compraríamos más fragatas y torpedos y mantendríamos las mismas instituciones que garantizan que el país maneje mal sus asuntos internacionales. Seguiríamos expuestos a nuevos reveses en los foros donde se deben defender nuestros intereses.


DOLOR DE PATRIA Y DOLOR DE ESTÓMAGO

María Elvira Samper

El fallo adeverso de la Corte de La Hay nos cogió fuera de base, y no porque perder no haya estado entre las cuentas de los negociadores, sino porque los gobiernos, incluido el de Santos, nos montaron en el cuento de que todos los vientos soplaban a favor, pese a que había señales que indicaban otra cosa: los fallos de la Corte sobre más de una docena de diferendos limítrofes —ninguno reconoció la totalidad de las pretensiones a ninguna de las partes en litigio—, y el fallo de 2007 mediante el tribunal reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se declara competente para delimitar la frontera marítima con el argumento de que el meridiano 82 no era el límite, como siempre lo había considerado el Estado colombiano. Fue el primer round que perdimos, pues la Corte aceptaba la validez de las ambiciosas pretensiones de Nicaragua, un país con un historial de reclamos sobre las aguas del Caribe que además considera que el Estado colombiano tiene una política expansionista.

La única que en todo estos años dio señales de alerta fue la canciller María Ángela Holguín, cuando sugirió que por “esas posiciones salomónicas de la Corte”, Colombia podía perder parte de lo que creía suyo. Le cayeron rayos y centellas, pero ahora que el fallo le da la razón (la dimensión de la pérdida es otro asunto), los cazadores de brujas quieren quemarla en la pira de la indignación nacional. Los verdaderos responsables son otros, pues cuando ella asumió la Cancillería, la suerte ya estaba echada, y si al gobierno actual le cabe una cuota de culpa es la de haber creado falsas expectativas al persistir en el camino del triunfalismo y el secretismo trazado por la administración Uribe. Al negarse a contemplar la posibilidad de un fallo adverso, como advertía la canciller, el presidente Santos perdió la oportunidad de preparar el terreno para amortiguar el golpe de una pérdida segura (la dimensión de la pérdida es otro problema) y, sobre todo, de preparar a San Andrés y a su gente para controlar el daño. No haberlo hecho tiene un costo político.

Hoy todo es confusión, y en medio de la indignación, el llanto y el crujir de dientes, el Gobierno se debate ante el dilema: ¿acatar o no acatar? Mientras tanto, mientras se despejan éste y otros muchos interrogantes, el expresidente Uribe se rasga las vestiduras y aprovecha para pescar en río revuelto, y hace política con la situación y llama a no acatar el fallo. Se le olvida que durante la XX Cumbre Presidencial del Grupo de Río, en 2008, le aseguró al presidente Ortega que Colombia respetaría el fallo de la Corte de La Haya, cualquiera que fuese el resultado. Al expresidente le da “dolor de patria” el fallo. A mí me da dolor de estómago ver cómo utiliza la situación con el mezquino propósito de sacar réditos políticos.

¿Caerá el presidente Santos en la tentación del desacato para no parecer débil frente a su más feroz opositor? La esperanza es que no. El fallo es obligatorio e inapelable, así el Gobierno disienta con algunos de sus aspectos, y considere desproporcionada la porción de agua que nos quita. El artículo 94 de la Carta de la ONU dice que “cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”. Esas son las reglas del juego y la tradición del Estado colombiano ha sido respetarlas. ¿Cómo habríamos reaccionado si el fallo hubiera sido adverso a Nicaragua y el presidente Ortega decide no acatar el fallo? Escándalo total. ¿Entonces? Queda por delante lograr acercamientos con Nicaragua, hacer acuerdos de cooperación pesquera y, por qué no, buscar que Ortega se convierta en otro mejor amigo. Pero, por encima de todo, tomar en serio a San Andrés y a su gente, los verdaderos perjudicados.

EL DÍA DE LA IRA

Ramiro Bejarano Guzmán

Noo había imaginado que a nuestra generación le tocaría vivir la amargura de otra mutilación geográfica. Estas bofetadas de la justicia internacional no se las hacen ni a la aislada Cuba, las sufre Colombia porque nos irrespetan como país, porque a su turno tampoco nos respetamos internamente.

Nuestra dirigencia política una vez más ha demostrado que es inferior a los compromisos con la historia. El presidente Santos, tan astuto y hábil para cobrar buenos sucesos, demostró que su fuerte no son las dificultades. Su alocución fue confusa, insegura e inútil, porque no congregó la solidaridad de sus compatriotas, que después de oírlo quedamos más desconcertados con su contradictorio mensaje de “acato el fallo pero lo ataco”. En las calamidades se conoce la estatura de los verdaderos estadistas, como Churchill, De Gaulle, Alberto Lleras, Carlos Lleras, quienes lograron conducir a sus pueblos en períodos de incertidumbre. A Santos le quedó grande esta emergencia, por eso ya los mamagallistas lo llaman el presidente Mondongo, porque tiene “mucho cayo y poca agua”, y a Daniel Ortega, Man agua.

Mientras el chafarote de Ortega celebraba en una repleta Plaza de la Revolución, Santos se hizo acompañar de esa lánguida y decadente Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que a nadie representa, salvo a ellos mismos. No aparecieron sus ministros —dentro de los cuales hay tres exprecandidatos presidenciales—, ni los militares, ni los jefes de los partidos, ni los líderes sociales, ni los sumisos jerarcas de la Iglesia católica, nadie, y eso que este es el gobierno de la Unidad Nacional. El embajador en La Haya, el converso uribista Eduardo Pizarro, sobreviviente de varias volteadas, tampoco ha aparecido.

Todo esto pasó porque los gobiernos que se ocuparon de este penoso litigio, lo manejaron como si fuera un tema exclusivo de una camarilla de sabihondos y dueños del país, que hoy después del desastre andan calladitos. La arrogancia de estos intocables que se negaron a negociar con Nicaragua cuando ello era posible —como lo propuso Ernesto Samper en su gobierno—, les hizo suponer que el pleito era pan comido, pero otra cosa ocurrió en La Haya, y además por unanimidad.

Nunca sabremos qué tanto influyó en la Corte de La Haya la malhadada frase de la canciller Holguín, cuando hace unos meses anunció que podría venir un fallo salomónico. ¿Para qué dijo eso? Nadie lo sabe, pero si fue con el propósito de que cuando ocurriera la tragedia pudiera decir que lo había advertido, cometió un error que la acompañará hasta la tumba, como a Juan Uribe Holguín —vaya coincidencia—, el dilapidador canciller que regaló los Monjes a Venezuela. En lo personal lo siento por ella, porque tiene razón: ni siquiera renunciando enmendará su accidentada cancillería, menos ahora que viene a decirnos que está estudiando la fórmula jurídica para desconocer la jurisdicción de la Corte. ¿Por qué sólo hasta ahora?

Que no se crean Uribe y su tenebrosa banda que restablecerán su prestigio apelando al patrioterismo. No todos hemos olvidado que en 2007 su gobierno, habiendo podido hacerlo, no desconoció la jurisdicción de la Corte que desde entonces se proponía ultrajarnos. Ni tampoco que siendo presidente le prometió a Ortega cumplir el fallo que hoy pide desacatar.

Lo que sigue está por verse. Desconocer el fallo, como lo proponen algunos, es una solución brutal que intimida a quienes abrazamos el derecho como opción de vida. Hay que buscar salidas inteligentes y dignas, como la de plantear la inejecutabilidad de una decisión, que en opinión de los expertos, está sembrada de inconsistencias y yerros inexcusables.

Y, por favor, excanciller Londoño, no siga diciendo la irritante tontería de que hoy Colombia es más grande. Déjele eso a Maturana.

Adenda. Paz en la tumba de Ernesto McCausland, el gran periodista y extraordinario ser humano del que la vida me dio la fortuna de ser su amigo. Solidaridad con los suyos y El Heraldo.

SEMANA
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